Los primeros megacontratos de infraestructura vial del gobierno Blel

Dos contratos por $91.000 millones para construir una vía en Montes de María y ocho puentes en cinco municipios de Bolívar hacen parte del paquete inicial de infraestructura vial, contratado por Vicente Blel en su arranque de gobierno.

Los contratistas de las dos nuevas obras de infraestructura vial, cuyos pliegos de licitación dejó listos la administración de Dumek Turbay, son el Consorcio Nueva Esperanza Bolívar 2020 y la Unión Temporal Puentes Bolívar, que tienen detrás a un grupo de empresas con poca experiencia en la construcción de obras civiles. Algunas incluso están inscritas en el Registro Único de Proponentes (RUP) desde el semestre pasado, por lo que se estrenan en la contratación estatal con estas obras, y una tiene su inscripción cancelada.

Estos dos contratos de infraestructura se suman al millonario Plan de Alimentación Escolar (PAE), que Blel entregó el 20 de enero pasado por $30.000 millones a cuatro operadores que conforman una telaraña de contratistas, que se han ganado los últimos tres años generosos contratos de la alimentación escolar de Bolívar amparados bajo distintos consorcios y uniones temporales, pese a sus líos por procesos pasados, como contó La Contratopedia.

La plata administrada por Blel Scaff, especialmente, no pasa desapercibida después de los audios revelados por W Radio, en septiembre pasado, en los que se escucha a su padre y jefe político Vicente Blel Saad hablar de una repartición de porcentajes por contratos entregados en el gobierno de Dumek Turbay.

Nueva esperanza Bolívar 2020

Este consorcio, representado por Leidy Diana Barrera, deberá construir la vía que conectará a los corregimientos de Nueva Esperanza, en María La Baja, y Santo Domingo de Meza, en El Carmen de Bolívar,  por $75.032 millones, con recursos propios de la Gobernación de Bolívar.

Lo conforman tres empresas de Cartagena y dos de Valledupar. Cuatro de ellas tienen menos de cinco años de creadas y poca experiencia en la construcción de obras civiles, aunque tienen como sus actividades económicas  la construcción de carreteras, otras obras de ingeniería civil y proyectos de servicio público. De hecho, tres están inscritas en el RUP desde el año pasado, por lo que apenas comienzan a ejecutar contratos con el Estado y se estrenan con esta vía montemariana.

Esas empresas son:

• Equipos y Materiales de Colombia SAS, con el 70% de participación en el consorcio, es de Cartagena y está registrada en la Cámara de Comercio desde 2016 e inscrita en el RUP desde 2018. Su representante legal es Leidy Diana Barrera Pizarro. Tiene siete empleados. Además de las obras de ingeniería civil, se dedica al comercio de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio; al transporte de carga por carretera y al alquiler de maquinaria.
• Constructora y Promotora ODIN SAS, con el 1% de participación en el consorcio, está inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2019 y en el RUP desde junio de 2019. Registra un empleado y su representante legal es Hernán Gabriel Fortich Mendoza.
• Construmas de la Costa SAS, con el 10% de participación en el consorcio, está registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar desde el 29 abril de 2015 y en el RUP desde octubre de 2019. Reporta cinco empleados. Su representante legal es Mariluz Cortés Guerra.
• Ingeniería y Obras de Colombia SAS, con el 4% de participación, estuvo inscrita desde 2015 en la Cámara de Comercio de Valledupar hasta 2019, cuando se trasladó a Barranquilla. Se inscribió en el RUP en octubre pasado y desde el 8 de enero de este año le aparece cancelado su registro. Reporta 15 empleados. Su representante legal es Denis Milena Guzmán Ojito.
• Construcciones y obras civiles de la Costa SAS, con el 15% de participación, tiene registro en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2011 e inscripción en el RUP desde 2013. Su representante legal es Anderson Manuel Marrugo Guzmán. Reporta 13 empleados.

El Consorcio Nueva esperanza Bolívar 2020 compitió con 13 proponentes más: dos empresas, 10 consorcios y una unión temporal, conformados por firmas de Cartagena, Magangué (Bolívar), La Guajira, Cali, Barranquilla, Valledupar, Medellín y Bogotá.

Este contratista le ganó a proponentes integrados por firmas con más tradición de Bolívar, pero que no han estado libres de cuestionamientos, como AGM Desarrollos SAS, del investigado empresario Alfonso ‘el turco’ Hilsaca, y Promotora El Campín, propiedad de los García – Zuccardi (pareja conformada por los exsenadores Juan José García, condenado por corrupción, y Piedad Zuccardi, investigada por parapolítica) (Ver tabla con todos los proponentes).

El 29 de enero pasado, la Gobernación declaró desierto el concurso de méritos para escoger al interventor de la obra. Ese proceso, por $4.605 millones, tuvo seis consorcios proponentes que no pasaron la evaluación jurídica o técnica. Todavía la administración Blel no ha convocado a un nuevo proceso.

Los 21 kilómetros de vía deben estar listos en año y medio, y son esperados desde hace tiempo en ese sector montemariano porque, debido al mal estado del carreteable, los lugareños se demoran hasta una hora y 40 minutos en cada trayecto, sufren salpicaduras de mosquitos en época de lluvias por el agua estancada y tienen dificultades para sacar sus productos agrícolas y ganaderos. Además, padecen constantemente por los problemas mecánicos de sus vehículos.

Puentes Bolívar 

Esta unión temporal se ganó el contrato por $16.067 millones, también con recursos propios de la Gobernación de Bolívar, para construir ocho puentes en los municipios de Mahates, El Guamo, Calamar, Barranco de Loba, Margarita y Magangué, en un proceso en el que fue proponente único.

Representada por Brayan Fernando Calderón Ayala, está integrada por tres empresas: dos de Barranquilla y una de Estados Unidos, dedicadas a la arquitectura y obras de ingeniería civil.

Esas empresas son:

• Colombiana de Proyectos de Ingeniería y Construcciones SAS, con el 20% de participación, es de Barranquilla. Está registrada en la Cámara de Comercio desde 2017 y tiene inscripción en el RUP desde 2018. Reporta 17 empleados y su representante legal es Carlos Arturo Toro Rodríguez.
• JMB Ingeniería de Proyectos SAS, con el 30% de participación, también es de Barranquilla y tiene registro en la Cámara de Comercio de esa ciudad desde 2011 e inscripción en el RUP desde 2016. Reporta tres empleados. Su representante legal es Juan Carlos Doria Ayubb.
• 3S Bridge LLC, con el 50% de participación, es  de Estados Unidos. Su representante legal es Johnatan Lazlo Danos. Fundada en 2003, se dedica al diseño y construcción de puentes y a la distribución al por mayor de grúas de construcción o minería, maquinaria y equipos de excavación. Ha sido contratista del Ejército como proveedor de equipos para la construcción de un puente metálico modular.

Este paquete de puentes busca, según los estudios previos publicados por la Gobernación, mejorar la comunicación de esos municipios entre sí y con los de Sucre, Magdalena y Atlántico.  

El mal estado de los tramos a intervenir representa un riesgo constante para la comunidad, además de generarles pérdidas económicas a sus comerciantes por la dificultad de transportar a diario sus productos agrícolas y ganaderos. Especialmente, porque por esos puentes solo es posible el tránsito de peatones y en algunos de ellos de motos. Los vehículos no transitan por el riesgo de colapso.

Esta situación se agudiza en temporada invernal. Los tramos se deterioran tanto que es casi imposible el ingreso de personal médico y estatal a los territorios.

La Gobernación ya entregó, a través de concurso de méritos, la interventoría de esta obra, por $889 millones. El interventor será el Consorcio Puentes por la Paz 2020, conformado por las firmas barranquilleras Ingeniería Master SAS (con el 60% de participación), representada por Alberto Antonio Morales Sibaja, y Construcciones e Inversiones H&F SAS (con el 40% de participación), representada por Silvana Forero Mejía.