Los contratos por Covid-19 que le generan ruido a Dau

El contralor Carlos Felipe Córdoba anunció, este miércoles, que les abrió un proceso de responsabilidad fiscal al alcalde William Dau y al exdirector del Dadis Álvaro Fortich para determinar si hubo $193 millones en sobrecostos en un contrato de insumos sanitarios que firmaron, el pasado 8 de abril.

Esa investigación por dudas sobre el manejo de la plata pública se convierte en la primera que afronta Dau, un mandatario, que llegó al Palacio de la Aduana enarbolando la bandera anticorrupción.

El pasado 8 de abril, Dau y Fortich compraron, por $1.215.500.000, mascarillas, geles, jabones líquidos y termómetros infrarrojos para dotar por 90 días la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y los hospitales Universitario del Caribe y Gestión Salud, que hacen parte de la red de salud pública.

La Contraloría encontró abultadas diferencias en los valores unitarios que la Alcaldía le pagó a la firma barranquillera Ventas, Distribución y Marketing Ltda, al comparar esos valores con los precios de referencia del mercado. Es decir, de los almacenes de grandes superficies, tiendas especializadas del sector salud y la plataforma virtual Mercado Libre. 

Por ejemplo, el contratista cobró $520.000 por cada termómetro, IVA incluido, mientras la Contraloría encontró que cada aparato no excede los $295.433.

Una de las funcionarias encargadas de realizar el estudio de mercado para comparar los valores de los insumos fue la politóloga Ana María González. La Contratopedia le consultó su opinión sobre lo dicho por la Contraloría y respondió que, en abril pasado, cuando la Alcaldía estructuró esa compra, los precios pagados “eran los mejores” y el contratista seleccionado era el único que garantizaba la disponibilidad de los insumos.

“Uno tiene que confiar en lo que cotizan, ¿no?”, respondió al ser consultada por Whatsapp. Agregó también que “no es lo mismo hablar de precios hoy que el 10 de abril” y compartió un cuadro comparativo para sustentar que la oferta de la firma barranquillera era la mejor opción en aquel momento.

En este proceso -informó la Contraloría- también está involucrado como presunto responsable fiscal Iran Gabino Borja Monroy, gerente y representante legal de la firma contratista.

Además de ese contrato, hay cuatro más en indagación preliminar. Todos procesos firmados para mitigar la pandemia, que hasta el 17 de junio le dejaba a Cartagena 207 muertos y 5.119 contagiados. 

Las pruebas rápidas que nunca llegaron

Dau firmó un segundo contrato con la empresa barranquillera Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda para comprar 10.000 pruebas rápidas. Ese negocio también ha tenido ruidos: primero por los elevados costos que la Alcaldía pagó por cada prueba y, luego, porque el contratista nunca las entregó, a pesar de que debió hacerlo antes del 8 de mayo.

En medio de las críticas ciudadanas, el 5 de junio en entrevista con RCN Radio, el mismo Dau admitió las fallas de ese proceso por “primiparadas” de su administración.

Resulta que, como lo demostró Funcicar, la Alcaldía pagó $72.500 por cada prueba, cuando en el mercado se consiguen similares a $29.555, es decir, $42.945 menos. Por tanto, con el contrato de $725.000.000 que la Alcaldía pagó hubiese podido comprar 24.530 pruebas y no solamente las 10.000 que adquirió.

El Distrito respondió ante esos cuestionamientos que solo dos de las seis firmas que enviaron cotizaciones no pedían anticipos cercanos al 100% y garantizaban la entrega de los productos durante los 25 días siguientes a la firma del contrato. Esas empresas fueron Hijos de Enrique Roca, con una oferta de $75.000 más IVA por cada prueba, y Ventas Distribución y Marketing, con una cotización de $60.500 más IVA por cada prueba.

La administración Dau además explicó que el costo de cada prueba fue más caro porque, cuando las compró, había mayor demanda que oferta en el país. Situación que ha ido cambiando desde mayo, se lee en un comunicado de prensa, por la regularización de los precios tan pronto la fabricación de pruebas aumentó.

Los cuestionamientos no terminaron ahí. El 21 de mayo, la Procuraduría Provincial de Cartagena le solicitó al alcalde información sobre las medidas tomadas ante el incumplimiento del contratista. 

Dau dijo en aquel momento que cancelaría el contrato. Sin embargo, esa terminación unilateral todavía no se da. En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), ese proceso aparece activo y con condiciones de entrega “a convenir”.

Al indagar en la Alcaldía, la Secretaría de Comunicaciones respondió que para este jueves está programada una audiencia, como parte del proceso de liquidación, en la que deben participar funcionarios de la oficina Jurídica y el Dadis, y representantes del contratista.

La liquidación, por tanto, tiene por delante varias semanas para ser un hecho. Mientras tanto el Distrito no puede usar esos $725.000.000 porque seguirán atados hasta tanto no haya una liquidación legal. Recursos que son necesarios para comprar más insumos y pruebas rápidas en esta primera fase de la pandemia.

Otros insumos cuestionados

Otro de los proceso que adelanta la Contraloría en Cartagena se conoció el pasado 3 de junio. Se trata de una intervención funcional de oficio al contrato por $733 millones, que Dau firmó el 8 de abril con la firma bogotana Twity SA, para comprar guantes, batas, protectores faciales y tapabocas. Insumos para dotar por 90 días al personal de la red hospitalaria de la ciudad.

Ese contrato lo firmó con Jimmy Moisés Winer Ackerman, representante legal de Twity SA

Lo que indica esta intervención funcional es que la Contraloría asume directamente las indagaciones en este caso, apartando del mismo a la Contraloría Distrital.

La Contratopedia conoció que sobre este proceso no hay una denuncia puntual. Sin embargo, la Contraloría tiene la potestad de adelantar las indagaciones de oficio.

Los mercados de Veneplast no eran los más económicos

La Procuraduría inició una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la compra de 10.000 mercados a la empresa Veneplast. Ese contrato fue firmado por la secretaria general del Distrito, Diana Martínez, por $890.000.000.

La Procuraduría encontró que, a pesar de que el Distrito estaba exento de realizar estudios previos de mercado debido a la declaratoria de urgencia manifiesta, realizó una indagación de precios. 

Esa comparación arrojó que la oferta de Veneplast no era la mejor, pues había otra con valores unitarios más económicos. “Lo que eventualmente se podría constituir en una conducta que amerite reproche disciplinario”, dijo la  Procuraduría Provincial de Cartagena.

Por esto, el pasado 26 de mayo, esa oficina remitió el proceso a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal que, por competencias, es la encargada de establecer si hubo o no irregularidades.

La contratación de la Alcaldía de Cartagena con Veneplast fue ampliamente cuestionada en Cartagena, por tratarse de una empresa reconocida más por la venta de libros y elementos de papelería. Sin embargo, en su certificado de Cámara de Comercio también registra como actividad comercial la compra y venta de productos de aseo, víveres, abarrotes y comestibles.  

Además de ese contrato, la administración Dau firmó tres más con Veneplast por $6.526 millones, entre el 17 de abril y el 15 de mayo. Todos para la entrega de alimentos en los barrios más pobres. 

De esta manera esa empresa se convierte en el segundo megacontratista de la Alcaldía de Cartagena en tiempos de Covid-19, después de Invercomer del Caribe SAS (Megatiendas). Los cuatro contratos que se ha ganado Veneplast suman  $7.416 millones.

Cuidémonos le sigue los pasos a CoronAPP

Otro contrato que la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública revisa es uno de $150.000.000, que el alcalde Dau firmó con la empresa española Innoquant Strategic Analytics SL para el desarrollo de software que permita la recolección de información ciudadana, en tiempo real. Datos que les proporcionan “herramientas adecuadas” al gobierno y personal sanitario para enfrentar esta situación de excepcionalidad, dice el contrato.

Esa aplicación móvil, bautizada por la Alcaldía como Cuidémonos, ha sido criticada en Cartagena porque estaría duplicando las funciones de CoronAPP, software similar diseñado por el Gobierno nacional y que despierta dudas por el uso de los datos. Esto porque quien la descarga e instala en su teléfono renuncia a su privacidad para informarle al Ministerio de Salud cuáles han sido sus desplazamientos.

Si bien aún no hay una decisión de fondo, las indagaciones y el proceso de responsabilidad fiscal sí muestran cuán difícil llega a ser la contratación pública, mucho más en tiempos de pandemia. Ruidos que terminan haciéndole sombra a un gabinete que ha hecho de la anticorrupción su bandera de gobierno.