Así se ve en la actualidad el puesto de salud de Canapote, uno de los cinco que serán intervenidos una vez se surtan los trámites legales, financieros y técnicos pendientes. /Foto: Cortesía
Lo que les falta a los puestos de salud en Cartagena para el reinicio de obras
Pese al anuncio que hizo el contralor general Felipe Córdoba sobre el pronto funcionamiento de cinco puestos de salud inconclusos desde 2015 en esta capital, a esos proyectos todavía les falta un trecho legal para su reactivación, incluidas cuatro licencias de construcción.
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Que las curadurías urbanas expidan licencias de construcción y la Secretaría de Hacienda Distrital le dé luz verde a la incorporación de unos recursos al presupuesto de 2021, son algunos de los trámites que tienen por delante cinco de los puestos de salud inconclusos desde hace siete años en Cartagena, cuando Dionisio Vélez era el alcalde.
Sin estos trámites, las esperadas obras no podrán ser terminadas por dos consorcios: Salud Heroica, uno de los dos iniciales a los que la administración de Vélez les adjudicó en 2014, y Salud Caribe 2020, privado al que el otro contratista original le cedió sus obligaciones.
Detalles sobre dichos proyectos anunciaron este jueves el contralor general Felipe Córdoba y el alcalde William Dau, desde el Palacio de La Aduana y después de haber recorrido el Hospital de Canapote, uno de los 17 proyectos de la salud inconclusos y símbolo de un desgreño administrativo que se gestó en 2013, y por el que cursan dos procesos de responsabilidad fiscal por $42.000 millones en la Contraloría General.
El contralor Córdoba lideró, además, en esta capital una mesa de trabajo para trazar las alternativas de finalización de las cinco obras, cuya ejecución oscila entre el 40% y el 90%, ubicadas en los barrios El Pozón, Canapote y Daniel Lemaitre, y en los corregimientos Bayunca y Barú.
Estos proyectos se ejecutarán dentro del Plan Compromiso Colombia, una iniciativa de la Contraloría General para terminar los elefantes blancos, como se les conoce en Colombia a las obras públicas inconclusas y por las que Cartagena ocupa el segundo puesto nacional después de Ibagué.
Los cinco puestos de salud, además, forman parte de la primera de tres fases de ejecución, propuestas por la Secretaría de Infraestructura. Los demás proyectos están distribuidos entre los que se ejecutarán con recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), entidad del Ministerio de Hacienda, y los que aún no tienen financiación garantizada.
Los trámites para el reinicio
La finalización de los cinco puestos de salud priorizados por la administración de William Dau y la Contraloría cuesta $37.995 millones. Parte de esa plata está en poder de uno de los contratistas y el resto, en una fiducia a nombre del Distrito.
Para disponer de ellos, el gobierno Dau recibió el aval del Concejo el pasado 10 de mayo, cuando esa corporación aprobó incorporar al presupuesto de este año $216.000 millones del presupuesto del año pasado. De estos recursos, $21.958 millones son para los centros de salud.
Esa plata salió de la asignada por la Alcaldía en 2014 a los contratos Dadis 001 y Dadis 002. En aquel momento las firmas elegidas fueron la barranquillera Coinses SA y el Consorcio Salud Heroica, conformado por JASG y Cia Ltda (con el 20% de participación), Kamana SAS (con el 30%) y Convias SAS (con el 50%).
Inicialmente, ambos contratistas debían edificar 39 puestos de salud hasta el 31 de diciembre de 2015. Pero como esos contratos se firmaron con diseños prototipo, es decir, sin las especificaciones técnicas por obra, cuando los privados comenzaron a trabajar tuvieron que hacer tantos cambios que los recursos no les alcanzaron y el gobierno de Vélez anunció que sólo se construirían 25 obras.
Ninguna estuvo lista antes de 2015: hoy solo funcionan ocho y fueron entregadas, entre 2016 y 2019, por las distintas administraciones que reemplazaron a Vélez.
Para que a los cinco proyectos priorizados regresen los contratistas, la Secretaría de Infraestructura Distrital debe surtir un camino de 12 pasos, por cada contrato: Dadis 001, que incluye las obras de Daniel Lemaitre, y Dadis 002, las de los hospitales de Canapote y Pozón y los Centro de Atención Prioritaria (CAP) de Bayunca y Barú.
Esa dependencia ya realizó varios de esos trámites, otros están en proceso y algunos todavía no los inicia, situación que hace ver lejana la fecha de reactivación de dichas obras.
Dentro de esos trámites clave, la Secretaría de Infraestructura debe solicitarle a las curadurías urbanas de Cartagena la expedición de las licencias de construcción de cada proyecto, y pedirle a la Secretaría de Hacienda que autorice la incorporación de los recursos al presupuesto 2021 y emita los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.
Estos últimos son prenda de garantía de la existencia de los recursos para el pago de la recta final de los trabajos.
En el caso del contrato Dadis 001 ya está expedida la licencia de construcción del centro de salud de Daniel Lemaitre, emitida por una de las dos curadurías de Cartagena. Sin embargo, todavía no están listas las licencias para las obras de los hospitales de Canapote y Pozón y los Centro de Atención Prioritaria (CAP) de Bayunca y Barú, que son los del contrato Dadis 002.
Dichas solicitudes ya fueron radicadas, por lo que esos trámites podrían demorarse hasta tres semanas más, informó la Secretaría de Infraestructura.
Las otras dos diligencias clave para la reactivación de obras (incorporación de recursos y emisión de los certificados de disponibilidad) dependen directamente del alcalde Dau, pues es él quien debe sancionar el proyecto de acuerdo que el Concejo aprobó este mes para que la Secretaría de Hacienda pueda disponer de la plata para estas obras.
Sancionado el acuerdo, la Secretaría de Hacienda incorpora los recursos y puede certificar su disponibilidad.
A esos trámites se suman las condiciones de cada obra, pues sus porcentajes de ejecución y especificaciones técnicas varían. Las de Daniel Lemaitre y Bayunca necesitan tres meses más de trabajos, mientras que el resto hasta cinco meses sin ningún tipo de interrupción.
El interventor (Consorcio Interventoría Hospitales de Cartagena) debe, además, terminar de perfeccionar ambos contratos.
Con este anuncio, el gobierno de William Dau intenta por segunda vez reiniciar unas obras que nacieron en medio de una una larga cadena de errores de planeación e irregularidades por parte del gobierno de Vélez.
El intento fallido de 2020
En junio del año pasado, la Alcaldía de Cartagena y la Contraloría anunciaron que los puestos de salud estarían listos antes del 31 de diciembre. Para ello, se reactivarían bajo las condiciones que la Alcaldía firmó en 2014, es decir, con los mismos contratistas que las dejaron inconclusas: el Consorcio Salud Heroica y la empresa Coinses.
Como este último tiene una inhabilidad por cinco años, impuesta por la Procuraduría, le cedió su contrato al Consorcio Salud Caribe 2020, integrado por dos empresas: Constructora Maticces P&B Ltda, con el 60% de participación, y Soluciones Instrumentales de Colombia – Sicol SAS, con el 40% restante.
Ante las críticas que la cesión generó (una figura legal que le permite a un privado cederle a otro sus obligaciones), el entonces secretario de Infraestructura de Cartagena, Gonzalo Jácome, le explicó a La Contratopedia que ese era el mejor camino para terminar las obras por dos razones.
La primera, porque implicaba menos trámites y retrasos; y la segunda, porque evitaba actualizar los costos de contratación a los valores de 2020, pues ese contrato está tasado con los índices de precios de construcción (IPC) de 2014 y de actualizarse los recursos disponibles no alcanzarían.
Sin embargo, desde el anuncio mismo de la nueva fecha de entrega, el tiempo comenzaba a jugarle en contra a la administración Dau porque tenía menos de cinco meses para finalizar las obras en tiempos de coronavirus y dependía de una aprobación presupuestal del Concejo que solo llegó en octubre, cuando el alcalde Dau había anunciado que el camino para finalizar los puestos de salud sería otro: una licitación pública.
Ese camino implicaría liquidar los actuales contratos, firmados desde 2014, y elaborar nuevos pliegos. Un proceso que tomaría varios meses porque incluye la actualización de diseños y todo un nuevo andamiaje contractual.
Los próximos meses las comunidades de Canapote, El Pozón, Barú, Bayunca y Daniel Lemaitre sabrán si este nuevo anuncio prosperó y no acabó empantanado. De ser así, ganarán una batalla en su lucha diaria por tener atención médica de calidad.
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