Las obras de este plantel tenían que estar listas en Semana Santa. Ahora están paralizadas. /Foto: María Alejandra Romero
Las retrasadas obras del colegio de Arroyo de Piedra en Cartagena
Por los retrasos en los trabajos de infraestructura, los estudiantes de este plantel rural, en el norte de la capital de Bolívar, reciben sus clases en alternancia y en algunas casas comunitarias.
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Este contenido forma parte del especial ‘Así se invierten $29.000 millones en obras de infraestructura educativa en Cartagena’.
En el cambio de cubiertas de nueve de los 22 espacios académicos de la Institución Educativa Arroyo de Piedra, ubicada en la zona norte de Cartagena, la Alcaldía invierte $204.000.000.
Las obras forman parte de una bolsa de recursos, por casi $29.000 millones, que la administración de William Dau, en convenio con Findeter y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa, invierte en 42 escuelas públicas cartageneras.
Las obras en Arroyo de Piedra empezaron en febrero pasado y debían estar listas durante el receso de Semana Santa, le dijeron a La Contratopedia Caribe directivos de la institución educativa.
Esa fue la fecha inicial que la Secretaría de Educación de Cartagena les dio. Sin embargo, el plazo no se cumplió y seis meses después las aulas están sin techo, los escombros en el suelo y el cielo raso se cae a pedazos.
Los trabajos están paralizados desde abril, por un trámite administrativo.
Según le explicó la Secretaría de Educación a La Contratopedia Caribe, ese trámite que también tiene paralizados los trabajos en el colegio Manuel Vergara de Curi, en Nelson Mandela, se generó tras una adición de recursos al contrato inicial, para realizar más obras de las planeadas inicialmente.
Aunque desde la Secretaría no dieron una fecha específica de finalización de las obras, indicaron que en las próximas semanas deben reactivarse todos los frentes de trabajo en las escuelas para no seguir afectando el desarrollo de las clases.
El contratista, Consorcio 093, alcanzó a quitar los viejos techos de algunos salones en Arroyo de Piedra, mientras que de otros bajó el cielo raso.
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El consorcio ejecutor y sus ruidos
El Consorcio 093 está integrado por una firma monteriana (ElescoSAS) y una persona natural sucreña (Jorge Armando Álvarez Meza), ambas con el 50% de participación. La representante legal del consorcio es Andrea Patricia Hernández Henriquez.
Esas dos firmas tienen en común ruidos por procesos disciplinarios que les ha abierto la Contraloría por presuntas fallas en contratos ejecutados en pueblos de Sucre.
Elesco SAS es una empresa dedicada a la construcción de edificios, carreteras y proyectos de servicios públicos. Está matriculada en la Cámara de Comercio de Montería desde 2006. Y desde 2010 está inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo que le permite contratar con entidades públicas desde entonces.
Su representante legal es Enrique Aldemar Villalba Barrios, un recurrente contratista en los departamentos de Sucre y Córdoba. Varios de esos contratos han sido en el marco de convenios entre Findeter y alcaldías de esos departamentos. Entre 2010 y 2020 firmó contratos con distintas entidades públicas que sumaron $26.777 millones.
Elesco tiene un proceso de responsabilidad fiscal abierto en la Contraloría Delegada Intersectorial por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de 2014, para el mejoramiento y rehabilitación de la vía que comunica a los corregimientos Palma de Vino-Charcon-Canito-Los Araujo, con las cabeceras municipales de Betulia y Los Palmitos, en Sucre.
El otro integrante del consorcio es Jorge Armando Álvarez Meza, un reconocido contratista de Sucre, que entre 2015 y 2018 firmó contratos por más de $49.000 millones en ese departamento.
En la Cámara de Comercio de Sincelejo está inscrito como persona natural desde 2015 y su principal actividad es el comercio de motocicletas y repuestos para las mismas. De hecho, es propietario de Motorrepuestos JJ, un local comercial ubicado en Sincelejo.
Uno de los contratos en los que Álvarez Meza participó fue para la construcción de la primera fase del sistema de alcantarillado del municipio de San Benito Abad, por más de $5.000 millones. Álvarez fue el representante legal del Consorcio Redes 2018, a cargo de la obra, y además tenía el 90% de participación.
La primera fase de construcción del alcantarillado comenzó en 2019 y fue objeto de quejas por parte de la comunidad debido a demoras en las obras.
Recientemente, la Contraloría Departamental de Sucre inició investigaciones por supuestos sobrecostos e incumplimientos en esta primera fase de construcción.
Los problemas de infraestructura son muchos
Arroyo de Piedra es un corregimiento ubicado en una zona rural, en el norte de Cartagena, con poca inversión en infraestructura pública.
El colegio es la única institución educativa de esa población y uno de los pocos planteles etnoeducativos e inclusivos del sector norte. Su sede principal atiende a 650 estudiantes del corregimiento y de veredas aledañas.
Pese al vital rol que cumple, la planta física de la sede presenta varios problemas de infraestructura: por su cercanía al mar, el salitre ha afectado la estructura de la institución, debilitada, además, por las lluvias y la falta de mantenimiento reciente.
De 22 espacios académicos que tiene la escuela, sólo funcionan cinco: el aula didáctica, el salón de informática, la sala de profesores, la biblioteca y la emisora. Esos espacios no reúnen las condiciones necesarias para dar clases, sin embargo, las directivas los habilitaron para resolver, de forma temporal, la falta de salones.
Las directivas de la escuela también han tenido que recurrir a casas comunitarias y a horarios en alternancia para garantizar el desarrollo de las clases.