Las perlas de los contratistas del PAE en Bolívar

El primer grupo de contratos PAE para las escuelas públicas de Bolívar fue adjudicado a finales de enero, por $30.038 millones. Como contó La Contratopedia, en febrero pasado, esa contratación dejó a cuatro operadores, entre los que se encontraban firmas cuestionadas por procesos en otras regiones del país.  

Además, varias de ellas conformaron una telaraña de contratistas que han recibido los últimos tres años una parte generosa de esos millonarios contratos en Bolívar, bajo distintos nombres, consorcios y uniones temporales. 

La entrega del PAE comenzó a ejecutarse este año como de costumbre en los comedores escolares, pero con la llegada de la pandemia el Ministerio de Educación estableció nuevos lineamientos para que los niños recibieran los alimentos para consumirlos en casa. Lo hizo mediante la Resolución 0006 del 25 marzo de 2020. De ser suministrado a diario en las escuelas, el PAE pasó a manejarse bajo tres modalidades: bonos alimentarios y raciones industrializadas o para preparar en casa.

Para la entrega de los alimentos o bonos, el acudiente de cada estudiante debe, previa convocatoria de la escuela, dirigirse a la sedes donde se encuentra registrado el menor y presentar su documento de identidad. Por cada niño, ese acudiente o padre de familia debe recibir un paquete de comida.

Desde el semestre pasado esa ejecución no ha sido fácil en un departamento como Bolívar, con alta pobreza en sus zonas rurales y con corregimientos y veredas apartadas donde difícilmente sus habitantes tienen acceso a agua potable. Unas condiciones que les dificultan a los habitantes cumplir con las medidas de salubridad, estipuladas por el Ministerio de Salud, para evitar la propagación del virus.

A los ruidos que acompañaron a los operadores del PAE desde que la Gobernación los seleccionó en enero pasado, se sumaron las denuncias de los padres de familia y acudientes por irregularidades en la entrega de alimentos: paquetes incompletos, alimentos vencidos, incumplimiento de las entregas, entre otras quejas. Quejas que La Contratopedia conoció al consultar a los padres de familia.

Después, en agosto, la Contraloría General emitió 30 alertas por presuntos sobrecostos en la contratación del PAE en todo el país por $34.000 millones. Una de esas alertas la desencadenó la contratación directa por $9.128 millones de la Gobernación de Bolívar. 

Esos sobrecostos corresponden a diferencias entre el valor de los alimentos presentado por las entidades territoriales y el estudio de costos realizado por la Controlaría y la Procuraduría, a partir del catálogo de precios de Colombia Compra Eficiente. Eso le dijo Ricardo Montaña, supervisor de seguimiento del PAE en la Contraloría, a Canal Cartagena.

La Contratopedia intentó conseguir más datos sobre esas alertas de sobrecostos, pero desde la Contraloría nos informaron que por ahora no había más información disponible porque esas contrataciones estaban siendo auditadas y los resultados estarían disponibles antes de diciembre.

Como los primeros contratos del PAE, adjudicados por la Gobernación de Bolívar, vencían en junio, esa entidad realizó varias adiciones presupuestales a esos procesos para garantizar la entrega de alimentos durante la emergencia sanitaria, hasta ese momento decretada por el Ministerio de Salud hasta el 31 de agosto. 

Fue así como el 11 de julio, la Gobernación firmó un otrosí —como se le llaman en lenguaje jurídico a las modificaciones del contrato original— con todos los operadores por 20 días más. El 28 de julio, firmó otra adición también por 20 días. 

Todas esas adiciones sumaron $2.427 millones y se dieron en el marco de las medidas temporales de contratación estatal, adoptadas por el Gobierno nacional  durante la emergencia sanitaria, que las permite con justificación y sin límites de montos. Una excepción al estatuto general de contratación (Ley 80 de 1993) que establece que las adiciones no pueden superar el 50% del valor inicial del contrato.

El 11 de septiembre, la Gobernación le adjudicó el PAE del resto del año a cuatro nuevos consorcios o uniones temporales (algunos integrados por firmas operadoras del primer semestre), por $24.718 millones, para alimentar a 113.324 estudiantes. 

Algunos de esos contratos tienen problemas de digitación de los NIT de las empresas, en los distintos documentos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), un asunto que atenta contra la transparencia de la información. 

Detrás de los privados de la segunda ronda del PAE este 2020 están nueve firmas.

A cuatro de esas firmas La Contratopedia no les encontró ruidos por contratos pasados.

Cinco de esas firmas, más de la mitad de los privados detrás de los actuales operadores, tienen líos por licitaciones o ejecuciones de contratos recientes. Ellas son:

Fundación Intersectorial Crecer

• Año de fundación: 2018 en la Cámara de Comercio de Barranquilla
• Tipo de entidad: Sin ánimo de lucro 
• Representante legal: Daniela Michel Arias 

Esta fundación, parte del operador del Dique, es la firma que más ruido tiene entre todas las que están detrás del PAE de Bolívar 2020. 

Nació como Fundación Ahínco por Colombia (Fundahinco). En septiembre del año pasado, cambió su razón social. Su representante legal, Daniela Michel Arias, también representa a la Corporación Multisectorial Desarrollo y Paz, entidad involucrada en un posible caso de fraude cuando en 2019 fue proponente del PAE de Yopal.

La Fundación Ahínco por Colombia fue constituida por cuatro personas jurídicas diferentes, todas sin ánimo de lucro: 

• Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad (Fundesol). 
• Fundación Multiactiva Emprendiendo. 
• Fundación Social con Futuro.
• Corporación Social para el Desarrollo Integral. 

El común denominador en las fundaciones que componen a Fundahinco son sus problemas con la ejecución de contratos con entidades públicas, lo que les ha originado una serie de sanciones, multas, e incumplimientos en diversas zonas del país: 

• A Fundesol y Fundación Multiactiva Emprendiendo las sancionó en 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio por colusión, en un proceso de alimentación para adultos mayores en Cartagena.
• A la Fundación Multiactiva Emprendiendo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le declaró el incumplimiento de dos contratos. 
• La Fundación Social con Futuro tiene una multa impuesta por el municipio de Buga, Valle del Cauca, y dos sanciones en firme, una de estas del ICBF.

Tanto la Fundación Multiactiva Emprendiendo como la Fundación Social con Futuro se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado.

Esas sanciones evidencian que la creación de Fundahinco se hizo para evadir a la justicia y seguir participando en procesos de contratación estatal bajo una nueva razón social que camufla su historial de irregularidades. 

Valiéndose de la experiencia de sus empresas constituyentes, Fundahinco comenzó a ser proponente en varios procesos de contratación pública y con ellos comenzaron a aparecer más irregularidades.

En 2019, como miembro de la Unión Temporal Cartagena Primero 2019, Fundahinco presentó una propuesta económica idéntica a la de otro proponente, el Consorcio Cartagena con Futuro. Justamente un consorcio del que hacía parte la Fundación CEA Cartagena, entidad con la que Fundahinco posteriormente sería vinculada por sospecha de fraude en la contratación del PAE de Yopal en 2019.

Blu Radio denunció que una de las contratistas del Distrito de Cartagena, Cielo Delcy Rangel Sayas, había dicho que la UT Cartagena Primero 2019 incluyó su hoja de vida de manera fraudulenta y que las certificaciones anexadas para concursar por ese contrato eran falsas.

Ante la lluvia de cuestionamientos, el alcalde de Cartagena Pedrito Pereira declaró desierta la licitación.

Junto a otra firma aliada (MCD y CIA SAS, firma de Bucaramanga creada en 1997 y también con señalamientos a cuestas), Fundahinco siguió en busca de contratos de alimentación en distintas ciudades. Se presentaron como proponentes del PAE en la Zona 1 del Atlántico, formando la Unión Temporal Atlántico Primero 2019. La Gobernación declaró desierto ese sector porque ninguno de los proponentes cumplía con los requisitos. 

Aun así, la UT decidió interponer un recurso de reposición para que la Gobernación replanteara su decisión. Sin embargo, la Secretaría de Educación argumentó que el rechazo obedeció a la situación jurídica de las empresas que constituían a Fundahinco.

MCD y CIA SAS y Fundahinco también participaron por el PAE de Nariño, como miembros de la Unión Temporal Nariño Primero 2019. La Procuraduría alertó a la Gobernación del departamento sobre la situación de las empresas constituyentes de Fundahinco. Aunque en un principio la Gobernación declaró desierta la licitación, la UT terminó ganándose el contrato por $30.296 millones, después de presentar un recurso de reposición.

En 2020, ya bajo el nombre de Fundación Intersectorial Crecer, este privado pujó por la adjudicación del PAE en Magdalena por $44 mil millones, ahora acompañada de las fundaciones Colombia Primero e Innovación Prospera, con quienes conformó el Consorcio Niños del Magdalena. 

Ese proceso tuvo varios tropiezos por cuenta de los recursos legales (desde recusaciones hasta tutelas, todas negadas) que el consorcio interpuso contra el gobernador Carlos Caicedo y el jefe de Contratación de la Gobernación, por supuestos intereses del gobierno departamental para inclinar la balanza hacia su contrincante, la Unión Temporal Nutrimagdalena, que terminó ganándose la licitación.

Aunque Fundación Intersectorial Crecer no logró quedarse con el PAE en ese departamento, sí lo hizo con el del Huila.

Fundación CEA Cartagena

• Año de fundación: 2013 en la Cámara de Comercio de Cartagena
• Tipo de entidad: Sin ánimo de lucro 
• Representante legal: Sabas Benavides Pereira 

Integrante del operador Dique, la Fundación CEA Cartagena fue una de las firmas que también obtuvo un contrato en la primera ronda de contratación del PAE en enero pasado. 

Tiene una trayectoria como contratista del departamento y del distrito: fue integrante de tres uniones temporales, con nombres distintos y asociada con varias fundaciones, que se ganaron la licitación del PAE de Bolívar en 2017, 2018 y 2019; ejecutó en 2019 la alimentación escolar en el municipio bolivarense de Morales, y se ganó en 2015 un contrato para implementar el sistema de gestión de la calidad en la Secretaría de Educación de Cartagena, y la organización de un diplomado a funcionarios de la Contraloría.

En su trayectoria como contratista público no le han faltado los líos, como lo contó en febrero La Contratopedia. En su participación como integrante del Consorcio Cartagena con Futuro —proponente del PAE de Cartagena en 2019— presentó certificados de contratación falsos, supuestamente, firmados con la Diócesis de Sincelejo por $8.278 millones. La entidad eclesiástica negó ese negocio, y la Alcaldía de Cartagena descartó el proceso y contrató a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

También en 2019, la fundación pujó para ganarse la licitación del PAE de Yopal como parte de la Unión Temporal PAE Yopal 2019, pero el comité evaluador de ese negocio la señaló, junto a la UT Nutriendo Yopal 2019, de colusión porque ambas presentaron un contrato de arrendamiento idéntico para la bodega de alimentos. 

El comité evaluador del PAE pidió explicaciones sobre lo sucedido, pero  ambas UT negaron las sospechas y culparon al arrendador por la presentación del mismo documento. 

Entre los integrantes de la UT Nutriendo Yopal aparecen privados detrás de la alimentación escolar en Bolívar, como la Fundación Alimentando a Colombia — operadora del PAE en los Montes de María este año— y la Corporación Multisectorial Desarrollo y Paz (Codesopaz), cuya representante legal es Daniela Michel Arias. 

Esta última también representa a la Fundación Intersectorial Crecer, integrante de la Unión Temporal Niños del Dique, actual operador en esa región de Bolívar, junto a ABC Colombia y CEA Cartagena.  

En el proceso de Yopal también participó la entidad Company Service Food, actual operador del PAE en los municipios del Magdalena Medio y la Mojana. Evidencia, otra vez, de la telaraña de contratistas que suele tejerse alrededor de la alimentación escolar no solo en Bolívar sino en otras regiones colombianas.

Fundación Pro Niños de Hoy para Hombres del Mañana

• Año de fundación: 2007 en la Cámara de Comercio de Bogotá
• Tipo de entidad: Sin ánimo de lucro 
• Representante legal: Alfredo Bernal

Integrante del operador de la subregión de los Montes de María, esta fundación fue señalada en 2013 por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de integrar un cartel de alimentos, liderado por el empresario y exdiputado de Cundinamarca Miguel Ángel Villalobos Sabogal. Según esa entidad, la Fundación logró sobreponerse a multas y sanciones por la entrega tardía y el mal estado de las raciones de comida en las escuelas de Cundinamarca.

Uno de los miembros de la junta directiva de la fundación es William Fajardo Rojas, quien en 2020 fue sancionado, junto con otras personas naturales, por la Superintendencia de Industria y Comercio por haber integrado un cartel de venta de raciones militares, entre 2011 y 2018. 

Esta entidad ha recibido, al menos, 11 contratos con entidades estatales como el ICBF, el Ministerio de Educación Nacional y las alcaldías de Tenjo, La Calera, Sibaté y Mosquera, que suman $3.998 millones. 

Fundación Alimentando a Colombia

• Año de fundación: 2009 en la Cámara de Comercio de Cartagena
• Tipo de entidad: Sin ánimo de lucro 
• Representante legal: Juan Carlos Rios Quintana

Alimentando a Colombia fue una de las firmas señaladas de colusión en la licitación del PAE de Yopal en 2019, junto a Codesopaz y Fundación CEA Cartagena. Es la otra integrante del operador de la subregión de los Montes de María. 

Fue contratista del PAE de Bolívar entre 2017 y 2019, como miembro de tres uniones temporales. También se ganó parte del PAE de María La Baja en 2018, y pujó por la alimentación escolar de Cartagena en 2019 como parte del consorcio Alimentación Saludable.

Company Service Food

• Año de fundación: 2007 en la Cámara de Comercio de Casanare
• Tipo de entidad: Sociedad comercial
• Representante legal: Gilberto Mendoza Castellanos

Este privado es uno de los integrantes del operador del Magdalena Medio y la Mojana bolivarense. Ha recibido al menos seis contratos con entidades nacionales, como el ICBF, y territoriales, como la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Villanueva y la Universidad Pedagógica de Tunja, que suman $5.761 millones. 

En 2019, Company Service Food hizo parte de la Unión Temporal Crecer por Colombia 2019, junto a la Fundación Construcción Social y Medio Ambiente, la ONG Corporación Multiactiva Emprender, como proponentes del PAE de Cartagena para el primer semestre. Esta UT fue la única que se presentó a la licitación. 

Los ruidos que acompañaron a la unión temporal en este proceso fueron por su representante legal, Luz Mabel Pinzón Arenas, quien ha sido cuestionada e investigada por el Ministerio Público debido a su participación en un cartel de alimentos.

Pinzón Arenas ha operado contratos PAE en varias partes del país como Valle del Cauca y Huila. En enero de 2016, la Fundación Naturaleza y Vida (Fundanavi), representada por Pinzón, se ganó el PAE del Valle, y en marzo del mismo año la entidad estuvo involucrada en un caso confirmado de intoxicación por alimentos. Al hacer la auditoría general, la Contraloría halló alimentos en descomposición. 

Luego, ese mismo año, Pinzón fue la representante de la Unión Temporal Alimentación Huila, denunciada por el personero del municipio de La Plata Nicolás Andrés Murcia Ortegón, quien afirmó que el operador estaba entregando menos raciones de las establecidas y quedándose con el resto.

Las autoridades pudieron comprobar las denuncias del Ministerio Público, y a Pinzón Arenas le fueron embargadas sus cuentas y sus bienes para resarcir el detrimento patrimonial causado por el incumplimiento del contrato. La Contraloría le inició un juicio de responsabilidad fiscal por esos hechos.

Ante las irregularidades del único proponente, la Alcaldía decidió declarar desierta la licitación. 

Aunque los nuevos operadores del PAE sólo llevan un mes entregando los alimentos, en varios municipios bolivarenses, como Mompox, ya han comenzado a multiplicarse las quejas por la calidad de los alimentos. Los padres de familia y acudientes exigen a las entidades estatales ponerle la lupa a este proceso, pues no quieren que sus hijos se vean afectados, otra vez, por la dudosa gestión de los operadores.