Las perlas de la contratación Covid en Barranquilla

El Distrito le compró, el 6 de abril, 27 ventiladores respiratorios a Nutreceutics SAS, empresa registrada desde 2015 en la Cámara de Comercio de Barranquilla y cuya principal actividad económica es el comercio al por mayor de productos farmacéuticos.  Algunos de ellos los vende a través de su sitio web y bajo tres categorías: nutrición, metabólicos e insumos médicos.

Por la línea de insumos médicos, esta empresa obtuvo el contrato de los ventiladores por $2.160 millones. Ese negocio es el único que se ha ganado de manera directa con una entidad pública, es decir, sin formar parte de una unión temporal o consorcio, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

El representante legal y accionista único de Nutreceutics es Vicente Alberto Vélez D’ Ambrosio, médico especializado en el manejo de la obesidad y los tratamientos estéticos. Su clínica, Vicente Vélez Medicina Estética, tiene sedes en Barranquilla, Bogotá y Cartagena.

Vélez está casado con Catalina Fernández, hija de Juan B. Fernández Noguera, uno de los dueños de El Heraldo, y prima de la actual secretaria de Cultura distrital María Teresa Fernández. El alcalde Pumarejo y su familia, a través de la empresa Pumarejo Certain SA, también son accionistas de ese medio, al igual que los Fernández. 

Antes de ser alcalde, Jaime Pumarejo estuvo en la junta directiva de ese diario como suplente y luego como miembro principal. Allí compartió asiento con Fernández Noguera, suegro del contratista Vélez D’ Ambrosio.

Los 27 ventiladores que el Distrito le compró a la empresa de Vélez D’ Ambrosio fueron mecánicos y portátiles, marca Philips de la referencia Trilogy Evo. Cada aparato costó $80.000.000, incluyendo impuestos. Debido a que la documentación publicada en el Sistema Electrónico de Contratación sobre este proceso está incompleta, no es posible establecer cuánto de esa suma es el precio neto de cada respirador.

Esa compra distrital coincidió, el semestre pasado, con una competencia mundial de los gobiernos por adquirir respiradores en tiempo récord, incluidas las administraciones nacionales y regionales de Latinoamérica. Eso generó una especulación de precios y contratos públicos con sobreprecios. 

Una investigación del proyecto periodístico Centinela – Covid 19, que reúne a 17 equipos de reporteros latinoamericanos, documentó las fluctuaciones en las compras realizadas por nueve países, entre el 24 de febrero y el 1 de junio. Eso pasó, en parte, por la amplia gama de marcas y modelos de los respiradores, los volúmenes comprados, los accesorios y la velocidad de entrega.

Barranquilla tampoco escapó de esa fluctuación de precios. Dos cotizaciones en dos tiendas médicas norteamericanas, realizadas por La Contratopedia Caribe y 360-Grados.co, muestran que la misma marca y modelo de respiradores comprados por el Distrito el semestre pasado hoy se consiguen a mejor precio: a 13.995 dólares, unos $53.972.557 (según la tasa de cambio del 31 de octubre). (Cotización I y cotización II)

Eso equivale a $26.000.000 menos por cada aparato comprado en abril. Cabe aclarar que a esa suma cotizada se le deben sumar los costos de transporte y aduana. Además, es preciso resaltar que esa diferencia de precios no es en sí misma sinónimo de corrupción. 

Esos respiradores, que se sumaron a los donados por la empresa privada y a los entregados por el Gobierno Nacional, fueron clave en la respuesta distrital contra el coronavirus: con ellos la Alcaldía dotó los hospitales de nivel intermedio Adelita de Char y Ciudadela 20 de Julio, que tienen atención prioritaria a pacientes Covid desde marzo. 

Y han sido vitales para enfrentar la pandemia porque asisten a pacientes graves con problemas respiratorios, una de las posibles complicaciones del virus. De hecho, según su tecnología, estos aparatos pueden reemplazar de manera transitoria los pulmones.

En junio, el contratista le solicitó a la Alcaldía más tiempo para la entrega de los ventiladores, debido a medidas adoptadas en ese momento por el gobierno estadounidense que generaron retrasos en los despachos: antes de exportar, los fabricantes debían priorizar la demanda de su propio país.

Sobre este contrato la Alcaldía dijo a  La Contratopedia Caribe y 360-grados.co desconocer “la identidad de los familiares del representante  legal de dicha empresa”. También que para la celebración de esa compra, el equipo jurídico, tras revisar la documentación presentada por esa firma, confirmó que no hubiese “causal de inhabilidad alguna para contratar con el Distrito de Barranquilla, así como conflicto de interés”.

Otro contrato de la Alcaldía con un contratista cercano a Pumarejo, fue el que firmó con la empresa Estrategias SAS, dedicada al comercio al por menor, principalmente, de alimentos y bebidas, y al almacenamiento y depósito. Creada en Barranquilla en 1988, sus socios son el exfuncionario distrital Juan José Jaramillo Buitrago y su esposa Maricel Char Yidi, cada uno con el 50% de las acciones.

Jaramillo Buitrago fue secretario de Cultura durante el gobierno de Alejandro Char y por dos meses (de enero a febrero de 2020) estuvo en el gabinete de Jaime Pumarejo, desempeñándose como gerente Distrital de Infraestructura Cultural, cargo al que renunció. 

Su esposa es prima del exalcalde Alejandro Char y su padre es Farid Char, hermano del exsenador y patriarca del clan, Fuad Char.

La Alcaldía le compró a esa empresa, por $187 millones, insumos médicos como guantes de látex, alcohol antiséptico, geles antibacterial y líquido para manos, y blanqueador desinfectante. El contratista adquirió estos productos en Supertiendas Olímpica, empresa de la familia Char. Así lo evidencia la cotización publicada junto a otros documentos de ese negocio.

Estrategias SAS sólo registra dos contratos en el Sistema Electrónico de Contratación: el que firmó con la Alcaldía de Barranquilla y uno de agosto por $13.004.180 con una institución educativa de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la venta de suministros de aseo y bioseguridad.

La Alcaldía respondió que firmó ese contrato porque, de las propuestas recibidas, la de Estrategias SAS “cumplía con los requisitos técnicos y de entrega solicitados, además de encontrarse sus precios acorde al mercado y en la mejor proporción de cara a la contratación”. Sin embargo, en el Sistema Electrónico de Contratación no están publicadas las cotizaciones de otros contratistas.

Aunque ni el contrato de los ventiladores ni el de los insumos son ilegales, sí despiertan cuestionamientos éticos sobre el manejo de la plata pública en la administración distrital al ser firmados con miembros del círculo político y social del alcalde Pumarejo. Una práctica de contratación común del charismo, movimiento que respalda al actual gobierno y está en la Alcaldía desde 2008. 

Este equipo de investigación consultó a la firma de abogados De Vivero & Asociados, especializada en contratación pública, para obtener un concepto jurídico sobre dichos contratos. El bufete respondió que si bien no existe inhabilidad, ni incompatibilidad, ni conflicto de interés, “era fundamental analizar —por parte de la Alcaldía— la idoneidad de Nutreceutics SAS y Estrategias SAS” de cara a cumplir “el principio de selección objetiva”, pues pese a tratarse de negocios celebrados por contratación directa éstos no están exentos de los principios de contratación estatal.

Para De Vivero & Asociados, una de las causas que podrían explicar que en los contratos con Estrategias SAS y Nutreceutics SAS “no se aprecie el análisis de idoneidad, ni la verificación de que lo contratado obedeciera a precios de mercado” es la publicación incompleta de estos procesos en el Sistema de Contratación Pública.

Un contrato por $18.652 millones para comprar 360.670 mercados se convirtió en el de mayor cuantía celebrado por el gobierno local durante la emergencia sanitaria. Lo firmó con la empresa Servicios de Alimentación NP SA, propietaria del expendio de comida local La Vianda. 

Un privado con amplia experiencia como contratista, al que la Alcaldía ya le había adjudicado contratos por $11.150 millones en 2019 y que gracias al negocio de los mercados se convirtió en el megacontratista del Covid en Barranquilla. De hecho, La Vianda es uno de los cinco contratistas de origen privado que concentran el 58% de recursos de esta primera ola de contratación por coronavirus en Barranquilla.

Este año es también el operador de los programas de alimentación escolar del Atlántico, adjudicado en marzo por la Gobernación de la charista Elsa Noguera, y de Barranquilla, entregado por la Alcaldía en febrero.

Esta empresa fue fundada en 1989 en Barranquilla. Sus dueños son Ricardo Alfredo Navarro Rodríguez y María del Socorro Polanía de Navarro, también propietarios de Servicios Integrales La Vianda, dedicada a los servicios de aseo y cafetería.

Después del entregado por la Gobernación del Atlántico, el contrato de mercados de  La Vianda con la administración de Pumarejo fue el segundo más cuantioso de todos los firmados para asistencia humanitaria por los gobiernos locales del Caribe los primeros días de pandemia. Le siguieron las alcaldías de Cartagena, que para el 30 de marzo le había comprado a dos distribuidoras $2.789 millones en alimentos, y Santa Marta con un negocio por $2.429 millones.

Para entregar los mercados, la Alcaldía de Barranquilla dijo haber priorizado a las familias que viven en los barrios y calles con mayor índice de pobreza multidimensional y algunos sectores de invasión con población inmigrante.

También podían solicitar mercados residentes de otras zonas que pudieran certificar no pertenecer al régimen contributivo de salud y ser trabajadores independientes o informales, cuyos ingresos mermaron por la cuarentena. Esa solicitud la hacían a través de un formulario web.

Los primeros mercados que entregó la administración Pumarejo comenzaron a repartirse a finales de marzo, aunque semanas después la Alcaldía organizó una jornada masiva de entregas en el estadio Metropolitano Roberto Melendez, que terminó en aglomeraciones y convirtiéndose en un potencial foco de contagio.

Fue tal el volumen de personas que asistió a la convocatoria del 11 de abril, que la Alcaldía suspendió la segunda jornada de entregas, programada para el día siguiente, y volvió a la repartición de mercados casa a casa. Multitudes como esa ocurrieron también en municipios de Antioquia, La Guajira, Magdalena y Sucre. Algunas, incluso, terminaron en desórdenes y disturbios.

Tan pronto las familias comenzaron a recibir los mercados se empezaron a multiplicar las críticas. Las primeras se dieron porque los paquetes llegaban con material fotográfico alusivo al alcalde, algo que si bien no está prohibido por ley sí ha sido censurado por ser un claro aprovechamiento político usando plata pública.

Esa conducta no fue exclusiva de Barranquilla y se repitió en varias regiones del país. Por ese patrón durante las primeras semanas de pandemia, la Procuraduría les recordó a los mandatarios locales que no estaba permitida la publicidad para “resaltar la imagen de alcaldes, gobernadores o partidos políticos”, pues esas prácticas las incluyó dentro de los riesgos de contratación con plata de la emergencia.

Sobre esas críticas, la Alcaldía respondió que esos plegables, en formato periódico de medio pliego, hicieron parte de una estrategia pedagógica para prevenir la propagación del virus y mitigar su impacto en la ciudad. Estos contenían, además, mensajes sobre cómo debían administrar las familias los alimentos entregados.

Si bien es cierto que en esos plegables aparece la imagen del alcalde —respondió la Alcaldía— “la intención comunicativa de su inclusión obedece únicamente a visibilizar su calidad de vocero institucional de toda la estrategia ejecutada por la  Administración Distrital, para efectos de hacerle frente a la pandemia en su territorio”.

Para la Alcaldía no puede hablarse de “publicidad política” por tratarse de la imagen de un mandatario en ejercicio y no la de “un candidato actuando en busca de réditos políticos o motivados por intereses electorales”. 

Otra ola de críticas se desató por la cantidad de comida entregada y los señalamientos ciudadanos de sobrecostos. 

Cada mercado contenía una botella de aceite de 900 gramos, una libra de pasta, un kilo de arroz, dos kilos de granos, una libra de panela empacada, dos latas de atún, dos rollos de papel higiénico y un jabón de baño. 

Ante las denuncias ciudadanas en redes sociales, el 21 de mayo, la Contraloría anunció que iniciaba una indagación preliminar por este contrato “por presuntas irregularidades con connotación fiscal”. Esa entidad encontró una diferencia de $8.820 por cada kit de mercado.

La Contraloría llegó a esa diferencia al comparar los $38.979 pagados por la Alcaldía por cada mercado con el precio de referencia para paquetes similares del Dane, que es de $30.159. La entidad dijo que esa suma, incluso, podría ser mucho menor debido a que se compraron mercados al por mayor, un número considerable “para poder obtener valores de economía de escala”, se lee de un comunicado.

La Alcaldía, además, pagó $11.501 por la logística de cada mercado, que incluyó costos de transporte, empaque, administración en centro de acopio y distribución. 

En una cotización que La Contratopedia Caribe y 360-Grados.co realizaron, a través de la plataforma de domicilios del almacén de cadena a bajo costo D1, un mercado con productos y cantidades similares cuesta $27.560. Aunque esa indagación se haya hecho con precios para el público en general, sin sumar los impuestos y costos adicionales de las compras públicas, el valor total es mucho más económico que el pagado por el Distrito. Además, es similar al alertado por la Contraloría. 

Aunque la Contraloría General había asumido esa investigación por posibles sobrecostos, poco después pasó a la Contraloría de Barranquilla, según nos informaron fuentes del ente nacional cuando preguntamos por el estado de ese caso. 

Con el expediente en Barranquilla, la funcionaria encargada de generar las pruebas de oficio fue Ederlinda Pacheco Venecia, delegada para procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría Distrital entre el 5 de marzo y el 31 de julio pasado. Hasta esa fecha estuvo en el cargo tras renunciar.

Su salida de la Contraloría se dio para la misma época de la del contralor Jesús María Acevedo Magaldi, denunciado por la Triple A, después de que el gerente lo grabó ofreciéndole los servicios de una oficina de abogados para defender a esa empresa en un proceso que le seguía la Contraloría bajo su mando.

Tan pronto se filtraron los audios a través del diario El Tiempo, la Procuraduría ordenó la suspensión del contralor Acevedo y le abrió un proceso disciplinario por corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y desviación de poder.

Pacheco se desempeñó como delegada de procesos para responsabilidad fiscal después de haber trabajado durante una década como asesora de contratación de la Alcaldía de Barranquilla, justo el mismo periodo que lleva en el poder el grupo político del actual mandatario Pumarejo. De hecho, esta abogada comenzó su labor en el Distrito en junio de 2009, cuando el alcalde era Alejandro Char, amigo y padrino político de Pumarejo.

No fue posible entrevistar al contralor encargado de Barranquilla Jorge Guevara —quien estuvo en ese cargo hasta el 30 de octubre— para conocer el estado de la indagación preliminar: no respondió los mensajes que este equipo de investigación le dejó en su Whatsapp, entre el 23 y 26 de octubre.

La Contratopedia Caribe y 360-Grados.co también indagaron por el estado de esa diligencia, a través de un derecho de petición. Jairo Pérez Arrieta, el nuevo delegado para procesos de responsabilidad fiscal de la Contraloría, respondió que esa diligencia es reservada por lo que “no es posible suministrar información alguna sobre tales averiguaciones adelantadas por el despacho”. 

Consultada sobre los sobreprecios señalados por la Contraloría General, la Alcaldía respondió que para la época de la firma del contrato había escasez de alimentos e incertidumbre por el anuncio de la cuarentena nacional, por ello “muchos productos de la canasta familiar presentaron variaciones muy altas”.  

La Alcaldía explicó que antes de comprar los kits de alimentos hizo un análisis de mercado, a partir de los precios de las cadenas de grandes superficies ARA, Jumbo, Éxito, Olímpica y Merqueo. Éste arrojó un valor promedio de $42.604 por cada kit, $3.625 por encima del valor ofrecido por el contratista Servicios de Alimentación NP SA. También argumentó que el contratista fue seleccionado porque tuvo la disponibilidad inmediata para entregar los “360.000 mercados”. 

Esa millonaria inversión en mercados no evitó que esta capital terminara con problemas de seguridad alimentaria por la pandemia, según una encuesta del Dane publicada en septiembre pasado.  Antes de la cuarentena, el 83% de los hogares barranquilleros consumía tres comidas, mientras que entre julio y agosto —con cuatro meses de coronavirus—, esa cifra bajó casi a la mitad: solo el 46% de las familias dijo tener alimentos para comer tres veces por día.

En esa encuesta sobre el impacto de la pandemia en la seguridad alimentaria de Colombia, Barranquilla ocupó el penúltimo lugar entre las 23 ciudades capitales de departamento y áreas metropolitanas estudiadas. La última fue su vecina Cartagena, que también invirtió la mayor parte de sus recursos Covid en mercados para los más pobres.

Los resultados del Dane sobre Barranquilla podrían explicarse, en parte, por los retos mayúsculos de pobreza que esta capital todavía tiene, pese a haber bajado los últimos 13 años su pobreza en 20 puntos porcentuales (pasó del 37% al 17%). De hecho, según cálculos de Barranquilla Cómo vamos, el 52% de los ciudadanos consultados el semestre pasado dijo que en su hogar los ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos, mientras que el 40% se definió como pobre. 

Las contrataciones covid, publicadas por la Alcaldía de Barranquilla en las dos plataformas del sistema electrónico (Secop I y Secop II), tienen vacíos que faltan a la transparencia informativa, al no tener toda la documentación completa para consulta ciudadana.

Solo tres de los 20 negocios de mayor cuantía que la Alcaldía firmó con empresas privadas tienen publicados sus contratos en formato PDF. A través de esos documentos, es posible conocer, exactamente, cuáles son las obligaciones del Distrito y los contratistas en cada negocio. 

El proceso de mayor cuantía de ese grupo con documentación incompleta es uno que la Alcaldía firmó con Suministros Electromédicos SAS, por $4.053 millones para comprar insumos y aparatos hospitalarios. 

Ese proceso tiene publicada la cotización con los precios unitarios que el Distrito pagó por insumo. También tiene disponible la documentación legal sobre el proveedor y copias de las tres modificaciones del contrato original. Sin embargo, el documento inicialmente firmado por el Distrito y esta empresa barranquillera no está colgado.

Esas condiciones de publicación van en contravía de la advertencia conjunta, emitida el 8 de abril, por la Procuraduría y la Contraloría, sobre las buenas prácticas que deben primar en las contrataciones públicas por coronavirus.

Los órganos de control consideran “riesgos en la contratación” procesos con documentación incompleta y sin los contratos ni las declaratorias de urgencia manifiesta de cada entidad territorial para justificar la celebración de esos negocios de manera directa.

Lo que evidencia la revisión de los contratos, firmados por la administración de Jaime Pumarejo en Barranquilla, es que si bien la declaratoria de urgencia manifiesta le permitió al Distrito mejorar su infraestructura de salud y atender en alguna medida a la población más vulnerable, también sacó a relucir zonas grises y vacíos en el manejo de la plata pública.