Las fundaciones (y ruidos) que repiten en el PAE de Cartagena y Bolívar

Los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), entregados este año por la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena a ocho fundaciones, evidencian que los alimentos para los niños y niñas de las escuelas públicas suelen quedar en manos de un reducido grupo de contratistas. Algunos llevan años ejecutando esos procesos en distintas regiones del país e, incluso, tienen varios cuestionamientos a cuestas.

Cuatro de esas organizaciones han tenido varios líos en el pasado por  presentar documentos falsos a la hora de concursar por millonarios contratos, por no entregar a tiempo los alimentos o por preparar raciones de comida en mal estado.

La selección de esos contratistas evidencia que el sistema de contratación público colombiano no es infalible porque la ley permite que las empresas concursen por más contratos públicos, pese a los ruidos que puedan acompañarlas hasta tanto no haya una sanción penal, fiscal o disciplinaria. Incluso pueden cambiarse el nombre para mitigar su golpe reputacional o trabajar con otras firmas en uniones temporales o consorcios.

Como ha ocurrido desde que empezó la pandemia por Covid-19 en Colombia, la Alcaldía y la Gobernación adjudicaron esos contratos, por segundo año consecutivo, bajo la modalidad de preparación en casa ante el cierre de las aulas y el desarrollo de clases de manera remota. 

Esa estrategia de entrega de paquetes de alimentos, sin embargo, está por sufrir cambios los próximos días, cuando el Ministerio de Educación determine los lineamientos de la alimentación escolar para este segundo semestre. El Gobierno anunció el reinicio de clases presenciales desde el próximo 15 de julio en todo el país.

Estos son cuatro de los rostros con ruidos acuestas por contratos pasados y están detrás de los consorcios y uniones temporales que ejecutan el PAE 2021 en Cartagena y Bolívar.

Hasta ahora no hay quejas por la calidad de los alimentos entregados (Descargue aquí el listado completo).

Los contratistas de Bolívar con ruidos

En septiembre pasado, la Gobernación de Bolívar contrató la alimentación escolar para los tres meses finales de clases de 2020 y para los dos primeros meses de este 2021. De esa manera, los estudiantes no se quedarían sin alimentos mientras se licitaba el PAE de este año, le explicó la Secretaría de Educación a La Contratopedia Caribe.

Esa licitación, por $18.903 millones, se la ganaron el 12 de abril dos uniones temporales y un consorcio. Esos contratistas deben garantizar las raciones para 120 mil alumnos matriculados en los colegios públicos de las subregiones Dique-Norte, Mojana-Magdalena y Montes de María, durante 70 días del calendario escolar.

Para la subregión de Loba y Depresión Momposina, la Gobernación firmó dos adiciones que suman $3.053 millones con el Consorcio Desarrollo Social, contratista que venía ejecutando el PAE en esas comunidades desde 2020. Lo hizo porque ninguno de los oferentes, de la primera licitación de este 2021, cumplía con los requisitos para entregar los alimentos en ese territorio. Ese proceso quedó desierto y la Secretaría de Educación trabaja en uno nuevo.

De esas seis fundaciones que obtuvieron los contratos para este 2021 hay tres repitentes porque venían ejecutando el PAE, el año pasado. Además, han sido operadores los últimos tres años en Bolívar, una constante que La Contratopedia detectó como una telaraña de contratistas de la alimentación escolar, vigente desde hace tiempo en este departamento. 

Dos de esas empresas, además, tienen ruidos por contratos pasados. Se trata de CEA Cartagena y Alimentando a Colombia.

• Fundación CEA 

Dos de los líos que La Contratopedia Caribe encontró sobre Fundación CEA Cartagena son de 2019, cuando fue integrante del Consorcio Cartagena con Futuro, uno de los proponentes de ese año del PAE en la capital de Bolívar. En esa ocasión presentó certificados de contratación falsos, supuestamente, firmados por la Diócesis de Sincelejo, asunto que esa entidad  eclesiástica negó. 

Por esa irregularidad, la Alcaldía de Cartagena descartó el proceso y contrató el PAE a través de la Bolsa Mercantil de Colombia.

El otro lío de ese mismo año CEA Cartagena lo tuvo mientras pujaba para ganarse la licitación del PAE de Yopal como parte de la Unión Temporal PAE Yopal 2019. El comité evaluador de ese negocio la señaló, junto a la UT Nutriendo Yopal 2019, de colusión porque ambas presentaron un contrato de arrendamiento idéntico para la bodega de alimentos. 

El comité evaluador del PAE de Yopal pidió explicaciones sobre lo sucedido, pero  ambas UT negaron las sospechas y culparon al arrendador por la presentación del mismo documento.

La Fundación CEA Cartagena está inscrita en la Cámara de Comercio de esa ciudad desde 2013. Su representante legal es Sabas Benavides Pereira y es un contratista recurrente en el PAE de Bolívar, pues ha ejecutado varios de esos contratos como miembro de distintas uniones temporales y consorcios entre 2017 y 2021. 

En el Sistema Electrónico de Contratación (Secop) le aparecen 16 contratos firmados a nombre propio por $3.374 millones. La mayoría de ellos, con alcaldías de Bolívar y entidades descentralizadas como el Sena, para la organización de eventos y la capacitación de funcionarios.

• Fundación Alimentando a Colombia 

Esta empresa fue cuestionada por el comité evaluador del PAE de Yopal en 2019 por presentar, como integrante de la Unión Temporal Nutriendo Yopal 2019, un contrato de arrendamiento idéntico al de otro oferente, lo que hizo sospechar a los evaluadores de fraude o colusión. Sospechas que el privado negó.

También pujó por el PAE de Cartagena en 2019, en un proceso que fue declarado desierto porque la Alcaldía terminó contratando a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. En esa puja participó como miembro del consorcio Alimentación Saludable (junto a la Corporación para la Asistencia Integral – Corporasin, contratista del PAE de Bolívar 2020), pero no fue habilitada porque no presentó el certificado de unos aportes a salud y pensión.

La Fundación Alimentado a Colombia está matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2009 y fue inscrita en el Registro Único de Proponentes, obligatorio para contratar con el Estado, en 2018. Su representante legal es Juan Carlos Ríos Quintana. 

Esta fundación fue contratista del PAE de Bolívar entre 2017 y 2019, como miembro de tres uniones temporales. También se ganó parte del PAE de María La Baja en 2018.

Los nuevos operadores de Cartagena también tienen ruidos

Desde el pasado 20 de mayo, el PAE en Cartagena tiene un nuevo operador: la Unión Temporal Cartagena Express, integrada por tres empresas:  Multimodal Express SAS, Seval Logística SAS y la Fundación CEA Cartagena. Esta última también operador del PAE de Bolívar este año. 

Esa unión fue seleccionada en un proceso celebrado en la Bolsa Mercantil de Colombia, tal como ha ocurrido en esta capital los últimos tres años.

El contrato, por $14.378 millones, debe beneficiar a 41.745 estudiantes de 90 escuelas oficiales del Distrito, durante 160 días del calendario escolar. 

Al igual que algunos de los operadores de Bolívar, estos privados no están libres de ruidos por fallas en sus entregas de alimentos en el pasado, lo que vuelve a evidenciar que la contratación por Bolsa Mercantil no es infalible —como ninguna otra instancia—, pese a haber sido implementada por el Distrito como una estrategia para evitar empresas cuestionadas en los procesos distritales.

• Multimodal Express SAS 

Una de las denuncias contra Multimodal Express data de 2017, cuando el entonces concejal Antonio Sanguino alertó sobre la entrega de alimentos en mal estado y a destiempo en varias zonas de la capital del país. En ese entonces Multimodal ejecutaba un contrato por $19.891millones que le había adjudicado la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. 

Antes, en 2011 también había sido noticia por cuenta del hallazgo de 30 cajas de leche saborizada y 19 galletas enterradas en el patio de una casa en el municipio de Santa Ana, Magdalena. Todos los productos estaban vencidos. 

Multimodal era el operador del ICBF en ese municipio y su gerente de entonces, Alfredo Duque Martínez, salió en medios de comunicación señalando que los productos no iban a ser distribuidos y que hubo fallas en la destrucción de los mismos. 

Multimodal Express es un megacontratista de la alimentación escolar en el país, que se dedica al transporte de carga por carreteras y al comercio al por mayor de alimentos. El Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) reporta que esta empresa ha firmado 24 contratos con entidades nacionales y territoriales por $33.993 millones.

Desde 2017 tiene luz verde para contratar con el Estado, tras haberse inscrito en el Registro Único de Proponentes.

Matriculada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2008, además de la capital, tiene sedes en San Andrés, Tunja y Villavicencio. Su representante legal es Dairo Emilio Sandoval.

• Seval Logística SAS 

A esta firma la Procuraduría la mencionó en una investigación que adelantó contra funcionarios de la Gobernación del Putumayo por presuntas irregularidades en la adjudicación del PAE de 2017 a la Unión Temporal Putumayo Somos Todos 2017, de la cual Seval hizo parte junto a la Fundación SAC Colombia.

El Ministerio Público encontró que los documentos de experiencia presentada por Seval Logística SAS no correspondían a esa firma sino a la Corporación Tanai Jawam, empresa señalada de integrar un cartel de la alimentación escolar en varias regiones del país.

Con aval para contratar con el Estado desde 2019, cuando se inscribió en el Registro Único de Proponentes (RUP), esta empresa ha firmado dos contratos sin integrar uniones temporales ni consorcios: uno de alimentación escolar de 2018, con la Alcaldía de Floridablanca (Santander) por $1.301 millones y otro con la Alcaldía de Morroa (Sucre) por $17.000.000 para el apoyo logístico de las eleccione legislativas de 2018.

Registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2014, esta firma se dedica al comercio al por mayor de productos alimenticios y al servicio de suministro de comidas preparadas. La empresa tiene sucursales en Tunja, Ibagué, Bucaramanga, Facatativá, Bogotá y Putumayo. Su representante legal es Sebastián Alfredo Duque Bertoldi y el representante suplente es Alfredo Duque Martínez.

Estos contratos de alimentación firmados por la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar evidencian una vez más las fisuras del sistema de contratación pública, que no logra blindar las raciones escolares de empresas o fundaciones con cuestionamientos y dudas.