La turbulencia que enfrenta el gobierno charista en Barranquilla

Desde el miércoles pasado, Barranquilla y el alcalde Jaime Pumarejo han sido noticia nacional e internacional porque la ciudad fue sede de dos fechas de la Copa Libertadores y por los enfrentamientos entre el Escuadrón Antimotines y manifestantes, cerca del estadio Romelio Martínez, donde se disputaron ambos encuentros.

Ese rechazo violento —y también pacífico a través de redes sociales— de los dos partidos de fútbol ocurrió en medio del Paro Nacional y de denuncias de ataque policial contra jóvenes que se manifestaban a pocos metros del Romelio sin participar de los desmanes. Hechos que tensionan aún más el ambiente local de las últimas dos semanas, en las que ha habido marchas masivas, enfrentamientos con los antimotines, denuncias de exceso policial y vandalismo en locales comerciales, supermercados y bancos.

Todo ese malestar social ha tenido como telón de fondo la pandemia por coronavirus, que aumentó el hambre y la pobreza en Barranquilla, según cifras recientes del Dane. El virus, además, deja a esta capital como una de las de mayor número de muertes por millón de habitantes de Colombia y con la sensación en parte de su población de que, al igual que en el resto del país, las cosas no van por buen camino.

Ese malestar, que se evidencia más entre los jóvenes que apoyan el Paro, golpea a Pumarejo, pero también a los Char, la familia política detrás de su mandato, acostumbrada a gobernar desde 2008 sin mayor oposición, con gran parte de la prensa como aliada, con el Junior —equipo de su propiedad— como gran catalizador popular y con una alta aceptación ciudadana.

Con la pandemia ese panorama cambió.

El tercer pico y el pesimismo

Barranquilla comienza este fin de semana a flexibilizar las medidas que había establecido el gobierno local para frenar el coronavirus, después de un sostenido descenso de contagios y muertes los últimos días. La pandemia hasta ahora le deja a la ciudad 4.549 fallecidos a corte del 14 de mayo, un número similar a las muertes que por homicidios registró entre 2007 y 2019, según el Forensis de Medicina Legal. Más de la mitad de esas muertes covid (2.319) ocurrieron durante el tercer pico, por el que la ciudad atraviesa desde marzo pasado.

Por cuenta de la pandemia, la ciudad vivió todo abril con toque de queda nocturno de lunes a viernes y las 24 horas los fines de semana; con circulación con ‘pico y cédula’, alerta roja hospitalaria y el comercio a media marcha. 

Ese nuevo pico comenzó poco antes de la Semana Santa, cuando la Alcaldía retomó su narrativa de indisciplina social para explicar el aumento de los casos. En ese momento el alcalde dijo que las reuniones familiares eran los principales focos de contagio. Un discurso oficial opuesto al que su gobierno había mantenido durante marzo, cuando su prioridad era ser sede de la Asamblea virtual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del 16 al 21 de marzo.

Ese evento le dejó a Barranquilla un crédito de 250 millones de dólares para implementar su modelo de biodiversidad de las próximas décadas. La administración local presentó esa cantidad, que aumenta su abultada deuda local, como un gran logro por ser el primer préstamo directo que esta capital recibe de esa entidad.

Que justamente el gobierno Pumarejo haya adoptado medidas restrictivas como el toque de queda o el ‘pico y cédula’ poco después de la Asamblea del BID no cayó bien entre todos los barranquilleros, especialmente, porque ese evento incluyó la visita de funcionarios nacionales e invitados internacionales. También actividades presenciales, algunas de ellas dentro del recinto cerrado Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río.

El clima de opinión local ya se percibía pesimista desde antes del tercer pico, tal como en el resto del país. Según la encuesta ‘Mi voz mi ciudad’, realizada en febrero por la iniciativa ciudadana ‘Barranquilla, cómo vamos’, el 42% de los consultados consideró que las cosas en la ciudad no iban “por buen camino”. Esa cifra fue más baja que en Bogotá o Cali, pero más alta que en Cartagena, cuyo relato de la última década ha sido opuesto al de la capital del Atlántico dada su inestabilidad administrativa.

Solo el 37% de los encuestados consideró que “las cosas” iban por “buen camino”. Un porcentaje que fue más alto en Riomar y Norte – Centro Histórico, localidades de mayor poder adquisitivo, pero más bajo en las localidades Suroccidente, Suroriente y Metropolitana, donde gran parte de la población es pobre y vive del rebusque diario. 

A esos indicadores se suma la percepción sobre el gobierno distrital. La reciente Polimétrica de Cifras y Conceptos, publicada en abril, muestra que en 10 de 12 aspectos consultados (entre ellos, educación, seguridad y medioambiente), más de la mitad de las personas calificó la gestión de Pumarejo como “regular” y “muy mala”. El mandatario solo obtuvo una mejor aprobación en infraestructura vial y salud, pese a que el 71% de los entrevistados consideró pertinentes las medidas que adoptó para mitigar el coronavirus, que incluyó duplicar la capacidad de unidades de cuidados intensivos.

Pese al tercer pico de Covid-19 y tal como ha ocurrido en otras ciudades del país, desde hace dos semanas Barranquilla ha tenido manifestaciones ciudadanas masivas. La mayoría de ellas sin enfrentamientos con la Policía. Quienes más han salido a la calle son los jóvenes de distintas universidades y colegios, que suelen mostrar su descontento con la situación nacional del país, con el modelo de ciudad impulsado por la familia Char desde 2008 y con las maquinarias políticas.

Más allá de lo que muestran los indicadores y la calle, el actual escenario social es inédito para los Char, acostumbrados a gobernar con los réditos populares de su millonaria apuesta por la infraestructura local; con el carisma de uno de sus principales miembros, el exalcalde Alejandro Char, y con pocos episodios de crisis durante la última década. Uno de ellos transcurrió en 2013 —siendo Elsa Noguera alcaldesa—, cuando varios conductores de buses y trabajadores del chance fueron asesinados.

También el clima actual es inédito porque confronta la narrativa oficial de progreso y felicidad colectiva, construida —en parte— por una millonaria estrategia publicitaria y de promoción de marca de ciudad. Solo entre 2016 y 2017 los contratos de ese tipo firmados por la Alcaldía de Barranquilla sumaron $68.628 millones, una cifra —dijo la Fundación para la Libertad de Prensa— que equivale a lo invertido en la remodelación del estadio Romelio Martínez en 2018 o que alcanzaría para construir dos megacolegios.

Ese modelo de promoción o buenas noticias ha continuado durante la administración Pumarejo, que en 2020 firmó cuatro contratos por $12.633 millones, para promover el pago oportuno de impuestos, divulgar mensajes alusivos al Plan de Desarrollo, generar conceptos creativos sobre diversos proyectos distritales y pautar en medios de comunicación nacional y local.

Pese a los innegables avances que Barranquilla ha tenido durante los últimos 13 años, la pandemia agudizó un problema que la ciudad todavía no supera: la pobreza.

El hambre que el Covid profundizó

Las cifras de pobreza monetaria presentadas, recientemente, por el Dane, muestran que el número de personas en pobreza monetaria en Barranquilla y su área metropolitana pasó de 489.536 en 2019 a 797.114 en 2020, que representan un tercio de su población (41%). Eso significa que casi 800 mil habitantes no tienen garantizado un ingreso mínimo para comprar alimentos y demás bienes y servicios. En esta capital ese ingreso es de $338.666.

Antes el Dane había revelado, a través de su encuesta Pulso Social, que el número de hogares con las tres comidas diarias garantizadas en esta capital había caído, con la llegada de la pandemia, del 86% al 38% Un indicador que la ubica en el penúltimo lugar de inseguridad alimentaria, entre 23 ciudades capitales consultadas de Colombia. Panorama similar había mostrado en las dos mediciones anteriores de Pulso Social.

El hambre también apareció en la encuesta de ‘Mi voz mi ciudad’, de la red Cómo Vamos. Esa medición mostró que un 39% de los consultados respondió que ellos o algún miembro de su hogar había pasado hambre en la semana previa a la aplicación de la encuesta.

Una realidad que se explica, en parte, por la alta informalidad laboral de Barranquilla que alcanzó el 60%, según una medición reciente del Dane. Ciudadanos que dependen de la calle y ven disminuir sus ingresos con las restricciones de movilidad que cada ola de Covid-19 ha traído desde marzo de 2020.

Por eso, la compra de alimentos fue parte clave del gasto público de la Alcaldía de Barranquilla, durante el primer semestre de 2020, para responder a las primeras semanas de emergencia sanitaria. El gobierno de Pumarejo invirtió $19.652 millones en 375.670 mercados y bonos canjeables por productos básicos.

Una inversión millonaria que, junto a programas nacionales como Ingreso Solidario y Familias en Acción, se quedó corta para el desafío de la pobreza local. Barranquilla fue una de las ciudades que no implementó un programa de transferencias monetarias o ayudas propias —distintas a las giradas por el Gobierno central—, como sí lo hicieron Bogotá y Medellín para complementar la entrega de mercados, reveló La Silla Vacía.

Y esa pobreza se evidencia cada vez más en las calles barranquilleras que están llenas de ventas informales de todo tipo, de grupos de jóvenes limpiavidrios en semáforos que solían estar vacíos y de familias enteras pidiendo comida —algunas con niños en brazos— en sectores residenciales de mayor poder adquisitivo, como Altos de Riomar, El Golf o Buenavista. 

Una ciudadanía más crítica

A todo ese panorama social se suma un grupo de voces de distintas disciplinas y sectores, que se manifiestan en columnas de opinión, en redes sociales y en la calle.  Cada vez se involucran más en la discusión política nacional, apuestan por “nuevas ideas y propuestas para Barranquilla” y critican el modelo de ciudad impulsado por los Char. Especialmente, tras denuncias de supuestas coimas y compra de votos, y de conocerse el entramado de contratación pública promovido por ese grupo político la última década.

Entre esas voces están Pablo Pachón, Marla Gutiérrez, Andrea Dávila, Juan Luis De La Hoz, Clay Said Sotelo y Cristy Amortegui.

“No son pocos los colectivos sociales que se juntan aquí y allá. La academia, de la mano de un grupo de docentes y estudiantes, quiere salir de las aulas. Son cada vez más los cuerpos que se resisten a ser clasificados bajos estándares morales y funcionales”, escribió recientemente Jaime Santamaría, filósofo y profesor universitario, en una columna de opinión, publicada en La Silla Vacía, titulada ‘El peligro de la democracia en Barranquilla’.

Muchas de esas voces han participado en las diferentes manifestaciones realizadas en Barranquilla, las últimas dos semanas, y han promovido el derecho a la protesta pacífica. También han denunciado excesos policiales contra algunos manifestantes y plantean con frecuencia un relevo político local. Algunos, incluso, han sido amenazados a través de un panfleto que desde el 14 de mayo circula en redes sociales y cuya autoría se desconoce.

Sin mencionar ese panfleto, el alcalde Pumarejo dijo que “ninguna voz o libertad pacífica debe acallarse”.

Todo este escenario político y social reta la narrativa charista de la última década, una que funcionó con una acelerada locomotora de cemento, sin pandemia ni el hartazgo generalizado que encarna el Paro Nacional. Está por verse cómo seguirá manejando el alcalde Pumarejo el descontento social local, cuya existencia reconoce. “Hay un diálogo social pendiente (…) unos jóvenes que están tratando de hacerse notar (…) Marchan todos los días”, dijo esta semana en entrevista con W Radio.