El alcalde Dumek Turbay supervisó las obras en la Avenida Santander el 4 de abril pasado. Los detalles de ese contrato sólo se conocieron 14 días después. /Foto: Ofiprensa Alcaldía de Cartagena.
La opacidad informativa de los primeros contratos millonarios del gobierno Turbay en Cartagena
Por lo menos ocho procesos en el arranque de la administración de Dumek Turbay han generado alertas por la publicación incompleta de los datos contractuales.
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A inicios de abril, cuando visitó unas obras de refacción en la Avenida Santander, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay anunció que esa intervención vial era clave para garantizar la estabilidad de la transitada arteria entre el Mar Caribe y las murallas del Centro Histórico. Los detalles de la inversión, sin embargo, eran completamente desconocidos para los cartageneros.
A través de dos comunicados de prensa, uno enviado el 2 de abril y el otro el 4 de abril, la Alcaldía anunció la ejecución de las obras y amplificó lo dicho por el mandatario sin entregar nuevos detalles.
Sólo a mediados de ese mes, el 18 de abril, Cartagena conoció más datos sobre la obra porque hasta entonces el contrato estuvo disponible para consulta ciudadana en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
La publicación inoportuna sobre las obras en la Santander no es un hecho aislado y, por el contrario, es el capítulo más reciente de la opacidad informativa que persiste en la Alcaldía de Cartagena.
Una práctica que no es exclusiva de esta capital ni tampoco de este gobierno, pero sigue vigente en la recién iniciada administración de Turbay y dificulta la veeduría ciudadana —más incómoda ahora en Cartagena que en el pasado—.
De hecho, la opacidad sobre una de las iniciativas bandera del nuevo gobierno (la Cuadrilla del Alcalde) fue notoria desde la primera semana de Turbay en La Aduana, como contó La Contratopedia Caribe.
Por esa opacidad, que va en contravía de los principios de transparencia y planeación de la contratación pública colombiana, el Observatorio a la Transparencia en la Contratación Estatal, de la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar), ha emitido varias alertas, a las que La Contratopedia les puso lupa.
Estos fueron los cuatro patrones que este medio encontró a partir de ocho de las alertas.
Publicación tardía y mutismo sobre obras iniciales
El más reciente caso de publicación de información contractual tardía lo alertó Funcicar el 23 de abril.
Se trata del contrato que la Unidad de Gestión del Riesgo Distrital le adjudicó de forma directa a la empresa cartagenera Dinacol SAS, bajo la modalidad de orden de servicio de obra, por $3.101 millones, para la intervención de un tramo de la Avenida Santander.
Dinacol es miembro de los consorcios Proplaya y Protección Fase II, contratistas del Proyecto de Protección Costera que adjudicó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. También es la firma que interviene el Muelle La Bodeguita, tras un contrato que se ganó durante el gobierno de William Dau.
El contrato que Dinacol obtuvo con la administración Turbay sólo estuvo disponible en el Secop el 18 de abril, es decir, casi un mes después de su firma (25 de marzo) y en contravía de los tres días hábiles siguientes a la expedición documental, que establece el Decreto 1082 de 2015 en sus lineamientos de publicidad en el Secop.
Dinacol ejecuta una orden de servicio de obra que firmó Daniel Vargas, jefe de Gestión del Riesgo Distrital, amparado en una declaratoria de calamidad pública que el alcalde Turbay decretó, el 15 de febrero, por seis meses prorrogables. La decretó por los fenómenos del Niño y mar de leva.
El proceso para emitir esa orden de servicio empezó el 22 de marzo con una invitación de Vargas a las firmas Dinacol, Promotora Concapital y Coveco de Colombia para que presentaran cotizaciones para obras de mitigación en la Santander, ante el desplome de un tramo del andén a la altura de la curva principal de esa vía, por la socavación del mar.
Esa invitación tenía un día de plazo. Es decir, las empresas debían estructurar y enviar sus cotizaciones el sábado 23 de marzo. Las tres lo hicieron, pero sólo Dinacol cumplió con los requisitos solicitados para los trabajos, le confirmó Vargas a La Contratopedia.
Tras revisar las cotizaciones, entre el sábado 23 y el domingo 24, el Jefe de Gestión del Riesgo le notificó el lunes 25 de marzo (día festivo) a Dinacol que había sido seleccionada por haber cumplido “con todos los requerimientos” y presentado la cotización “de menor precio”.
Ese mismo día, Vargas firmó una orden de servicio de obras que hace las veces de contrato y cuya ejecución debe tomar 90 días. Por tanto, Dinacol debe terminar su intervención en la Santander el 25 de junio próximo.
Según esa orden, Dinacol debe construir un rompeolas y reconstruir el tramo del andén que se socavó, así como los bordillos y una viga de protección perimetral. La Secretaría de Infraestructura del Distrito supervisa esa intervención.
Gestión del Riesgo estableció el pago en dos partidas:
- La primera, cuando el contratista haya superado el 50% de la ejecución y según el porcentaje recibido por la supervisión (Secretaría de Infraestructura).
- Y el restante al terminar los trabajos y obtener otro visto bueno de Infraestructura Distrital.
El pasado 3 de mayo Wilmer Iriarte, secretario de Infraestructura, autorizó el pago de $2.774 millones a Dinacol. Suma correspondiente al 89% del valor del contrato y a trabajos realizados entre el 25 de marzo y el 23 de abril, según un acta publicada por el Distrito en el Secop.
Consultada sobre la divulgación tardía de ese contrato, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito le dijo a La Contratopedia que la publicación “posterior de los documentos contractuales” demuestra “la transparencia de la Administración que, sin importar las situaciones de crisis o de desastres inminentes” no omite su responsabilidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho a conocer la inversión pública.
Aunque el tramo afectado de la Avenida Santander no supuso crisis ni desastre inminente —porque la vía no se hundió ni generó un accidente—, el Distrito no explicó la razón de fondo para publicar el contrato casi un mes después de haberlo firmado y no a los tres días hábiles siguientes, como lo establece la norma.
A la falta de información oportuna del contrato con Dinacol se suman las dudas por las intervenciones distritales de las primeras semanas del gobierno Turbay, como la llamada Guerra frontal contra los huecos, en la Avenida San Martín de Bocagrande.
Sobre esos trabajos la Alcaldía nunca dio información detallada del costo ni del contratista que los ejecutó.
Tampoco la Alcaldía ha explicado con claridad cómo vinculó a los miembros de la Cuadrilla del Alcalde, personal que acompaña a Turbay desde los primeros días de enero, pero cuyos contratos comenzaron a tener vigencia entre el 12 y 24 de ese mes, según le respondió el Distrito a una petición informativa del ingeniero Álvaro González.
Entre el 1 y el 11 de enero, según la respuesta que González recibió, la vinculación de la Cuadrilla fue posible por una donación de una fundación. Sin embargo, la Alcaldía no entregó más detalles y González tuteló para obtener una respuesta más argumentada, que aún no llega.
Además, al consultar a esa fundación (Funtecs), González recibió información contradictoria. Según esa corporación, el voluntariado de 23 de sus miembros terminó en febrero pasado, pese a que ya contaban con contrato distrital desde mediados de enero.
Contratos sin especificaciones técnicas ni diseños publicados
El segundo patrón que La Contratopedia encontró al revisar las observaciones hechas por Funcicar es la publicación de pliegos sin diseños ni especificaciones técnicas en dos obras de infraestructura clave, como el polideportivo Chambacú y las refacciones de la Villa Olímpica.
El 15 de abril, la Alcaldía publicó los pliegos para Chambacú en el Secop, por $47.564 millones. Esa obra, financiada con recursos de 2023 que el Concejo aprobó incorporar al presupuesto de 2024, se ejecutará en tres lotes, según el anexo técnico publicado por la Alcaldía.
- El gobierno Turbay proyecta la primera intervención en un lote, de unos 20.000 metros cuadrados, para la construcción de canchas de fútbol para la primera infancia, fútbol 9 y fútbol 11, con gradas, corredor semicubierto con locales comerciales y parqueaderos.
- En un lote contiguo, Turbay dijo que habrá senderos peatonales, recuperación ambiental, mobiliario urbano e iluminación.
- Y en un tercer lote de 60.063 metros cuadrados, el Distrito anunció canchas de baloncesto, sóftbol con gradas y fútbol 11, zonas de picnic y parqueaderos.
Según el calendario de contratación, el Complejo Deportivo se ejecutará en 17 meses, comenzando el segundo semestre de este año para que el Complejo quede listo a inicios de 2026. La audiencia para seleccionar al contratista será el 29 de mayo y la firma del contrato está programada para el 12 de junio.
Tan pronto la Alcaldía publicó el borrador de pliegos, Funcicar observó que no estaban disponibles los detalles técnicos del proyecto. Todavía hoy esa información sigue sin publicarse, pese a que está por concluir la fase de presentación de ofertas.
Y esa información es clave porque:
- Muestra cómo se diseñó el proyecto.
- Especifica los insumos a usarse, es decir, las características de los materiales (concreto, hierro y rellenos).
- Detalla las medidas estructurales (losas y vigas) a través de las memorias de cálculo.
- Y permite conocer los planos, documentos clave para los maestros de obra e ingenieros de campo que construirán el polideportivo. También son vitales para la interventoría, cuyo concurso de méritos aún el Distrito no ha abierto.
De hecho, por la falta de esa información, el concejal Carlos Raad (Alianza Verde – independiente) le envió una petición informativa al alcalde Turbay en abril pasado para preguntarle, entre otros datos, por el método utilizado para calcular las cantidades de obras, los análisis de precios unitarios que respaldan el presupuesto oficial del proyecto y cómo se hicieron los diseños.
Raad le dijo a La Contratopedia que la Alcaldía le respondió la petición y tenía unas observaciones sobre el proyecto. El concejal no le entregó más detalles a este medio sobre la respuesta distrital porque —dijo— debía reunirse con su abogado para organizar la documentación.
Consultada por La Contratopedia por la falta de esa información, la Alcaldía respondió a través de la Secretaría de Infraestructura que “adelantó la construcción de todos los documentos requeridos para la maduración del proyecto, los cuales incluyen los diseños y especificaciones técnicas”.
Sin embargo, la Alcaldía no respondió por qué esa información no está publicada.
Tampoco la Alcaldía publicó los diseños ni las especificaciones técnicas para la intervención de la Villa Olímpica, que ejecuta la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe) tras firmar un convenio interadministrativo con el Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (Ider), por $9.854 millones.
Funcicar advirtió que la Alcaldía publicó ese proceso sin diseños ni especificaciones técnicas. Tampoco el Ider justificó la contratación con Edurbe, que tras firmar los convenios interadministrativos con la Alcaldía de Cartagena subcontrata mayoritariamente a dedo (invitaciones directas o cerradas).
Si bien ese contrato tiene un anexo técnico publicado, que incluye las descripciones del proyecto y de las condiciones a intervenir, no existen detalles sobre los cálculos de las cantidades de obras por escenarios.
Ese hecho impide que los proveedores invitados por Edurbe, por ejemplo, hagan observaciones y aclaren dudas antes de presentar sus cotizaciones.
Contratos publicados sin estudios previos o de mercado
Otro patrón que La Contratopedia detectó en lo que va del gobierno Turbay es la publicación de algunos procesos sin estudios previos o de mercado. Esos documentos son clave porque le permiten al ciudadano conocer las condiciones de compra de un servicio o producto, o la contratación de una obra.
Uno de los contratos que el gobierno Turbay publicó sin esa documentación fue el que Distriseguridad firmó de manera directa, en marzo pasado, con la empresa mixta de Manizales Infotic SA para dotar a la Policía Metropolitana de Cartagena.
Esa inversión, de $14.268 millones, en motos, drones y chalecos antibala forma parte de la estrategia de seguridad Plan Titán 24, bandera del gobierno Turbay para combatir la criminalidad en Cartagena, desbordada en este inicio de año.
Funcicar alertó que Distriseguridad, establecimiento público adscrito a la Alcaldía que trabaja en pro de la seguridad y la convivencia de Cartagena, no publicó el estudio de mercado, por lo que no es posible saber si “hizo comparación de precios con otras empresas para la adquisición de estos bienes y servicios”.
Esa falta de información se suma a los cuestionamientos que pesan sobre el contratista Infotic por procesos que ha firmado en otras regiones del país. Uno de los más conocidos fue el fallido contrato que le entregó la Alcaldía de Ibagué (Tolima) en junio de 2023, horas antes de que comenzara a regir la Ley de Garantías por las elecciones regionales.
Vía contrato interadministrativo, Infotic se ganó el recaudo y control de la flota de buses, por 16 años, para el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Ibagué.
El año pasado, la Procuraduría le pidió a la Alcaldía de Ibagué suspender ese contrato por las condiciones que acordó con Infotic y por desestimar, “sin motivación”, la propuesta presentada por los transportadores de esa capital para operar el SETP. Los transportadores denunciaron corrupción en ese convenio.
La nueva administración de Ibagué liquidó ese convenio en enero pasado.
Y justo por el ruido que a Infotic le generó desde el año pasado ese contrato en Ibagué, un grupo de veedores cuestionó en septiembre una compra a dedo que, durante el gobierno de William Dau, Distriseguridad le hizo por $4.546 millones para la instalación de cámaras de seguridad en el Centro Histórico.
Sin embargo, el contrato del gobierno Turbay con Infotic, por casi $10.000 millones adicionales al que entregó la administración Dau, no generó la misma ola de cuestionamientos en Cartagena.
La Contratopedia consultó a Distriseguridad por la falta de información pública y esa dependencia reconoció que “hubo un inconveniente comunicacional entre dos funcionarios responsables”.
Por eso, “hoy mismo (14 de mayo) el proceso se subsanará cargando el archivo en Secop II y se hará una nota pública explicativa”, informó el director de Distriseguridad Jaime Hernández Amín.
Tampoco hubo publicación de estudios previos en las dos contrataciones que el gobierno Turbay hizo de manera directa, en febrero pasado, para el aseo en las escuelas y las sedes administrativas de la Alcaldía, por $18.128 millones, con las uniones temporales Outsourcing GIAF y Eminser – solo aseo 2023, respectivamente.
La Alcaldía contrató ambos servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
Funcicar alertó que en ambas órdenes de compra la Alcaldía no publicó esa información, por lo no es posible conocer la necesidad y alcance de ambos contratos (alerta I y alerta II).
Consultada por La Contratopedia, la Alcaldía respondió que sí hizo los estudios previos y le envió a este medio evidencias de la documentación que subió a la Tienda Virtual del Estado Colombiano (vea aquí la evidencia para la orden de los servicios de aseo escolar y de las sedes administrativas).
Sin embargo, esa información no está disponible para consulta ciudadana (contrato de aseo escolar y contrato de aseo en oficinas), como sí lo están otras órdenes de servicio de la Alcaldía en esa plataforma, como esta de aseo para las escuelas y esta de aseo para las sedes administrativas.
Contratación por urgencia manifiesta sin suficiente argumentación
El cuarto patrón detectado en parte de la contratación del gobierno Turbay es la sustentación deficiente para contratar ciertos servicios de manera directa, amparado por la declaratoria de urgencia manifiesta.
Por ejemplo, para el inicio del año académico en los colegios oficiales, la Alcaldía firmó a dedo tres contratos por $24.747 millones para garantizar los servicios de alimentación (PAE), aseo y transporte en las instituciones educativas.
El Distrito hizo esas contrataciones por urgencia manifiesta que decretó el secretario del Interior Bruno Hernandez, en calidad de alcalde encargado, el 23 de enero.
Esa urgencia llegó tras una declaratoria de emergencia educativa sugerida por el secretario de Educación encargado Alberto Martínez, titular de esa dependencia desde el 16 de febrero.
A través de un oficio enviado el 22 de enero a la Oficina Jurídica y a la Secretaría General, Martínez dijo que el Distrito estaba en emergencia educativa, entre otras razones, porque la administración saliente (la de William Dau) no había dejado procesos contractuales lo suficientemente avanzados que garantizaran la prestación del PAE, el transporte y el aseo desde el primer día de clases.
Martínez entregó sólidos argumentos en cuanto al PAE, pues la administración Dau dejó documentación avanzada para contratarlo a través de la Bolsa Mercantil, pero la falta de algunas especificaciones técnicas y un calendario de contratación demasiado ajustado no garantizaban que el operador estuviera seleccionado para el día del inicio de clases (29 de enero).
Sin embargo, las razones para contratar los servicios de aseo y transporte de manera directa no quedaron igual de sustentadas.
Funcicar observó que esos contratos se celebraron de manera directa (alerta por aseo escolar y alerta por transporte escolar), pese a que existía un Acuerdo Marco para seleccionar a los operadores a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuyo proceso de contratación de 19 días el gobierno Turbay debió prever durante el empalme con la administración Dau, a finales de 2023.
El gobierno Turbay comenzó las contrataciones de aseo, alimentación y transporte el fin de semana previo al inicio de clases. Es decir, entre el 22 y el 26 de enero.
Excelente texto e investigaciòn, lo cual muestra autonomia frente a otros medios de comunicaciòn. Ahora bien este modelo de contrataciòn no debe sorprendernos, es lo usual en la administraciòn pùblica, realizar contratos vulnernando los procediemientos establecidos en las normas y reglas. En mi opiniòn es una expresiòn de un mercado de ” Contrataciòn Instrumentalizado”, en donde existe una zona GRIS sobre los principios de transparencia y respeto por los bienes pùblicos, y nos acercamos a un acelerado proceso de Captura, Cooptaciòn y Reconfiguraciòn del Estado Territorial, como bien lo ha demostrado el investigador Luis J Garay en diversos estudios al respecto. Estamos en la HEROICA y Fantastica Cartagena!!!.