La explotación patrimonial de Cartagena, entre ruidos de corrupción y sin política tarifaria única

Este contenido forma parte de la investigación ‘Cartagena no tiene control total ni organizado de su patrimonio histórico‘.

Tantos rostros median en el manejo patrimonial de Cartagena como ruidos de prácticas irregulares y corrupción en la expedición de permisos para intervenir y explotar económicamente el patrimonio. Un secreto a voces entre los comerciantes y propietarios de inmuebles del Centro Histórico.

En febrero pasado, el alcalde William Dau dijo que el jefe de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Alfonso Cabrera, estaba emitiendo conceptos favorables para la construcción de obras en el casco histórico, pese a no tener la competencia porque esos permisos los da el Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural. 

A ese funcionario la Procuraduría lo suspendió, por seis meses, al no responder un recurso a tiempo e incurrir en una falta disciplinaria. 

La Contratopedia conoció que al IPCC llegan denuncias de posibles prácticas irregulares en la expedición de permisos de intervención patrimonial, que tramita el Comité Técnico. Aunque esas denuncias no llegan con pruebas fehacientes ni nombres precisos de los involucrados.

Esas denuncias llegan al IPCC por ser la entidad responsable de recibir y revisar la documentación de los interesados en intervenir inmuebles patrimoniales. El IPCC confirma que los requisitos estén completos antes de elevar las solicitudes ante el Comité, órgano independiente que asesora a la Alcaldía y debería tener la última palabra en esos trámites.

El mandatario de turno preside el Comité, donde tienen asiento la Sociedad de Arquitectos de Bolívar, los Vecinos del Centro Histórico, la Academia de Historia, las universidades y el Museo de Arte Moderno de Cartagena de Indias. Un miembro por cada institución.

También hay ruidos por  sobornos que hasta hace unos años salían de la oficina de Espacio Público Distrital para la expedición de permisos. La Contratopedia conoció el caso de un comerciante al que un funcionario le pidió, hace un tiempo, una suma superior a la aprobada por el Concejo si quería usar parte de una plaza del Centro. 

“Históricamente, el Centro también ha sido explotado con fines corruptos, violando normas patrimoniales y del POT. Hay unas mafias. Se han lucrado algunos funcionarios y particulares”, le dijo a La Contratopedia un exfuncionario del Distrito que se desempeñó en el sector patrimonial.

A la par de ese mundo irregular, existen distintos criterios para el aprovechamiento económico de plazas, parques y monumentos porque son varias las entidades que establecen los montos. Muchas veces, no hay diálogo entre ellas y por eso hay explotaciones desiguales en espacios separados por pocos metros.

Es así, como el arriendo de una plaza para un evento con 200 personas puede costar desde $5.000.000, mientras un baluarte con capacidad similar oscila entre los $6.000.000 y $10.000.000, sin incluir pólizas y costos adicionales por la instalación y el desmonte del mobiliario. En temporada alta esas sumas parten de $15.000.000. 

Espacio Público alquila las plazas y otras áreas a partir de unas tarifas aprobadas por el Concejo en el Acuerdo 010 de 2014, que establece montos según el tipo de uso y espacios, dentro y fuera del cordón amurallado.

En el Centro y Getsemaní, Cartagena cobra entre el 5% y el 15% de un salario mínimo mensual por metro cuadrado alquilado. 

Con esos cánones, el Distrito tiene hoy 10 contratos vigentes con establecimientos que pueden usar el espacio público como una extensión de sus negocios para poner sillas y mesas.  El gobierno de William Dau intenta actualizar esas tarifas y condiciones, pero el camino no parece despejado porque la iniciativa ha sido fuertemente criticada.

En cuanto al alquiler de las fortificaciones, los valores para celebrar eventos sociales están establecidos en una política tarifaria, publicada por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) en 2014 y con seis versiones desde entonces. 

Esa entidad es la encargada de administrar el sistema de fortificaciones de Cartagena desde 2012, después de firmar un comodato con el Ministerio de Cultura —máxima autoridad patrimonial de Colombia—.

Los valores para usar las fortificaciones varían entre cuatro y 30 salarios mínimos mensuales, y dependen de la temporada turística, el aforo, el tipo de evento, la ubicación del bien y el tiempo de uso. 

Esas tarifas siguen los lineamientos del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, aprobado por el Mincultura en 2018 para garantizar la protección y sostenibilidad de esos bienes.

Solo cuando hay eventos privados, el público no puede disfrutar las fortificaciones. Esas actividades suelen celebrarse por las noches, especialmente los fines de semana, y sin una frecuencia fija. Entre enero y mayo de este año, por ejemplo, la Etcar envió 70 cotizaciones, pero solo 14 se hicieron efectivas.

El resto del tiempo las murallas y parte de los baluartes (hay arriendos permanentes en tres de ellos) son espacios abiertos y de uso público. 

A diferencia de los arriendos temporales, los permanentes (también responsabilidad de la Etcar) no tienen una política tarifaria tan clara porque los cánones mensuales no están actualizados.

De hecho, uno de esos arrendatarios consultado por La Contratopedia dijo haber intentado en vano pagar una mensualidad mayor, porque reconoce que el valor que paga no es proporcional a la explotación del bien.

“Pasamos cartas para llegar a acuerdos de reajuste del canon y ni a eso le dan respuesta”, se quejó, aludiendo a la Etcar. 

Esa entidad por ahora no puede reajustar los valores ni cambiar las condiciones de los contratos, hasta tanto no finalicen los procesos judiciales y avalúos comerciales que inició para saber cuánto debe cobrar por la explotación de los baluartes San Francisco Javier y Santo Domingo; los bajos del Baluarte San Francisco; una parte del Castillo de San Felipe y el Cuartel de las Bóvedas. 

En esos inmuebles funcionan las oficinas del Festival Internacional de Cine, restaurantes, bares, joyerías y establecimientos de artesanías.

Pese a tener negocios en las bóvedas, algunos comerciantes no están pagando arriendo porque no son ellos quienes aparecen en los contratos que la Etcar heredó de su antecesora, la Sociedad de Mejoras Públicas (antiguo administrador de las fortificaciones cartageneras).

Por cambios en el uso de los inmuebles e incumplimientos en el pago de las pólizas de seguro, la Etcar comenzó litigios ante el Tribunal Administrativo de Bolívar entre 2015 y 2016.  Algunos de estos procesos están en su fase inicial y otros a la espera de fallo de segunda instancia. 

Para actualizar los cánones de arriendo, la Etcar necesita incluir en su política tarifaria los avalúos comerciales  de las fortificaciones que inició en marzo pasado con la empresa bogotana Avales Ingeniería Inmobiliaria SAS. Con ese privado firmó un contrato interadministrativo, por $96.433.467.  

Además de la Gerencia de Espacio Público y de la Etcar, en la explotación económica del patrimonio cartagenero también intervienen privados como el Club de Pesca, administrador del Fuerte del Pastelillo, desde 1944. En su junta directiva tienen asiento empresarios cartageneros, como Fernando Mogollón Vélez, Juan Pablo Cepeda Faciolince y Ramón José Del Castillo Trucco.

Por esa administración, ni el Distrito ni el Mincultura reciben recurso alguno porque cuando el Club asumió ese bien, a través de un comodato que le entregó la Sociedad de Mejoras Públicas, estableció que el pago por su explotación era restaurarlo y mantenerlo.

El Fuerte tiene una parte de libre tránsito, pero otra privada (la Plaza de Armas) a la que solo acceden los clientes del Restaurante Fuerte San Sebastián del Pastelillo, uno de los más costosos de Cartagena. Por la explotación del Pastelillo, los ingresos del Club suman más de cuatro mil millones de pesos anuales.

Esas condiciones de administración del Fuerte salieron a flote el año pasado, tras la polémica intervención que el Club le hizo a ese bien sin la necesaria autorización del Mincultura. El Distrito propuso cambiarlas, pero aún se mantienen porque el camino no es tan fácil.