Gobernación aprueba más tiempo y plata para obras en Parque de Bolívar

La Gobernación de Bolívar aprobó, el pasado 22 de septiembre, una modificación (otrosí) al contrato de mantenimiento del Parque de Bolívar, en el corazón del Centro Histórico de Cartagena. Ese cambio le da al Consorcio Parque Bolívar, que inició labores en mayo, un mes adicional para entregar los trabajos que debieron estar listos el 4 de septiembre y le adiciona $101.218.325 al presupuesto.

La administración de Vicente Blel Scaff había proyectado para la reparación del icónico parque una inversión de $1.796 millones, entre obras civiles e interventoría. Con la adición que aprobó la secretaria privada del departamento Adriana Trucco, la recuperación ahora costará $1.846 millones.

Como lo ha contado La Contratopedia Caribe, las suspensiones y prórrogas de los contratos ad portas de que se cumplan las fechas de entrega han sido una constante en el gobierno Blel:

• Ha pasado igual con los contratos de 11 megacolegios que la Gobernación prometió entregar en 2022 y, nueve meses después, siguen en obras.
• También han tenido varias suspensiones y prórrogas cerca de la fecha de entrega las obras del esperado alcantarillado de El Carmen de Bolívar, cuya prórroga más reciente es la número 21 y va hasta el 31 de diciembre de este año.
• Y la construcción del parque del Jazz de Mompox, que ya suma cuatro suspensiones y siete prórrogas; la más reciente extiende hasta el 10 de noviembre la fecha de entrega de la obra, que debió estar lista en noviembre de 2022.

La suspensión y la justificación del otrosí

El pasado 1 de septiembre, tres días antes de que se cumpliera el plazo que tenía el Consorcio Parque Bolívar para entregar los trabajos del Parque de Bolívar, la Gobernación le aprobó a ese privado una suspensión del contrato aduciendo que las plantas que forman parte de la jardinera cuatro de ese sitio no se habían “adaptado al medio”, como contó La Contratopedia Caribe.

El acta de suspensión detalla que esos problemas de adaptación de las plantas tienen que ver con “fenómenos meteorológicos presentados en los meses de julio y agosto” y que se requerían, por lo menos, 15 días para que las especies sembradas estuvieran “en condiciones presentables”.

Cumplido el tiempo de suspensión del contrato, el restaurado espacio —considerado el pulmón verde del Centro Histórico cartagenero— debió estar listo el 16 de septiembre. Sin embargo, en esa fecha la Gobernación tampoco entregó la obra. Cinco días después, el 21 de septiembre, el gobierno Blel reactivó el contrato y el 22 del mismo mes aprobó un primer otrosí.

Esa modificación, con la que el privado tiene ahora hasta el 22 de octubre para entregar un Parque de Bolívar renovado, fue avalada por Covilco SAS, empresa encargada de la interventoría, y por la propia Gobernación que debe supervisar el cumplimiento del contrato.

La justificación del Consorcio para pedirle a la Gobernación más tiempo y plata para los trabajos es que debió agregar obras que no estaban inicialmente incluidas en el contrato firmado.

Pese a ser autorizadas, sin embargo, esas obras adicionales no aparecen detalladas en el documento de justificación del otrosí, publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

La Contratopedia Caribe consultó a la secretaria Trucco para conocer qué fue lo nuevo que la Gobernación y el contratista le agregaron al mantenimiento para que elevara el valor del contrato y el plazo del mismo, pero tampoco fue posible obtener respuesta alguna.

Esa opacidad informativa es, especialmente, problemática en temporada electoral, máxime con el antecedente de los recursos públicos como un factor que jugó a favor de la casa Blel, liderada por el condenado por parapolítica Vicente Blel Saad, en las Legislativas de marzo de 2022. 

A partir de una investigación de La Silla Vacía, La Contratopedia indagó por la relación entre contratos públicos y votos y encontró que en 10 de los 11 municipios beneficiados con una inversión departamental en infraestructura educativa, que ya supera los $200.000 millones, los conservadores fueron la principal votación al Senado y lograron asegurar las curules para Nadia Blel, Juliana Aray y Yamil Arana (hoy candidato a la Gobernación de Bolívar como la carta Blel). 

“Presentar y jalonar ese tipo de proyectos para los municipios fue clave para que los alcaldes pusieran a sus estructuras a votar por los candidatos de la casa Blel”, contó La Silla. 

Más allá de lo que establece el otrosí del Parque de Bolívar y las razones que pudieron originarlo, modificaciones de ese tipo se volvieron recurrentes en la contratación del gobierno Blel. Asunto que sugiere falencias en la planificación de los recursos departamentales a ejecutar.

Los líos de los contratistas

El Consorcio Parque Bolívar, que ejecuta desde mayo las obras de mantenimiento del Parque, lo conforman dos empresas:

• RYD Construcciones SAS, con una participación del 90%.
• Proyectos de Ingeniería Civil SAS (Proicivil), con el 10% restante.

Desde la adjudicación de ese contrato, La Contratopedia alertó sobre los líos con los que llegaba a esta ejecución una de esas empresas. Se trata de RYD, que formó parte de las obras de adecuación de colegios oficiales de Cartagena, durante el gobierno de Dionisio Vélez.

Las comunidades educativas de varias de esas sedes intervenidas denunciaron, primero, los retrasos de los trabajos y, posteriormente, el deterioro de las obras. Y los organismos de control las calificaron como ejecuciones de mala calidad.

Covilco, la firma interventora, también tiene un lío a cuestas. Le viene de un contrato en el que formó parte del Consorcio Interpuentes 2019, con el 50% de participación, junto al contratista José Javier Pereira, que tenía la otra mitad.

Ese consorcio era el encargado de la interventoría del contrato de construcción de un puente militar en la vereda La Solera, sobre el río San Jorge en el municipio de Caimito, Sucre. La obra era ejecutada por el Consorcio Puente San Jorge 2019 y según la Contraloría en su ejecución hubo un detrimento patrimonial de $1.337 millones. 

La Contraloría estableció que el consorcio interventor, del que formó parte Covilco, “desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019″. 

A eso se suma que el ente de control fiscal se encontró con que el contrato de la interventoría tenía “deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento”, y también “de buen manejo y correcta inversión del anticipo”. 

Por esos cuestionamientos, la Contraloría vinculó a Covilco, a su socio José Javier Pereira, a las empresas encargadas de la obra y a varios funcionarios públicos de Caimito (Sucre) como presuntos responsables fiscales, en un caso que aún sigue abierto.