Escuela Taller ya no buscará a privado para entregarle el Baluarte de Santo Domingo

La Escuela Taller Cartagena de Indias declaró desierto, este martes 3 de septiembre, el proceso licitatorio para entregar el aprovechamiento económico del Baluarte de Santo Domingo. Esta decisión se tomó un día después del desalojo del gastrobar Café del Mar, realizado por la Alcaldía de Cartagena en cumplimiento de un fallo del Consejo de Estado de 2022. 

La licitación sólo tuvo un proponente, la Unión Temporal Heredia del Castillo, integrada por dos empresas antioqueñas, que presentó documentos inexactos, no acreditó experiencia ni probó solvencia económica.

El alcalde Dumek Turbay ya anunció que el Baluarte ahora será un espacio de disfrute público, que busca emular lo hecho con el Parque Espíritu del Manglar. Para ello, la Alcaldía deberá ponerse de acuerdo con el Ministerio de las Culturas, entidad responsable de ese bien patrimonial.

La fallida licitación y el anuncio del alcalde Turbay forman parte del fragmentado, pero lucrativo manejo del patrimonio histórico cartagenero que involucra a entidades públicas y sociedades privadas.

 Sólo los bienes manejados por la Escuela Taller Cartagena de Indias pueden mover cerca de $14.000 millones en arriendos y boletas. Un monto aún mayor si se suman las utilidades generadas por los espacios en manos privadas, como el Club de Pesca (Fuerte del Pastelillo) y la Escuela Taller Naranja (una de las bóvedas), o de instituciones públicas, como el Club Naval de Oficiales de la Armada Nacional (Fuerte de Santa Cruz).

La fallida licitación y las quejas de Café del Mar

El pasado 29 de julio, la Escuela Taller Cartagena de Indias abrió una licitación para el aprovechamiento económico del espacio público del Baluarte de Santo Domingo, para los próximos cuatro años.

El valor de la licitación era de $2.723 millones más IVA, suma que representaba la contraprestación mínima por el aprovechamiento económico del Baluarte hasta 2028 con incrementos proyectados según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Ni el Distrito ni Minculturas iban a poner recursos porque se trataba de un cálculo estimado por el arriendo de 1.199 metros cuadrados. Los restantes 768 metros cuadrados del Baluarte estaban destinados a ser área de libre circulación.

Con esa licitación el canon de arriendo del Baluarte pasaba de los $13.952.231 IVA incluido mensual, que era el valor pagado por Café del Mar, a $53.579.116, porque el metro cuadrado quedaría en $44.686,50.

La Escuela Taller acogió el avalúo de renta realizado por Avales SAS, empresa a la que contrató en 2022 para hacer las evaluaciones comerciales de las 23 bóvedas y los baluartes Santo Domingo, San Francisco Javier y El Reducto. Bienes que, históricamente, han tenido cánones mensuales muy por debajo del usufructo económico que generan.

Café del Mar intentó participar en esta licitación, pero no lo hizo porque en una versión definitiva del pliego de condiciones, publicado el 18 de agosto, la Escuela Taller incluyó una condición que lo excluyó del proceso: no serían aceptados contratos de arrendamiento de bienes de uso público para probar experiencia. 

Es decir, el comité evaluador no tendría en cuenta contratos como los que Café del Mar firmó, durante las últimas dos décadas, para administrar el Baluarte de Santo Domingo. Esa regla, sin embargo, no estaba en el pliego inicial, publicado por la Escuela Taller el 29 de julio.

Por eso, Café del Mar Ltda, empresa dueña de Café del Mar, presentó una acción de tutela, el pasado 22 de agosto, argumentando la vulneración del debido proceso y restricciones a su posibilidad de participar en la licitación. 

Sin embargo, la jueza sexta administrativa de Cartagena, Laura Arnedo Jiménez, declaró improcedente la tutela al no cumplir el principio de subsidiariedad. En otras palabras, agotar primero otras instancias, como presentar recursos ante la Escuela Taller, antes de interponer una acción de tutela.

Dado que Café del Mar cuestionaba los pliegos de contratación publicados por la Escuela Taller, debía “acudir en primera instancia ante la misma autoridad administrativa” para manifestar su desacuerdo y en segundo lugar —dijo la jueza— podía recurrir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que un juez se pronunciara sobre la legalidad del pliego licitatorio.

La jueza Arnedo tampoco encontró “la configuración de un perjuicio irremediable”. 

La licitación, sin embargo, fue declarada desierta este martes 3 de septiembre a la 1:35 de la tarde, porque el único proponente no cumplía con todos los requisitos exigidos.

El único proponente era de Envigado

La Unión Temporal Heredia del Castillo, único proponente de la licitación, la integraron dos empresas antioqueñas: 

• Eventos Extremo Producciones SAS, con el 50% de participación.
• Y Aktiva Soluciones Colombia SAS, con el 50% restante.

Eventos Extremo Producciones SAS es una empresa de Itagüí, Antioquia, matriculada en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur desde 2008. 

Se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales, al comercio de equipos de sonido y video, y a otras actividades recreativas y de esparcimiento.

Es propietaria de un local comercial del mismo nombre. Su representante legal es Javier Alexander Upegui Camargo.

En el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), a Eventos Extremo Producciones le aparecen dos contratos: 

• Uno firmado en 2022 con el canal público TeleMedellín, por $500.000.000, para prestar los servicios logísticos y de material de merchandising para el posicionamiento de la marca TeleMedellín Sports.
• Y uno que le adjudicó la Alcaldía de Sonsón, Antioquia, en mayo de 2024, por $649.000.000, para la realización de la versión 65 del Festival del Maíz en esa población.  

La firma Aktiva Soluciones Colombia SAS también se dedica a la organización de convenciones y eventos comerciales y al alquiler de maquinarias y equipos. Desde 2017 está matriculada en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur.

Representada legalmente por Santiago Múnera Hernández, esta empresa es propietaria de un establecimiento comercial del mismo nombre ubicado en Envigado.

En septiembre de 2022 matriculó una sede comercial en la Cámara de Comercio de Cartagena, pero en diciembre de ese mismo año quedó cancelada.  

A esta empresa de Envigado le aparecen en el Secop, al menos, siete contratos que suman $3.208 millones. Todos adjudicados por las alcaldías de Sonsón y El Carmen de Viboral y el Colegio Mayor de Antioquia, para apoyar en la logística de fiestas patronales y culturales.

El fallo del Consejo de Estado

La Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó, en noviembre de 2022, la liquidación del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte de Santo Domingo, que tenía la sociedad Café del Mar Ltda, y le ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias adoptar las medidas necesarias para la restitución de ese bien patrimonial.

La alta Corte adoptó esa medida, divulgada en febrero de 2023, porque el ciudadano David García Gómez interpuso, el 25 de julio de 2014, una acción popular en contra de la Nación-Mincultura, el Distrito de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Escuela Taller Cartagena de Indias, argumentando que los contratos de arrendamiento para ocupar el Baluarte y sacarle provecho económico se celebraron sin factores claros de selección objetiva, a precios irrisorios y con extralimitaciones en el uso del espacio público.

La alta Corte declaró “la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”, ratificando una sentencia del 13 de agosto de 2019, del Tribunal Administrativo de Bolívar.

El Tribunal conceptuó que si bien, legalmente, es posible arrendar ese tipo de inmuebles, “el valor pagado a título de arrendamiento resultaba irrisorio respecto de las características del mismo”. 

Ese Tribunal se apoyó en un avalúo del Instituto Agustín Codazzi (IGAC), que arrojó que el metro cuadrado del Baluarte no debe tasarse en menos de $11.500.000 y, a partir de esa suma se deduce un canon de arrendamiento superior a los $150.247.500 mensuales, 10 veces más que el valor que pagaba Café del Mar.

Un magistrado de Bolívar (Luis Miguel Villalobos Álvarez) salvó su voto porque consideró que no existen pruebas para concluir que el valor del arrendamiento fuera lesivo para el patrimonio público ni tampoco existe claridad sobre el valor del canon de arrendamiento que debería pagar Café del Mar, especialmente porque en materia comercial no hay norma alguna que establezca un rango mínimo o máximo.

El magistrado también salvó su voto porque “el método utilizado por el IGAC fue el de comparación y mercado,  con base en el cual se fijó el costo de reposición por metro cuadrado del Baluarte de Santo Domingo”, “más no el valor del canon” por arriendo.

El Consejo de Estado conceptuó que espacios como los baluartes pueden tener aprovechamiento económico, pero “a través de instrumentos que impliquen un uso y goce compatible y no uno exclusivo”, como lo contemplan los contratos de arrendamiento. 

Esa es una “tipología inconveniente” para la administración de este tipo de bienes, por tanto le corresponde a la autoridad que administra el bien (Escuela Taller) recurrir a un mecanismo distinto que no restrinja el uso del espacio público, como ocurrió entre 2002 y el pasado lunes 2 de septiembre con los contratos de arrendamiento firmados por Café del Mar.

Café del Mar llegó al Baluarte, primero, a través de un contrato de arrendamiento que suscribió hasta 2012 con la Sociedad de Mejoras Públicas, cuando esa era la entidad a cargo de administrar los bienes patrimoniales de interés nacional de Cartagena. 

Después, siguió en el Baluarte gracias a otro contrato suscrito en 2012 con la Escuela Taller, administrador de ese bien tras firmar un comodato con Minculturas.

Por tratarse de bienes de interés del ámbito nacional, con declaratoria patrimonial, el Ministerio es el responsable del cordón amurallado, los Baluartes y el Castillo de San Felipe de Barajas.

Café del Mar fue fundado en 2002 por el alemán Peter Kreill y el colombiano Carlos Sánchez García, actual propietario y representante legal. Desde entonces, se convirtió en uno de los sitios más visitados del Centro Histórico, apetecido por nacionales y extranjeros para disfrutar del ocaso, cenar o tomar alguna bebida. 

Las ofertas de su carta oscilaban, a precios de 2024, entre los $48.000 y $130.0000.

En 2019, antes de la pandemia, tuvo ingresos por $13.642 millones y utilidades por $2.440 millones. En cambio, en 2020, con la emergencia por coronavirus en su peor momento, los ingresos y utilidades cayeron 62% y 81%, respectivamente, según cifras que esta empresa reportó a la Cámara de Comercio de Cartagena para la renovación de sus registros mercantiles en 2020 y 2021.

En 2021, con la reactivación económica nacional, Café del Mar reportó utilidades por $2.525 millones, informó La Contratopedia Caribe en una publicación de 2022 sobre la plata que mueve el patrimonio cartagenero. 

Café del Mar pagó hasta este 2024 un canon mensual de $13.952.231, IVA incluido.

El futuro del Baluarte de Santo Domingo dependerá ahora de los acuerdos a los que lleguen la Alcaldía de Cartagena y Minculturas.