En su cruzada antipeajes, Dau se enfrenta con la poderosa KMA

El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena aceptó una acción popular presentada por el Distrito, en mayo pasado, contra KMA Construcciones y KMA Concesiones, privados detrás del macroproyecto del Corredor Portuario y la Quinta Avenida de Manga, que contempla peajes dentro de esta capital por 30 años. Esa acción, inicialmente rechazada por ese juzgado, es el más reciente capítulo de la cruzada antipeajes del alcalde William Dau.

Esta decisión judicial llega un mes después de un concepto jurídico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que le recomendaba al alcalde no oponerse a esa megainversión y evitarle una millonaria demanda al Distrito. Sin embargo, dicho concepto quedó sin legitimidad alguna tan pronto el alcalde denunció un conflicto de interés del abogado que lo emitió.

Oponiéndose a este macroproyecto —autorizado por Pedrito Pereira a dos semanas de dejar la Alcaldía en diciembre de 2019—, Dau se enfrenta a los poderosos constructores bolivarenses Menzel Amín Bajaire y Menzel Amín Avendaño (padre e hijo), contratistas y miembros de varias concesiones viales en el país.

La cruzada antipeajes de Dau se remonta a sus años como veedor ciudadano, enfrentándose a la Concesión Vial Cartagena SA (actual operador del Corredor Portuario de Cartagena). 

Ahora, como alcalde mantiene esa misma posición. De hecho, participó, el semestre pasado, en las manifestaciones en el Corredor Portuario para bloquear esa vía y exigirle al concesionario levantar las talanqueras y no cobrarles peajes a los vehículos, un asunto sobre el que debe pronunciarse un juez.

La acción popular contra KMA

William Dau, al igual que parte de la sociedad cartagenera, se opone a la construcción de la Quinta Avenida de Manga y al Corredor Portuario porque, aunque necesarios para mejorar la movilidad y conectar con mayor eficiencia al barrio Manga y a la zona industrial y portuaria Mamonal, ese macroproyecto contempla peajes internos, por 30 años. 

Con el cobro de peajes los privados pueden recuperar su millonaria inversión, calculada en unos dos billones de pesos, y garantizar el mantenimiento de los 46,6 kilómetros de vías a intervenir y los 15 puentes peatonales por construir, pues se trata de una alianza público privada (APP) sin recursos nacionales ni distritales.

De concretarse, este macroproyecto le significaría a Cartagena más décadas de peajes internos, tras 20 años de cobros en el Corredor Portuario y de rechazo ciudadano.

En la acción popular que interpuso el 31 de mayo —pero tan solo tuvo reparto judicial el pasado 12 de noviembre y que ahora acaba de admitir el Juzgado—, el Distrito argumentó que esa iniciativa de infraestructura vulnera los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.

Inicialmente, el juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, Enrique Del Vecchio Domínguez, no admitió esa demanda contra las empresas KMA Construcciones y KMA Concesiones por un asunto de procedimiento, porque según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, antes de presentar una demanda de este tipo, el demandante (el Distrito) debe solicitarle a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas (KMA) que adopte las medidas necesarias para la protección del derecho o interés colectivo amenazado.

Sin embargo, en el auto de admisión, con fecha del 22 de noviembre, el mismo juez aclara, en respuesta al recurso de apelación que interpuso el Distrito que, “excepcionalmente”, ese requisito no es de obligatorio cumplimiento, “cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos”. 

Y al respecto, el juez Del Vecchio determinó que, tras revisar una vez más los argumentos del Distrito, “en efecto existe un inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable, contra los derechos colectivos de la ciudadanía cartagenera”.

El juez lo dice porque con la ejecución de este macroproyecto “está en juego la posibilidad de crear más peajes que afectan la economía de las personas, y ante el notorio descontento de la ciudadanía por la permanencia de los peajes ya existentes, es claro que se estaría ad-portas de un perjuicio irremediable”.

Antes de presentar esa acción popular, el gobierno Dau evitó firmar el contrato con KMA para el inicio de las obras en 2020. 

Ese contrato debía firmarse durante los 30 días hábiles siguientes a la firma de la resolución que le dio vía libre al macroproyecto en diciembre de 2019. Es decir, entre enero y febrero de 2020.

Para aquel momento, Dau ya había asumido como alcalde de Cartagena y desde antes de posesionarse había anunciado su rechazo a esta megainversión. También cuestionó a su antecesor por dar esa luz verde estando a pocos días de abandonar la Alcaldía.

Que Dau mantenga esa posición dependerá, en parte, del concepto que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica le dé a su administración los próximos días, pues el Distrito se expone a pagarles a KMA Construcciones y KMA Concesiones una millonaria indemnización por incumplimiento.

El concepto jurídico 

En octubre pasado, el concejal de La U César Pión dijo a través de su cuenta de Twitter que, en un concepto jurídico, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le recomendaba a Dau conciliar con KMA, pues dos firmas de ese grupo empresarial habían demandado al Distrito.

A través de un Facebook Live, Dau reveló que detrás de ese concepto estaba el abogado Julio Orozco, defensor de la Concesión Vial de Cartagena SA, actual operador del Corredor Portuario de la capital de Bolívar. Tan pronto se enteró de ese conflicto de interés, Dau se lo manifestó al director de la Agencia Nacional, Camilo Gómez.

Gómez dejó sin efectos dicho concepto y la Agencia comenzó a estudiar, una vez más, la documentación de la demanda para generar otro concepto, como parte de un convenio que la Alcaldía firmó con esa entidad.

El abogado Orozco reconoció en octubre, vía comunicado de prensa, haber denunciado al alcalde Dau ante la Procuraduría, justamente por su posición antipeajes en el proceso en el que él es apoderado de la Concesión Vial de Cartagena SA.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica le dijo hoy a La Contratopedia que ya envió el nuevo concepto a la Alcaldía, aunque la Oficina Jurídica distrital le dijo a este medio que aún no lo ha recibido.

Ese concepto es clave porque le dará luces a Dau sobre qué tan grave puede resultar para el Distrito su oposición a la firma de un contrato, que por ley debió haber suscrito con KMA Construcciones y KMA Concesiones el año pasado. El concepto, por tanto, puede poner a Dau en una verdadera encrucijada.