El nuevo limbo de los puestos de salud en Cartagena

El gobierno de William Dau no podrá cumplir la promesa que hizo en junio pasado, cuando anunció que cinco de los elefantes blancos de la salud, que heredó de la administración de Dionisio Vélez, estarían listos antes del 31 de diciembre. 

La búsqueda de un nuevo camino para terminar las obras en El Pozón, Canapote, Bayunca, Barú y Daniel Lemaitre evidencia, una vez más, contradicciones en el discurso del alcalde y anuncios precipitados sin consultar antes a su equipo de trabajo.

El globo de la licitación

El 2 de septiembre, en declaraciones a El Universal, Dau anunció sin mayores detalles que su administración abrirá una licitación pública para terminar cinco de los 17 puestos de salud incompletos en los barrios y zonas insulares desde 2015, cuando Dionisio Vélez terminó su administración atípica sin entregar ninguna de las 25 obras de salud que contrató por casi $100.000 millones.  

La licitación que anunció el alcalde, por ahora, es un globo que, incluso, sorprendió a su propio equipo: ni la Secretaría de Infraestructura, ni la Secretaría de Hacienda, ni el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) tienen información al respecto. Así lo supo La Contratopedia después de haber hablado extra micrófonos con cuatro miembros del gabinete distrital.

“Nos enteramos que habrá licitación por los medios”, le dijo a La Contratopedia uno de los funcionarios. “El alcalde hizo el anuncio, pero no es un tema que se trabajó”, dijo otro miembro del gabinete.

Tan sorpresivas fueron las declaraciones de Dau que los secretarios de Infraestructura y Hacienda y la directora del Dadis esperan reunirse con él este lunes para que les comunique cómo finalizarán las obras. 

Especialmente, porque los cartageneros necesitan contar con más puestos de salud de primer y segundo nivel  para que ante ciertas emergencias no acudan a los hospitales de mayor complejidad, en alta demanda desde abril pasado por la pandemia por coronavirus.

El anuncio de licitación fue también una sorpresa para los delegados de la Contraloría, que integran la mesa de trabajo Compromiso Colombia, una iniciativa de ese organismo de control para terminar los elefantes blancos, como se les conoce en Colombia a las obras públicas inconclusas y por las que Cartagena ocupa el segundo puesto nacional después de Ibagué.

La mesa de Cartagena la integran delegados de la Contraloría, funcionarios de la  Secretaría de Infraestructura y del Dadis, y veedores ciudadanos. De allí salió en junio el anuncio de que el camino se despejaba para los puestos de salud y que se terminarían con el mismo contrato que firmó la administración de Dionisio Vélez en 2014. Es decir, sin convocar a una nueva licitación, que toma tres meses desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación del contrato, tiempo adicional al semestre de obras.

De hecho, como parte de esos acuerdos, la Secretaría de Infraestructura debe entregarle a la Contraloría informes sobre los avances de este proceso y desde julio pasado esa dependencia no tiene información nueva para entregar porque espera una reincorporación de recursos del Concejo, tal como lo acordó la mesa de trabajo.

Resulta que terminar esos cinco puestos de salud cuesta $36.597 millones, $14.639 millones están en poder de uno de los contratistas y los $21.958 millones restantes, en una fiducia a nombre del Distrito. Para disponer de ellos, el gobierno Dau necesita la autorización del Concejo. Esa corporación no dio su aval en el periodo de ordinarias que terminó el 10 de agosto, porque —dijeron algunos concejales— no alcanzó el tiempo para estudiar ese proyecto de acuerdo.

El Distrito le apostó a una aprobación tipo fast track, pero esa luz verde nunca se encendió y el camino que quedaba, según la Secretaría de Infraestructura, era la convocatoria del alcalde a extras.

Dau citó a los concejales el 9 de septiembre, pero lo hizo para que estudiaran la incorporación de $88.000 millones del presupuesto de 2019 al de este año. No incluyó el proyecto de los puestos de salud en esa convocatoria.

Si Dau se mantiene en su decisión de liquidar el contrato que dejó la administración de Dionisio Vélez y convocar a una nueva licitación para terminar los puestos de salud, estará dejando de lado el camino adelantando por Compromiso Colombia, desde el semestre pasado, le dijo a La Contratopedia un funcionario miembro de esa mesa de trabajo.  

Liquidar el contrato —que es lo que veedores y organizaciones como Funcicar piden por los incumplimientos de los contratistas originales— es un camino más lento que el acordado por Compromiso Colombia.

Al consultar con distintas dependencias de la Alcaldía detalles sobre la licitación, dos funcionarias del Distrito, que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas para hablar sobre el asunto en medios, le dijeron a La Contratopedia que el cambio de opinión del alcalde era “coherente con su discurso anticorrupción”. 

Una postura, sin embargo, opuesta a la de semanas atrás, cuando el mismo mandatario dijo que el reinicio de obras bajo el contrato de 2014 era un “sapo” que debía tragarse.

El camino inicial y la promesa incumplida

La Alcaldía y la Contraloría anunciaron en junio que los puestos de salud estarían listos antes del 31 de diciembre y se reactivaban bajo las condiciones firmadas en 2014, es decir, con los mismos contratistas que las dejaron inconclusas: Consorcio Salud Heroica y Coinses. Como este último tiene una inhabilidad por cinco años de la Procuraduría, le cedió su contrato al Consorcio Salud Caribe 2020. 

La cesión es una figura legal usada en contratación pública, que le permite a un privado cederle a otro sus obligaciones. De esta manera, ese tercero las asume y es quien responde ante la entidad territorial, en este caso la Alcaldía de Cartagena. 

Gonzalo Jácome, secretario de Infraestructura, le dijo en julio pasado a La Contratopedia que la cesión era la mejor vía para terminar las obras por dos razones.

La primera, porque implicaba menos trámites y retrasos; y la segunda, porque evitaba actualizar los costos de contratación a los valores de 2020, pues ese contrato está tasado con los índices de precios de construcción (IPC) de 2014 y de hacerse esa actualización los recursos disponibles no alcanzarían para terminar los puestos de salud.

Sin embargo, desde el anuncio mismo de la nueva fecha de entrega, el tiempo comenzaba a jugarle en contra a la administración Dau porque tenía menos de cinco meses para finalizar las obras en tiempos de coronavirus y dependía de una aprobación presupuestal del Concejo.