El Ecoparque Mallorquín es una de las obras representativas del gobierno de Jaime Pumarejo (2020-2023). /Foto: Tatiana Velásquez
El informe “confidencial” de Minambiente sobre Mallorquín
Continúa el debate sobre las intervenciones recientes en la cuenca de Mallorquín, impulsadas por las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, después de las declaraciones que dio la ministra Susana Muhamad sobre afectaciones en ese ecosistema detectadas por una comisión interdisciplinaria.
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Ha pasado más de una semana desde que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó en Barranquilla que una comisión técnica interdisciplinaria convocada por su despacho había encontrado “irregularidades y afectaciones” en la cuenca de Mallorquín, debido a obras recientes.
Aunque la alta funcionaria dio estas declaraciones a los medios después de participar en una mesa sobre el tema, organizada por el gobernador Eduardo Verano para resolver los conflictos sociales y ambientales de la Ciénaga, el Ministerio aún no ha ampliado la información por ser “confidencial”.
Esa es la respuesta del Ministerio a medios de comunicación, como La Contratopedia Caribe, 30dias.co y El Espectador, al solicitar el informe de la comisión. Sus autores aún no se conocen (la ministra mencionó a 20 expertos de distintas disciplinas), pero sus hallazgos apuntan a irregularidades.
Pese a que la oficina de Comunicaciones del Minambiente le dijo a La Contratopedia que ampliaría las declaraciones de la ministra Muhamad en Barranquilla, esos datos aún no llegan.
Hasta ahora, el Minambiente solo ha publicado un comunicado de prensa sin profundizar en los hallazgos de la comisión y tiene pendiente cumplir la promesa que la ministra Muhamad hizo: finalizada la reunión que convocó el gobernador Verano, dijo que esas conclusiones serán socializadas con las veedurías ambientales y las comunidades.
Los hallazgos de la comisión anunciados por la ministra
Muhamad dijo en Barranquilla, el pasado 3 de agosto, que la comisión identificó tres problemas.
El primero de ellos es la falta de correspondencia entre los límites de la zona Ramsar a la que pertenece la Ciénaga de Mallorquín, registrados en el Ministerio, y los que figuran en los planes de ordenamiento territorial (POT) de Barranquilla y Puerto Colombia. Esa discrepancia favoreció un modelo de ocupación de alta densidad que afecta el ecosistema.
Mallorquín forma parte del territorio Ramsar de la Ciénaga Grande de Santa Marta y la zona estuarina del Magdalena. Esa es una categoría internacional de conservación de humedales.
Lo segundo que Muhamad contó fue que la comisión identificó humedales no categorizados como Ramsar, pero con “gran valor por su conexión ecosistémica. Por esa razón es fundamental protegerlos, ya que se encuentran en zona de expansión urbana del POT de Puerto Colombia”.
Y lo tercero que declaró la ministra es que se “iniciaron obras para potenciar el turismo” en Barranquilla, con instrumentos ambientales inadecuados “frente a la normatividad ambiental”. Sin mencionarlo, la funcionaria se refirió al Ecoparque Mallorquín, obra bandera del gobierno de Jaime Pumarejo.
“Entendemos que esas obras tienen como intención generar mejor gobernanza ambiental y la protección de la Ciénaga (…) acordamos una revisión del régimen ambiental del sitio Ramsar y una revisión con la Alcaldía de Barranquilla del plan maestro de Mallorquín versus la regulación ambiental. Necesitamos verificar que lo que vayamos a hacer de turismo de naturaleza tenga primero, como centro, la recuperación y sostenibilidad de un ecosistema y que el turismo lo beneficie”, dijo la ministra.
Las críticas ciudadanas por las intervenciones recientes en Mallorquín
La comisión interdisciplinaria del Minambiente se conformó el semestre pasado, después de que las comunidades de Mallorquín y las veedurías ambientales solicitaron evaluar las posibles afectaciones por las intervenciones recientes en ese territorio, impulsadas por las alcaldías de Barranquilla, con el Ecoparque Mallorquín, y de Puerto Colombia, con Ciudad Mallorquín.
El Ecoparque Mallorquín inició con el gobierno de Jaime Pumarejo, con la promesa de detener el deterioro de ese territorio y convertirlo en un polo ecoturístico. Sin embargo, durante su ejecución ha enfrentado cuestionamientos de la comunidad, que dice no haber sido incluida, y de organizaciones ambientales, que señalan una intención de embellecimiento y no de real recuperación del cuerpo de agua, por años botadero de residuos de todo tipo.
Voces desde la academia, por el contrario, han respaldado la millonaria inversión que inició Barranquilla.
Ciudad Mallorquín es una ciudadela de 16.000 unidades residenciales en construcción (14.200 de ellas de interés social), ejecutada por el Negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos, junto a las constructoras Amarillo, Colpatria, Bolívar, Marval y Conaco, entre los límites de Puerto Colombia y Barranquilla. Se erige en medio de una cascada de cuestionamientos por el impacto ambiental.
Las voces que abanderan la discusión han sido María Correa, lideresa ambiental del barrio Las Flores, de Barranquilla, y Horacio Brieva, director de la Fundación Protransparencia.
Ese proyecto, además, ha generado reflexiones sobre su cubrimiento periodístico en Barranquilla, pues está en primera plana desde que las intenciones urbanísticas de Argos chocaron con los intereses de los hermanos Daes, dueños de la empresa Tecnoglass.
En respuesta a la cascada de críticas, Grupo Argos ha contado con aliados que respaldan Ciudad Mallorquín. Entre los actores locales están el Laboratorio de Ciudad, Ricardo Plata y Manuel Moreno, y entre los nacionales, Eduardo Lora y Javier Mejía.