El contratista de la APP del Corredor Portuario y la Quinta Avenida de Manga

La atención ciudadana en Cartagena está centrada en la Alianza Pública Privada (APP) para la ampliación del Corredor Portuario y Turístico y la construcción de la Quinta Avenida de Manga, que firmó el alcalde Pedrito Pereira este 16 de diciembre, a dos semanas de dejar su silla en el Palacio de La Aduana.

Aunque ese macroproyecto, que no requiere inversión de recursos públicos y autorizó a través de la resolución 9217, es necesario para la ciudad, ha sido rechazado por algunos sectores porque incluye el pago de peajes internos por unos 30 años a un privado para la construcción y mantenimiento de siete paquetes de obras, que contemplan 15 puentes peatonales y la intervención de 46,6 kilómetros de vías.

Esa APP comenzó a tomar forma desde el 8 de agosto de 2017, con una propuesta inicial presentada por KMA Construcciones SAS. Después de recibir luz verde del Distrito, el proyecto fue publicado el 6 de septiembre pasado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) para recibir ofertas de otras empresas interesadas, pero no hubo ninguna manifestación y KMA se convirtió en el único privado decidido a participar en su ejecución.

La firma KMA

Se trata de una firma cartagenera, propiedad del constructor Menzel Amín Avendaño (hijo del también constructor Menzel Amín Bajaire).

Esta sociedad comercial, fundada en 2001, tiene 1.131 empleados, según el registro de Cámara de Comercio. Sus actividades comerciales son la construcción de obras de ingeniería civil, carreteras y vías de ferrocarril, y el comercio de automotores nuevos.

Desde el 20 de agosto de 2009 está inscrita en el Registro Único de Proponentes, lo que le ha permitido contratar con el Estado. Hasta 2017 recibió, al menos, $154.275 millones en contratos de obras públicas, que les fueron adjudicados, a nombre propio y sin participar en uniones temporales y consorcios, según el Secop, por:

• La Alcaldía de Cartagena 
• Las gobernaciones de Bolívar, Cesar y Valle del Cauca.
• Y el Fondo de Adaptación. 

Entre esas obras están los puentes de Gambote (Bolívar) y Barú (Cartagena).

Entre las obras que se ha ganado en sociedad con otras empresas están las de protección para los pueblos del sur de Atlántico, después de las inundaciones de 2010. Esas las realizó como miembro del Consorcio Vías del Canal del Dique y fueron criticadas en aquel momento por su demorada entrega.

KMA también construyó dos de los proyectos viales más importantes de Colombia, que conectan al Caribe con otras regiones del país. Hoy es su operador como miembro de las dos concesiones (Autopistas del Sol y Autopistas de la Sabana) que administran esas vías a través del cobro de peajes. Estas son:

• Ruta Caribe, una doble calzada de 152 kilómetros que une a Bolívar y Atlántico. Esta concesión va hasta 2020.
• Concesión Córdoba – Sucre, que conecta a Montería y Sincelejo. Esta concesión va hasta 2024.

Los líos

Tanto la empresa, en su condición de contratista estatal, como su presidente han tenido que responder por sus actuaciones en algunas obras públicas.

Amín Avendaño, presidente de KMA, fue una de las personas indagadas por la Fiscalía por su posible participación en la trama de sobornos de la filial en Colombia de la brasileña Odebrecht. Esa indagación, anunciada en marzo de 2017, se dio como parte de una investigación para establecer el “destino de los recursos del soborno” o por su posible conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicación de Ruta del Sol Dos, informó la Fiscalía.

Ese ente le archivó el proceso a Amín Avendaño, en el que estuvo involucrado como persona natural, seis meses después de que éste les entregó la información requerida.

Ruta del Sol Dos es una de las obras más polémicas de la última década en Colombia, adjudicada por el Gobierno Nacional a la Concesionaria Ruta del Sol, de la que hacen parte las firmas Odebrecht, Episol (del Grupo Aval) y CSS Constructores (del Grupo Solarte). Los directivos de la firma brasileña confesaron haber pagado sobornos a autoridades en Colombia para ganarse ese contrato y la adición de la vía Ocaña – Gamarra.

Además de ese lío de su propietario, la megacontratista KMA fue señalada en 2018 por la Contraloría de planificar mal, y de entregar fuera de tiempo, vías y canales pluviales que construyó en Valledupar en 2014. Esas obras las ejecutó como miembro del Consorcio Sistemas Estratégicos de Transporte junto a Cicon SAS, representada por Menzel Rafael Amín Bajaire.

La Contraloría llegó a esa conclusión después de un control excepcional, en el que encontró un posible detrimento de $2.506 millones.