Detrás del retrasado inicio de clases en Bolívar hay fallas de la Gobernación

Debido a retrasos en la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), el regreso a clases en las escuelas públicas de Bolívar está programado para el próximo 20 de febrero, cuatro semanas después de la fecha inicial proyectada por la Secretaría de Educación Departamental.

Esa contratación, clave en todo arranque de año escolar, comenzó en diciembre pasado y su adjudicación debe darse este 10 de febrero. Hay siete oferentes en puja por cuatro contratos: Montes de María; Depresión Momposina y Loba; Dique y Norte; Magdalena Medio y Mojana.

Retardando el regreso a las aulas, la Secretaría de Educación Departamental garantizará la ejecución del PAE desde el primer día del calendario académico y, al mismo tiempo, evitará que Bogotá le descuente los días no atendidos — hecho que se refleja en vigencias futuras— y el llamado de atención de los organismos de control, a los que les ha informado cómo avanza la contratación de la alimentación escolar.

El 31 de enero, por ejemplo, la Contraloría General alertó a siete alcaldías y dos gobernaciones por haber comenzado clases sin ese servicio.

El retraso tiene molestos a los docentes de Bolívar, quienes anuncian una movilización departamental para el 16 de febrero porque, desde enero pasado, ya van dos fechas fallidas de inicio de clases.

Aunque la Secretaría de Educación ha manifestado que los retrasos para contratar el PAE 2023 han sido por “circunstancias ajenas” a su voluntad, al revisar el presupuesto departamental y consultar a fuentes con experiencia en ejecución de programas de alimentación, salen a flote problemas de previsión de recursos propios del gobierno de Vicente Blel Scaff. 

Lo que atrasó el PAE 2023

La Gobernación de Bolívar solo comenzó a licitar el PAE en diciembre porque hasta ese mes tuvo asegurada parte de su financiación, tras haber iniciado la gestión de recursos, el semestre pasado, en Bogotá. 

La secretaria Verónica Monterrosa le dijo a La Contratopedia Caribe que, a diferencia de la administración anterior (la de Iván Duque), el actual gobierno de Gustavo Petro pidió presentar dos proyectos de financiación PAE 2023: uno por los recursos nacionales y otro por los del Sistema General de Regalías. 

Bogotá no aceptó un solo documento y Bolívar debió enviar dos. Ese trámite atrasó la luz verde, que sólo llegó el 12 de diciembre, a través de la Resolución 359 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), adscrita al Ministerio de Educación.

Allí, el Mineducación les comunicó a las entidades territoriales —no sólo a Bolívar— cuál sería el rubro asignado con el que contarían para comenzar a contratar el PAE 2023.

Bolívar recibió más de $33.000 millones. Con ese monto, más $500.000.000 de recursos propios y casi mil millones del Sistema General de Participaciones (SGP), la Gobernación convocó la licitación, que está ad portas de adjudicar este 10 de febrero para contratar la alimentación escolar por seis meses.

La Gobernación financiará el resto del año escolar con plata de Regalías. Esa aprobación aún no llega y sin ella la Secretaría de Educación no puede convocar a una segunda licitación pública, este primer semestre de 2023. 

Esa nueva licitación es clave para el gobierno Blel porque, además de garantizarle la ejecución del PAE hasta diciembre próximo, le servirá para cumplir la meta de cobertura que se propuso para 2023: llevarle al 60% de las escuelas públicas municipales alimentación escolar.

Por tanto, Bolívar ahora depende mucho más de lo que gestione ante la Nación porque el costo total de su PAE está cercano a los $100.000 millones anuales y en el presupuesto de 2023 sólo destinó para ese programa $500.000.000 de recursos propios, que ya los usó en la licitación en curso. 

En administraciones anteriores, la Gobernación había destinado más recursos propios para contratar el PAE. De esa manera, tenía más margen de maniobra al gestionar ante Bogotá y disminuía las posibilidades de modificar tanto el calendario escolar como ha pasado las últimas semanas.

En el presupuesto de 2020, que el gobierno de Vicente Blel recibió de la saliente administración de Dumek Turbay, quedaron previstos $30.779 millones para el PAE de los $789.155 millones del sector educativo. Por eso, en 2020 las clases comenzaron mucho antes: el 20 de enero. 

Ese año, con la declaratoria de emergencia nacional por el coronavirus, Bogotá les giró más recursos PAE a las regiones.

En 2021 las clases empezaron el 8 de febrero, con PAE garantizado hasta abril de ese año y contratado mayoritariamente con recursos de Regalías desde septiembre de 2020.

Y el año pasado, Bolívar comenzó clases el 31 de enero con PAE asegurado para todo 2022, porque lo contrató desde septiembre de 2021. También financiado casi en su totalidad con recursos de Regalías.

Pero más allá del monto que destinen en recursos propios, los gobiernos regionales tienen la obligación de planear con “tiempo suficiente” la gestión de los dineros y la contratación del PAE, según lineamientos técnicos establecidos por la UAPA del Mineducación.

Una directriz clara por la manera como se financia la alimentación escolar en Colombia: a través de una Bolsa Común, donde las Entidades Territoriales ponen la mayor parte de la plata y la Nación el porcentaje minoritario.  

En el caso de Bolívar, el 74% de los dineros son departamentales —que pueden ser propios o gestionados a través del Sistema General de Regalías— y el 26% restante es de la Nación, procedente del Sistema General de Participaciones (SGP) o por recursos de inversión nacional de la UAPA.

Y justo por ese esquema de financiación, cuatro fuentes consultadas por La Contratopedia Caribe, con experiencia en ejecución de recursos PAE porque han sido funcionarios públicos, coincidieron en diagnosticar problemas de previsión de recursos por parte de la Secretaría de Educación Departamental. 

Mucho más si había cambio de Gobierno Nacional y limitaciones para comprometer los recursos de Regalías, para la vigencia 2023. Como esos montos se ejecutan por bianualidad, las entidades sólo pueden disponer de ellos durante ese tiempo.

En diciembre pasado terminó el ciclo 2021-2022 y todo lo que se tramitara durante 2022 debía ejecutarse ese año. En enero comenzó la bianualidad 2023-2024.

Para las fuentes, que pidieron no ser identificadas en esta historia, los retrasos que pudieron presentarse desde Bogotá no son argumentos sólidos para que el PAE aún no tenga operadores y los estudiantes aún no estén en las aulas.

Una de esas fuentes dijo que para contratar sin depender de los tiempos de Bogotá, Bolívar necesitaba tener disposición de recursos propios para el PAE de este año en el presupuesto y apelar a la figura de vigencias futuras.

Sobre esa misma línea opinó una segunda fuente consultada. Esta persona aseguró que con esos dineros, el Gobierno Departamental hubiese podido extender los contratos de 2022 o seleccionar nuevos operadores a través de un proceso más rápido con la Bolsa Mercantil.

“Si Bogotá se estaba demorando en aprobar, han podido prever recursos propios en el presupuesto de 2023 y pedirle una autorización de vigencia futuras a la Asamblea. Así se da tiempo a que lleguen los recursos nacionales para licitar el grueso del PAE”, dijo.

Esa fuente detalló que esa previsión con recursos propios podría haberse hecho por un valor mínimo, que garantizara el servicio del PAE hasta marzo de este año.

Es decir, si seis meses de alimentación escolar le cuestan a Bolívar $35.475 millones, según la licitación en curso, el Departamento debió prever unos $20.000 millones en el presupuesto de 2023 —y no sólo $500.000.000— para tener PAE garantizado desde finales de enero y durante las primeras semanas del año escolar.

La tercera voz consultada apuntó a que, a pesar de no contar con recursos propios para el PAE, la Gobernación de Bolívar está en una posición ventajosa, a diferencia de otras entidades territoriales. Eso porque está entre las gobernaciones que más recursos anuales recibe del Mineducación, a través de la UAPA (más de $30.000 millones).

Por tanto, suele iniciar su camino de consecución del resto de plata PAE con menor peso a cuestas. 

A Cartagena, por ejemplo, la UAPA le asigna menos de $3.000 millones.

Consultada sobre la posibilidad de contratar con recursos propios el PAE 2023, mientras Bogotá daba luz verde, la secretaria Monterrosa le respondió a La Contratopedia que el Departamento no cuenta con suficientes Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) para atender la alimentación escolar y todas las demás inversiones educativas. 

Si bien eso es cierto, los presupuestos de vigencias anteriores (como el de 2019) muestran que destinar una partida para contratar una pequeña parte del PAE mientras Bogotá avala sí es posible. La Contratopedia intentó entender por qué no se hizo dicho trámite, pero no obtuvo respuesta. 

Lo que Monterrosa sí le explicó a este medio, de manera detallada, fue la imposibilidad que tuvo su cartera para contratar más temprano ante la demora de Bogotá, pues cuando recibió la notificación de recursos de la UAPA (12 de diciembre pasado), ya el tiempo no alcanzaba para pedirle permiso a la Asamblea para usar esos recursos como vigencias futuras ni para dejar el arranque del PAE contratado desde 2022.

“Lo que veo es que ellos (Gobernación), al no contar con recursos propios, quedan maniatados”, le explicó a La Contratopedia la cuarta fuente consultada.

Y depender así de Bogotá le terminó pesando esta vez a Bolívar. Tanto que, por tener programada la selección de los operadores PAE para febrero, ya suma varios anuncios fallidos de inicio de clases.

Cuatro cambios y un anuncio de protesta

A través de cuatro resoluciones, la Secretaría de Educación de Bolívar ha anunciado cambios en el calendario escolar de 2023 para los colegios públicos del departamento. 

En una primera misiva (Resolución 3038 del 20 de octubre de 2022), esa entidad anunció que las clases comenzarían el 23 de enero y finalizarían el 26 de noviembre de este año.

Dos meses después, el 20 de diciembre, llegarían los primeros cambios: a través de la Resolución 3766, la Secretaría de Educación modificó las fechas de terminación de clases (del 26 de noviembre al 3 de diciembre) y de finalización del periodo de desarrollo institucional. Durante este tiempo los maestros se dedican al trabajo administrativo y a la planeación académica.

El 13 de enero, la Secretaría de Educación cambió por tercera vez el calendario, a través de la Resolución 0045. Allí estableció que el regreso a las aulas ya no sería el 31 de enero sino una semana después, es decir, el 6 de febrero. También, que las clases finalizaban el 10 de diciembre. 

Cuando ya esa tercera resolución había sido socializada a través de los medios de comunicación, llegó el cuarto cambio: las clases se retrasarían dos semanas más para comenzar el 20 de febrero, que es la fecha vigente.

Según la Resolución 0269 del 3 de febrero, las clases terminarán el 17 de diciembre. La Secretaría pidió autorización al Ministerio de Educación para cambiar la distribución de las 12 semanas de receso estudiantil y para garantizar el desarrollo de las 40 semanas de trabajo académico, exigidas por ley.

A mitad de año, por ejemplo, los estudiantes sólo tendrán una semana (del 3 al 9 de julio) de vacaciones, en lugar de las dos semanas que suelen tener todos los años. 

Esos cambios tienen inconformes a los docentes. Pedro Herrera Céspedes, presidente del Sindicato Único de Educadores y Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb), dijo que esas modificaciones del calendario son un irrespeto, porque han sido decisiones tomadas sin tener en cuenta a maestros, estudiantes y padres de familia. 

Herrera indicó que en Bolívar hay una crisis educativa que va más allá del PAE y tiene que ver con la falta de otros servicios complementarios, como la vigilancia y el aseo en los planteles. Además, cuestionó el Plan de Infraestructura Educativa que ejecuta el gobierno Blel. 

Con ese plan, la Gobernación prometió la adecuación de 145 planteles y la construcción de 11 nuevos colegios. La inversión inicial era de $194.142 millones, pero tras varias adiciones ya esos contratos suman $208.230 millones. 

Aunque todos los trabajos debían estar listos en 2022, las adecuaciones han sido entregadas parcialmente y aún el Departamento no entrega ninguno de los planteles nuevos.

Precisamente, por este crítico panorama de la educación en los municipios, el Sudeb convocó una manifestación para el próximo jueves 16 de febrero.

“Nos daremos cita los docentes del norte, centro y sur de Bolívar a las afueras de la Gobernación, pidiéndole al gobierno Blel respeto con la educación y un informe real sobre su millonario plan de infraestructura”, expresó Herrera.