Con nueva protesta, aumenta presión por solución definitiva de peajes en Cartagena

Este lunes se escribió un nuevo capítulo en la puja por los peajes internos de Cartagena: un grupo de empleados de la Concesión Vial Cartagena SA protestó, por la mañana, para rechazar las constantes manifestaciones que hace el ‘Movimiento Cartagena sin peajes’ en La Heroica y Corralito de Piedras.

Los empleados de esos puntos de cobro, ubicados en la zona industrial de Mamonal, señalan que dichas movilizaciones son un claro incumplimiento al pacto firmado, en febrero pasado, por la Alcaldía de Cartagena y la empresa para la que trabajan, pues el acuerdo solo contempla el paso libre en Manga y Ceballos. 

“Respete, señor Alcalde. Respete los acuerdos”, arengaron varios trabajadores en contra de William Dau, detractor de la concesión sobre el Corredor Portuario.

Debido a las manifestaciones del movimiento antipeajes, los cobros en La Heroica/Parqueamérica y Corralito de Piedra/Abocol no han sido constantes y se han suspendido a la fuerza, los últimos días. Hace semana y media, de hecho, los empleados de la concesión y miembros del colectivo antipeajes se enfrentaron a golpes, evidencia de cómo los ánimos se han ido caldeando.

Esa bomba social, sin embargo, está lejos de tener punto final porque, además de la oposición de Dau a los cobros, hay dos procesos en curso: uno judicial y otro arbitral.

El pacto y los procesos judiciales

En febrero, el alcalde Dau y Concesión Vial Cartagena SA llegaron a un acuerdo: suspender, indefinidamente, los cobros en los puntos de recaudo de Manga y Ceballos, que son los de mayor tráfico de vehículos particulares y de placas cartageneras, pero manteniendo los de La Heroica y Corralito de Piedras, porque son de obligatorio paso para la carga pesada que entra y sale de la zona industrial y portuaria.

De manera paralela, anunciaron la instalación de una Mesa de negociación, liderada por la Defensoría del Pueblo y con participación ciudadana, en aras de llegar a acuerdos distintos a las vías de hecho. Pese a ello, las protestas han seguido durante todo el año.

El Distrito y Concesión Vial Cartagena SA llegaron a ese acuerdo, después que Cartagena conoció en enero pasado un concepto de la Contraloría.

Según esa entidad, el concesionario recuperó en 2015 su inversión por la construcción y administración del corredor, es decir, alcanzó la tasa interna de retorno, nombre que recibe el porcentaje de ingresos periódicos generados tras una inversión.

Basándose en el concepto de la Contraloría, el alcalde Dau le solicitó al concesionario que levantara las talanqueras y con ello desencadenó bloqueos vehiculares en el Corredor, durante varios días, pues los conductores se negaron a seguir pagando los peajes. También hubo enfrentamientos entre ciudadanos y trabajadores de la concesión en ese momento.

Sin embargo, es un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena, convocado por la Concesión Vial Cartagena SA, el que debe definir si ese privado ya logró la tasa interna de retorno por su millonaria inversión. 

El origen de esta concesión se remonta a 1998, cuando el entonces alcalde Nicolás Curi la firmó con la empresa Concesión Vial de Cartagena Limitada, integrada por Gercon Ltda, de los Gerlein de Barranquilla —las acciones luego pasaron a nombre de otra empresa de ese conglomerado: Valorcon SA—; Álvarez y Collins SA, representada por Carlos Collins Espeleta, y KMC Ingenieros Ltda, por Jorge Kardus Urueta. 

Además de esas tres firmas, también están como socios:

•  Inveractiva SA, Inversiones y Construcciones del Caribe SA e Inversiones y Construcciones del Litoral SA, de Barranquilla y propiedad de los Gerlein.
•  Inversiones Josiese, de Cartagena y representada por Iván Alberto García Romero, del mismo tronco familiar del fallecido exsenador condenado por corrupción Juan José García Romero.

Además de la puja por los actuales peajes del corredor, hay otro proceso del que depende el futuro de estos cobros en Cartagena.

Se trata de la millonaria inversión para construir la Quinta Avenida de Manga y ampliar el Corredor Portuario, a través de una alianza público privada (APP) entre la Alcaldía y la empresa KMA.  

Ese macroproyecto tiene luz verde desde diciembre de 2019 y de llevarse a cabo le significará a los cartageneros 30 años de más peajes.

Como mandatario electo, Dau se opuso y una vez sentado en el Palacio de La Aduana se negó a firmar el contrato para iniciar las obras, pese a que por ley debía hacerlo antes de febrero de 2020. 

Su gobierno, además, interpuso una acción popular contra KMA argumentando que esa APP vulnera los derechos colectivos de la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.

KMA demandó al Distrito y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica le envió un concepto a la Alcaldía explicándole los posibles escenarios a los que se expone si la demanda sigue su rumbo. 

La oficina jurídica dice que aún no ha recibido dicho concepto, pero en Bogotá manifiestan lo contrario.  

Oponiéndose a este macroproyecto, Dau se enfrenta a los constructores bolivarenses Menzel Amín Bajaire y Menzel Amín Avendaño (padre e hijo), contratistas y miembros de varias concesiones viales en el país.

Esa posición antipeajes del alcalde nació hace más de una década, como veedor ciudadano, y ha continuado ahora como mandatario. Dau ha dicho que los peajes deben pagarlos, solamente, los vehículos de carga pesada que entran y salen de la zona portuaria de Cartagena o los conglomerados portuarios de esta capital.

Su cruzada lo ha llevado a participar en varias de las manifestaciones ciudadanas de este año. Justo por eso, el abogado Julio Orozco, apoderado del actual concesionario del Corredor Portuario, lo demandó.

En su lucha antipeajes, a Dau lo acompaña una de sus principales aliadas políticas.

‘No más peajes’

La cruzada antipeajes en esta capital es impulsada por varios movimientos, uno de ellos es ‘No más peajes Cartagena’. Dos de los rostros detrás son aliados del alcalde Dau: Lidy Ramírez y Oswaldo Burgos Valets.

Ramírez ha sido una de las principales participantes de la movilización contra el cobro de peajes en el punto La Heroica/Parqueamérica. Este lunes, cuestionó la manifestación de los empleados del concesionario, indicando que se trataba de un “bloqueo patronal“.

Desde el arranque de gobierno de Dau, Ramírez estuvo en el gabinete distrital como zarina anticorrupción, cargo del que fue removida por el Concejo tras una moción de censura porque no cumplía con ese perfil.

Pese a eso, la ex zarina ha sido una figura clave en lo que va de administración de Dau. Tanto que le habla al oído, según le dijo a La Contratopedia una fuente que ocupa un puesto de alto rango dentro del Palacio de La Aduana. 

Ahora, Ramírez es cabeza de lista del movimiento Fuera Malandrines, creado por el hijo del alcalde, Abraham Dau, para llegar a la Cámara de Representantes.

A través de redes sociales, desde donde realiza parte de su activismo político, Ramírez ha advertido que seguirán las protestas contra el cobro en el punto La Heroica/Parqueamérica hasta lograr su desmonte.

El otro rostro visible de ese grupo es Oswaldo Burgos Valet. Como contó La Contratopedia, durante el primer año de gobierno de Dau y el semestre pasado, obtuvo dos contratos por $44.000.000, el primero de ellos en Corvivienda y el otro en la Oficina de Gestión del Riesgo. 

Burgos, además, integró el grupo que pintó parte de los avisos de Salvemos a Cartagena, movimiento político de Dau, en 2019, de cara a las elecciones locales. También tuvo una activa participación en el movimiento antirrevocatoria de Dau. 

Frente a este nuevo capítulo de puja por los peajes de Cartagena, Dau no ha dicho nada.