Cuestionamientos de la Secretaría de Transparencia: más agua turbia para la Triple A

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República dijo, este 26 de diciembre, en W Radio que en la venta de acciones de la empresa Triple A de Barranquilla, celebrada el año pasado, hubo “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”. 

Entre los terceros a los que se refirió el secretario Andrés Idárraga están dos pesos pesados de la contratación pública nacional: los hermanos Daes, megacontratistas de Barranquilla, y William Vélez, el zar de las basuras de Colombia.

Si bien los cuestionamientos de la Secretaría de Transparencia no son nuevos, porque informes periodísticos advirtieron la opacidad de esa transacción durante el gobierno de Iván Duque, que una entidad a cargo de la Presidencia de la República se haya pronunciado por posibles irregularidades le quita legitimidad a ese millonario negocio del que depende el servicio de agua potable de 2,8 millones de personas en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.

Ese pronunciamiento, que le suma a la mala racha de la empresa barranquillera, hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia no era posible, dados los acuerdos políticos entre el grupo que maneja la Alcaldía de Barranquilla (los Char) y los anteriores gobiernos nacionales (los de Juan Manuel Santos e Iván Duque).

La denuncia del gobierno Petro y los privados detrás

El secretario de Transparencia Andrés Idárraga dijo que la venta de acciones de la Triple A, celebrada durante el gobierno de Iván Duque, se hizo por $565.000 millones, $300.000 millones menos que los activos de la empresa barranquillera de alcantarillado y acueducto.

Para el secretario hubo un posible “detrimento patrimonial” en esa negociación, que debe ser investigado por la Fiscalía y la Procuraduría. 

Para él, además, es cuestionable que un privado esté implicado en la negociación en “detrimento de los intereses públicos de Barranquilla”. Por eso, les pidió a las autoridades que investiguen la actuación de la Alcaldía barranquillera en esa transacción, que debió hacerse por subasta y sobre cerrado, y no a dedo.

El privado en cuestión es K-Yena SAS (hasta el 10 de noviembre de 2022, Empresa Alumbrado Público de Barranquilla SAS). A ella la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra los bienes en proceso de extinción de dominio en Colombia, le vendió el 82.16% de las acciones, en diciembre de 2021, bajo la figura de enajenación temprana: estrategia jurídica usada para transferir el dominio de un bien o propiedad.

Esa transacción se facilitó durante el gobierno de Duque con un artículo de la reforma tributaria de 2020. Ese cambio allanó el camino para que se hiciera de manera directa y evadiendo la posibilidad de un concurso público, en el que hubiera competencia de ofertas, informó La Silla Vacía.

Resulta que hasta 2018 la española Inassa, filial de Canal de Isabel II, hoy Canal Extensia, la mayor empresa pública de Madrid (España), fue el principal accionista de la Triple A.

Ese año las acciones pasaron a manos de la SAE por petición de la Fiscalía colombiana, que investiga unos pagos fraudulentos, ocurridos entre 2000 y 2017 e involucran a altos directivos, colombianos y extranjeros de la empresa barranquillera.

Los pagos investigados por la Fiscalía generaron un posible detrimento de $236.000 millones. De hecho, en una de sus actuaciones recientes, ese ente imputó el pasado 27 de noviembre a Nelson Eduardo Polo Carbonel, en su condición de directivo y accionista. Él es señalado de participar en “maniobras que permitieron la apropiación irregular de $23.379 millones” de  esa empresa.

Con la transacción celebrada durante el gobierno de Iván Duque fue que los hermanos Christian y José Manuel Daes, de Barranquilla, y el zar antioqueño de las basuras William Vélez entraron a escena, pues ambos tienen participación en K-Yena SAS (antes Alumbrado Público de Barranquilla).

Esa empresa mixta apalancó el negocio, informó hace un año el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo.

En esa empresa mixta, el Distrito de Barranquilla tiene una participación del 65%. El otro 35% restante lo tiene la sociedad privada Barranquilla Capital de Luz S. A. S, que está conformada por:

• Eléctricas de Medellín Ingeniera y Servicios S.A.S; 
• Alutrafic LED S.A.S; 
• Mega Proyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.S; 
• Iluminación de Villavicencio S.A.S. y 
• Celsa S.A.S.

Que la SAE le haya entregado las acciones de Inassa a la Alcaldía, a través de Alumbrado Público SAS (ahora K-Yena SAS), generó un litigio internacional entre Colombia y España, porque aún no hay una sentencia judicial contra Inassa y sus acciones estaban embargadas. Es decir, no las había perdido cuando el gobierno Duque las vendió.

En agosto pasado, los Daes anunciaron la “donación” de su participación en la Triple A a la Alcaldía de Barranquilla como un “gesto colaborativo y de solidaridad” a favor de esa capital. Sin embargo, esa fue más una acción estratégica por todo el litio que hay detrás.

Con esa entrega de acciones, la Alcaldía anunció que ahora es el accionista mayoritario de la Triple A  al quedar con el 74.9% de participación.

Las dudas de los accionistas minoritarios 

A los cuestionamientos desde la Secretaría de Transparencia se sumaron otros planteados por un grupo de accionistas minoritarios, a propósito de una asamblea que estaba programada para este 26 de diciembre, a las 9:00 am. En esa reunión virtual debían escogerse a los miembros de la Junta Directiva encargados de regir los destinos de la Triple A en 2023.

A los cuestionamientos desde la @STransparencia se suman una serie de preguntas de los accionistas minoritarios, publicadas por @WRadioColombia, a propósito de una asamblea programada para hoy👇🏼 pic.twitter.com/c3vBLZbRIG

— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) December 26, 2022

Según los accionistas minoritarios, hay un interés en usar la empresa de acueducto y alcantarillado como “caja menor de la campaña política de los candidatos a la alcaldía, gobernación, diputados, concejos y ediles que apadrine la actual administración” de Barranquilla. Es decir, el grupo Char, que busca mantener el poder en la Alcaldía por quinto periodo consecutivo, en una contienda que se proyecta más competida para ellos.

La asamblea no se realizó por falta de quórum y se pospuso hasta nueva fecha, le dijo un comunicador de la oficina de prensa de la Triple A a La Contratopedia Caribe. La cancelación se dio después de las declaraciones del secretario de Transparencia en W Radio y de las preguntas públicas formuladas por los accionistas minoritarios, que representan el 3.34% de la empresa.

El gobierno de Jaime Pumarejo aún no se pronuncia por los cuestionamientos hechos desde la Secretaría de Transparencia por la opaca transacción accionaria de hace un año.

Todas estas nuevas denuncias por el mal manejo financiero de la Triple A (que datan desde cuándo estaba en manos de la española Inassa) se dan en una coyuntura de quejas frecuentes de los usuarios por el líquido impotable que les llega a sus casas. Atrás quedaron los años en los que esa empresa decía que en Barranquilla se podía tomar agua de la llave y sacaba pecho por ser una de las compañías de servicios públicos más queridas del Atlántico.

Hoy, por el contrario, su nombre es sinónimo de corrupción y agua turbia.