José Luis revisa su cultivo de malanga, uno de los más recientes de la finca Santa Inés. /Foto: María Alejandra Romero Solano.
Agricultura contra el hambre y la pobreza en la Cartagena rural
Con un programa de extensión agropecuaria, la Alcaldía de Cartagena busca fortalecer la producción de alimentos en las más de 45.000 hectáreas de su zona rural. La falta de vías de acceso a las parcelas, una de las barreras.
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Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Hablemos del Plan: del papel a la realidad’ .
Cada día, José Luis Correa se levanta a las cuatro de la mañana para cumplir con las tareas que, desde hace más de dos décadas, realiza en Santa Inés, una finca de una hectárea localizada en el corregimiento de Bayunca, a 21 kilómetros de Cartagena.
La rutina de este hombre, de 55 años, piel morena y contextura delgada, empieza con el sistema de riego por gravedad que diseñó. Lo pone a funcionar para hidratar el cultivo de ají que plantó a pocos metros de la cocina. Después, se desplaza a un lago artificial para alimentar a las casi 500 tilapias rojas y negras, que en un par de semanas estarán listas para el consumo humano.
Antes de pasar al cultivo de malanga, José Luis alimenta a los cerdos con una mezcla de melaza, hoja y tronco de yuca. De inmediato, esparce maíz entre gallinas, patos y codornices.
Yuca, plátano, topocho, maíz, fríjoles, pepino cohombro, berenjena, papaya y mango forman parte del listado de alimentos que les garantizan a él y María Parra, su esposa, el alimento diario y los pesos mínimos para sostener su hogar.
Las cosechas las venden en Bayunca, el corregimiento más cercano a San Inés, y en los mercados que la Alcaldía de Cartagena organiza todos los meses en diferentes barrios de esta capital, para que los campesinos vendan sus productos a precios justos, sin intermediarios, y para promover entre los cartageneros el consumo de alimentos cultivados en sus zonas rurales.
Desde 2010, la finca Santa Inés es una de las beneficiarias de un programa de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), dependencia del Distrito de Cartagena que se encarga de brindar asistencia agropecuaria a los pequeños y medianos productores rurales.
Esas asesorías consisten en capacitaciones sobre métodos de cultivo y cría; en entrega de semillas de diversas especies y en acompañar a los campesinos durante la siembra y la cosecha, para que tengan prácticas agrícolas más productivas.
Pero, sobre todo, lo que busca la Alcaldía con la asistencia técnica de la Umata es aportar en la soberanía alimentaria de la población cartagenera y transformar las cosechas en productos atractivos para el mercado local.
Esos objetivos forman parte de las líneas estratégicas Seguridad Humana y Desarrollo Económico Equitativo, del Plan de Desarrollo Cartagena, Ciudad de Derechos, del gobierno de Dumek Turbay (2024-2027).
Unas iniciativas que los anteriores gobiernos distritales también incluyeron en sus planes para combatir la pobreza, un problema histórico de Cartagena que se agudizó, como en todo el país, desde 2020 con la pandemia por coronavirus.
En abril de ese año, en las zonas más pobres de esta capital, empezaron a escucharse cacerolazos de ciudadanos que le reclamaban al Distrito la entrega de alimentos por el cierre de la ciudad y la orden nacional de permanecer en casa. Una situación que, especialmente, les impedía a quienes viven del rebusque diario en las calles tener garantizados sus ingresos.
Por aquellos días y todavía en 2021, siete de cada 10 cartageneros comían menos de tres platos diarios, según la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), que midió el impacto del coronavirus en las principales capitales de Colombia. Cartagena, de hecho, ocupó el último lugar en seguridad alimentaria entre las 23 capitales consultadas durante el trimestre mayo-julio de 2021.
De acuerdo con el Dane, para 2023 casi 432.000 cartageneros, cerca de la mitad de la población del Distrito, vivían en pobreza y de ellos 124.000 estaban en pobreza extrema, porque sus ingresos mensuales no les alcanzaban para comer tres veces al día ni mucho menos costear un techo.
Cartagena, además, fue la única capital colombiana donde la pobreza extrema aumentó al pasar del 12,7% en 2022 al 13,1% en 2023.
Cartagena, Ciudad de Derechos plantea bajar la pobreza monetaria extrema al 8%, incluyendo las zonas rurales. En esos 25 corregimientos y veredas, ubicados en territorio continental e insular, vive cerca del 12% de la población cartagenera, según datos de la Secretaría de Planeación.
Llegar a 25 parcelas en cuatro años, la meta de la Umata
El médico veterinario Adolfo Pérez Fonseca, director de la Umata, tiene claro que a la reducción de la pobreza monetaria extrema y de inseguridad alimentaria que proyecta el Plan de Desarrollo no se llegará sin que la capital de Bolívar aproveche su alta capacidad para la producción de alimentos.
“En el Distrito tenemos más de 45.000 hectáreas rurales y una capacidad de producción de más de 3.000 toneladas de arroz, más de 1.000 toneladas de melón, otras tanto de fríjol y ahuyama. Pero, hasta ahora no se ha explotado esa alta capacidad de producción y a eso es a lo que le estamos apostando”, explica.
Parte de ese fortalecimiento de la producción agropecuaria quedó consignado en el componente Desarrollo Agropecuario, de la línea de Desarrollo Económico Equitativo del Plan.
Ese componente tiene tres pilares fundamentales:
- Agricultura campesina, familiar y comunitaria.
- Extensión agropecuaria para la competitividad y la soberanía alimentaria.
- Y Cartagena, ciudad de pescadores.
Para implementar esos tres pilares, en la Umata trabajan 20 extensionistas, técnicos y profesionales en agricultura y pecuaria (ganado). Ellos serán los encargados de ejecutar el Plan Finca, la estrategia con la que la Umata pretende llegar, durante los próximos cuatro años, a 25 parcelas, una por cada corregimiento o vereda del Distrito.
En lo que va del primer año del gobierno de Turbay, la Umata comenzó a trabajar con cinco fincas ubicadas en igual número de corregimientos de la zona norte cartagenera.
En ellas, los campesinos siembran de la mano de la Umata diferentes especies de cultivos.
“Esto se realiza para tomar como modelo esa parcela o finca y luego replicar el trabajo con los otros campesinos del sector. Lo que siempre buscamos son parcelas de entre una y dos hectáreas”, detalla Pérez Fonseca.
Antes de empezar la implementación del programa de parcelas demostrativas, los técnicos de la Umata lo socializan con los campesinos para explicarles sus ventajas y retos.
Benjamín Palacios, un extensionista con más de 20 años de experiencia en la Umata, es uno de los encargados de implementar el Plan Finca en parcelas ubicadas en Palmarito, La Europa, Arroyo Grande y Bayunca, en el norte de Cartagena.
“Nosotros hacemos un mapa a partir de cómo ellos tienen las fincas y otro con el cambio que les proponemos. Ese cambio es lento, porque en muchas de las parcelas ya hay grandes extensiones sembradas con una técnica que debe cambiarse”.
Al igual que José Luis y María, en la finca Santa Inés, hay otra parcela que ya empezó su transformación: La Voz de Dios.
Los primeros frutos del Plan Finca
La Voz de Dios es propiedad de Dagoberto Monsalve Pinto, un cartagenero de 66 años que, desde hace cinco, volvió de Venezuela por la crisis político-económica de ese país.
Tan pronto regresó a su finca, ubicada en Arroyo Grande, a 1,5 kilómetros por trocha desde la Vía al Mar, comenzó a cultivar topocho, guineo manzano y plátano, el producto que más cosecha.
“Yo de aquí saco plátano para cada mercado campesino que hace la Alcaldía. También he vendido a Megatiendas y es rentable porque ellos lo vienen a buscar aquí y pagan a $500 cada plátano”, cuenta.
Aunque le va bien, su producción podría aumentar si cambia su técnica tradicional de siembra, que consiste en dejar crecer la planta muy cerca de todos los brotes que surjan a su alrededor.
Por eso, explica el técnico Palacios, parte de la transformación que la Umata ya empezó en la finca La Voz de Dios se basa en dejar la planta madre (primera planta) y solamente el hijo (segunda planta) y el nieto (tercera planta), para garantizar un mejor crecimiento y más plátanos por racimo.
“Esta nueva técnica la empezamos con seis matas y al ver la diferencia del follaje y los racimos, el señor Dagoberto autorizó sembrar un cuarterón (2.500 metros cuadrados, la cuarta parte de una hectárea)”, detalla Palacios.
Bajo ese nuevo método, cada mata de plátano podrá dar, a los nueve meses de sembrada, racimos de entre 30 y 50 plátanos. Más del 50% de la cosecha actual en la que cada racimo dio entre 10 y 15 plátanos.
Como Plan Finca busca diversificar los cultivos, además de plátano, en La Voz de Dios también empezó la siembra de fríjol cabecita negra.
Y para la Umata diversificar los cultivos es una prioridad para que se garantice la alimentación de quienes siembran y la comercialización de los productos, como lo vienen haciendo José Luis y María en la finca Santa Inés.
“Todo esto nos ha servido para tener garantizados nuestros alimentos. Es poco lo que nos toca comprar por fuera porque casi todo está aquí, listo para cocinar. También podemos vender algo de lo que recogemos”, comenta María.
El Plan Finca también busca que las parcelas tengan crías de aves, un cerdo y peces en ojos naturales de agua o en piscinas diseñadas para convertirse en criaderos.
La implementación, sin embargo, no ha estado libre de barreras por el difícil acceso a algunos predios y el bajo presupuesto de la Umata.
Las barreras de la implementación
La implementación del Plan Finca enfrenta, al menos, dos barreras.
La primera es el acceso a las parcelas, porque la mayoría están ubicadas en zonas con vías destapadas y en época de lluvias se convierten en lodazales intransitables para todo tipo de transporte. Por eso, si el agua coincide con las cosechas, los campesinos sufren sacando sus cultivos.
Dagoberto, por ejemplo, no tiene cómo hacerlo en la zona norte de Cartagena.
“Ahora mismo, con las lluvias, no saco productos. Le vendo al que entre hasta acá y lo que saco es para los mercados campesinos una vez al mes, que me toca a mí mismo, porque no tengo ni animal ni vehículos. Llevo mis productos hasta la Vía al Mar y de ahí sí en el carro hasta el lugar donde se realice el mercado”, cuenta.
La situación se repite en corregimientos y veredas como Leticia y El Zapatero, donde es aún más difícil sacar los cultivos en tiempos de lluvia.
La falta de infraestructura vial para entrar y salir de la zona rural cartagenera es un problema histórico, que cada tanto ocupa los titulares locales, justamente, por lo difícil que resulta para las comunidades sacar sus cosechas y luego movilizarse entre un corregimiento y otro.
En agosto pasado, cuando funcionarios de la Alcaldía visitaron las comunidades de El Zapatero, Puerto Rey y Tierra Baja, todas pertenecientes al corregimiento de La Boquilla, la adecuación de las vías fue uno de los principales clamores.
“Con la vía como la tenemos, cuando llueve quedamos incomunicados, por eso nuestra prioridad es el arreglo de la vía”, dijo Luis Fernando Pérez, habitante de El Zapatero, durante el encuentro con las autoridades distritales.
Esas vías aún no están incluidas en las dos primeras fases contratadas por la administración Turbay.
La segunda barrera tiene que ver con los limitados recursos económicos. Para este 2024 la Umata tiene un presupuesto de $1.800 millones, de los cuales $1.000 millones están proyectados para la ejecución de todos los programas de esa entidad. El resto va para funcionamiento.
El aumento de ese presupuesto es clave porque implementar el Plan Finca, por ejemplo, cuesta entre $15.000.000 y $30.000.000 por parcela. Y ese es sólo uno de los cinco programas a los que la Umata destina sus recursos de inversión, por eso, si los recursos para 2025 no aumentan le será más complicado a esa entidad cumplir con todos sus programas, incluido el Plan Finca.
El costo de la implementación de una parcela modelo incluye el pago de honorarios profesionales y materiales como semillas, abonos, fertilizantes y las herramientas que les hagan falta a los campesinos.
Con un Plan Finca que empezó en firme el semestre pasado y se proyecta como la punta de lanza de la Umata para 2025, el próximo año se sabrá qué tanto ese programa impacta los indicadores del hambre en la ruralidad, un flagelo que pasa de agache en la capital turística de Colombia.
Mientras avanza la implementación del Plan, José Luis y María se preparan para llevar a una nueva versión del mercado campesino, en algún barrio de Cartagena, su cosecha de frijol y las pulpas de guanábana, mango maduro y mango biche que empacan y congelan en Santa Inés.
Y Dagoberto empezará a evidenciar, con la diversificación de sus cultivos, la diferencia entre la forma en la que venía sembrando La Voz de Dios y en la que lo hace ahora, con el Plan Finca.
Es una buena narración descriptiva del quehacer de José Correa y María Parra, pequeños pero entusiastas productores rurales. No se hizo la debida referencia pero José también es un prospecto de ingeniero autodidacta, de hecho, construyó un molino picador de granos, yuca y desechos de cosecha para aprovecharlos como alimento animal. Valdrá la pena ser una nota específica sobre ese tema. La finca Santa Inés con la colaboración de José fue tomada como sitio de referencia de producción agroecológica para el programa de extensión rural agropecuaria adelantado por la EPSEA de la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, y fue el epicentro de giras técnicas de pequeños productores de diferentes partes de la región Caribe del departamento de Bolivar.