Se cae carta charista para Educación en Atlántico por sombra de corrupción

Un juicio por irregularidades en contratos de alimentación escolar (PAE) les tumbó a los Char el nombramiento de su alfil Dagoberto Barraza Sanjuan en la Secretaría de Educación del Atlántico. Mientras encuentra a un titular, el gobernador Eduardo Verano encargó en esa cartera a un hombre de su confianza: el secretario Jurídico Rachid Náder Orfale.

Barraza debía llegar como cuota charista al Departamento porque el apoyo de ese grupo político fue decisivo para que Verano cantara victoria, por tercera vez, en la Gobernación, tal como ocurrió en su segunda administración, entre 2016 y 2019. 

Desempeñándose como secretario de Educación y alfil de los Char, Barraza fue capturado en noviembre de 2019, junto a un funcionario de esa cartera y dos contratistas, por posible corrupción en contratos que adjudicó en 2016.

Barraza, en casa por cárcel hasta 2021 y desde entonces libre, ya fue imputado y acusado por la Fiscalía. Su caso sigue en etapa de juicio y todavía no hay sentencia.

Aunque, en una reciente entrevista con W Radio, Verano apeló a la presunción de inocencia de Barraza y a que no está inhabilitado para ocupar cargos públicos, la presión mediática y de redes sociales terminó tumbándoles a los Char a un alfil que fue candidato a la Alcaldía de Sabanalarga, en octubre pasado: quedó de segundo con más de 11.000 votos.

Con la caída de Barraza, Verano inicia su tercer gobierno con un interino ocupando una de las sillas más importantes de su gabinete.

Secretario encargado en cartera clave

Este lunes festivo, en la sala de juntas Luis Carlos Galán Sarmiento de la Gobernación del Atlántico, Verano anunció a Náder Orfale como secretario de Educación encargado.

Verano lo presentó a él y a nueve perfiles más que lo acompañarán en su arranque de gobierno y se suman a los 26 servidores públicos que presentó el miércoles 3 de enero.

Náder, titular de la Secretaría Jurídica, es un doctor en Derecho, docente e investigador que ha hecho vida pública avalado por los liberales del Atlántico. Repite como jurídico departamental porque ya había ocupado ese cargo en la segunda administración de Verano (2016 y 2019). 

También fue gobernador encargado y director interino del Instituto Departamental de Recreación y Deportes del Atlántico (Indeportes) durante ese periodo.

Justo por ser uno de los hombres de confianza de Verano, el gobernador lo encargó mientras encuentra a un perfil que asuma en propiedad la cartera y pueda surtir los trámites legales para posesionarse.

Durante el anuncio de Náder como interino de Educación, Verano dijo que ese encargo no tiene un plazo definido.

Sin embargo, el nuevo gobierno departamental deberá encontrar pronto un titular porque esa cartera:

• Maneja un presupuesto anual cercano al medio billón de pesos (la mayor parte con destinación específica para nómina docente).
• Es responsable de contratar la alimentación escolar, con especial lupa de los organismos de control por ser la estrategia nacional para garantizar un servicio educativo público de calidad.
• Y se encarga de ejecutar las políticas de cobertura y permanencia para disminuir la deserción de niños y jóvenes.

Los contratos que tumbaron a Barraza

Dagoberto Barraza fue capturado el 30 de noviembre de 2019 en Barranquilla por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Junto a él, el CTI capturó a los contratistas Félix Enrique Barrios Ballestas y Uriel Eduardo Reyes Pájaro, y al entonces funcionario de la Secretaría de Educación Emil Armando Pacheco Jiménez.

La Fiscalía les imputó cinco cargos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado, y abuso de función pública. 

Durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada el 5 de diciembre de 2019, la Fiscalía dijo que hubo una apropiación de $3.352 millones de los $17.667 millones del PAE 2016. Esos recursos los adjudicó la Gobernación del Atlántico, a través de dos contratos, a las uniones temporales Nutrir Atlántico y Alimentación Escolar.

Los contratistas le cobraron a la Gobernación esos recursos con certificaciones falsas de raciones de comida que nunca entregaron, dijo la Fiscalía. Defraudaron el erario usando estudiantes fantasmas y facturas de alimentos expedidas por empresas de materiales para construcción. 

La Fiscalía también presentó informes de la Secretaría de Salud que señalaban alteraciones de los indicadores nutricionales y de peso de los alimentos entregados a los estudiantes, niños entre los 4 y 12 años. De esa manera los contratistas obtenían mayor lucro por los dos contratos investigados.

Esos privados tampoco garantizaban condiciones sanitarias mínimas para almacenar los alimentos porque, en visitas de control, funcionarios de Salud Departamental encontraron murciélagos, heces de ratones y alimentos podridos.

Barraza está investigado porque tanto la Fiscalía como la Procuraduría aseguran que él ordenó pagar esos contratos, pese a “los hallazgos que habían”, informó El Heraldo.

Para la Fiscalía, Barraza favoreció a esas uniones temporales que no cumplían los requisitos técnicos y “faltó a la verdad al no vigilar su experiencia” en el sector de alimentos. 

Aunque las dos uniones temporales que operaron el PAE 2016 en Atlántico estaban integradas por tres fundaciones (Rey de Reyes y Salud y Bienestar, en una; Rey de Reyes y YEL & VE Alimentos Macsol SAS, en otra), la Fiscalía aseguró que quien manejaba esos contratos era Alejandro Hernández Vidal.

Se trata de un zar de la alimentación escolar del Caribe, quien a través de fundaciones y  sociedades comerciales a las que les cambiaba los nombres para pasar desapercibido logró obtener al menos 500 contratos PAE por más de $720.000 millones. 

La Fiscalía dijo en 2019 que las empresas de Hernández Vidal no cumplían los requisitos para ganarse esos recursos, que cobró usando un modus operandi similar al de Atlántico.