Reguladores viales y profesionales de la salud: las OPS que Barranquilla contrató por Covid-19

*Esta investigación es producto de una alianza entre los medios La Contratopedia Caribe y 360-Grados.co, y cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll.

Durante el primer semestre de la pandemia, la Alcaldía de Barranquilla firmó 223 órdenes de prestación de servicios para reforzar sus equipos de trabajo en las cinco localidades de esa capital. Un tercio de esos contratos el gobierno de Jaime Pumarejo los usó para vincular a reguladores viales durante la cuarentena, un periodo de tráfico reducido que rigió del 23 de marzo al 31 de agosto en toda Colombia.

Esas prestaciones de servicios, también llamadas OPS, sumaron $2.415 millones e hicieron parte del gasto público local por la emergencia, que incluyó mercados para los más pobres, dotación de la red hospitalaria pública e intervención en los barrios. Hasta el pasado 28 de julio, los contratos Covid firmados por la Alcaldía sumaban $47.857 millones.

Parte de esa inversión pública se la ganaron  miembros del círculo político y social del alcalde Pumarejo, un asunto que no es ilegal pero plantea cuestionamientos éticos sobre la manera como su gobierno ha asignado los recursos distritales por una pandemia que ya le dejaba hasta el 10 de diciembre 1.767 muertos a esta capital, una cifra similar a sus muertes por violencia de los últimos cuatro años.

De esas dudas tampoco escaparon las órdenes de prestación de servicio, especialmente las autorizadas para cumplir labores en la Secretaría de Movilidad con personal que tiene en común haber trabajado con un contratista de esta dependencia.

Las OPS de tránsito

Sesenta y tres de las OPS contratadas por $344.169.000, para reforzar los equipos de atención Covid, fueron del resorte de la Secretaría de Movilidad. Esta dependencia vinculó a reguladores viales con experiencia en las calles barranquilleras: muchos de ellos desempeñan esa labor desde 2016.

Entre el 27 de abril y el 31 de julio, esas personas debían guiar a peatones, conductores y pasajeros, especialmente en las vías cerradas durante los cercos sanitarios y entregar mercados a los más pobres. Cada uno recibió de honorarios $5.463.000 menos seguridad social.

Ese periodo laboral de los reguladores coincidió con las semanas de menor tráfico vehicular de Barranquilla por la medida de ‘pico y cédula’, que sólo les permitía a los ciudadanos salir según el calendario publicado por la Alcaldía (organizado por el dígito final del número de identificación) o si tenían permisos emitidos por esa entidad.

Sin ellos, la gente se exponía a multas y a llamados de atención de la Policía o de funcionarios distritales, que vigilaban el comportamiento ciudadano en las calles a través de las patrullas Covid. 

A partir de datos de georreferenciación de teléfonos móviles, Google calculó  que entre el 22 de mayo y el 3 de julio, la movilidad en Atlántico cayó a la mitad en parques, tiendas de ocio, sitios de trabajo y estaciones de transporte como Transmetro. En estas últimas, la reducción fue del 68%. En cambio, la movilidad en zonas residenciales aumentó un 23%, es decir, hubo más gente en casa por la medida de cuarentena. 

El periodo de contratación de los reguladores coincidió también con tres toques de queda de tres fines de semana consecutivos en junio y con nuevos cierres del comercio, debido al exponencial aumento de contagios y muertes en esta capital.

Justo por firmarse durante un periodo de menor movilidad, la Fundación Pares cuestionó esas órdenes de servicio. Para esta entidad, especializada en estudiar el conflicto armado colombiano y asuntos de gobierno en las regiones, “llama la atención que, aunque la misma Secretaría de Movilidad afirmó que el tráfico de personas había disminuido hasta un 70%, dadas las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, esta entidad decidió continuar con los procesos de contratación”.

Pares también alertó que más de la mitad de las OPS tenía como empleador común a una misma fundación.

Al revisar las 63 hojas de vida de los reguladores contratados, este equipo investigativo encontró que 36 de los reguladores trabajaron antes en la Fundación Multiactiva Ahinco ONG. 

Se trata de un recurrente contratista de la Secretaría de Movilidad Distrital al que le ha ido muy bien con los gobiernos charistas. Ha recibido, al menos, $14.937 millones en contratación directa. La mayor parte de esa plata la obtuvo en contratos para pedagogía vial, entre 2016 y 2017, cuando el alcalde era Alejandro Char.

Esta entidad sin ánimo de lucro tiene un amplio objeto social que incluye actividades económicas, sanitarias, de promoción de derechos humanos y de construcción de viviendas. Fue creada en 2001 por Fernando Fabio Restrepo Guerra, quien es su director ejecutivo.

Según el estudio previo publicado en el Sistema de Contratación Pública y en respuesta a un cuestionario enviado por este equipo de investigación, la Secretaría de Movilidad justificó esas OPS para controlar las aglomeraciones que hubo las primeras semanas de la pandemia (entre marzo y abril) en el Centro, Barranquillita y el Boliche, sectores con alta actividad comercial y de abastecimiento de alimentos de Barranquilla y con alto flujo de pasajeros porque allí terminan su recorrido varias rutas de transporte intermunicipal.

En su justificación la Secretaría de Movilidad también dijo que con esas OPS buscaba mantener una movilidad segura, porque, pese a la “notable reducción del flujo vehicular”, hubo accidentes en las vías.  

Según los informes policiales de accidentes de tránsito (IPAT), publicados por la Alcaldía en el portal de datos abiertos del Gobierno nacional,  entre abril y agosto de este año hubo 296 accidentes que dejaron heridos o muertos, la mitad del número registrado durante el mismo periodo del año pasado (en 2019 hubo 646).

Este equipo investigador escogió de manera aleatoria a 15 de las 63 OPS de tránsito para entrevistar a los reguladores. Seis personas atendieron el teléfono, pero solo cuatro estaban disponibles para responder las preguntas al momento de la llamada (las otras dos estaban regulando el tráfico). 

Los cuatro reguladores coincidieron en la descripción de sus actividades durante la cuarentena: por turnos, se dedicaban algunos días de la semana a garantizar el orden en el centro de la ciudad y en los mercados de Barranquilla, mientras que el resto de la semana se unían a los equipos que se desplazaban a los barrios a entregar los mercados. 

“Le hicimos pedagogía al personal de los bicitaxis porque la mayoría estaba sin tapabocas y aglomerados. También recuerdo que hicimos unas encuestas con unas tablets a los carreterilleros y carromuleros para unos subsidios que iban a recibir del Gobierno nacional”, contó Darling Barrios, quien trabajó regulando la movilidad por aquellos días en los cruces de las carreras 43 y 42 con calle 9.

Los reguladores también hicieron parte de la logística de entrega de los mercados porque Barranquilla fue una de las capitales del Caribe que más paquetes de alimentos compró en el primer grupo de contratos por la emergencia sanitaria: el Distrito pagó $18.652 millones por 360.670 kits a la empresa Servicios de Alimentación NP SA, propietaria del expendio de comida local La Vianda.  

Gustavo Bánquez, otro de los agentes contratados durante la cuarentena, dijo que estuvieron entregando mercados en La Esmeralda, El Pueblito, La Manga, Nueva Colombia y Villas de San Pablo, barrios del suroccidente de Barranquilla.

Las vinculaciones a través de OPS no son una figura nueva en la Secretaría de Movilidad, que desde enero pasado dirige la abogada Angélica Rodríguez, pues a través de ellas ingresan distintos perfiles para reforzar los equipos de trabajo, incluidos los reguladores de tráfico o guías de movilidad que suelen trabajar en los cruces más congestionados de Barranquilla.

Entre febrero y mayo del año pasado, esa Secretaría contrató a 227 OPS de las 378 que vinculó para todo el año (el 60% del total) en sus distintas dependencias. Y este año, antes del inicio de la cuarentena, ya había contratado a 123 OPS. La mayoría de esos contratos fueron por períodos de hasta dos meses y medio de trabajo.

Las OPS no son exclusivas de la Alcaldía de Barranquilla. Aunque la Corte Constitucional ha dicho que este tipo de contratación debería ser la excepción y no la regla, son un método de vinculación común en el sector público en Colombia. Las alcaldías y gobernaciones del país suelen contratar personal para ejecutar distintos servicios, por un monto y tiempo determinados, a riesgo del contratista. 

Si bien la figura de OPS no genera una relación laboral, la establece en la práctica porque muchas entidades públicas refuerzan sus equipos de trabajo a través de ellas, a falta de funcionarios de carrera que asuman esas responsabilidades. 

También a través de OPS otras administraciones locales han respondido a la emergencia por Covid en Colombia. La Alcaldía de Medellín, por ejemplo, contrató bajo esa figura el desarrollo de ‘Medellín me cuida’, la plataforma con la que le hizo seguimiento a los casos positivos y trazó los cercos sanitarios el semestre pasado. Mientras que la vecina Cartagena ha firmado, a través de su dependencia de salud, 85 OPS por $854.508.282 para reforzar sus equipos de intervención en los barrios.

Las otras OPS de Barranquilla

Con las 170 órdenes de prestación de servicios restantes, la Alcaldía gastó $2.071 millones para vincular a distintos perfiles que reforzaran los equipos de vigilancia por la pandemia en barrios, hospitales y laboratorios.

Entre los vinculados hubo profesionales en enfermería, trabajo social, fonoaudiología, medicina y bacteriología, que se encargaron de:

• Identificar los casos positivos para hacerles seguimiento y detectar a las personas con las que tuvieron contacto reciente;
• Apoyar los equipos sanitarios que hacían pruebas en los barrios;
• Censar a los pacientes Covid en las unidades de cuidados intensivos y
• Atender por turnos las líneas telefónicas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

También hubo abogados, que se encargaron de la redacción de los actos administrativos y circulares expedidos por la Secretaría de Salud, de los procesos sancionatorios por el incumplimiento de la cuarentena y las normas sanitarias, y de responder a las peticiones de los organismos de control.

Otras de esas OPS fueron usadas por el Distrito para vincular a ‘vigías de la salud’, un programa de visitas domiciliarias en los barrios con más contagios para enseñar cómo lavarse las manos y usar el tapabocas, e insistir en el aislamiento social. 

El Distrito anunció ese programa el 19 de mayo, casi dos meses después de iniciada la cuarentena y cuando el virus estaba por generarle a Barranquilla su primer pico de contagios y muertes.

Parte de esos vigías tienen una década recorriendo los barrios de esta capital porque antes habían trabajado como caminantes de la salud, una iniciativa de la política pública local de promoción de hábitos más saludables.