Juan Alejandro Tapia /Foto: Cortesía
[Opinión] Oropel
Mientras el desempleo crece a pasos acelerados y las empresas advierten que los impuestos les tienen la soga al cuello, el brillo y la opulencia de ‘Quillami’ eclipsan los problemas urgentes de la ciudad, advierte Juan A. Tapia.
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Es mentira que los ricos en Barranquilla están contados, como creció creyendo mi generación. Que para tener plata hace falta haber nacido con el estandarte de un apellido, robársela al Estado o conseguirla a sangre y fuego como los empresarios de alto riesgo que ‘coronaron’ sus fortunas en las décadas de los 70 y 80. Ahí parecía terminar el listado, pero de unos años para acá la riqueza en la capital atlanticense ha comenzado a darse libre como el cadillo.
Automóviles deportivos de fabricación europea frenan con escándalo en los semáforos de ese cuadrante de la zona norte al que muchos conocen como “Quillami” —atiborrado de almacenes, centros comerciales y rascacielos con apartamentos de vistas 360°—, antes de que sus conductores retomen la marcha con el pie hundido en el acelerador y el chirrido prepotente de las llantas.
Restaurantes de comida internacional, con platillos tan costosos que alcanzarían para un mes de alimentación de un ciudadano promedio, mojan prensa con inauguraciones pomposas, viralizan por redes sociales la “experiencia” de sus comensales exclusivos, y, tras un año o dos, cierran sin recuperar la inversión.
El mismo patrón siguen algunas discotecas temáticas con reservados insonorizados, cuasi blindados, para clientes que no quieren o no pueden asomarse en público; barberías en las que el corte de cabello y el arreglo de dos o tres pelos en el rostro es cobrado como un tratamiento estético y almacenes de accesorios navideños que venden papanoeles más caros que un mes de arriendo en estrato alto.
Sucede mientras Barranquilla fue la capital donde más aumentó el desempleo en el país en el trimestre julio-septiembre. Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), hay 82.000 desocupados en la ciudad, gente suficiente para llenar dos veces el estadio Metropolitano.
Esta cifra significa un aumento de 23.000 personas respecto a la medición del mismo trimestre en 2023, cuando había 59.000 ciudadanos sin trabajo.
La tasa de desempleo en Barranquilla llegó a 12%, casi cuatro puntos porcentuales más que Medellín, la ciudad con menos desocupados, con 8,1%.
Los datos aparecen en un momento de preocupación en el sector empresarial por el reajuste del Estatuto Tributario aprobado por el Concejo de Barranquilla ante pedido del alcalde Alejandro Char, que sube el valor del Impuesto de Industria y Comercio.
Para la Asociación de micros, pequeñas y medianas empresas (Acopi), el alza puede generar efectos adversos a la economía local como la pérdida de empleos o la quiebra de compañías.
¿Quiénes pueden, entonces, disfrutar de los placeres y extravagancias que permite esa Barranquilla diseñada para unos pocos? Además de los ricos de siempre, mencionados al comienzo de esta tribuna, una nueva categoría social: los emprendedores de bajo riesgo.
Hombres y mujeres que aparentan, con gran capacidad histriónica, haberse vuelto millonarios de la noche a la mañana gracias al éxito de su emprendimiento o a su popularidad en las redes sociales. Y de bajo riesgo porque no tienen nada que perder, pues el capital en juego no es el suyo y lo único que deben hacer es gastar a manos llenas para fingir que les va bien y mantener la fachada.
Por lo visto, el señor Juan Alejandro Tapia tiene un problema personal o un resentimiento mal disimulado contra Alejandro Char y nuestra ciudad, Barranquilla. De otro modo, ¿Cómo explicar su afán de desinformar a los lectores? Resulta vergonzoso que critique al alcalde por el ajuste en las tarifas del impuesto de industria y comercio, y lo conecte de manera irresponsable con las cifras de desempleo reportadas por el DANE. ¡Qué horror de análisis! Si se hubiera tomado la molestia de investigar, habría descubierto que lo que hizo el Concejo de Barranquilla fue simplemente equiparar las tarifas del ICA con las de otras ciudades capitales del país. Este ajuste no es improvisado ni arbitrario; es un proceso que Barranquilla lleva años realizando para alinearse con los estándares nacionales. Es hora de dejar la mala fe y enfocarse en informar con rigor.