[Opinión] Lecciones del caso Mallorquín

Defender lo poco del bosque seco tropical que todavía no ha sido arrasado por la maquinaria amarilla de los urbanizadores que llenaron de edificios, conjuntos habitacionales y locales comerciales los límites de Puerto Colombia y Barranquilla es causa digna de una prensa combativa, vigilante y que no traga entero, como ha demostrado serlo un sector mayoritario del periodismo barranquillero ante la catástrofe ambiental que acarrea la construcción de los complejos Ciudad Mallorquín y Portal del Norte, del muy cuestionado Grupo Argos, señalado por el presidente Gustavo Petro de promover el despojo de tierras a los campesinos en los Montes de María.

Es una lástima, sin embargo, que esta causa noble haya sido asumida por la prensa local con atraso, unos 15 años, quizá más. Solo ahora, cuando una de las compañías que mantiene a flote las inestables finanzas de los medios de comunicación siente perjudicados sus intereses por un proyecto de vivienda para estratos bajos que será levantado en sus narices, el periodismo barranquillero —del que formo parte y por eso esta columna es, también, un mea culpa— cierra filas en una cruzada contra la urbanización descontrolada y revela inconsistencias en los planes de ordenamiento territorial y las licencias ambientales, que debieron haber sido detectadas y denunciadas una década antes.

¿Mejor tarde que nunca? Por supuesto. Y ojalá el ahínco mostrado en este caso continúe cuando se consiga el objetivo de frenar el proyecto Portal del Norte, que afecta a la empresa Tecnoglass, y se extienda a otros frentes, como el control político. Ojalá la presión ejercida desde los titulares conserve algo de esa intensidad para el escrutinio de la contratación pública y el seguimiento a los tiempos de entrega de las obras; para la marcación estricta, cuerpo a cuerpo, de los gobernantes de turno, de los órganos legislativos y de los funcionarios del Distrito y el Departamento. Porque esa es la razón de ser de la prensa: servir de contrapoder.

Respirar en la nunca y exigir respuestas, aunque la voz de alerta haya llegado tarde, por el homicidio ecológico que prácticamente no tiene reversa en Ciudad Mallorquín, donde a buen ritmo marcha la construcción de 18.000 apartamentos para 67.000 personas que, además de destruir 50 hectáreas de bosque, agravará aún más la movilidad en el norte hasta asfixiar a los ciudadanos en un cuello de botella interminable. Pero hacerlo sin actuar como marionetas de quienes pretenden manejar a los periodistas con los hilos de un titiritero.

¿Merecen el mismo tratamiento Ciudad Mallorquín y Portal del Norte? ¿Cuáles son las particularidades de cada proyecto? ¿Cómo obtuvo Argos los permisos para usar el suelo? ¿Fue engañada Tecnoglass cuando adquirió lotes en una zona que estaba destinada a la expansión industrial y no residencial? ¿No leyó la letra menuda? Son interrogantes que saltan a la vista sin que medie consideración emocional con un benefactor. Porque la prensa que echa a andar su maquinaria por encargo es tan dañina como la que calla o es permisiva ante los abusos del poder.

El debate sobre la cercanía impúdica del periodismo con el poder —político, económico, judicial, hasta deportivo— traspasa las fronteras de lo local. En Colombia, la instrumentalización de la cadena pública RTVC para la propaganda del gobierno de izquierda de Gustavo Petro es tan evidente como la inclinación hacia el otro extremo de los medios masivos de capital privado.

En España, el diario insignia de Iberoamérica, El País, denunció el 20 de marzo el comportamiento de un sector del periodismo dispuesto a respaldar, sin importar el costo, al gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso. “La degradación de la política que tanto se denuncia está estrechamente relacionada con la degradación de un tipo de periodismo ponzoñoso que está dinamitando la convivencia y al que la verdad o la mentira le resulta indiferente”, es un fragmento del editorial de ese día, que sirve de reflexión no solo para el caso español.

Quizá si la presión mediática hubiese sido así de activa unos años antes, Argos y demás constructoras habrían tomado medidas para evitar el inminente colapso de la movilidad vehicular en el norte. Quizá si los periodistas hubiesen puesto la lupa a tiempo sobre las alcaldías de Barranquilla y Puerto Colombia, estas no habrían sido negligentes con la protección de los recursos naturales. Y quizá si empresarios, dirigentes gremiales, congresistas y urbanistas hubiesen alzado la voz cuando eran conjuntos y edificios para familias acomodadas y no proyectos VIS los que amenazaban la tranquilidad de la zona limítrofe, olería menos el tufo discriminatorio de esta problemática.

@jutaca30