“No es un tema únicamente de más policías, drones o cámaras”: Janiel Melamed sobre inseguridad en Barranquilla

Desde hace semanas, Barranquilla vive una nueva ola de inseguridad que tiene a sus habitantes exigiendo acciones más contundentes de la Alcaldía y la Policía por el aumento de los atracos, homicidios y extorsiones. 

Justo este lunes hubo paro de buses de servicio público en esta capital porque los conductores exigen más garantías ante el aumento de los delitos en su contra, mientras que la semana pasada, en medio de una balacera, una bebé de un año perdió la vida y su hermana de nueve años resultó herida.

El alcalde Jaime Pumarejo anunció mayor pie de fuerza e, incluso, patrullajes de la Policía Militar. También un gran pacto contra el hurto. Los resultados de estas estrategias están por verse las próximas semanas.

Para entender cuáles son las características del reciente repunte de los indicadores de seguridad en Barranquilla, La Contratopedia Caribe entrevistó a Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana, una iniciativa de la Universidad del Norte, Fundesarrollo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Cámara de Comercio Colombo-Americana.

El reciente reporte del Observatorio muestra que, durante el primer semestre del año, aumentaron los principales indicadores de violencia y criminalidad. 

La Contratopedia Caribe. El repunte de delitos como homicidios, hurtos y secuestros en Barranquilla contrasta especialmente este 2021 tras un 2020 con cuarentena por coronavirus. ¿Qué hay detrás de ese repunte?

Janiel Melamed. La pandemia ha tenido unos efectos importantes tanto para las economías legales como para las ilegales. Una de las hipótesis que manejamos desde el Observatorio es que, en parte, este incremento va de la mano de una competencia por el acceso a los mercados de economía ilegal, también evidenciada en otras ciudades del país. 

Además, hay una mutación criminal, si podríamos llamar de esa forma a personas que habían tenido experiencia criminal en delitos de poca monta y, dadas las consecuencias económicas de la pandemia, optaron por migrar hacia otras conductas criminales de mayor impacto para la sociedad. 

LCC. ¿Cómo influye en este panorama de inseguridad local la disputa territorial que protagonizan las bandas de crimen organizado Los Costeños y el Clan del Golfo?

JM. Efectivamente, hay estructuras criminales que tienen operatividad más allá de los límites territoriales de Barranquilla. Es decir, son estructuras criminales con vocación nacional o transnacional. 

Hace un par de años, la Defensoría del Pueblo había lanzado una alerta temprana sobre la presencia de estas organizaciones en Barranquilla y cómo alrededor de 30.000 personas se encontraban directamente en riesgo por su accionar criminal. 

LCC. Vale anotar que este pico de inseguridad no es exclusivo de Barranquilla, pues a diario vemos alertas desde distintas regiones…

JM. Si, eso es cierto. Lo que destaca de la problemática en Barranquilla es que, porcentualmente hablando, el repunte en homicidios es mayor que en Bogotá y Medellín. Barranquilla venía desde 2015, que fue el año más violento de la ciudad en toda una década, bajando sus índices de violencia homicida, lenta pero progresivamente. 

Todo eso se rompe en el año más atípico de la historia reciente del mundo que es el 2020. Un año con cuarentena, ley seca, toques de queda, restricciones de aforo e inclusive limitaciones para moverse de un departamento a otro. Pese a todo ese entorno de nuevas realidades, la ciudad aumentó en 7.2% su registro de homicidios frente a 2019. 

LCC. ¿Qué pasó en 2015? ¿Por qué fue el año más violento de la última década?

JM. Por información histórica, sabemos que había temas asociados a paramilitares, disputas territoriales y rentas criminales. 

LCC. Los homicidios del primer semestre de este año en Barranquilla muestran que más de la mitad de ellos ocurrieron por hechos sicariales, ¿cuáles son las características del sicariato en esta capital?

JM. En la reciente nota informativa del Observatorio hicimos seguimiento a la información publicada en prensa. Eso nos permitió encontrar varias realidades. La primera es que alrededor del 52% de los homicidios derivaron de un hecho sicarial.

La segunda es que hay una realidad de segregación espacial del delito, fundamentalmente evidenciada en los homicidios. Hay muertes en las distintas localidades de la ciudad, pero porcentualmente hay una concentración muy importante en los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos. 

Por eso nuestro informe lo titulamos ‘Barranquilla, una ciudad de dos caras’: una cosa es la historia de Barranquilla de la 72 para arriba, otra de la 72 para abajo, de la 38 para abajo, de la Murillo para abajo. Entonces hay como unas especie de fronteras del delito. 

También tenemos esa concentración, precisamente, donde operan estructuras criminales, que están disputándose las rentas ilegales en temas asociados al microtráfico y la extorsión. 

LCC. Es decir, ¿podríamos interpretar el título de ‘Barranquilla, una ciudad de dos caras’ como un juego de palabras que busca mostrar que hay una ciudad a la que no la golpea tanto la inseguridad y otra a la que la golpea casi que a diario? 

JM. No, no creo que ese sea el sentido. Lo que nosotros vemos es que hay una segregación espacial, donde el mayor número de aportes de esas muertes se da en los sectores socioeconómicamente menos favorecidos. 

Eso no quiere decir que no haya circunstancias de violencia homicida en sectores socioeconómicamente más pudientes. La violencia, de alguna u otra manera, nos afecta a todos.

LCC. ¿Cómo puede interpretarse esa mezcla de inseguridad y pobreza? 

JM. La ciudad es una en cuanto a su pujanza, oferta institucional, recuperación de espacios públicos, proyectos para generar entornos turísticos, canalización de arroyos, generación de empleo e industria. Esa es una Barranquilla real, que existe. 

Pero también hay otra que no se ha montado en ese bus del progreso y ha quedado rezagada. Allí hay poca oferta institucional y necesidades básicas insatisfechas. Esos sectores socioeconómicamente menos favorecidos, de alguna u otra manera, viven unas realidades violentas mucho más palpables, mucho más dramáticas. 

Uno no puede pretender hablar de seguridad en términos absolutos, cuando todavía hay necesidades básicas insatisfechas.  

Por ejemplo, el barrio El Bosque. Desde 2018, es el barrio que mayor número de homicidios aporta. ¿Qué pasa allá? No es normal que un barrio tenga este comportamiento reiterativo en materia de índices criminales por tanto tiempo. 

No es un tema únicamente de más policías, drones o cámaras. La seguridad, finalmente, es una ecuación que resulta de autoridad más la suma de oferta institucional y atención a necesidades básicas insatisfechas. No puedes arreglar con policía lo que no se ha dañado única y exclusivamente con policías. 

LCC. Justamente El Bosque, al igual que Rebolo, San Roque, La Paz y Siete de abril, son los barrios con más homicidios y son también barrios que han recibido millonarias inversiones del Distrito, los últimos años, para garantizar mayor presencia estatal. Además de la oferta institucional y de autoridad, ¿qué otros elementos ayudarían al descenso de los indicadores de criminalidad en estos barrios? 

JM. La Administración Distrital ha hecho la tarea de transformar los entornos y llevar inversión a sectores históricamente menos favorecidos. El asunto allí es que, de una u otra forma, todavía no se han focalizado exactamente las causas estructurales de la violencia. Que haya calles pavimentadas es un gran avance, que haya un puesto de salud también es un gran avance, pero no se está yendo al fondo del problema. 

Con ese puesto de salud estás garantizado que, cuando se forme una balacera, la víctima, al menos, tenga atención médica los siguientes cinco minutos y se eleve su probabilidad de sobrevivir. Pero no estás yendo al problema estructural, que es saber por qué se formó la balacera en el barrio. O por qué, de pronto, en ese barrio hay tantas armas artesanales o hechizas, presencia de actores criminales, oferta de microtráfico o desesperanza entre los jóvenes. 

Es cierto que hay una inversión palpable, pero todavía no ha penetrado las distintas capas hasta llegar al núcleo de la problemática.

LCC. Los homicidios son quizá el delito que más golpea la percepción y los indicadores de seguridad, pero también están las extorsiones, que justamente desencadenaron esta semana un paro de transportadores en Barranquilla. ¿Qué ha encontrado el Observatorio sobre el comportamiento reciente de ese delito en esta capital?

JM. La extorsión es un delito muy complejo, porque según la base de datos de la Policía, bajó el primer semestre del año. Es un delito con alta cifra gris. Diría que es el delito que mayor cifra gris tiene. ¿Por qué? Porque hay unos niveles altos de desconfianza. Hay miedo a denunciar. Entonces, es un delito en el que las denuncias de alguna u otra manera no reflejan, efectivamente, la realidad. 

Fíjate este primer semestre del año lo que pasó: los primeros 50 días del año hubo cinco incidentes con granadas de fragmentación en Barranquilla. Eso parecía indicar que había un desborde de las extorsiones, pero las denuncias indican que ese delito bajó. 

Hoy (el lunes) lo estábamos viendo con el bloqueo de algunas vías, específicamente por los transportadores que afirman estar vulnerables ante distintos actores criminales que los están extorsionando. 

LCC. El hurto es también otro delito que incide ampliamente en la percepción y en los indicadores de seguridad. Ese también es otro delito con alto potencial de cifra gris. ¿Cómo ha sido su comportamiento reciente?  

JM. Hay menos subregistro. Por supuesto, hay una cifra gris importante porque no toda la gente a la que atracan o le roban un celular, por las mañanas cuando sale a caminar o a sacar el perro, denuncia. 

El hurto aumentó, y en términos porcentuales aumentaron más los hurtos de motocicletas y automotores.

LCC. Otro delito que llama la atención es el secuestro, porque no es que sea ampliamente divulgado como un factor que incida e, incluso, exista en esta ciudad. 

JM. Hay que poner los secuestros en contexto porque, efectivamente, el número de casos durante el primer semestre de 2021 aumentó en comparación con el primer semestre de 2020, pero fueron solo cuatro casos más. Pese a lo abultado del porcentaje, estamos refiriéndonos a cinco casos. 

Estamos hablando de secuestros, evidentemente, extorsivos, como fuente de acceso a recursos de financiación de las actividades criminales de estas estructuras. 

Ahora, no todo el mundo está abierto a denunciar o a que su nombre salga en la prensa. Por tanto, también es un delito asociado al miedo. Hay una serie de restricciones a la información sobre las víctimas y las circunstancias.

LCC. La Alcaldía ha anunciado muchas acciones recientes para combatir el hampa, como aumento del pie de fuerza, más dotación policial e incluso la presencia de la policía militar en las calles. Todas estas acciones, por supuesto, buscan impactar a corto plazo los indicadores, pero ¿qué tan sostenibles son a largo plazo?

JM. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Son como las mismas recetas a viejos problemas: más Policía, patrullaje conjunto con el Ejército, mitigación o contención del desborde de los indicadores. 

Estas son medidas que en el inmediato plazo pueden, efectivamente, tener efecto. Pero, la sostenibilidad de esos efectos en el largo plazo es lo que está siendo objeto de discusión. 

Que haya policía en la calle, acompañada del Ejército patrullando no es por sí solo malo. No es una mala alternativa, más en un país como Colombia, donde tenemos una Policía que también ejerce funciones militares, y un Ejército que también cumple funciones policiales. 

Cuando la Policía y el Ejército están patrullando en la calle se nota que, efectivamente, las autoridades se están quedando sin opciones. Es como: ‘Bueno, vamos a poner la casa en orden, porque esto no es solamente un tema de percepción,  sino de términos objetivos’. 

Lo que se añora son estrategias, de verdad, a largo plazo que vayan directamente al núcleo o por lo menos a las causas estructurales de estas manifestaciones de violencia tan problemáticas que tenemos en la ciudad. 

LCC. También es cierto que la inseguridad no es un asunto exclusivo de la Alcaldía y la Policía…

JM. Es interesante ver los esfuerzos que se han hecho para articular acciones entre la Policía, la Fiscalía y los jueces, para que de alguna u otra manera las capturas terminen con la judicialización efectiva de los presuntos responsables de los hechos criminales. 

Realmente, es una mesa redonda donde se sientan muchos más actores. La Alcaldía es un interlocutor. La Policía es otro interlocutor. La Fiscalía es otro interlocutor. Los jueces son otro interlocutor. El sistema penitenciario es otro interlocutor. La ciudadanía en general es otro interlocutor.