Los privados detrás del Fuerte del Pastelillo (y lo que eso muestra sobre el patrimonio cartagenero)

La intervención no autorizada del Club de Pesca en el Fuerte San Sebastián del Pastelillo en Cartagena, la semana pasada, generó indignación nacional. Más allá de eso, la pintura sobre una parte de las murallas revivió una vieja discusión por la administración de este monumento, especialmente, porque su conservación y mantenimiento dependen de unos privados, que no pagan ningún tipo de retribución económica por el uso y disfrute de un inmueble de carácter patrimonial.

El alcalde de Cartagena William Dau quiere que eso cambie, pero el camino para lograrlo no se ve despejado por los trámites legales que eso implica y los poderes económicos detrás.

La petición (poco probable) del alcalde

Este lunes al mediodía, el alcalde Dau informó, en una rueda de prensa, que inició gestiones para que Cartagena recupere la administración del Fuerte San Sebastián del Pastelillo, manejado desde 1944 por el Club de Pesca de esta capital.

Ese es uno de los fuertes que no administra la entidad distrital Escuela Taller, facultada desde 2012 para manejar las fortificaciones y baluartes históricos de Cartagena, tras un comodato que firmó con el Ministerio de Cultura, máxima autoridad patrimonial del país. Antes, la administración estaba en manos de la Sociedad de Mejoras Públicas.

(Los fuertes de Santa Cruz y restos de Manzanillo están en manos del Club Naval de Oficiales de la Armada Nacional y la Presidencia de la República, respectivamente).

Dau dijo que le pidió a la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, liderar una iniciativa ante el Congreso colombiano para derogar la Ley 30 de 1943. Esa ley, sancionada por el presidente Alfonso López, establece que el Fuerte del Pastelillo debe administrarlo la Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena y no la Armada Nacional, pues al ser una infraestructura de la época colonial no cumple ningún objetivo de carácter militar para la defensa del país.

Al año siguiente, en 1944, la Sociedad de Mejoras Públicas firmó un comodato con el Club de Pesca cartagenero para la administración y conservación del Fuerte. Desde entonces, ese monumento colonial ha estado a cargo de ese privado, que es una sociedad sin ánimo de lucro fundada en los años 30 por un grupo de jóvenes cartageneros.

Como la derogación de la ley puede tomar mucho tiempo, el alcalde Dau le pidió a la Sociedad de Mejoras Públicas y al Club de Pesca entregar de manera voluntaria la administración del Fuerte del Pastelillo para que la Alcaldía pueda comenzar a administrarlo, a través de la Escuela Taller.

Hasta ahora estos privados no se han pronunciado sobre la petición del alcalde.

Dau les hizo esa petición dos días después de que el Ministerio de Cultura concluyera que el Club de Pesca afectó “el patrimonio de las murallas”, al pintar de blanco y crema la portada y garita del Fuerte sin autorización de la Dirección Nacional de Patrimonio, adscrita al Ministerio.

Por eso, el Club deberá remover la pintura y contratar los trabajos necesarios. La restauración debe quedar lista antes del 29 de octubre. El Club, además, se enfrenta a una sanción económica por daños al patrimonio, que oscila entre los 200 y 500 salarios mínimos mensuales y el Ministerio de Cultura estudia.

La Contratopedia consultó más información sobre esta concesión con el Ministerio de Cultura, adicional a la publicada en su sitio web, pero no hubo respuesta. 

Sobre la intervención no autorizada, el Club dijo a través de un comunicado de prensa que lamentaba “profundamente” que este hecho haya ocurrido y entendía “la profunda molestia” entre los cartageneros y colombianos. Su intención —explicó el Club— nunca fue atentar contra el patrimonio de la ciudad.

​Sin embargo, no es la primera vez que obras realizadas por el Club de Pesca en el Fuerte del Pastelillo son polémicas en Cartagena: en 2016 la edificación de unos baños desencadenó control político del Concejo y el año pasado la construcción de un muelle también generó críticas ciudadanas.

El episodio de la pintura evidencia, otra vez, cómo privilegiando el turismo, Cartagena ha dejado que por décadas un privado maneje este bien de interés cultural sin cambiar las condiciones de administración, firmadas en los años 40.

Los rostros detrás del Fuerte

Los orígenes del Club de Pesca se remontan a 1938, cuando pescadores aficionados que vivían en la Avenida Miramar de Manga fundaron el Club. Entre ellos estaban José Vicente Mogollón, José Vicente Trucco, José Cesáreo, los hermanos Rafael y Enrique Román Vélez, y los hermanos Carlos y Alberto Lemaitre.  

El Club tiene personería jurídica desde 1943, por una resolución de la Gobernación de Bolívar, e inscripción en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 1997. 

Detrás están reconocidas familias de empresarios cartageneros, como los Mogollón, Cepeda, Del Castillo y Porto que han tenido asiento en el club de generación en generación.

La gerente del Club es Ileana Stevenson y los representantes legales son Fernando Mogollón y Socorro Rodríguez.

Además de Mogollón y Rodríguez, son  miembros de la junta directiva: 

• Juan Pablo Cepeda Faciolince
• Rodolfo Porto Martínez
• María De Los Ángeles Echeverry
• Santiago Noero Arango
• Ramón José Del Castillo Trucco
• Ramón Ignacio Pereira Visbal
• Sandra Borda Caldas
• Roberto Alfonso Cavelier Otoya

La infraestructura del Club de Pesca creció a partir de 1983, cuando la Dirección Marítima le concesionó 64.607 metros cuadrados de la Bahía de Cartagena para desarrollar actividades náuticas.

Esa concesión contempla la construcción y mantenimiento de muelles. Actualmente, el Club tiene cuatro y capacidad para ofrecer unos 180 amarres a yates de hasta 14.5 de calado.

Los principales ingresos del Club de Pesca sumaron $3.683 millones en 2020. En 2019, antes de la pandemia por coronavirus, alcanzaron los $4.325 millones.

Esos ingresos los recibió por:

• Servicios de muellaje de yates, cancelados por visitantes nacionales e internacionales.
• Cuotas de los asociados
• Ventas en el Kiosco (Restaurante)
• Arriendo de un local destinado a una estación de combustible
• Arriendo de la Plaza de Armas, donde funciona el Restaurante Fuerte San Sebastián del Pastelillo, más conocido como Restaurante Club de Pesca.

Este restaurante es administrado por la Sociedad Restaurante Bar Pastelillo SA, propiedad de Humberto Benedetti Lecompte. Se trata de uno de los sitios cartageneros más apetecidos por nacionales y extranjeros. Sus platos oscilan entre los $30.000 y $140.000. Es además un centro social de eventos familiares y empresariales.

Pese a toda esa actividad económica y turística que genera el Fuerte del Pastelillo, el Club de Pesca no le paga ni a la Nación ni al Distrito mensualidad alguna por el uso y disfrute de un inmueble de carácter patrimonial. 

Algo que contrasta con el pago que sí hacen otros privados que son arrendatarios de los fuertes y baluartes, administrados por la Escuela Taller. Los comerciantes de artesanías de Las Bóvedas, en el sector San Diego del Centro Histórico, por ejemplo, le pagan a esta entidad distrital un arriendo mensual que oscila entre $1.300.000 y $2.000.000, según el tamaño de las bóvedas arrendadas. El área de la mayoría de ellas está cercano a los 100 metros cuadrados. 

Las Bóvedas, como el fuerte del Pastelillo, funcionaron en tiempos coloniales para la defensa de la ciudad. Eran usadas para alojar a las tropas reales españolas, guardar municiones y defender el cordón amurallado. Se erigen entre los baluartes de Santa Catalina y Santa Clara.

Las directivas del Club de Pesca han explicado que su pago consiste en mantener en buen estado el Fuerte del Pastelillo, que por décadas estuvo abandonado y hoy está restaurado.

Por esa restauración el Club invirtió unos tres mil millones de pesos, en trabajos realizados entre 2008 y 2020. Sobre dicha inversión no hay muchos detalles de contratación por tratarse de obras contratadas por ese privado a los arquitectos de restauración Alberto Samudio y Rosa Elena Martínez.​​

Hoy el Fuerte es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena. Su visita es gratuita y está disponible para cualquier ciudadano.

La vieja discusión que revive

La intervención en el Fuerte del Pastelillo es el capítulo más reciente de un asunto polémico en Cartagena: las condiciones de administración de su patrimonio histórico, que puede generar hasta $17.000 millones mensuales, producto del alquiler de su cordón amurallado y de la boletería que pagan nacionales y extranjeros cada vez que visitan el Castillo de San Felipe.

Esos recursos deben reinvertirse en el mantenimiento del patrimonio arquitectónico, establece el contrato firmado entre el Ministerio de Cultura y la Escuela Taller.

El manejo patrimonial de Cartagena también fue noticia el año pasado, cuando la arquitecta Alexa Cuesta renunció a la dirección de la Escuela Taller por diferencias sobre la administración de baluartes y murallas.

En el Comité de Dirección de la Escuela Taller la Alcaldía de Cartagena solo tiene un voto (el alcalde o su delegado) frente a dos del Ministerio de Cultura (Director del Patrimonio y Secretario General). Quien dirija la Escuela Taller tiene voz, pero no voto en las decisiones. 

Por ello, el Ministerio de Cultura lleva la batuta y la persona designada por el gobierno de turno en la dirección de la Escuela Taller tiene poco margen de maniobra.

En septiembre del año pasado, Cuesta le dijo a La Contratopedia que no tuvo real autonomía durante sus nueve meses de gestión y que cada decisión debía consultarla con el Ministerio de Cultura. 

Incluso, dijo haber recibido llamadas de Fernando Araujo, senador cartagenero del partido de gobierno y miembro de una de las familias más tradicionales de Bolívar con negocios turísticos, para que sus decisiones estuvieran alineadas con las del Ministerio.

Cuesta dijo que su gestión se complicó al interior de la Escuela Taller después de que ella y el alcalde Dau se opusieron, en enero pasado, a la iniciativa que tenía el Ministerio de entregarle a un privado con alta participació́n bogotana la administración del patrimonio histórico de los cartageneros.

Esa propuesta no prosperó ni cayó bien en esta capital porque fue vista como una evidencia más del centralismo histórico que ha imperado en Colombia.

Ante este panorama, se ve lejano que el Distrito maneje a corto plazo el Fuerte del Pastelillo, como lo plantea el alcalde Wiliam Dau. Tampoco es claro cómo el Distrito comenzaría a recibir los ingresos por el uso turístico de esa fortaleza colonial ni qué pasaría con los privados involucrados.