Los megacontratos con los que Vicente Blel inaugura su gobierno en Bolívar

El Plan de Alimentación Escolar (PAE), una carretera en los Montes de María y un acueducto para los corregimientos del municipio costero de Santa Catalina son tres de los millonarios procesos con los que se estrena como ordenador del gasto de los bolivarenses Vicente Blel Scaff, miembro de una de las casas políticas más cuestionadas de Bolívar.

Esos megacontratos suman $115.559 millones y los deberá entregar un mandatario, que desde su elección en octubre pasado no ha estado exento de críticas por los votos con los que se ganó la silla que hoy ocupa: se trata de un capital político alimentado durante años a punta de clientelismo por su padre, el exsenador condenado por parapolítica Vicente Blel Saad.

La plata pública que administre Blel Scaff, especialmente, no pasará desapercibida, después de los audios revelados por W Radio en septiembre pasado, en los que se escucha a su padre y jefe político hablar de una repartición de porcentajes por unos contratos entregados durante el gobierno de Dumek Turbay. En esa administración, esa casa política tuvo representación burocrática con Miguel Torres Scaff, primo del actual mandatario, como director de la empresa estatal Aguas de Bolívar.

Por esos audios, Torres Scaff fue removido de su cargo y tanto la Fiscalía como la Procuraduría anunciaron la apertura de investigaciones para establecer presuntas irregularidades en las contrataciones hechas desde esa entidad para la construcción de acueductos en los Montes de María y en los municipios del sur del departamento.

PAE, convocatoria con pie izquierdo

La contratación del PAE para Bolívar este 2020, por $30.038 millones, arrancó con denuncias del veedor Pablo Bustos, de la Red Veedurías Ciudadanas, quien calificó de irregular el proceso, porque inicialmente la Gobernación sólo les daba siete días a los interesados para enviar sus ofertas de suministro de alimentos para los colegios oficiales. 

Lo más “inconsistente” del proceso, según Bustos, era el tiempo que tenía la Gobernación para evaluar las propuestas: tres días contados desde el 30 de diciembre de 2019, cuando vencía el envío de las ofertas.

Tras esta denuncia, la administración de Blel suspendió la licitación el pasado 12 de enero y la reanudó dos días después con una nueva agenda, en la que les dio un día adicional de plazo a los interesados para que presentaran sus observaciones y aclaraciones. La audiencia de adjudicación, inicialmente agendada para el 13 de enero, ahora está programada para el 20 de este mes.

Para suministrar la alimentación escolar a 113.324 estudiantes en los 44 municipios no certificados de Bolívar por 90 días calendario escolar, la Gobernación dividió el territorio en cuatro lotes, según las subregiones del departamento: el lote uno comprende a los municipios de la Depresión Momposina y la subregión Loba; el lote dos, a la subregión Dique; el lote tres, a los pueblos del Magdalena medio y la Mojana bolivarense; y el lote cuatro, a los Montes de María.

Al proceso se presentaron cuatro interesados, de acuerdo con la información publicada en el Secop: uno por cada lote. Esos cuatro proponentes únicos están habilitados para ejecutar cada lote del contrato, según los resultados de las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras realizadas por la Gobernación.

Para el primer lote resultó habilitado el consorcio Alimentando Sonrisas, representado legalmente por Juan Carlos Solano Ortega e integrado por la Fundación Sustento, con el 75% de participación, y la Corporación para la Asistencia Integral, Cororasin, con el 25% restante. 

Para el lote dos, la unión temporal Por un nuevo horizonte, integrada por Fundación CEA Cartagena (80%) y Fundación Betel Casa de Dios (20%), y representada por Sabas Miguel Benavides Pereira; para el lote tres, la Unión Temporal Nutriendo Escolares, integrada por la Fundación Innovación Prospera (70%) y la Organización Tiempos de Paz (30%), representada por Josias Levit Estrada López; 

Y para el lote cuatro, la unión temporal Zode Montes de María 2020, integrada por Fundación Alimentando a Colombia (50%) y la Fundación Proniños de Hoy para hombres del mañana (50%), representada legalmente por Lucía del Carmen Mendoza Medina.

El proceso ha tenido seis observaciones, la mayoría de ellas presentadas por veedores que alertaron sobre la falta de documentos que corroboraran la idoneidad de los interesados. Por ejemplo, el ciudadano Luis Chacón cuestionó que las uniones temporales Nutriendo Escolares y Por un nuevo horizonte ofertaran vehículos con seguros vencidos. Algo que, según respondió el comité evaluador de la Gobernación, fue subsanado por ambos privados.

La interventoría de ese contrato, por $1.040 millones, también está convocada y tiene proyectada su audiencia de adjudicación para el 24 de enero. Hay un solo proponente. Se trata de Alimentos Saludables del Valle – As del Valle SAS, una empresa representada legalmente por Christian Ruiz Calvache. Está registrada desde 2018 en Palmira y se dedica al expendio de comidas preparadas y a las actividades de apoyo a la educación.

El seleccionado deberá vigilar la entrega oportuna de las raciones de comida en las escuelas, según los lineamientos nutricionales exigidos por Bienestar Familiar.

Una esperada vía en Montes de María

Dos contratos que suman $79.637 millones para una carretera en Montes de María integran el primer paquete de infraestructura vial que deberá entregar la administración Blel.

El más millonario de esos dos contratos es por $75.032 millones para construir la vía que conectará a los corregimientos de Nueva Esperanza, en María La Baja, y Santo Domingo de Mesa, en El Carmen de Bolívar. El proceso ya tiene 14 proponentes: dos empresas, 11 consorcios y una unión temporal.

Entre los interesados hay firmas de Cartagena, Magangué (Bolívar), La Guajira, Cali, Barranquilla, Valledupar, Medellín y Bogotá (Ver tabla con el origen de los 14 proponentes).

La obra, cuyos pliegos dejó listos la saliente administración de Dumek Turbay, debe ejecutarse en año y medio. El contratista seleccionado tendrá que desmontar y limpiar 33 hectáreas de zonas no boscosas, demoler parte de la vía existente y asfaltar cerca de 21 kilómetros.

La obra es esperada desde hace años en ese sector montemariano porque, debido al mal estado del carreteable, los lugareños se demoran hasta una hora y 40 minutos en cada trayecto, sufren salpicaduras de mosquitos en época de lluvias por el agua estancada y tienen dificultades para sacar sus productos agrícolas y ganaderos. Además, padecen constantemente por los problemas mecánicos de sus vehículos.

La Gobernación ya evaluó las 14 propuestas para verificar los requisitos financieros, jurídicos y técnicos, y en las tres áreas encontró inconsistencias en la documentación presentada por la mayoría de los interesados, quienes tuvieron tiempo para subsanar sus propuestas. La selección del contratista está proyectada para este lunes 20 de enero, a las 8:00 de la mañana, en la Secretaría de Infraestructura Departamental.

El segundo contrato para la construcción de esa vía es la interventoría de la obra, por $4.605 millones. Ese proceso ya tiene seis proponentes, todos consorcios. Su audiencia de adjudicación está proyectada para la primera semana de febrero.

Una promesa líquida para Santa Catalina

El tercer contrato de infraestructura que debe entregar el gobernador Blel es la construcción del acueducto, por $4.844 millones, para los corregimientos de Loma Arena, Pueblo Nuevo, Colorado y Hobo, en el municipio costero de Santa Catalina.

La población de Santa Catalina, a menos de 45 minutos de Cartagena, tiene un precario acceso al agua potable y al saneamiento básico. De hecho, sus redes de distribución del líquido no garantizan que sea potable, mientras que en los corregimientos la situación es más crítica porque la infraestructura no funciona y la población debe abastecerse con agua lluvia almacenada en albercas o con la compra diaria de bidones.

La obra contempla la construcción de cuatro pozos, redes y acometidas domiciliarias para garantizar el servicio de agua las 24 horas a los pobladores.

El borrador de los pliegos, que dejó listo la administración de Dumek Turbay, está publicado desde el pasado 30 de diciembre en el Secop y contempla un plazo de ejecución de nueve meses, antes del 31 de diciembre de 2020.

Las firmas interesadas deberán probar su experiencia en mejoramiento o construcción de acueductos con tres contratos terminados durante los últimos cinco años, en los que hayan participado individualmente o como miembros de uniones temporales o consorcios. Su personal deberá estar liderado por un director y un residente de obra, ambos ingenieros civiles con tarjetas profesionales vigentes y 15 años de experiencia. 

Además, deberán tener un inspector ambiental, graduado en ingeniería civil o sanitaria o con posgrados en esas áreas; un residente de calidad con estudios en gestión y auditoría de calidad y al menos cinco años de experiencia, y un topógrafo, que haya trabajado en al menos una construcción de acueducto. 

La audiencia de adjudicación está proyectada para el 16 de febrero.