Los líos de los contratistas que adecuarán 30 colegios en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena le adjudicó este lunes 7 de octubre al Consorcio Distrital Cartagena 2019 el contrato por $2.868 millones, para el mantenimiento de 30 escuelas públicas, obras que deben estar listas antes del 31 de diciembre próximo, en medio de ruidos porque varios de los que pujaban tenían procesos en las ías.

Entre esas firmas sobre las que había cuestionamientos están las dos que integran el consorcio ganador: Ingemar SAS (60% de participación) y Eduardo Hernández Peña (40% de participación), las cuales tienen investigaciones abiertas en la Contraloría General por fallas en obras previas. Sin embargo, dichos procesos no los inhabilitaba para participar en esta convocatoria ni para ganarse el contrato.

Buscamos cuáles son esas investigaciones y encontramos que se tratan de obras realizadas en un canal de aguas en Villanueva (Bolívar) y en colegios de varios municipios.

Ingemar y el concreto de mala calidad

En diciembre pasado, la Contraloría le abrió a Ingemar SAS un proceso de responsabilidad fiscal por el concreto de mala calidad de un sendero peatonal que construyó sobre un canal de aguas lluvias en Villanueva. En 2015, la Alcaldía de ese municipio le adjudicó a esa firma un contrato por $1.122 millones para dicha obra.

Según la Contraloría, esa compañía causó daños patrimoniales a la población por $188 millones porque el concreto ya presentaba fisuras y evidente estado de deterioro a menos de un año de que el contratista entregara la obra, lo que hace proyectar que la vida útil de las placas será inferior a los cinco años calculados. 

La Contraloría también vinculó al proceso a la firma interventora (Asocienaga), al alcalde de Villanueva de entonces Gilberto Amaya Vásquez y al secretario de Planeación Tomás Romero Cota.

Fallas en infraestructura educativa

Eduardo Hernández Peña, el segundo contratista que integra el consorcio ganador de las obras en las escuelas de Cartagena, es un contratista de vieja data en el sector educativo. Así lo evidencian varios contratos millonarios que le entregó la Gobernación de Bolívar para adelantar construcciones y adecuaciones de aulas o baterías sanitarias de escuelas municipales.

Justo por uno de esos contratos es que tiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría desde 2017. Se trata de un contrato que le adjudicó en 2010 el entonces gobernador Jorge Mendoza Diago, por $3.752 millones, para la construcción de aulas y baterías sanitarias escolares en las poblaciones de Talaigua Nuevo, Hatillo de Loba, Margarita, Altos del Rosario y Calamar.

El daño patrimonial en el que este contratista incurrió, junto a su socio Constructora del Caribe Ltda – Condecar, es de $119 millones, por problemas en los sistemas de poza séptica, según la Contraloría.

Por ejemplo, el de la Institución Educativa de Chilloa, en Margarita, fue expulsado por la presión de las aguas freáticas, mientras que los de las escuelas de Talaigua Viejo y del Vesubio, en Talaigua Nuevo, no cumplen con su función de retención de sólidos y evacuación de líquidos, por lo que los niños no pueden usarlos, dice la Contraloría.

Además, el ente encontró que el contratista recibió toda la suma del contrato, pese a que detalles de las obras certificados como ejecutados no se realizaron.

Otro de los contratos adjudicados por la Gobernación de Bolívar para adecuaciones en escuelas municipales a esta misma firma es uno de $1.719 millones de 2009 para la construcción de aulas y baterías sanitarias en Arjona, Mahates, San Juan Nepomuceno, Villanueva y Calamar, entregado por el entonces gobernador Joaco Berrio.

También en 2007 ese contratista se ganó un contrato por $2.734 millones para construir aulas y baterías sanitarias en escuelas de Mompox, Morales, Regidor, San Jacinto, Simití, Arjona, Soplaviento, Talaigua Nuevo, San Estanislao y Arroyo Hondo. El contrato se lo entregó la administración de Libardo Simancas.

Ante las quejas por los procesos que tienen las dos firmas integrantes del Consorcio, la Alcaldía y Funcicar anunciaron la creación de una mesa de seguimiento a las obras de las 30 escuelas para velar por su entrega oportuna y la buena calidad de las mismas.

A esta licitación se presentaron 4 consorcios y 1 unión temporal, pero solamente dos contratistas estaban habilitados: el Consorcio Distrital Cartagena 2019, que resultó ganador, y el Consorcio Colegios 20×9, cuya propuesta terminó descartada por no cumplir con los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones.