Los dueños del alumbrado público de Cartagena

El Concejo Distrital de Cartagena le dio facultades este viernes 27 de diciembre al alcalde encargado Pedrito Pereira para extender por un año la concesión de alumbrado público, mientras el gobierno entrante logra una solución definitiva. La decisión se da luego de la polémica que se suscitó en la ciudad por la intención de Pereira de prorrogar por nueve años.

Esta es la segunda adición de tiempo a un contrato que inicialmente terminaba en diciembre de 2018, porque se firmó en 1998 por 20 años, y que el mismo Pereira extendió en diciembre de 2018 para evitar que las calles de la ciudad estuvieran oscuras durante 2019.

Con la nueva prórroga, el alumbrado público cartagenero seguirá siendo manejado por Iluminemos Cartagena, un privado que ha insistido en que le den más tiempo para iluminar más barrios, porque no han sido suficientes los $380.355 millones pagados por los cartageneros, entre enero de 1999 y mayo de 2018, y porque, según ese operador, hay un desequilibrio económico cercano a los $60 mil millones en el contrato. Cifra que la interventoría contradijo en 2018 y calculó en menos de $22 mil millones.  

Desde 1998 el contrato ha tenido seis modificaciones, la mayoría de ellas para cambiar las responsabilidades del concesionario y los valores de las tarifas.

Detrás de esa lucrativa concesión están las firmas Ecosodio, con el 65% de participación, y Electroconstrucciones, con el 35% restante, cuyos accionistas son José Villalba Beltrán, William Arabia Valderrama y Jairo Ghisays Ganen.  De esas empresas es poco lo que se ha contado en esta coyuntura.

Los rostros detrás del alumbrado

Ecosodio es una empresa barranquillera, propiedad del economista barranquillero José Villalba Beltrán y representada legalmente por Juan Pablo Anillo Manotas. Fue constituida el 2 de septiembre de 1997. 

Entre sus actividades económicas, registradas en la Cámara de Comercio, están la construcción de toda clase de obras civiles y eléctricas; el diseño e implementación de sistemas de semaforización y las actividades relacionadas con el alumbrado público.

Hace parte de la unión temporal Ciudad Tunja AP, que manejó el alumbrado público de Tunja entre 1999 y el 16 de agosto de 2018, cuando el alcalde de esa ciudad Pablo Novoa Cedepa terminó unilateralmente el contrato, cumpliendo una orden judicial por una acción popular presentada en 2004. 

Ecosodio también hizo parte de la unión temporal Iluminaciones Archipiélago de San Andrés Isla, que se postuló en 2010 a una convocatoria de la Gobernación de ese departamento para seleccionar a su socio en la constitución de una sociedad de economía mixta, encargada del alumbrado público y la semaforización de la isla. El proceso terminó desierto.

Además de Ecosodio, Villalba Beltrán es dueño de Su Oportuno Servicio (SOS), una de las principales empresas de vigilancia del país que nació en Bogotá en 1957, tiene sede principal en Barranquilla, 19 sucursales en Colombia y unos siete mil empleados.

Villalba tiene también el 47% de las acciones de Electroconstrucciones, la otra firma detrás de la concesión del alumbrado público cartagenero, con lo que se convierte en su accionista mayoritario.

Electroconstrucciones nació en 1992 bajo la figura de sociedad limitada y en 2017 se transformó en sociedad de acciones simplificadas, por lo que pasó a llamarse Electroconstrucciones SAS.  Entre sus actividades económicas están las relacionadas con las ingenierías civil, mecánica, metalmecánica y eléctrica, y la consultoría técnica.

Sus otros accionistas son Jairo Ghisays Ganem, con el 22%, y William Arabia Valderrama, con el 31%.

Ghisays Ganem, miembro de una familia de inmigrantes libaneses, es conocido en Cartagena por ser el dueño de la estación de gasolina del Amparo, popularmente llamada Bomba del Amparo. Es el representante legal de Jorge Ghisays e Hijos Ltda, empresa matriculada desde 1977, dedicada al comercio de combustible y lubricantes para carros y propietaria de la Estación de Servicio Esso Yurbaco,  en el municipio de Turbaco.

Y William Arabia Valderrama ha sido presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público (ANAP) y es dueño de Hermanos Arabia Torres SAS (Hato SAS), una empresa cartagenera matriculada desde 1994, dedicada a la cría de ganado bovino y bufalino, al transporte de carga por carretera, a la construcción de obras de ingeniería civil y al alquiler de maquinarias y equipos de construcción.

Arabia, además, es conocido en Cartagena por la amistad que lo unía con el fallecido alcalde Nicolás Curi. “Sí soy amigo de Curi. No le veo nada de malo a que tengamos contrato con el Distrito”, dijo visiblemente alterado en 1999, en una rueda de prensa, informó El  Tiempo.

La relación de Curi y Arabia fue cuestionada porque, en su condición de alcalde, fue Curi quien entregó la concesión en 1998, bajo unas condiciones favorables al privado, pero en “detrimento de los intereses del Distrito”, dijo en aquel momento la Contraloría. De hecho, poco tiempo después, la Fiscalía le dictó detención domiciliaria a Curi por la adjudicación de esa concesión.

Los orígenes de la concesión

La concesión de alumbrado público de Cartagena se remonta al 1 de abril de 1998, cuando el Concejo Distrital le dio luz verde al entonces alcalde Nicolás Curi para entregarle el manejo del alumbrado a un particular. Dicha contratación terminó el 27 de octubre de 1998 tras una licitación. En aquel momento el concesionario estaba integrado por Electroconstrucciones y Energía, Suministro, Montajes y Construcciones SA (ISM SA). Sus principales accionistas eran Remberto Merlano, William Arabia y Jorge Hoyos Caraveña.

ISM SA es una firma de Barranquilla, constituida en 1992. Esa empresa, que comenzó como la de mayor participación en el alumbrado público cartagenero, le pertenece al empresario sincelejano Remberto Merlano, más conocido como el mono Merlano, también dueño de las empresas Iluminaciones Especializadas del Norte (Ilesa), Iluminaciones del Alto Magdalena S.A. (Iamsa) y Distribuciones Eléctricas de Sabanas S.A. (Diselecsa).

A través de esas empresas, Merlano se ganó siete concesiones de alumbrado público en Colombia durante la década de los 90, en momentos en que los gobernadores y alcaldes del país comenzaban a entregar la primera ola de esos contratos. De hecho, el primer alumbrado público que obtuvo, como miembro de una unión temporal, fue el de Barranquilla en 1996. Un millonario negocio que manejó durante 20 años hasta diciembre de 2016 cuando se venció el contrato y pasó a manos de otro privado.

ISM se salió del alumbrado público cartagenero en 2002, cuando el concesionario hizo una reorganización administrativa y accionaria.

Desde su primer año de operaciones, está empresa recibió críticas de los concejales de la época por la tenue iluminación en las calles. Asunto que el contratista atribuyó a una infraestructura mucho más deficiente que la proyectada por el Distrito, a recaudos por debajo de lo pactado en el contrato y a robos recurrentes de cables y luminarias. Veinte años después, esos argumentos persisten.