Los cuatro megacontratos con los que se estrena William Dau

Entre las primeras pruebas de fuego que tendrá el recién posesionado alcalde de Cartagena William Dau Chamat están las adjudicaciones de cuatro megacontratos por $83.017 millones para seleccionar a los privados que ejecutarán durante 2020 el polémico plan de alimentación escolar (PAE), la vigilancia y aseo en las escuelas públicas, y el suministro de alimentos para las internas de la cárcel distrital de mujeres.

Los borradores de los pliegos, que dejó hechos la administración saliente de Pedrito Pereira, están colgados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y ya tienen varias observaciones de veedurías y firmas interesadas, que piden la modificación de algunos requisitos porque tal como están planteados podrían terminar limitando la diversidad de participantes y favoreciendo a determinadas firmas.

Esas cuatro licitaciones públicas, con adjudicaciones programadas entre el 31 de enero y el 6 de febrero próximos, las deberá liderar un mandatario cuya campaña se cimentó en dos grandes promesas: acabar con la corrupción y apostarle a una contratación pública más plural, que facilite la participación de profesionales de diversas áreas para que compitan con las empresas que, actualmente, “tienen acaparada la contratación pública”, escribió Dau en su plan de gobierno.

El millonario contrato de vigilancia

Aunque el PAE tiene más reflectores encima por las denuncias de corrupción de la Contraloría, no es el proceso más millonario entre los entregados por los mandatarios cada inicio de año. Suele serlo la vigilancia para las escuelas públicas y las áreas administrativas del Distrito, que para este 2020 suma $41.076 millones y cuya adjudicación está programada para el 31 de enero.

El operador de la vigilancia escolar, los últimos tres años, ha sido Seguridad Oncor Ltda, una empresa bogotana que se ha ganado $98.881 millones en contratos a nombre propio o como integrante de una unión temporal. Tiene matrícula desde 1993 en la Cámara de Comercio de Bogotá, 1.524 empleados y sucursales en 26 ciudades del país. También ha sido contratista de la Secretaría de Educación de Bogotá y Transmilenio.

Especialmente, ese proceso ha sido vigilado por Funcicar y la Procuraduría por sus pliegos de contratación. En 2018, por ejemplo, los requisitos comenzaron siendo muy favorables a Oncor Ltda, lo que limitaba la participación de otras empresas.

Para 2020, el operador deberá garantizar 295 servicios de 24 horas y uno de 12 horas en 167 colegios públicos, ubicados en el área urbana, corregimientos y zonas insulares, que le costarán $2.536 millones mensuales al Distrito. También deberá prestar servicios de vigilancia en 106 áreas administrativas distritales, distribuidas entre el Palacio de La Aduana, las alcaldías locales, las inspecciones de policía y las megabibliotecas, por $1.197 millones mensuales.

El borrador de pliegos ya tiene nueve observaciones de distintas compañías interesadas en participar, que le piden a la Alcaldía modificar ciertos requisitos que van en contra de la pluralidad de oferentes o favorecen al actual operador.

Las exigencias más cuestionadas son la presentación de un certificado de afiliación a la red de apoyo de la Policía, documento que esa institución no está expidiendo; tener vinculados a 400 guardias con certificación del Sena en seguridad en entidades oficiales, y el pago de los parafiscales hasta el día cinco de cada mes, requisito que va en contravía de las fechas de pago máximas permitidas en Colombia, que están hasta el día 16 según los dos últimos dígitos del NIT de las empresas.

El cuestionado PAE

El PAE es, especialmente, una papa caliente para Dau por las denuncias de corrupción de los últimos años y de cartelización, que llevaron a la Alcaldía Distrital a contratar a los operadores de 2018 y 2019 a través del Mercado de Compras públicas de la Bolsa Mercantil de Colombia.

La denuncia más sonada de corrupción fue la que hizo la Contraloría en 2016 contra la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia (Coosuacol), que facturaba el kilo de pechugas de pollo a $40.000. Esa empresa cartagenera hasta 2015 se llamó Cooseheroica y ese mismo año la Defensoría del Pueblo la acusó de darles alimentos podridos a los niños, después de realizarle una auditoría. Su dueño es David Camacho Benítez, miembro de una familia cartagenera con pasado político (hijo del empresario Reynaldo Camacho Malo y nieto del exconcejal de Cartagena Víctor Camacho Orozco, ambos fallecidos).

Entre 2010 y 2017, el Distrito le entregó a ese privado $82.956 millones en contratos del PAE, tras resultar ganador de las licitaciones en las que participó a nombre propio o como miembro de varios consorcios.

Para 2020, la Alcaldía contratará una primera ración de alimentos por $23.764 millones hasta mayo. El ganador deberá entregar 104.457 almuerzos y refrigerios. Para ello deberá tener un equipo liderado por un coordinador general, que acredite posgrado en seguridad alimentaria y nutricional o en gestión social empresarial; un nutricionista dietista, con especialización o maestría en control de desarrollo social o gerencia de recursos humanos, y cuantas personas sean necesarias para preparar, alistar, despachar, transportar y entregar la comida en las escuelas.

El borrador del pliego también le exige a los interesados hasta 20 camiones tipo furgón con capacidad mínima de 1.5 toneladas, modelo 2018, con refrigeración y congelación, y dos lanchas para el transporte de alimentos hacia las zonas insulares.

Tanto los estudios del personal como los modelos del parque automotor ya generaron una observación de Eugenio Velasco, representante legal de Fundación Sueños de mi Valle. En el documento colgado en el Secop, Velasco dice que dichos requisitos terminan limitando la participación de oferentes en igualdad de condiciones y no hay pruebas de su impacto en la calidad del servicio.

La publicación definitiva del pliego está programada para el 7 de enero y la adjudicación del contrato para el 4 de febrero.

El espinoso contrato de aseo

Otro de los líos que enfrenta Dau es el contrato de aseo en las instituciones educativas oficiales, porque los planteles arrancan el año sin este servicio, lo que suele generar protestas e incluso la suspensión de clases por la falta de higiene en las aulas.

Desde finales de 2018, este servicio lo ha prestado la firma Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS, representada por Alexandra Giraldo Restrepo. La compañía tiene 3.988 empleados, según su registro de Cámara de Comercio, y entre sus actividades económicas están la limpieza general interior de edificios y el expendio de comidas preparadas en cafeterías. Registra 42 contratos en entidades estatales de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Santander, según el RUP.

Antes, el aseo en colegios y oficinas del Distrito lo manejaba Mayordomía y Servicio SAS, cuya contratación en 2018 fue cuestionada por Funcicar porque las características de ese proceso habrían limitado la participación de más oferentes. Incluso, esa entidad cuestionó que solo hasta el día de la adjudicación (11 de abril de 2018), la Alcaldía hubiera declarado no hábiles a los otros cinco interesados en el contrato de $4.453 millones, para ejecutar por cuatro meses en colegios y por seis meses en las oficinas de la Alcaldía.

En el borrador de pliegos para el contrato de 2020, por  $16.765 millones, la Alcaldía exige que los participantes demuestren experiencia en al menos cinco aspectos: equipos de limpieza, suministros para aseos, control de plagas, kits de limpieza, desinfección, y servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas.  Además, la empresa seleccionada deberá garantizar 574 servicios en 167 colegios oficiales y 174 servicios en 117 oficinas distritales.

Ese borrador ya tiene seis observaciones: tres de ellas son de igual número de veedurías que piden modificar algunos de los requisitos, como el que otorga 200 puntos a las firmas que certifiquen pagos a sus empleados los cuatro meses anteriores a la adjudicación de este contrato. Los veedores alegan que ese requisito limita la participación de empresas que no hayan tenido contratos los últimos cuatro meses.

Las tres observaciones restantes son de dos empresas interesadas en participar (Detergentes y Acabados DYA SAS y Centro Aseo Mantenimiento Profesional SAS), que piden mayor claridad en algunos de los puntos habilitantes, modificación de otros e indicar el porcentaje y concepto de las estampillas que deben considerarse al estructurar las ofertas económicas.

La audiencia de adjudicación está programada para el 31 de enero.

La polémica alimentación de las internas

El suministro de alimentos para reclusas de la cárcel distrital de mujeres ha estado, los últimos cinco años, en manos del megacontratista José Fernando Ospino Barrios, quien ha logrado ganarse los contratos a nombre propio y a través de la empresa Asadero Bar Restaurante El Cabrero.

Ospina Barrios se los ha ganado a pesar de sus retrasos en la entrega de los alimentos e incluso en medio de dudas por el posible mal estado en que algunas comidas les han llegado a las reclusas. De hecho, el 8 de abril de 2017, 30 internas se intoxicaron luego de consumir un desayuno suministrado por Asadero Bar Restaurante El Cabrero.

Aunque nunca se supo públicamente la causa de la intoxicación, esa empresa debió salir a explicar el tipo de controles que realizaba con los alimentos antes de entregarlos a las reclusas.

Tres días después de la intoxicación, el 11 de abril de 2017, el entonces alcalde Manolo Duque le entregó a esa misma firma un contrato por $1.044 millones. Después, en agosto de ese mismo año, tuvo una adición de $169 millones, firmada por el mandatario encargado Sergio Londoño. En marzo de 2018, Ospino Barrios se quedó nuevamente con la alimentación de las reclusas: el contrato lo firmó la entonces secretaria del Interior Yolanda Wong, por $1.463 millones. En octubre de ese mismo año tuvo una adición de $548 millones.

El contrato de 2019 se lo ganó Restaurante y Logística J Y S SAS, una firma que, aunque está representada legalmente por Iris Monterrosa Meza, tiene relación con Ospina. Evidencia de eso es que la dirección de J Y S, registrada en su certificado de Cámara de Comercio, la misma de Asadero Bar Restaurante El Cabrero. Ese contrato fue adjudicado por el secretario del Interior José Carlos Puello, el 26 de febrero, por $1.411 millones y tuvo una adición en octubre del mismo año por $239 millones.

Este megacontratista también ha tenido líos suministrándoles alimentos al Departamento de Tránsito y al Cuerpo de Bomberos. Además, en 2016 y 2017 fue reportado por Funcicar como uno de los privados que más recursos públicos recibió por contratación directa y en procesos en los que fue proponente único.

El presupuesto del Distrito para los desayunos, almuerzos y cenas de las reclusas, entre febrero y septiembre de 2020, será de $1.411 millones. La firma seleccionada deberá acreditar mínimo tres contratos debidamente ejecutados.

En el documento colgado en el Secop, se lee además que el seleccionado deberá contar con al menos un vehículo especial para transportar los alimentos, en condiciones higiénicas; presentar un ciclo de minutas de 21 días con su respectivo análisis químico, certificado por una nutricionista con tarjeta profesional; aportar manuales de manipulación de alimentos y certificado de inscripción sanitaria para establecimientos con productos de uso y consumo humano. Cada menú deberá sumar 2.250 kilocalorías diarias, según las recomendaciones del ICBF.

La adjudicación del contrato está programada para el 6 de febrero.