Los $24.000 millones en títulos judiciales que nunca regresaron a las arcas de Cartagena

Esta semana, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a Jorge Carrillo Padrón, exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, y a los abogados Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río, en medio de una investigación por $24.000 millones del Distrito que terminaron en bolsillos privados.

Los capturados tienen conocidas relaciones con la poderosa casa política Blel, que lidera el exsenador Vicente Blel Saad —condenado por parapolítica y con influencia directa en la Gobernación de Bolívar desde 2020—, y con el exalcalde de Cartagena Antonio Quinto Guerra Varela. 

Los abogados Blell y Martelo son señalados por la Fiscalía de cobrar los millonarios recursos a través de títulos de depósito judicial. Esos documentos, equivalentes a dinero y emitidos por el Banco Agrario tras órdenes de los jueces, fueron retirados por Blell y Martelo, fungiendo como abogados del Distrito. 

Aunque debían consignarlos a un fondo que la Alcaldía tiene para títulos judiciales en la Fiduprevisora, no hay registros de ingreso a esa cuenta distrital.

Tanto las capturas como las audiencias en las que la Fiscalía les imputa a los capturados el delito de peculado por apropiación, han estado por fuera de la agenda mediática cartagenera. 

Sin embargo, La Contratopedia Caribe conoció que la detención de Carrillo se dio la tarde del miércoles en Bogotá, donde se desempeñaba, desde febrero pasado, como Director Logístico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). 

Martelo fue capturada la semana pasada en la capital de Bolívar y Blell se entregó este martes. Ambos fueron trasladados a la sede de la Fiscalía en Canapote, desde donde Blel fue remitido a la clínica psiquiátrica La Misericordia, propiedad de su hermana Viviana Blell Cervantes, donde permanece internado.   

La Contratopedia Caribe le preguntó a la Jefatura de Prensa de la Fiscalía en Cartagena detalles de las capturas y del proceso, pero no hubo respuesta porque “esa información permanece reservada hasta cuando terminen las audiencias”.  

Las denuncias que desencadenaron las tres órdenes de captura las hizo, desde 2020, el exalcalde William Dau, cuando empezó a alertar sobre presuntas irregularidades que encontró en el Distrito y las plasmó en lo que él llamó el Libro Blanco.

Los cobros que nunca llegaron al Distrito

Los títulos judiciales, por los que ahora Carrillo, Blell y Martelo están en el banquillo de los acusados, se cobraron entre 2018 y 2019, cuando el primero se desempeñó como Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cartagena.

Carrillo llegó a ese cargo en mayo de 2018, de la mano del entonces alcalde Antonio Quinto Guerra Varela, quien se alzó en las elecciones atípicas de ese año, con el apoyo de toda la clase política cuestionada de Bolívar. Después, cuando Guerra salió inhabilitado de La Aduana, fue ratificado en ese cargo por los gobiernos interinos de Yolanda Wong y Pedrito Pereira Caballero.

Resulta que como Jefe de la Oficina Jurídica, Carrillo les otorgó poder a los abogados Blell y Martelo para recuperar los depósitos judiciales de la Alcaldía de Cartagena. 

Esos son unos dineros a favor del Distrito por procesos ejecutivos en su contra, que reposan en el Banco Agrario, única entidad autorizada para manejar las cuentas de los juzgados en Colombia.

Los abogados debían hacer los trámites necesarios para que los juzgados “ordenaran la devolución de los títulos”, se lee en varios de los oficios a los que La Contratopedia tuvo acceso y forman parte de la investigación de la Fiscalía. 

En esos documentos, que envió a los juzgados, el entonces Jefe de la Oficina Jurídica les otorgó facultades a los abogados para “recibir, cobrar, asistir…” en representación del Distrito.

Ese tipo de poder, conocido en el argot jurídico como “amplio y suficiente”, no es usual en una entidad pública.

“El Jefe de la Oficina Jurídica asume el riesgo de otorgar esas facultades a un particular que puede volarse con los recursos”, le explicó a La Contratopedia un funcionario activo del área jurídica de la Alcaldía de Cartagena. 

Un poder de alcance más limitado sólo debe permitirles a los abogados gestionar el traspaso de los recursos del Banco Agrario a las arcas del Distrito, sin tener la posibilidad de cobro como si fueran recursos privados. Es decir, sin que ellos puedan recibir el dinero en efectivo o en sus cuentas bancarias.

Durante la administración de Dau, el mismo mandatario gestionaba los cobros ante el Banco Agrario, y ahora en la de Dumek Turbay quien hace esa gestión es el jefe jurídico Milton Pereira. En otras palabras, en ambos gobiernos ese trámite lo asumieron miembros clave del gabinete y no contratistas.

Además, tanto en la anterior administración como en la actual, los títulos no son emitidos a nombre de los funcionarios.

Un título debidamente emitido debe salir a nombre del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, como este de agosto de 2022, por $2.578 millones.

Por el contrario, entre 2018 y 2019, los abogados Blell y Martelo les enviaron a los juzgados oficios para solicitar que los títulos salieran a su nombre. Peticiones que hicieron gracias a las facultades otorgadas por Carrillo, como se evidencia en el siguiente oficio.

Fue así como los jueces le ordenaron al Banco Agrario el pago de los depósitos a cualquiera de los dos abogados delegados por el entonces Jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía. 

Por ejemplo, en documentos a los que tuvo acceso La Contratopedia se evidencia cómo un título salió a nombre de Blel en febrero de 2019, por $1.296 millones, y otro a nombre de Martelo, en marzo de 2019, por $473.919.871.

Por cuenta de ese procedimiento irregular, Blell y Martelo cobraron 124 títulos, entre 2018 y 2019, por $24.046 millones, denunció en agosto de 2023 el entonces alcalde Dau, ampliando la denuncia inicial que hizo en 2020 en el Libro Blanco.

Blel cobró 50 títulos, por $13.470 millones; Martelo, 72 títulos, por $10.575 millones.

Los poderes políticos detrás de dos de los capturados

Tanto el exjefe de la Oficina Jurídica del Distrito Jorge Carrillo como el abogado contratista Jorge Blell Cervantes llegaron a la Alcaldía de Cartagena de la mano de cuestionados políticos de Bolívar.

Carrillo fue nombrado por el alcalde Antonio Quinto Guerra Varela, en mayo de 2018. 

“Él llegó porque Quinto lo conoce desde hace tiempo. Además, una hermana de Jorge (Carrillo) está casada con un sobrino de Quinto”, le dijo a La Contratopedia un político activo de Bolívar, para explicar la relación entre ambos.

Aunque Guerra no alcanzó a estar ni un mes como alcalde, Yolanda Wong y Pedrito Pereira, quienes lo reemplazaron como mandatarios encargados, lo mantuvieron como su cuota burocrática.

“Ellos (Wong y Pereira) tenían sus abogados de confianza, pero lo dejaron a él (a Jorge Carrillo) como Jurídico, para respetarle ese espacio a Quinto”, detalló la misma fuente que pidió no ser citada.

Blell Cervantes logró convertirse en contratista de la Oficina Jurídica del Distrito con el apoyo de su primo el exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica (aunque su apellido se escribe distinto porque así quedó registrado en su cédula, Blell Cervantes pertenece al mismo tronco familiar).

La relación de Blel Saad con los Blell Cervantes es tan cercana que en 2010, cuando el exsenador Blel no pudo aspirar al Senado porque fue capturado por sus relaciones con los paramilitares, Viviana Blell Cervantes, hermana de Jorge Blell Cervantes, fue la carta que se jugó esa casa política para mantener poder en el Congreso.

Viviana aspiró avalada por el Partido de Integración Nacional (PIN), pero se ahogó en las elecciones de marzo de ese año. 

En 2022, además, fue una de las financiadoras de la campaña al Senado de su prima Nadia Blel Scaff, hija de Vicente Blel Saad y hermana del exgobernador de Bolívar Vicente Blel Scaff. En Cuentas Claras aparece registrado un aporte de $50.000.000, en la categoría de recursos provenientes de parientes de la candidata, hoy senadora del periodo legislativo 2022-2026.

Viviana Blell Cervantes también fue una de las financiadoras de la campaña al Congreso de Juliana Aray, hija de crianza de Blel Saad y representante de Bolívar en la Cámara baja por el periodo 2022-2026. Según la información que registró en Cuentas Claras, Blell Cervantes le aportó $40.544.600.  

De hecho, un político activo que tiene relación con el grupo que lidera Blel Saad le dijo a La Contratopedia que “en esa familia están muy preocupados” con la captura de Jorge.

“Ya le pidieron (a Jorge) que acepte su responsabilidad y se allane a los cargos. Es decir que no haya duda de que actuó solo”, detalló el político.

Aunque hasta ahora las audiencias del proceso en contra de Carrillo, Blell y Martelo son reservadas y pocos son los detalles que se conocen, este nuevo caso de corrupción en Cartagena aumenta la desconfianza ciudadana en su ya deslegitimada clase política local.

Nota de la editora. Esta historia fue actualizada el 27 de agosto de 2024, para incluir más datos que evidencian la relación cercana entre uno de los capturados y la casa política Blel.