Las pruebas Covid que nunca llegaron a Cartagena y ahora tienen a Dau en líos

La Procuraduría General anunció ayer cargos contra el alcalde de Cartagena William Dau y el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Álvaro José Fortich, por posibles irregularidades en la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para detectar casos de Covid-19 en 2020, al inicio de la pandemia.

Según esa entidad, la Alcaldía firmó un contrato de $725.000.000 con la empresa de Barranquilla Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda que, al parecer, no tenía el músculo suficiente para entregar los kits contratados y por eso al Distrito le tocó, meses después, declararle incumplimiento de contrato.

El 5 de junio de 2020, en entrevista con RCN Radio, el mismo alcalde Dau admitió las fallas de ese proceso y las llamó “primiparadas” de su administración.

Ahora, por cuenta de esa “primiparada”, la Procuraduría informó que esa indagación preliminar abierta desde el 29 de abril de 2020 pasa a ser una investigación disciplinaria, que se suma a otros 30 procesos que tiene abiertos en ese órgano nacional, informó El Tiempo.

Los argumentos de la Procuraduría

El Ministerio Público informó, a través de un comunicado de prensa, las tres razones por las que profirió cargos al alcalde Dau y al exfuncionario Fortich, sobre quienes dijo “habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia”, incurriendo en una posible “culpa gravísima”.

El primer argumento de la Procuraduría fue la selección de un contratista no idóneo en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus, que no sólo “ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato” sino que desvirtuó los argumentos que motivaron la contratación de emergencia: es decir, garantizar pruebas diagnósticas inmediatas, que permitieran una atención oportuna a los pacientes cartageneros para detectar si tenían Covid-19 o no.

Esas pruebas debían ayudar a detectar los casos a través de suero, plasma o sangre total. 

La compra del Distrito a Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda se dio a inicios de la pandemia, cuando el país iniciaba una cuarentena de meses y el Gobierno Nacional, en aquel momento en cabeza de Iván Duque, declaró la emergencia sanitaria en toda Colombia para facilitar la adquisición de insumos y evitar demoras en las compras públicas.

El segundo argumento de la Procuraduría para proferir cargos fue la selección de una firma que, al parecer, “no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para la comercialización de pruebas rápidas”.

Y la tercera razón, se lee en el comunicado, es haber contratado con una empresa que ofrecía unos precios unitarios por kits mayores a los de laboratorios que sí estaban “acreditados y reconocidos”, y tenían “experiencia en el suministro de pruebas rápidas”.

Las criticadas pruebas que nunca llegaron

El gobierno de William Dau firmó el contrato de las 10.000 pruebas rápidas con la empresa barranquillera Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda, el 8 de abril de 2020.

El contratista nunca las entregó, pese a que debió hacerlo antes del 8 de mayo de ese año. Luego solicitó varias prórrogas que tampoco cumplió e intentó entregar, de manera extemporánea, 3.000 pruebas.

Por los reiterados incumplimientos, la Alcaldía sancionó a esa empresa el 17 de septiembre de 2020 declarando incumplimiento total del contrato e imponiéndole una multa de $72.500.000.

Es decir, solo hasta septiembre de 2020, cinco meses después de firmado el contrato de las pruebas, la Alcaldía pudo disponer de esos recursos porque se dio la liquidación legal del contrato. Esos recursos eran, especialmente, necesarios en aquel momento porque Cartagena atravesaba uno de sus primeros picos en la pandemia y necesitaba la compra permanente de insumos.

La empresa Ventas, Distribuciones y Marketing Ltda, además, quedó inhabilitada para contratar con la Alcaldía de Cartagena por cinco años. La inhabilidad se le vence el 17 de septiembre de 2025.

Desde que la Alcaldía firmó ese contrato hubo críticas porque compró cada prueba a $72.500, es decir, $42.945 más que el precio promedio nacional para aquella época en Colombia ($29.555), según un estudio de Funcicar.

Esa entidad llegó a ese valor después de comparar los precios de varios contratos, celebrados en aquel momento por distintas instituciones públicas en el país. Por tanto, con lo que la Alcaldía de Cartagena pagó hubiese podido comprar 24.530 pruebas y no solamente 10.000.

El Distrito respondió ante esos cuestionamientos que solo dos de las seis firmas que enviaron cotizaciones cumplían con los requisitos. Es decir, no pedían anticipos cercanos al 100% y garantizaban la entrega de los productos antes de los 25 días siguientes a la firma del contrato. 

Esas empresas fueron Hijos de Enrique Roca, con una oferta de $75.000 más IVA por cada prueba, y Ventas Distribución y Marketing, con una cotización de $60.500 más IVA por cada prueba.

Este contrato se celebró con IVA porque se firmó un día antes de la orden presidencial de eximir a estas negociaciones del pago de ese impuesto. 

En cuanto al valor de cada prueba rápida, el Distrito reconoció que el costo fue superior al de otros contratos celebrados en el país porque cuando las compró había mayor demanda que oferta. Meses después, dijo el Distrito, la fabricación de pruebas aumentó y los precios comenzaron a regularse.

Una de las funcionarias encargadas de realizar el estudio de mercado para comparar los valores de los insumos fue la politóloga Ana María González, hoy secretaria del Interior. La Contratopedia le consultó su opinión en 2020 por los precios y respondió que, en abril de ese año, cuando la Alcaldía estructuró esa compra, los precios pagados “eran los mejores” y el contratista seleccionado era el único que garantizaba la disponibilidad de los insumos.

En las cotizaciones presentadas por Funcicar, sin embargo, hubo pruebas que costaron menos de $30.000 y fueron adquiridas en fechas similares a las de la Alcaldía de Cartagena.

La firma que incumplió

Matriculada en 1999 en la Cámara de Comercio de Barranquilla, Ventas Distribución y Marketing Ltda tiene un amplio objeto social, que incluye la comercialización en general de todos los productos de uso y consumo humano, así como la importación y exportación de insumos y productos agroindustriales, como insecticidas, matamalezas y abonos.

Sus socios son Iran Gabino Borja Monroy, gerente, y María Antonia Monroy, subgerente. 

A nombre de esta firma figuran los establecimientos comerciales Agro Marketing Ltda y Ventas Distribución y Marketing Ltda, que se dedican al comercio al por mayor de maquinarias y equipos, y a la fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario.

Esta firma también ha sido contratista de las gobernaciones del Atlántico y Bolívar, por $625.017.620, para la compra de tabletas purificadoras de agua e insumos y equipos para prevenir enfermedades transmitidas por vectores.