Las cartillas ‘fantasma’ que tienen en líos a dos rectores de Cartagena

Tres rectores activos de Cartagena y cuatro contratistas fueron capturados el pasado 14 de abril, en un operativo de la Unidad Anticorrupción de la Dijin de Bogotá, por presuntas irregularidades en la ejecución de contratos en instituciones educativas de zonas vulnerables de esta capital, contó en primicia La Contratopedia Caribe.

Las autoridades calculan las pérdidas de plata pública en $500.000.000 y señalan que esos recursos fueron a parar a manos privadas, después de la firma de, al menos, 30 contratos que “no se cumplieron a cabalidad”.

Así lo señaló la Fiscal 40 de la Unidad de Administración Pública, en las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, celebradas durante la última semana, contra:

• Juan Carlos Castillo Castilla, quien es investigado por hechos ocurridos cuando era rector de la Institución Educativa de Bayunca; 
• Remberto Navas Moreno, rector del colegio San Felipe Neri; 
• Y Robinson Orozco Quejada, investigado por hechos ocurridos cuando estaba al frente de los colegios Luis Carlos Galán Sarmiento y Fredonia.

La imputación de cargos también cobija a los contratistas Hernando Vargas Morales, Luz Emilia Montalvo Castellano, Ubiter Álvarez Padilla y Enoelia García Florez.

Todos esos contratos fueron adjudicados a dedo para la adecuación física de algunas sedes y la compra de instrumentos musicales, pero, sobre todo, para la compra de cartillas o guías académicas en tiempos de pandemia, que los estudiantes pudieran usar desde casa.

De ese paquete de contratos, La Contratopedia les puso lupa a los de las cartillas que, según la Fiscalía, nunca llegaron a las manos de los estudiantes ni a los almacenes de las escuelas. 

Por esos procesos fallidos, específicamente, son procesados los rectores Castillo Castilla y Navas Moreno.

Todo empezó en el colegio de Bayunca

Las investigaciones que desencadenaron las capturas de los tres rectores y los cuatro contratistas empezaron con una denuncia de presunta corrupción en contratos celebrados en la Institución Educativa de Bayunca, corregimiento de la zona norte de Cartagena.

La Contraloría Distrital de Cartagena investigó y sancionó al directivo Castillo Castilla por “inconsistencias en la ejecución presupuestal” de 2021, presuntas irregularidades en contratos de infraestructura e incumplimiento en el pago de impuestos. 

A partir de esa investigación fiscal, el caso pasó al escenario penal y con las primeras pesquisas, los investigadores descubrieron un entramado de corrupción que tenía detrás un nombre recurrente en cuatro planteles públicos de Cartagena: Hernando Vargas Morales.

Vargas Morales se hizo pasar por abogado —según la Fiscalía, el diploma que lo avala es falso— y firmó contratos como asesor jurídico con dos de los cuatro colegios (Bayunca y San Felipe Neri) donde han trabajado como rectores los ahora capturados.

Con los otros dos planteles (Luis Carlos Galán Sarmiento y Fredonia) su contratación fue vía Corplimax SAS, empresa cartagenera de la que él es representante legal.

Los tres contratos con el colegio de Bayunca suman $23.100.000, y fueron adjudicados a dedo entre 2020 y 2021. Todos tienen el mismo objeto: prestar servicios de abogado para apoyar jurídica y administrativamente al plantel en sus procesos de contratación. 

Según la Fiscalía, Vargas será procesado por falsedad ideológica en documento privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En su calidad de asesor para contratación, Vargas les sugirió a los rectores de los colegios San Felipe Neri y de Bayunca contratar a las tres mujeres que también fueron capturadas por la Dijin, para el suministro de cartillas o guías académicas.

Esas tres mujeres, Luz Emilia Montalvo Castellano, Enoelia García Florez y Ubiter Álvarez Padilla, tienen en común haber tenido relaciones sentimentales con él. 

Los contratos de las cartillas ‘fantasma’

La Contratopedia revisó el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y encontró que Montalvo, García y Álvarez firmaron siete contratos, entre julio y agosto de 2021, para surtir de cartillas pedagógicas al colegio de Bayunca, por $113.174.300.

Contratos adjudicados por el rector Castillo Castilla en 2021.

Con esos cuadernillos, financiados con recursos girados por el Distrito, los alumnos debían estudiar desde casa en tiempos de pandemia por coronavirus.

El primero de esos contratos, Castillo Castilla lo entregó en febrero de 2021. Los otros seis contratos los firmó entre julio y agosto de ese año.

Según la Fiscalía, el rector Castillo Castilla adjudicó los contratos de manera fraccionada para “evadir la contratación por concurso” y darles participación a cada una de las contratistas con, al menos, un contrato.

No le importó que tres de esos procesos tuvieran el mismo objeto: el suministro de módulos o guías académicas para el trabajo en casa de los estudiantes de primaria y secundaria.

Por ejemplo, a Montalvo le pagó $16.748.500 para que realizara 817 módulos. A Álvarez le fueron encomendadas 1.020 guías por $16.320.000. Y a García le contrató 1.761 guías por $16.993.650.

La Fiscalía cuestionó que Castillo Castilla no hubiera hecho una única contratación para todas las guías del año escolar y señaló que de ninguno de esos contratos hay evidencia de ejecución.

Además, la Fiscalía criticó que el rector fuera el encargado de avalar la necesidad de contratación, supervisar el cumplimiento de la misma y, al final, emitir un certificado de “recibo a satisfacción”, sin que las cartillas hubieran llegado nunca a manos de los estudiantes.

“En este caso, el rector Castillo Castilla tuvo la voluntad de defraudar a su comunidad educativa y de desviar unos recursos destinados para los niños, en época de pandemia”, expresó la Fiscal 40 durante la audiencia del pasado jueves, mientras les imputaba cargos a las tres contratistas.

Ninguna de las tres mujeres está registrada en la Cámara de Comercio como persona jurídica o natural dedicada a la elaboración de materiales pedagógicos, como los que se comprometieron a suministrarle a la escuela de Bayunca

Luz Emilia Montalvo y Enoelia García también tuvieron contratos para el suministro de material pedagógico en el colegio San Felipe Neri, en el barrio Olaya.

El rector de esa institución, Reberto Navas Moreno, les adjudicó, el 16 de agosto de 2021, dos contratos que suman $25.364.074.

A Montalvo la contrató para que le entregara 326 módulos de emprendimiento para docentes y estudiantes, por $7.193.516. Y a García le encargó la elaboración de 20 cartillas de orientación, para docentes y coordinadores, y de 306 cartillas adicionales sobre un modelo pedagógico dirigido a estudiantes, por $18.170.558.

La Fiscalía tampoco encontró en ese plantel pruebas de que esos contratos se hubieran cumplido. Sin embargo, Navas Moreno mostró como evidencias de ejecución imágenes de las guías que, durante la pandemia, envió el Gobierno Nacional a todos los colegios del país. 

Imagen presentada por el rector Navas Moreno como evidencia de ejecución de los contratos adjudicados a Montalvo y a García.

“Al revisar en detalle está claro que estas cajas corresponden a unas cartillas distintas a las contratadas por el rector: estas, incluso, tienen el logo del Ministerio de Educación, que envió guías a todos los colegios del país”, dijo la Fiscal 40 al mostrar varias fotos de las cajas, durante la audiencia del pasado viernes.

Por ahora, no es claro si los rectores y las contratistas irán a la cárcel, porque esa decisión está en manos del Juez Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías, que esta semana decidirá si impone una medida de aseguramiento contra los procesados (puede ser en la cárcel o en detención domiciliaría) o si les permite seguir este proceso en libertad.

Lo que sí está claro, según lo mostrado hasta ahora por la Fiscalía, es que al menos $138.538.374 que estaban destinados a la educación de niños de las zonas más vulnerables de Cartagena, fueron a parar a manos equivocadas y las guías jamás llegaron a los estudiantes.