La ‘toma’ del Atlántico: el regreso a la época más oscura de la barbarie paramilitar

Un sábado a las 10:00 am las calles de La Chinita, en la localidad Suroriente de Barranquilla, ofrecen la que podía ser la típica foto de un barrio popular en el Caribe: muchachos jóvenes amontonados en las esquinas jugando dominó; bafles y picós a todo volumen, menores correteando entre vías destapadas, señoras trapeando las terrazas, adultos mayores sentados en mecedoras, arrullados por la brisa como único antídoto contra el bochorno. 

Podría ser una típica imagen del Caribe si no fuera porque este es uno de los barrios más peligrosos, estigmatizados, abandonados y vulnerables de la capital del Atlántico. No cualquiera camina por aquí. Quien dice La Chinita, dice miedo.

Entrar sin permiso previo es arriesgar el pellejo, pues muchos de esos pelaos que hoy juegan dominó debajo de un árbol podrían ser miembros de las bandas criminales que controlan esta parte de la ciudad y limitan el ingreso de extraños.

La Chinita es uno de los barrios que se extienden a lo largo de la calle 17, una avenida populosa de unos cuatro kilómetros. Esta vía conecta la carrera 38 con una glorieta romboide, que lleva en una dirección hacia El Ferry, en el límite entre Barranquilla y Soledad, y el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente. En la otra dirección, la glorieta conduce al puente Pumarejo, salida de la ciudad hacia el Magdalena y La Guajira, a través de la Troncal del Caribe.

La Luz, Las Nieves y Rebolo son los otros barrios que se levantan a lado y lado de la calle 17. Todos, igualmente satanizados por los barranquilleros, han sido sometidos a años de desidia de las administraciones locales y al arbitrio del crimen organizado, que cada vez se ha ido asentando más en el área metropolitana de Barranquilla (conformada por los municipios de Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa). El poder de las bandas, sin embargo, está creciendo hacia el centro y sur del departamento, a los municipios de Sabanagrande, Sabanalarga, Juan de Acosta, Santo Tomás, Repelón, Manatí, Santa Lucía y Suan, entre otros. 

Esta esquina de Colombia asiste a una espiral de violencia imparable, un baño de sangre que recuerda las épocas aciagas del narcotráfico de los 90 y del paramilitarismo, cuando los índices de asesinatos vía sicariato desbordaban la capacidad de respuesta de las administraciones tanto distritales como departamentales y de la Policía. El terror lleva años imponiéndose, pero ha sido convenientemente maquillado bajo una narrativa que graduó a esta zona —en especial a Barranquilla— como un territorio de paz en el que las grandes organizaciones criminales apenas hicieron presencia.

Nada más lejos de la realidad. 

El retorno de la violencia

Un cálculo propio a partir de las cifras de homicidios de Medicina Legal entre los años 2000 y 2011 (periodo de consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia–AUC, desmovilización y posterior accionar de las llamadas Bacrim o bandas criminales) arroja un saldo de 7.402 homicidios, la mayoría en Barranquilla y su área metropolitana. En otro lapso de 12 años, entre 2012 y 2023, la cifra llega a 7.248. 

Si se comparan los períodos del auge paramilitar en los primeros años de la década del 2000 —inicialmente con el Grupo Atlántico y después con el frente José Pablo Díaz, a las órdenes del entonces comandante alias ‘Jorge 40’—, las cifras entre 2021 y 2023 resultan tan similares con aquellas como perturbadoras. Más de 20 años después, la historia se repite. Si en 2001 fueron 654 homicidios, en 2021 la cifra llegó a 739. En 2002 fueron 788 frente a los 737 de 2022. El 2023, uno de los más sangrientos que se recuerden en este departamento, terminó con 788 asesinatos, apenas dos menos que en 2003.

La radiografía de aquellos tiempos indica que las AUC ejercían un control territorial hegemónico. No solo había un dominio total sobre las rentas ilegales, sino que —como ocurrió en otras zonas del país— se establecieron vínculos con empresarios y políticos que les facilitaron el camino. 

Y de aquellas lluvias, estos lodos. El ciclo de violencia en el que está inmerso el departamento del Atlántico tiene antecedentes en esa maquinaria narcoparamilitar, pero en la actualidad no quedan resquicios de ideología alguna. Se trata, básicamente, de una pugna de más de una decena de grupos por una región privilegiada geográficamente, convertida en un corredor imprescindible para el narcotráfico, y ahora una especie de ‘tierra de nadie’ donde las organizaciones criminales se mueven a su antojo y las balas se disparan desde cualquier esquina.

Todo esto ocurre en un contexto de silencio, paralelo al discurso oficial del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, cuya familia fue investigada por nexos con el narcotráfico, como contó La Liga en 2022. Ese discurso oficial privilegia la idea de la ciudad como ‘un milagro’ donde aparentemente no pasa nada y donde se invierten miles de millones en propaganda para mostrar la cara menos oscura de la capital del Atlántico.

El pasado enero, el gobernador Eduardo Verano firmó un convenio con el que cedía al alcalde Char parte del presupuesto del impuesto de la tasa de seguridad del departamento, unos $78.000 millones, con el compromiso de mejorar la seguridad en el área metropolitana, un objetivo que sigue pendiente. 

Mientras, la lista de estructuras que se disputan el Atlántico no ha hecho sino crecer en los últimos años. Un investigador que lleva décadas estudiando el crimen y que pidió no ser identificado por seguridad se refiere a este fenómeno como una “federación de organizaciones criminales que están en proceso de reacomodamiento”. Y añade: “Vivimos un tremendo aumento de la violencia criminal. Cada año es peor que los anteriores, creo que ni en la época paramilitar habíamos padecido algo así”.

El Clan del Golfo o AGC, ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Los Costeños, Los Rastrojos Costeños, Los Pepes, las Autodefensas Conquistadores de la Costa, El Nuevo Bloque Costeño, Zulma Musso (alias ‘La Patrona’), Jorge Luis Alfonso López (hijo de la fallecida alias ‘La Gata’), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN o Los Pachenca), el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua y los llamados Piloneros de alias ‘La Negra Dominga’ son, entre otros, las fichas del ajedrez del crimen organizado en el Atlántico, como ha documentado la Defensoría del Pueblo y según los investigadores que consultó La Liga.  Las guerras que libran estos grupos, muchas de ellas internas, aseguran un flujo constante de muertes. Basta con revisar las páginas judiciales de los medios locales para entender la gravedad de la situación.

Aquí ya se han vuelto paisaje las camionetas blindadas, las fiestas ostentosas de estética narco, así como los asesinatos, las extorsiones, las masacres y los desmembramientos. Todo ello en medio de un clima de silencio y autocensura, de homicidios que se reseñan en los medios sin apenas contexto, de miedo permanente y de orfandad. 

Al cierre de este reportaje se reportó un hallazgo macabro: la cabeza cercenada de un joven de 22 años el 6 de agosto en Carlos Meisel, un barrio de la localidad Suroccidente, una de las más golpeadas por la violencia. Junto a los restos del muchacho fue encontrado un papel en el que declaran objetivo militar “a todo aquel colaborador, jíbaro, extorsionista de los tales Pepes”. 

Unos días después, el 10 de agosto, fue asesinado Wilmer Ariza Sánchez, alias ‘Matacaballo’, supuesto propietario de un conocido billar en el barrio Rebolo y señalado por la Policía de ser un hombre de confianza de Digno Palomino, el líder de Los Pepes, antiguo jefe de Los Costeños. Palomino libra una guerra contra Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, actual máximo cabecilla de esa banda. Tanto Palomino como ‘Castor’ están en la cárcel, pero eso no los detiene.  

La Liga conoció que las autoridades también investigan una supuesta masacre silenciada que ocurrió entre los últimos días de julio y los primeros de agosto en Las Flores, un barrio de pescadores que discurre a orillas del río Magdalena hasta su desembocadura en el mar Caribe. Allí habrían sido asesinados de seis a ocho hombres que custodiaban un cargamento de clorhidrato de cocaína que aparentemente pertenecía a Los Pepes. Los perpetradores habrían sido sicarios del Tren de Aragua.

“En Las Flores la zozobra es total. A los familiares de las víctimas les prohibieron hablar y el miedo es terrible”, relata un periodista que sigue de cerca el suceso. Las Flores, un barrio en disputa permanente por su ubicación geográfica, ya fue escenario de una masacre que conmocionó a Barranquilla. En la madrugada del 12 de septiembre de 2022, seis hombres murieron mientras compartían en un estadero.

El salto de Los Costeños

En la guerra sin control que ahoga al departamento del Atlántico las dinámicas de las organizaciones criminales se basan en sucesivas alianzas, venganzas, colaboraciones y enemistades que ocurren según la coyuntura que marca el negocio de la droga. Las más recientes investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (DIJIN) apuntan hacia una nueva alianza entre el Clan del Golfo y Los Costeños, antes enemigos y hoy aliados. En una investigación que publicamos hace dos años mostramos cómo Los Costeños y el Clan del Golfo se disputaban el microtráfico en Barranquilla.

Ahora, fuentes de la DIJIN aseguran que mientras ‘Castor’ y el Clan del Golfo avanzan en sus acercamientos, Digno Palomino y alias ‘El Negro Ober’ —líder de Los Rastrojos Costeños— han tocado las puertas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN o Los Pachenca), lo que traslada al Atlántico la guerra que ya mantienen el Clan del Golfo y Los Pachenca en el vecino departamento del Magdalena. Todo a pesar de que ambos han iniciado conversaciones para un proceso de paz con el Gobierno nacional. 

Los vínculos entre el Clan del Golfo y Los Costeños explicarían los golpes que han recibido Los Pepes de Palomino en los últimos meses. Esta alianza no es nueva. De hecho, el Clan y Los Costeños fueron cercanos entre 2016 y 2017, cuando los segundos fungían como ‘operadores locales’ del Clan. Esa cooperación terminó abruptamente y un tiempo después los dos grupos se enfrentaron por las rentas del microtráfico, tal como contó La Liga en un reportaje publicado en 2021.

Mucho ha cambiado desde entonces. Los Costeños, advierten investigadores de la Defensoría del Pueblo, han consolidado una hegemonía que los ubica entre las más poderosas y sanguinarias organizaciones criminales. Una fuente de la Fiscalía incluso va más allá: sostiene que es tanto el poder de este grupo, que pasó de ser un ‘operador’ a una estructura autónoma que ya exporta cocaína gracias a contactos en Venezuela que le han permitido incursionar en el negocio del narcotráfico a gran escala.

En la operación que llevó a cabo la organización internacional de hackers Guacamaya y que se conoció como “Guacamaya leaks” hay documentos de la Fiscalía —a los que tuvo acceso La Liga— que evidencian el sangriento modus operandi de Los Costeños. Según los informes filtrados, ya en 2014 al componente sicarial de esta banda se le atribuían al menos unos 500 asesinatos. En 2021 Los Costeños se lucraban del microtráfico, de hacer vigilancia en barrios y de cobros por vigilancia de caletas. Además, recogían $50.000.000 semanales por las extorsiones que llevaban a cabo en los barrios Barlovento y Barrio Abajo, y el mercado (en Barranquilla) y el municipio de Soledad. De esa cantidad, $20.000.000 iban para Digno Palomino (en ese momento aún no se había producido la ruptura con ‘Castor’) y el resto para la organización. 

Un joven colombiano de 21 años, migrante retornado desde Venezuela contó, en un interrogatorio policial de abril de 2021, que empezó en Los Costeños llevando a cabo hurtos y vendiendo estupefacientes, pero después empezó a cometer homicidios. “Ellos me dan el fierro y ponen la moto. El sueldo es de $450.000 que pagan el día 20 de cada mes”, dice su relato. Y continúa: “A mí me dieron la orden de matar a Alvarito porque ese cole era del Clan del Golfo y quería montarse en Soledad para ganar territorio. Yo sé que este año, con la pistola que maté a Alvarito han matado como a seis personas. No me sé los nombres porque a uno le dan la orden de matar y no preguntamos nada más”. 

Un breve resumen de la historia de Los Costeños, documentada en los informes que filtró Guacamaya, indica que esta organización surge de la fractura de la banda Los Rastrojos (heredera del Cartel del Norte del Valle), que tenía sede en la Costa Caribe, estaba “poderosamente armada” y tenía una gran capacidad de exportación de cocaína. Barranquilla era su centro de operaciones. 

El antecedente de Los Rastrojos fueron Los Nevados, al mando de los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel, narcotraficantes conocidos como los mellizos Mejía Múnera. Luego de que Víctor Manuel fuera abatido en un operativo de la Policía en 2008 y tras la captura días después de Miguel Ángel, la organización quedó en manos de Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’, capturado en Venezuela en junio de 2012 y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2013. 

Fueron los hermanos Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna, alias ‘los Comba’, antiguos sicarios del Cartel del Norte del Valle, quienes asumieron el mando,  expandieron a Los Rastrojos e iniciaron la exportación de cocaína desde los puertos sobre el río Magdalena, lo que a la postre convertiría a la capital del Atlántico en un eterno escenario de enfrentamientos entre grupos criminales.   

Tras la entrega de los Calle Serna a las autoridades comenzó la escisión de Los Rastrojos. Por un lado, estaban Los Rastrojos Caleños o vallunos, liderados por Javier Insignares Toro, alias ‘J.J.’ Y, por otro, Los Rastrojos Costeños, de los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré Barreto. Todos, desmovilizados de las autodefensas. Fueron estos últimos quienes reclutaron a delincuentes comunes y pandilleros de Barranquilla, incluidos ‘Castor’ y Digno Palomino. 

Sobre los hermanos Borré Barreto pesan más de 700 homicidios.  A pesar de las acusaciones en su contra, Brayan está en libertad por vencimiento de términos, pero junto a Juan Manuel enfrenta varios procesos judiciales. En una declaración este aseguró que Los Rastrojos Costeños tuvieron vínculos con los políticos Iván Name Vásquez, David Name Cardozo y Yahir Acuña, que derivaron en compra de votos y asesinatos.

La caída de los Borré Barreto en 2014 catapultó a ‘Castor’ y a Palomino a la cúspide de la pirámide criminal. Lo primero que hicieron los nuevos líderes de la organización fue desterrar el nombre de Rastrojos y convertir al grupo en Los Costeños, a secas. La ruptura entre estos dos compinches del bajo mundo se dio, según los documentos de la Físcalía en poder de Guacamaya, cuando ‘Castor’ ordenó el ingreso de Dionisio Frías Castilla, alias ‘Gordo 40’, antiguo jefe de la banda rival Los 40 negritos en Los Costeños, algo que rechazó Palomino e hizo que comenzara un distanciamiento que se convertiría en una guerra frontal que ha dejado cientos de muertos.

El anuncio de esta ruptura se hizo oficial en un video que circuló en mayo de 2022, en el que unos encapuchados no solo comunican la expulsión de Palomino, sino la del ‘Gordo 40’, a quien acusan, junto a aquel, de hacer acuerdos con el Clan del Golfo. En ese video también señalan al abogado Isaac Urueña, conocido como ‘el mono Urueña’ o ‘el Señor de las Gafas’ de ser el encargado político del Clan del Golfo y de manejar a empresarios, políticos, jefes de estaciones de Policía, personal del Gaula y altos mandos de la Fiscalía como Rodrigo Restrepo Reyes, fiscal especializado.

La Liga consultó a la Fiscalía sobre los señalamientos contra el funcionario Restrepo Reyes, pero desde la seccional Atlántico respondieron que no tienen conocimiento de estos hechos. Restrepo se desempeña actualmente como delegado ante los jueces del circuito especializado. Las fuentes de la Policía que consultó esta alianza aseguran que las sospechas que recaen sobre Restrepo y otros funcionarios de la Fiscalía en esta región han hecho necesario el traslado de procesos a Bogotá.

Así ocurrió con el sonado caso de la familia Vega Daza, un clan que se había convertido en una poderosa oficina de cobros, una empresa criminal con tentáculos en la política y el sector de la vigilancia que ofrecía seguridad a narcos. Además, había incursionado en la legalización de tierras robadas, supuestamente mantenía alianzas con Zulma Musso, alias ‘La Patrona’ y manejaba notarios y medios de comunicación locales a través de terceros, lo que hizo que durante un tiempo tuviera bajo perfil. 

Al patriarca, Rafael Julio Vega Cuello y a dos de sus hijos los masacraron en junio de 2023 en una operación de alto calibre en su mansión de Villa Campestre, una zona residencial de clase media alta al norte de Barranquilla. Ese día aparecieron pintadas que celebraban la muerte del clan y fuegos artificiales que sorprendieron a los vecinos de la zona. El último sobreviviente, Roberto, cayó en Valencia, España, el pasado febrero.  

Un investigador de la Policía que pidió no ser identificado asegura que el cuidadoso y sofisticado operativo de Villa Campestre fue obra de varios narcos que se reunieron para quitar del medio a Los Vega. Los sicarios habrían llegado desde Venezuela a través de Maicao, en La Guajira. “Los Vega se habían vuelto demasiado violentos y mataban al que les daba la gana. Además, tenían un gran andamiaje empresarial y habían cooptado a la rama judicial”, dice.

“Ha sido muy difícil investigar en la Costa. Tenemos a un juez que dejaba en libertad a Los Costeños, nos tocó sacar órdenes de captura por otra ciudad por las sospechas contra la Fiscalía. Desde el momento en el que se abre una noticia criminal estás expuesto. Estamos ante estructuras muy poderosas y eso también genera miedo en Barranquilla”, asegura este investigador. Fulminados los Vega, Los Costeños se hicieron con todos sus negocios. La guerra sigue.

La expansión del Clan

Un informe de la Fiscalía fechado en abril de 2022 establece que desde el 2015 se ha tenido registro de la presencia del Clan del Golfo en el Atlántico, primero en el barrio Las Flores y después en el municipio vecino de Puerto Colombia. A pesar de la evidencia, tanto las autoridades como sucesivos alcaldes y gobernadores de la casa Char, se han empeñado en negar su rastro. En el 2021 la presencia del Clan ya se notaba en 13 de los 23 municipios del departamento, dividido en cuatro zonas de control: Barranquilla, Puerto Colombia, Sabanalarga y Luruaco y Juan de Acosta y Piojó. El autor del informe destaca que en esta última población “la gente solía morir de vieja”, hasta que llegó el Clan.

El académico e investigador Luis Fernando Trejos sostiene que el sur del Atlántico se convirtió en la puerta de entrada de la droga proveniente del sur de Bolívar, donde hay evidencia de grandes extensiones de cultivo y procesamiento de coca. Las AGC, dice Trejos, utilizan Repelón, Manatí, Santa Lucía y Suan como rutas para trasladar los cargamentos por Sabanalarga y Luruaco hasta la zona costera: “Toda esa franja es de ellos: Puerto, Tubará, Juan de Acosta. Ahí son amos y señores. También es de ellos Sabanalarga, en el centro. La zona en disputa es la franja oriental, con Soledad y Malambo como epicentro del caos”, explica.

Sabanalarga y Luruaco se han convertido en ubicaciones estratégicas, centros de operaciones para esta organización, que no solo exporta toneladas de cocaína, sino que ejerce la extorsión, que en 2022 llenaba sus arcas con más de $200.000.000 mensuales, según los documentos de Guacamaya. Desde la Defensoría del Pueblo constatan el fenómeno de expansión del Clan del Golfo. El pasado 12 de agosto varios sectores de Barranquilla amanecieron con banderas alusivas al Clan en una clara muestra de su presencia en la región, aunque la hegemonía sigue siendo de Los Costeños. “Hemos encontrado que en municipios del sur el Clan está utilizando fincas como bodegas de armas y también como refugio. Son lugares que utilizan para bajar el perfil cuando la situación se pone muy caliente”, asegura una investigadora que pidió no ser identificada por seguridad. 

El círculo de la violencia

Mientras el crimen organizado extiende su influencia por el departamento, en los barrios más vulnerables de Barranquilla crece la desesperanza. Estas zonas son el caldo de cultivo para los grupos criminales, siempre a punto de estallar en violencia. En el cinturón de la calle 17, bandas de jóvenes, que empiezan como simples pandillas de barrio, se transforman en estructuras al servicio de ‘los duros’. Tan solo en Rebolo, un investigador que pidió no revelar su nombre, ha documentado 13 pandillas, algunas de las cuales ya han mutado. 

Las historias de pelaos que  aprovechan la lluvia para enfrentarse con grupos rivales son comunes. Lo que empieza con piedras y palos, termina a plomo. En el sur del Atlántico, entre Candelaria y Manatí, la Defensoría del Pueblo ha registrado centros de entrenamiento y unos 14 casos de reclutamiento de jóvenes. “Amenazan a las familias cuando se los llevan. Los parientes no denuncian, se van”, explica la investigadora que pidió no ser identificada.

En La Chinita suelen contar que este barrio nació hace 40 años y que era un terreno de hortalizas cultivadas por ciudadanos chinos. Con el tiempo se convirtió en una invasión que aún hoy continúa sumida en el atraso y el abandono. Cuando llueve, las aguas fétidas del caño de la Ahuyama inundan las calles. La miseria, aquí, es el pan de cada día. 

“Nos sentimos intimidados, amenazados. En la Barranquilla de los barrios populares que no muestran al mundo, la Barranquilla oculta, nos toca convivir con los buenos y con los malos. Cada día cierran más negocios porque las extorsiones los ahogan. Hasta los vendedores de pan, de empanadas, de salchipapas, toda la gente que vive del rebusque y la informalidad tiene que pagar. Quien denuncia está propenso a que lo maten. Por eso nos callamos. Es mejor dejar que las cosas pasen y hacerse el de la oreja sorda”, concluye un líder vecinal.