Periodismo para seguirle el rastro a la plata pública

La atención ciudadana en Cartagena está centrada, por estos días, en una alianza público privada (APP) para la ampliación del Corredor Portuario y la construcción de la Quinta Avenida de Manga, que firmó el alcalde encargado Pedrito Pereira el pasado 16 de diciembre, a dos semanas de dejar su silla en el Palacio de La Aduana.

Aunque ese macroproyecto -que no requiere inversión de recursos públicos- es necesario para la capital turística de Colombia, ha sido rechazado por algunos sectores de la ciudad porque incluye el pago de peajes internos por unos 30 años a la empresa KMA, encargada de los trabajos y del mantenimiento de la infraestructura, que contempla la construcción de 15 puentes peatonales y la intervención de 46.6 kilómetros de vías.

Esa controversia tiene una influyente voz: la del alcalde electo William Dau quien anunció, desde su cuenta de Instagram y tan pronto Pereira hizo pública su decisión, que hará “todo lo posible” por tumbar ese “atentado” en contra de los cartageneros una vez se posesione el 1° de enero.

En paralelo, Cartagena también debate sobre la concesión de alumbrado público y las obras de protección costera.

La concesión se vence el próximo 3 de enero y ha sido criticada por la ciudadanía desde su firma en 1998, debido a la débil iluminación en gran parte de las calles y a la falta de inversión en luminarias. Detrás de esa prórroga hay otro pulso político porque el alcalde Pereira es partidario de un otrosí que amplíe la concesión por nueve años más, mientras que el electo Dau no solo rechaza una adición superior al año, sino que amenaza con “armar la gran pelotera” si su predecesor le deja firmado un contrato por más tiempo.

El otro proyecto que genera controversia en Cartagena son las obras planeadas para mitigar la erosión de una parte de sus playas y proteger el patrimonio histórico. El contrato, a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo, está en etapa de inscripción de proponentes y cuesta $181 mil millones, de los cuales la Nación aporta  $121 mil millones y el Distrito el resto.

Tres macroproyectos que seguirán avivando el debate cartagenero este 2020 venidero y demandando un ejercicio periodístico investigativo, en una ciudad llena de elefantes blancos y en alto riesgo de corrupción, según los índices de transparencia realizados por la ONG Transparencia por Colombia. Una realidad que no es exclusiva de esta capital ni de la región Caribe.

Ante el doble reto de hacer público lo público y de aportar valor agregado a la discusión ciudadana, nace La Contratopedia Caribe. Un medio de comunicación, fundado con recursos propios por los periodistas Tatiana Velásquez y Antonio Canchila, que le apuesta al cubrimiento de la contratación para que los contribuyentes puedan saber cómo sus gobernantes ejecutan la plata pública. En su primera fase cuenta y le da rostro a los contratos entregados por la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar.

Este ejercicio periodístico nace en una Cartagena que suele acaparar la atención nacional e internacional por su patrimonio histórico, pero cuyo funcionamiento administrativo siempre necesitará más reflectores debido a su inestabilidad gubernamental, que ya suma 11 mandatarios entre encargados y elegidos por voto popular, en menos de una década. 

La Contratopedia también nace en tiempos de turbulencia mediática porque la revolución digital movió los cimientos del tradicional modelo de negocio de la prensa, altamente dependiente de la publicidad y la pauta oficial.  

Pese a toda esa incertidumbre, está más vigente que nunca el rol del periodismo como garante de los derechos ciudadanos y de guardián contra los excesos del poder.  Nativos digitales como La Silla Vacía, El Faro, Armando Info y Chequeado son solo un puñado de las iniciativas que se multiplican en Latinoamérica y evidencian cómo hay periodistas dispuestos a apostarle a nuevas narrativas, agendas y modelos de negocio innovadores, sin sacrificar su compromiso con la verdad ni su pacto de respeto con las audiencias. 

Inspirados por esa primera ola de nativos digitales que han demostrado excelencia periodística y, especialmente, guiados por el camino que abrió La Silla Caribe en esta región, La Contratopedia le hará seguimiento a la plata pública porque:

• Los ciudadanos tienen derecho a saber adónde van a parar sus impuestos.
• Lo público debe ser público y no debe manejarse como un asunto privado que deje por fuera de la conversación a los ciudadanos.
• Quienes ejecutan la plata pública deben tener rostro.
• La corrupción en la contratación pública dejó, los últimos cuatro años, pérdidas cercanas a los 14 billones de pesos en Colombia, según la Contraloría General.
• La corrupción es cada vez más sofisticada y las redes de cooptación de los recursos públicos se multiplican por todo el país.
• El mal manejo de los recursos públicos es, en parte, el origen de los problemas de desigualdad social que vive Colombia.

La Contratopedia le apunta a un ejercicio periodístico de buena fe, dispuesto a reconocer sus errores y a no disfrazar de periodismo la apología al poder ni las relaciones públicas. En últimas, creemos que el periodismo es una vocación, ejercida por profesionales que sueñan con mejorar su entorno con su pluma. Basados en estas premisas emprendemos este viaje.

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