La buena hora de la hija de Vargas Lleras con las administraciones charistas

Una fundación del círculo familiar del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, principal aliado nacional de los Char, ha recibido desde 2021 $1.727 millones en contratación pública de los gobiernos de Alejandro Char y Elsa Noguera, reveló el portal corrupcionaldia.com, con recursos distritales y departamentales de seguridad.

Se trata de la Fundación Vive Bailando y Soñando, dirigida por Clemencia Vargas Umaña, hija de Vargas Lleras, con quien los Char tienen una sólida alianza política desde hace al menos dos décadas. 

Gracias a esos acuerdos, Elsa Noguera fue la fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras en su fallida campaña a la Presidencia de 2010 y el charismo obtuvo burocracia nacional durante los dos gobiernos de Juan Manuel Santos, empezando por el nombramiento de Alejandro Char como alto consejero para las regiones y la participación ciudadana.

Vive Bailando y Soñando es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene academia en Bogotá y desde hace 10 años usa el baile como instrumento pedagógico para desarrollar programas en todo el país, con financiación pública, privada y de organismos de cooperación internacional.

Por cuarto año consecutivo recibe plata pública del Atlántico para prevenir la violencia juvenil. Esos contratos han despertado ampolla en Barranquilla debido a sus evidentes conexiones políticas, dejando por fuera a las escuelas locales de danza, y por tratarse de recursos de seguridad, punto álgido en una capital con la criminalidad disparada desde hace meses y en un departamento donde el crimen organizado se ha ido expandiendo a municipios con poco historial de violencia.

Antes de convertirse en contratista público en Atlántico, Vive Bailando y Soñando había ejecutado programas en Barranquilla con el apoyo de empresas privadas.

Los contratos con la fundación de Vargas

El contrato público más reciente que la Fundación Vive Bailando y Soñando firmó en Barranquilla se lo entregó a dedo la administración de Alejandro Char, en mayo pasado, por $416.500.000, con recursos del Fondo de Seguridad. 

Ese  fondo se financia, entre otros rubros, con el 5% de contribución que pagan los contratistas de obra pública en Barranquilla y debe invertirse en dotación policial y programas que ayuden a combatir y prevenir el crimen.

Hasta noviembre próximo, el Distrito implementa una estrategia pedagógica que combina baile y 30 talleres sobre autoestima y resolución de conflictos para promover la sana convivencia en Villas de La Cordialidad y Villas de San Pablo, en la Localidad Suroccidente, y Las Gardenias, en la Localidad Metropolitana.

 

 

 

 

 

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok, ktorý zdieľa Vive Bailando Social (@vivebailando)

En esos barrios, además de la pobreza, existen barreras invisibles impuestas por las pandillas y enfrentamientos frecuentes entre niños y jóvenes, que ocupan los titulares de la prensa local en temporada de lluvias o cuando hay disputas con la Policía. 

El pasado lunes, por ejemplo, la Policía se enfrentó a un grupo de habitantes de Las Gardenias tras acudir a detener una riña y capturar al señalado agresor. Los uniformados fueron perseguidos por un grupo de jóvenes que les lanzaron piedras en un intento por impedir la captura. En respuesta, los agentes dispararon para dispersar a los atacantes y salir del conjunto residencial con el detenido.

El supervisor del contrato de baile para ese barrio, Villas de San Pablo y Villas de La Cordialidad es Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de Barranquilla. 

En el estudio previo para este proceso, Turbay justificó la selección a dedo de Vive Bailando y Soñando por tratarse de una prestación de servicios profesionales, con una organización que tiene la experiencia requerida para el objeto de la contratación, sin necesidad de competencia.

Ese mismo funcionario fue el responsable de los tres contratos que Vive Bailando y Soñando se ganó durante la administración de Elsa Noguera (2020-2023). Allí se desempeñó como secretario del Interior del Atlántico, una movida habitual del charismo desde que está en el poder local: rotar a los miembros de su movimiento por las distintas administraciones distritales o departamentales.

Esos tres contratos que Vive Bailando y Soñando firmó, entre 2021 y 2023, sumaron $1.873 millones para mitigar la conflictividad juvenil en los municipios. El gobierno departamental los entregó bajo el ​​régimen de contratación especial, después de haber abierto convocatorias sin recibir manifestaciones de interés.

Esas invitaciones, publicadas en el sitio web de la Gobernación, tuvieron plazos de entre tres y 14 días, y en todas Vive Bailando y Soñando ya había presentado propuesta previa. 

En 2021, por ejemplo, la convocatoria abrió el 14 de septiembre a las 6:26 pm y seis días después, el 20 de septiembre, el secretario Turbay ya certificaba que no existía ninguna otra entidad privada sin ánimo de lucro interesada.

En 2022 la convocatoria abrió el 19 de enero a las 5:40 pm y Turbay expidió la certificación tres días después, el 22 de enero. Y en 2023 el plazo fue mayor a una semana, pues la convocatoria abrió a las 4:40 pm del 31 de marzo y Turbay expidió la certificación el 14 de abril. 

Como los tres procesos incluyeron contrapartidas del 30%, la Gobernación desembolsó $1.311 millones y la fundación puso los restantes $562.014.858.

Según los presupuestos aprobados por la Gobernación, Vive Bailando y Soñando cubrió los honorarios de una parte de su equipo (líder, coordinador, gerente administrativo), el diseño pedagógico de los talleres, la identidad gráfica, la producción audiovisual y el sistema de evaluación.

Aunque la Gobernación exigió evidencias de dichos recursos, que la fundación respaldó con certificaciones bancarias y de revisores fiscales, las contrapartidas en este tipo de proyectos no siempre requieren que el contratista desembolse dinero, pues puede ofrecerlas en especie. 

Por ejemplo, el conocimiento acumulado o el trabajo del equipo, cuyos honorarios están cubiertos por otros fondos total o parcialmente, se consideran contrapartidas.

Los $1.311 millones que el gobierno de Elsa Noguera desembolsó para los tres contratos fueron recursos de la tasa de seguridad, un impuesto que los atlanticenses pagan mensualmente a través de su recibo de energía, de acuerdo con su estrato socioeconómico, en el caso de los residenciales, y según el rango de consumo, para los sectores comercial e industrial.

Con esos tres contratos, la Gobernación ejecutó el programa departamental Baila la Gente, al ritmo de la convivencia, que impactó a 1.800 jóvenes, entre los siete y 18 años de edad. En noviembre de 2021, la entonces gobernadora Noguera lo inauguró en el municipio de Tubará. 

En su primer año, Baila la Gente también llegó a Puerto Colombia, Baranoa, Soledad, Malambo y Santo Tomás. Durante los siguientes dos años, entre 2022 y 2023, cubrió a jóvenes de Polonuevo, Malambo y Galapa. 

Extraoficialmente, La Contratopedia Caribe supo que el actual gobierno departamental de Eduardo Verano no contratará a Vive Bailando y Soñando porque tiene otras estrategias para mejorar los procesos de convivencia en los municipios.

La crisis de la cultura local 

Desde que el portal corrupcionaldia.com publicó la existencia de los contratos de Vive Bailando y Soñando, hay una pregunta recurrente en redes sociales y chats privados: si su directora ejecutiva y representante legal, Clemencia Vargas, no fuera la hija de Germán Vargas Lleras, ¿hubiese podido contratar con las administraciones de los Char, aliados políticos de su padre, como lo viene haciendo desde 2021?

“¿Acaso su fundación habría conseguido contratos tan jugosos en tan poco tiempo? La respuesta es obvia: no. Las más de 30 academias de baile locales deben estar preguntándose cómo es posible que una organización foránea, sin arraigo en la región, se haya llevado contratos millonarios mientras ellas, que conocen mejor las necesidades locales, se quedan con las manos vacías”, publicó el portal.

Y a la crítica por el parentesco de la representante legal de la fundación con Vargas Lleras se suma la agónica situación del gremio cultural en Atlántico.

Un hacedor del Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, cuestionó la falta de recursos que les impide a los protagonistas de las fiestas vestir mejores atuendos durante los desfiles.

Mientras los hacedores del carnaval de B/quilla, tenemos los mismo disfraces arapientos, la @Gobatlantico y @alcaldiabquilla asignan a hija de @VargasLlerasG la suma de $2291 millones para que @ViveBailand0 de Bogotá enseñe a bailar a Barranquilleros. @petrogustavo @mincultura

— Isloma66 (@isloma66) September 25, 2024

Ya el año pasado un grupo de artistas había denunciado la desfinanciación del Portafolio de Estímulos para apoyar el fomento, creación, investigación, formación y gestión de productos culturales en Barranquilla. 

El País también recordó el cierre de los principales museos de la ciudad, por “presupuestos inciertos, ingresos degradados y la falta de apoyo distrital”.

Y en diciembre pasado, un grupo de gestores, hacedores e investigadores culturales de Barranquilla y del Atlántico les enviaron a los entonces electos Alejandro Char y Eduardo Verano una carta pidiéndoles “una reingeniería profunda ante la crisis que atraviesa la cultura local y departamental desde hace varios años”.

Por lo pronto, mientras son limitados los recursos de la Secretaría de Cultura para las organizaciones artísticas locales, una fundación foránea como Vive Bailando y Soñando no necesita competir para asegurar la financiación de sus proyectos en Barranquilla. De hecho, sus fondos provienen del presupuesto de seguridad distrital.