La apuesta (no infalible) de Dau para blindar la plata pública en su arranque de Gobierno

La administración de William Dau anunció que esta semana empezó a prestarse el servicio de vigilancia en las escuelas públicas de Cartagena con órdenes de prestación de servicios (OPS), mientras contrata a una empresa de seguridad privada a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. El gobierno hizo ese anuncio tras descartar, hace un par de semanas, los borradores de pliegos que dejó la administración de Pedrito Pereira.

El gobierno Dau también acudirá a la Bolsa Mercantil para contratar, antes de marzo, el programa de alimentación escolar (PAE), por $22.989 millones, que debe entregar meriendas y almuerzos durante el primer semestre del año en los colegios cartageneros.

La selección de los operadores del PAE y la vigilancia, a través de la Bolsa Mercantil y no de la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía, hace parte de una anunciada estrategia de esta administración, en su arranque de gobierno, para intentar blindar la plata pública de contratistas cuestionados.

Especialmente, porque la lucha anticorrupción ha sido el ‘caballito de batalla’ de Dau desde su inicio de campaña.

Las razones que llevaron a la Bolsa

Esa estrategia de blindaje, con contrataciones a través de la Bolsa, tiene cinco razones detrás, algunas, incluso, no reconocidas en público por la Alcaldía, pero conocidas extraoficialmente por La Contratopedia.

La primera razón son las dudas que le despertaron a esta administración y a varias veedurías los borradores de los pliegos publicados por el gobierno de Pereira. Tanto que estas organizaciones los señalaron de estar hechos a la medida o con amarres.

Los del PAE, por ejemplo, llegaron a tener varios cuestionamientos debido a la exigencia de títulos especializados al operador, como posgrados en seguridad alimentaria y nutricional, y una flota de carros muy específica, que incluía 20 camiones tipo furgón con capacidad mínima de 1.5 toneladas, modelo 2018, con refrigeración y congelación, y dos lanchas para el transporte de alimentos hacia las escuelas en las islas. 

Esos requisitos terminaban limitando la participación de las empresas interesadas, sin que existan pruebas del impacto de esas condiciones tan particulares en la calidad del servicio.

Mientras que el proceso de vigilancia sumó 23 observaciones, la mayoría pidiendo modificar ciertos requisitos que atentaban contra la pluralidad de oferentes y favorecían al operador de los últimos años: la empresa bogotana Seguridad Oncor Ltda.

Entre las exigencias más cuestionadas de ese contrato estaban la presentación de un certificado de afiliación a la red de apoyo de la Policía, documento que esa institución no está expidiendo; la vinculación de 400 guardias certificados por el Sena en seguridad en entidades oficiales, y el pago de los parafiscales hasta el día cinco de cada mes, pese a que las fechas de pago máximas permitidas en Colombia están hasta el día 16 según los dos últimos dígitos del NIT de las empresas.

Ante esos cuestionamientos, el exalcalde Pedrito Pereira le dijo a La Contratopedia que no acepta el calificativo de pliegos amarrados porque cuando estos están en borrador, como fue el caso de los que su administración dejó para contratar el PAE y la vigilancia escolar, son comunes las observaciones de distintos actores, evidencia del interés de los privados por contratar con la Alcaldía. Especialmente, dijo, porque los mueve la intención de adaptar a sus posibilidades las condiciones de los procesos.

“Los proyectos de pliego pueden ser objeto de cualquier tipo de modificación, en este sentido lo que corresponde a la administración es analizar cada una de las observaciones y ajustar los pliegos de conformidad a lo que consideren”, precisó Pereira.

La segunda razón tiene que ver con la desconfianza que al alcalde Dau le generan ciertos funcionarios de la Alcaldía. Incluso en enero pasado manifestó, abiertamente, su descontento y publicó en su perfil de Instagram un listado de supuestas cuotas de caciques políticos de Bolívar (William Montes, Hernando Padauí, Juan José García y Antonio Quinto Guerra) en la Secretaría de Hacienda. 

Ese listado, ya borrado, lo acompañó de una invitación masiva: les pidió a los ciudadanos ayuda para verificar si esos vínculos eran ciertos. Dicha publicación le valió críticas por exponer a los funcionarios sin pruebas y una orden judicial de retractación por dos nombres de ese listado.

Una tercera razón de la administración para acudir a la Bolsa está en la debilidad institucional de la Unidad Asesora de Contratación, pues esa dependencia aún no tiene un director en propiedad.

La cuarta razón obedece a los tiempos: los procesos son más rápidos y toman menos de un mes en la Bolsa, a diferencia de una licitación pública que desde la publicación de los borradores de los pliegos hasta la audiencia de adjudicación puede extenderse hasta por tres meses. 

Y la quinta razón tiene que ver con los servicios adicionales que la Alcaldía espera ganar en cada proceso: en el de vigilancia, por ejemplo, las ayudas tecnológicas son la apuesta de valor agregado. Ganará el oferente que, además de garantizar la prestación del servicio de vigilancia en las escuelas, oferte el mejor paquete de cámaras de seguridad y sensores de metales, le dijo a La Contratopedia Diana Martínez, secretaria General de la Alcaldía.

Un blindaje con fisuras

Aunque con su decisión de contratar a través de la Bolsa Mercantil dos de los contratos más millonarios en su arranque de gobierno Dau busca garantizar pluralidad de oferentes y transparencia,  no es una apuesta infalible ni novedosa. Ya los gobiernos por encargo de Yolanda Wong y Pedrito Pereira hicieron uso de la Bolsa y en ambas contrataciones el operador del PAE no estuvo libre de ruidos.

En 2018, cuando el seleccionado por la Bolsa fue Unión Temporal Cartagena 2018, las manipuladoras denunciaron pagos de $10.000 por día laborado, pese a que algunas de sus jornadas superaban las 10 horas. 

El Concejo también denunció ese año alimentos en mal estado y la ausencia de una infraestructura física básica para ejecutar el PAE.

Después, en 2019, cuando el PAE fue adjudicado por la Bolsa Mercantil a la Unión Temporal Nuevo Amanecer, hubo quejas por la impuntualidad de ese operador en el pago de salarios a las manipuladoras de alimentos. Las mujeres denunciaron en octubre pasado no recibir salarios desde hace dos meses, una falla que reconoció la unión temporal y que justificó alegando que la secretaría de Educación del Distrito no había hecho los desembolsos requeridos.

A esas malas prácticas de los operadores se suma el limitado control social que tienen las contrataciones a través de la Bolsa, porque los documentos de cada etapa de la contratación no son públicos por tratarse de información sujeta a reserva bancaria o bursátil. Su acceso, por tanto, se encuentra limitado a sus propietarios o personas autorizadas para ello, al menos que una autoridad competente o juez ordene lo contrario. En cambio cuando es la Alcaldía la entidad contratante, cada etapa del proceso queda registrada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). 

Por esas restricciones de información, Funcicar le recomendó, el 2 de febrero, al Distrito garantizar el acceso a la información no reservada para “facilitar la supervisión del contrato”.

La contratación por la Bolsa

La Bolsa publicó desde el 31 de enero pasado la carta de intención de la Alcaldía de contratar con ellos las 97.135 raciones de alimentos para las escuelas (56.217 almuerzos y 40.918 meriendas) por $22.458 millones, suma que no incluye los impuestos ni la comisión para la firma que representará al Distrito en el Mercado de Compras Públicas de la Bolsa.

Esas raciones de comida, que pueden cambiar según la matrícula oficial, alcanzan a cubrir 76 días de clases. 

Como el contrato está proyectado hasta junio, el Distrito no descarta hacerle un otrosí para evitarse las demoras de un nuevo proceso y garantizar que los estudiantes tengan comida, le dijo a La Contratopedia Diana Martínez, secretaria General de la Alcaldía. La decisión dependerá de los resultados iniciales de este contrato.

Dentro de las condiciones técnicas que plantea la Alcaldía, quien resulte seleccionado como operador del PAE deberá contar con una o más bodegas en Cartagena o pueblos cercanos, una nutricionista, 615 manipuladoras de alimentos, cinco coordinadores de área y un coordinador operativo. 

Ese operador deberá estar seleccionado antes del 2 de marzo, fecha en la que el Distrito prevé empezar a entregar los alimentos en las escuelas porque para entonces las clases ya tendrán un mes de iniciadas. Para ello, la Bolsa Mercantil convoca a una rueda de selección de sociedades comisionistas en el Mercado de Compras Públicas, donde ocurre la puja por el mejor precio.

Ese proceso le genera a la Alcaldía el pago adicional de una comisión, que para la contratación del PAE está proyectado en máximo el 0.3% sobre el valor total de las operaciones que se celebren. Es decir, hasta 69 millones de pesos. Esos recursos solventan los servicios de la firma comisionista que representa al Distrito y todo el proceso hasta la celebración de la subasta.

Esa suma ha sido criticada por los concejales de Cartagena porque, según ellos, termina generándole costos adicionales al Distrito. Sin embargo, podrían ser menores a las posibles coimas y pactos por debajo de la mesa, difíciles de probar pero que han llenado de ruidos las últimas contrataciones del PAE distrital.

Aunque el Distrito anunció desde enero pasado que la vigilancia escolar se contratará por la Bolsa, aún no entrega mayores detalles al respecto. Hasta la fecha no están colgados ni la carta de intención ni los requisitos de ese proceso en el sitio web de la Bolsa.