La Contraloría General de la República la define como el posible daño patrimonial en que puede incurrir un funcionario o un particular al manejar la plata pública.

Para determinar si existe o no responsabilidad fiscal, funcionarios de la Contraloría inician procesos administrativos. Si se determina el daño patrimonial, la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva se encarga de realizar los respectivos cobros para que haya resarcimiento del daño hecho al Estado.