El cuestionado modelo de seguridad de Sincelejo del que Arana piensa replicar “algunos de sus métodos”

Con un agradecimiento público a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció que replicará algunos de los “métodos” de la política de seguridad implementada por ese mandatario desde enero pasado. El componente privado de ese modelo ha sido asociado con las épocas del paramilitarismo.

Quiero agradecer a @YahirAcuna_ , hoy estuvo socializando el modelo de seguridad integral que viene siendo aplicado en la ciudad de sincelejo, con grandes resultados. Buscaremos replicar algunos de sus métodos en municipios del departamento.

Me da alegría que nuestra Región… pic.twitter.com/DXhlfDWUyB

— Yamilito Arana (@YamilHAranaP) September 25, 2024

El 24 de septiembre, a través de su cuenta de X, Arana publicó unas imágenes en las que se ve al secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío Scaff, reunido con el alcalde Acuña en una socialización del “modelo de seguridad integral que viene siendo aplicado en la ciudad de sincelejo, con grandes resultados” (sic).

Scaff Berrío es sobrino del exsenador Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica y cabeza del grupo político al que Arana le debe su silla de gobernador y buena parte de su carrera en cargos de elección popular.

Con la socialización de Acuña, el gobierno de Arana hace llave política con un mandatario investigado por paramilitarismo, legitima un modelo cuestionado por el Gobierno Nacional y deja abierta la posibilidad de réplica en un departamento que aún no cicatriza sus heridas por la violencia paramilitar. 

De hecho, recientes investigaciones académicas advierten que en María La Baja, El Carmen de Bolívar, Zambrano, Córdoba, San Jacinto y San Juan Nepomuceno hay presencia de grupos armados ilegales.  

El cuestionado modelo de Acuña

En enero, al llegar a la Alcaldía de Sincelejo, Acuña prometió enfrentar la ola de criminalidad que golpea a esa capital desde hace más de una década y dejó cerca de 160 homicidios el año pasado, casi el doble de los 89 registrados en 2022, según cifras publicadas por el diario El País.

El mandatario ha apostado por un modelo de seguridad con varias estrategias. La primera tiene que ver con un bloque de búsqueda contra el multicrimen, del que forman parte la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía.

Ese bloque se reúne semanalmente para revisar el estado de la seguridad en la capital sucreña y evaluar las medidas a implementar. 

El pasado 5 de septiembre, el bloque anunció una disminución del 64% de los homicidios ocurridos entre enero y agosto, frente a los del mismo periodo de 2023. “Se han registrado 38 asesinatos, en contraste con los 106 ocurridos en el mismo periodo del año pasado”, detallaron las autoridades en esa rendición de cuentas. 

Parte de esos resultados pueden estar relacionados con otro frente del  modelo de seguridad de Acuña, que promueve pactos de no agresión entre jóvenes integrantes de pandillas o bandas dedicadas al microtráfico y robo en Sincelejo.

Desde marzo, varios de esos jóvenes han empezado estudios en barbería, belleza y mecánica diesel en el instituto de carreras técnicas y tecnológicas Fundetec.

 

 

 

 

 

 

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En algunos sectores de Sincelejo, sin embargo, hay más dudas que certezas frente a esa estrategia. Dos fuentes consultadas por La Contratopedia Caribe, que conocen de cerca la situación de seguridad de esa capital y pidieron no ser identificadas en esta historia, explicaron que hay ruidos por acuerdos no oficiales entre autoridades municipales y bandas delincuenciales, que incluyen el pago de prebendas económicas, a cambio de evitar enfrentamientos por el control de economías ilegales. 

Es decir, existen sospechas de una pax mafiosa como las que han existido en el Sur de Bolívar o Medellín. 

Y es que detrás de las muertes del año pasado, que convirtieron a la capital sucreña en la segunda más peligrosa del país, hubo una guerra entre el Clan del Golfo y los Norteños. 

Esta última es una banda delincuencial local que, según las autoridades, tiene al menos 30 miembros exintegrantes del Clan; desde 2022 controlan rentas que antes pertenecían a esa organización criminal.

De hecho, la Policía le reconoció al diario El País, en abril pasado, que al menos 52 de los 154 homicidios ocurridos el año pasado en Sincelejo se dieron por la guerra entre esos grupos ilegales. Este año el enfrentamiento desescaló. 

Acuña socializa esos resultados en redes sociales, rendiciones de cuentas ante distintos estamentos de Sincelejo y medios de comunicación locales y nacionales. Además, hay decenas de usuarios digitales defendiendo su modelo de seguridad. Varios de ellos, por ejemplo, respondieron a la reciente publicación de Arana.

Pese a que la criminalidad comenzó a caer desde el semestre pasado, Acuña anunció en junio otra estrategia que le duró poco. La tuvo que desmontar después de una avalancha de cuestionamientos a los pocos días de su implementación.

El 15 de junio, hombres armados y vestidos de negro, empezaron a circular en motocicletas por las calles de Sincelejo sin que la ciudadanía conociera su existencia.

Al día siguiente, Acuña anunció que eran unas unidades de vigilancia privada móvil para parques y obras públicas, integradas por 100 hombres que Vipers Limitada había contratado. 

A esa empresa de vigilancia, registrada en la Cámara de Comercio de Montería desde 1993, la administración municipal le adjudicó un contrato por $24.878 millones, en mayo pasado. Se ganó la licitación siendo el único proponente. 

El contrato va hasta finales de 2027, es decir, cuando termine el gobierno de Acuña.

Desde que empezaron a operar, esas unidades de vigilancia móvil despertaron dudas más allá de Sincelejo por evocar a los escuadrones armados que sirvieron de antesala al paramilitarismo en Colombia.

De inmediato, el ministro de Defensa Iván Velásquez le pidió, vía X, que desmontara esa estrategia. “Nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos”, dijo Velásquez.

La alcaldía de Sincelejo debe desmontar de inmediato este “frente de seguridad”, que nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que sufrió sus más graves impactos. pic.twitter.com/POztz33Egr

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) June 19, 2024

Acuña se negó a desmontar sus “frentes de seguridad”, alegando que eran legítimos por estar integrados por civiles, expolicías y exmilitares. 

Sin embargo, el 28 de junio,  la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada les ordenó a los hombres de Vipers Limitada suspender sus patrullajes por las calles de Sincelejo y todas las actividades que implicaran “la conservación y restablecimiento del orden público, convivencia y seguridad”, por tratarse de una “competencia exclusiva de la fuerza pública”. 

Ahora, la Súper investiga a la empresa Vipers, que sigue ejecutando el contrato de vigilancia, pero en puntos fijos asignados por la Alcaldía y sin el uniforme negro, las motos ni las armas con que las unidades móviles salieron a las calles a mediados de junio.

Por lo cuestionado del modelo de seguridad de Acuña, La Contratopedia Caribe le consultó al gobernador Arana qué de toda esa política busca replicar en Bolívar. 

Respondió que su gobierno apenas se reunió con Acuña y adelantó que apunta  a programas sociales con jóvenes en riesgo, para que puedan escoger un “camino diferente al de los grupos ilegales”.

Mientras el gobierno departamental define cómo implementará “algunos métodos” del modelo Acuña para imitar los “grandes resultados” de Sincelejo en los municipios bolivarenses, Arana le hace un guiño a un político cuestionado desde sus inicios.

La sombra paramilitar del alcalde 

Desde que llegó al Congreso de la República en 2010, como representante a la Cámara por las negritudes, el ingeniero sincelejano Yahir Acuña Cardales ha sido vinculado con los paramilitares y señalado por sus relaciones con el grupo político de la fallecida Enilse López, alias La Gata, especialmente por su amistad con su hijo, Jorge Luis Alfonso, condenado por homicidio.

Los primeros señalamientos de vínculos con los paramilitares se dieron por su padrino político, el exgobernador de Sucre Salvador Arana, condenado por apoyar a esos grupos ilegales en ese departamento. 

Acuña ha negado esa relación. Sin embargo,  fuentes conocedoras, según La Silla Vacía, afirman que Arana impulsó la llegada de Acuña al Concejo de Sincelejo antes de que diera el salto nacional como representante. 

Después, de cara a las Legislativas de 2014, Acuña se hizo nacionalmente famoso por las investigaciones de la periodista Laura Ardila, quien documentó cómo conseguía votos a punta de whiskey y plata repartida entre sus potenciales electores. 

A esos ruidos se sumó la versión que dio, en 2012 a la Fiscalía, el exmiembro del Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandado por Salvatore Mancuso, e integrante de ‘Los Rastrojos’ Manuel Borré Barreto, alias Javier o Pistón. 

Según Borré, el grupo del que él formó parte después de la desaparición de las AUC ayudó a Acuña a conseguir votos para su primera aspiración a la Cámara en los municipios sucreños de San Onofre, Tolú, Tolú Viejo y Coveñas.

Por esas presuntas alianzas con paramilitares, en noviembre de 2023, ya electo como Alcalde, Acuña rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por concierto para delinquir. 

En ese mismo caso, el exjefe paramilitar Mancuso compareció en julio pasado ante la Corte para dar su testimonio contra Acuña. 

Antes de llegar a la Alcaldía de Sincelejo, Acuña aspiró en dos oportunidades a la principal silla de Sucre: en 2015 postuló a su esposa Milene Jarava, quien perdió el pulso frente al exgobernador Édgar Martínez.

Dos días antes de esas elecciones, Acuña fue detenido en la vía entre Corozal y Sincelejo transportando $480.000.000 en efectivo en su camioneta. En 2019, la Fiscalía archivó el caso.

Ese mismo año, fue candidato a la Gobernación, pero perdió ante el liberal Héctor Olimpo Esponosa. Por quedar de segundo, ocupó la curul de oposición en la Asamblea hasta el año pasado. 

Está por verse si el gobernador Arana logra replicar algunos aspectos del nuevo modelo de seguridad sincelejano que, más allá de sus resultados, ha sido noticia nacional por las dudas que genera y por quien lo implementa: un alcalde a quien los paramilitares describen como su aliado décadas atrás.