El contrato detrás de la mudanza de la Cárcel de San Diego

Uno de los procesos más dilatados de la última década en Cartagena fue el traslado de la Cárcel para Mujeres de San Diego, que funcionaba en una vieja casona del Centro Histórico de esa ciudad, a punto de colapsar.

Pese a que hace diez años un fallo de tutela le ordenó al Distrito reubicar a las internas en una edificación en mejores condiciones y a que, en junio pasado, la Procuraduría le dio un ultimátum de 24 horas al alcalde Pedrito Pereira, solo hasta este domingo las internas fueron mudadas del barrio San Diego a una nueva edificación.

Tras recibir el visto bueno de la Alcaldía de Turbaco y de descartar posibles irregularidades denunciadas por la comunidad, el traslado se hizo realidad: la cárcel ahora funciona en un terreno que queda en ese municipio, sobre la variante Pozón – Policarpa, a una hora del casco histórico de Cartagena.

El sitio es un edificio que el Distrito le arrendó a la firma Soluciones Integrales e Inversiones Comerciales, Invercom SAS, por un canon mensual de $150.943.894, que asume con recursos propios.

Invercom es una sociedad comercial, matriculada en la Cámara de Comercio de Cartagena desde 2014 e inscrita en el Registro Único de Proponentes desde el 27 de julio de este año. Su representante legal es Luis Fernando De Hoyos Montes. Registra tres empleados y como actividades económicas, el comercio al por menor de productos farmacéuticos, medicinales y de tocador; la organización de convenciones y eventos comerciales, y las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.

La edificación arrendada tiene cuatro pisos, construidos sobre un lote de cinco mil metros cuadrados, con 98 habitaciones con capacidad para dos y cuatro personas, con baños independientes. Inicialmente sería un hotel para transportadores en un sector que se ha caracterizado por la multiplicación de ese tipo de negocios las últimas dos décadas, debido a su cercanía con la terminal de transportes y a vías nacionales de alto tráfico.

Un primer contrato de arrendamiento, celebrado el 15 de octubre pasado, lo firmó el secretario del Interior José Carlos Puello Rubio por $301.887.788, equivalentes a dos meses de arriendo entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

Aunque el traslado de las internas estaba proyectado para el 1 de noviembre, éste solo se pudo dar en diciembre por las adecuaciones de infraestructura que el edificio necesitaba para funcionar como cárcel y exigidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Algunas de esas adecuaciones recomendadas fueron la reducción de los ventanales exteriores, la construcción de garitas para la vigilancia, la instalación de un sistema eléctrico centralizado, tanques de agua elevados para garantizar el agua a las internas, celdas especiales para maternidad y habitaciones para los guardianes.

Por el arriendo de la nueva cárcel, el Distrito solo pagará por los días que restan de diciembre porque una de las cláusulas del contrato establece que el pago será realizado mes vencido, previa entrega de una “certificación de cumplimiento cabal” del objeto de dicho contrato y de una cuenta de cobro presentada por Invercom, en su calidad de arrendador.

Le corresponderá a William Dau renovar ese contrato, desde el 1 de enero y durante los meses que considere prudente, mientras encuentra una solución definitiva para el funcionamiento de la cárcel.

Nota: Después de la mudanza de las internas, esta historia fue actualizada a las 9:30 pm del 22 de diciembre.