Cortocircuitos en gobierno Dau y problemas de planeación retrasaron vigilancia en Cartagena

Desde el pasado 22 de febrero, Cartagena debía tener contratado al operador de la vigilancia escolar de 2023. Sin embargo, dudas por un posible “direccionamiento” de ese millonario proceso terminaron retrasando la selección, que ahora está proyectada para marzo y desencadenando incertidumbre académica en las escuelas públicas, tan solo tres semanas después de iniciadas las clases.

Por la falta de vigilantes y aseadores —a quienes también se les venció el contrato—, los docentes protestaron la semana pasada en la Plaza de La Aduana y convocaron a una parálisis académica hasta que el Distrito contrate la vigilancia y el aseo. 

De hecho, algunas escuelas ya les dieron la instrucción a sus estudiantes de trabajar de manera remota, a través de Whatsapp, las próximas semanas. 

Este lunes 27 de febrero, en al menos 34 escuelas no hubo clases, informó la Secretaría de Educación. El sindicato de docentes calculó la parálisis en un 80% de las instituciones. 

Además de desencadenar interrupciones en las clases, por el contrato de vigilancia salió del gobierno distrital el director de la oficina de Apoyo Logístico Didier Torres, quien argumentó desencuentros con la Unidad Asesora de Contratación (UAC): dijo no estar dispuesto a firmar ese contrato sin el visto bueno de sus asesores.

Mientras que, la semana pasada, el alcalde William Dau aseguró ante un nutrido grupo de maestros y padres de familia que las condiciones de contratación establecidas por el equipo de Torres limitaban la competencia y podrían sugerir una intención de “direccionar el contrato”.

Las declaraciones de Dau, que apuntan a prácticas poco transparentes en su administración, llegan dos meses después de que el mandatario denunció públicamente el cobro de coimas en el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

Más allá de los señalamientos mutuos entre la oficina de Apoyo Logístico y la UAC, este episodio evidencia problemas en la planeación y ejecución de los recursos públicos en Cartagena, que afectan otra vez el calendario escolar durante el gobierno Dau, tal como ocurrió en administraciones anteriores.

Dudas por los requisitos habilitantes

El servicio de vigilancia escolar no está contratado aún por problemas en la elaboración de los requisitos habilitantes de ese contrato, le dijo el alcalde Dau al público que asistió a una rendición de cuentas sobre la educación distrital, celebrada el pasado 17 de febrero en el auditorio de la Institución Educativa Manuela Beltrán.

Al ser indagados sobre cómo avanzaba la selección del operador de la vigilancia de este año, pues el contrato de 2022 estaba próximo a vencerse, la secretaria de Educación Olga Acosta dijo que el Distrito estaba haciendo un esfuerzo por sacar cuanto antes ese contrato, mientras que el alcalde Dau dijo que los requisitos habilitantes eran tan específicos que la Unidad Asesora de Contratación (UAC) no los validó al considerar que limitaban la libre competencia.

Resulta que ese contrato depende de la oficina de Apoyo Logístico, encargada de establecer las condiciones que deben cumplir los privados interesados en presentar sus ofertas para concursar por esa bolsa de recursos, proyectada en $53.019 millones para este 2023: $37.046 para la vigilancia de las escuelas y el resto para garantizar guardias en las sedes administrativas del Distrito.

Esos requisitos pasan por una revisión de la UAC, que debe dar luz verde o devolverlos si aún necesitan ajustes.

Dau manifestó que los requisitos de ese contrato eran tan específicos, que parecían amañados. Estaban dirigidos “para que se las ganara fulano de tal”, aseguró. 

Por ejemplo, en los pliegos iniciales los oferentes debían contar con supervisores contratados, al menos, por cinco años. Es decir, no les bastaba con demostrar que sus empleados tenían suficientes años en el sector de la seguridad y la vigilancia —independientemente, de las empresas donde se hubiesen desempeñado— sino que debían acreditar una antigüedad laboral superior a un lustro.

De esa manera, si una empresa tenía contratado a un supervisor con más de 20 años de experiencia, pero menos de tres en su nómina, quedaba inhabilitada.

Los pliegos iniciales —explicó Dau— también establecían que el oferente debía contar con un taller en Cartagena para arreglar los equipos de vigilancia utilizados por su personal. Una condición que no es imprescindible para la prestación de este servicio, porque las empresas suelen contar con dotación de repuesto o manejar sus propios flujos de reparación con sus sucursales en otras ciudades.

“Nuestros jurídicos decían: ‘No señor, tienen que abrirlos más (los requisitos)’. Cada vez que los jurídicos pedían cambios, se mandaba nuevamente el documento para que hicieran esos cambios y no los hacían sino que cambiaban otras cosas. Fue pasando el tiempo y dije: ‘No más, se hace lo que dicen los jurídicos’”, contó Dau.

El alcalde dijo que prefería que se afectara la prestación del servicio educativo, como en efecto está ocurriendo, a permitir que se “robaran dinero” público. 

Sin mencionarlo, Dau se refirió al exdirector de Apoyo Logístico Didier Torres, pues el alcalde aseguró que “quien estaba manejando” ese proceso decidió retirarse al rechazar las directrices de su equipo jurídico.

Torres, en efecto, se fue del Distrito la primera quincena de febrero y le dijo a El Universal, sin entrar en detalles, que salía por diferencias en la elaboración del contrato de vigilancia. 

“Acá todo el mundo manda y hay muchos roces”, le dijo al medio cartagenero, aludiendo la existencia de cortocircuitos en el gabinete distrital.

A ese medio también le dijo que no quería “armar un show mediático”, al ser consultado por la versión que apuntaba a presiones del alcalde Dau para que firmara el contrato de vigilancia, según las instrucciones de la cartera de contratación.

“Me ocupé de rodearme de un personal idóneo; los mejores y confío plenamente en su criterio. Por lo que no puedo suscribir algo que no hizo mi equipo y no fue avalado por mí. No sé si eso generó molestias al alcalde, pero la contratación pública es delicada y uno responde con su firma”, le dijo el exfuncionario a El Universal.

Solo hasta que Torres salió del Distrito comenzó el proceso de contratación en la Bolsa Mercantil, le dijo una fuente de la Alcaldía a La Contratopedia. 

Ese proceso se está contratando según los lineamientos de la oficina de contratación distrital, desde mediados de febrero.

Vigilantes por OPS; el servicio de aseo aún se demora

Aunque para 2023, Cartagena logró contratar a tiempo y sin interrupciones su Programa de Alimentación Escolar (PAE), no hizo lo propio con los servicios de aseo y vigilancia, igual de importantes para garantizar clases sin traumatismos. 

La selección del nuevo operador de vigilancia le tomará dos semanas más al gobierno Dau. La Alcaldía informó que el 13 de marzo ya debe estar escogido el nuevo contratista.

El operador llegará tres semanas después de la fecha prevista: debía estar en las escuelas desde el pasado 22 de febrero, pues el 21 se venció el contrato con la empresa Cooviam, escogida por la Alcaldía en 2022 a través de la Bolsa Mercantil.

A diferencia de años anteriores, para este 2023 la Alcaldía contaba con vigencias futuras aprobadas por el Concejo para contratar desde diciembre pasado y evitarse los actuales traumatismos en las aulas.

Mientras contrata al operador de vigilancia, la Alcaldía informó que desde esta semana comenzarán a llegar a las aulas vigilantes vinculados a través de órdenes de prestación de servicios: serán 530 contratos por un mes, para garantizar la seguridad en las escuelas y las oficinas distritales. 

En cuanto al servicio de aseo, las escuelas lo tuvieron garantizado hasta el domingo 26 de febrero con la empresa Brillaseo, contratada por la Alcaldía en 2022 a través de un acuerdo marco de precios en la Tienda Virtual del Estado, a cargo de Colombia Compra.

La selección del operador de este año comenzó tarde (el 30 de enero en la Bolsa Mercantil) porque en la Tienda Virtual no había un acuerdo marco con precios actualizados a 2023 para el servicio de aseo, en enero pasado. Aún no lo hay.

El acuerdo marco es un contrato entre Colombia Compra Eficiente, representante de los compradores públicos, como la Alcaldía de Cartagena, y los proveedores (las empresas) para adquirir bienes, obras o servicios estandarizados.

De esa manera, a las entidades públicas se les facilitan sus procesos de contratación porque pueden comprar a buenos precios y en poco tiempo. Y además, se disminuyen las posibilidades de contratos amañados.

La rueda de negociación en la Bolsa Mercantil está programada para el 7 de marzo. Por tanto, las escuelas distritales también estarán sin aseo las próximas semanas.

La Alcaldía le informó a La Contratopedia que ese servicio debe estar en las escuelas, por tarde, la segunda semana de marzo.