Clan del Golfo opera en 10 municipios de Montes de María

Desde este jueves, los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba han sentido el rigor de un paro armado de cuatro días decretado por el Clan del Golfo. 

El accionar de los ilegales deja hasta ahora unos 20 vehículos incinerados en esta región, casas y colegios marcados con las siglas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se autodenominan), pueblos desolados y comunidades confinadas.

Las acciones se dan como parte de una retaliación por la extradición a los Estados Unidos de Dario Antonio Úsuga, alias Otoniel, máximo líder de ese grupo al margen de la ley.

Por segundo día consecutivo, hay zozobra y temor en varias comunidades de Bolívar, Sucre y Córdoba.

🆘 Muchas de esas poblaciones tienen sus calles vacías. pic.twitter.com/bgf7DxlHNP

— La Contratopedia Caribe (@LaContratopedia) May 6, 2022

Los pueblos de los Montes de María han sido los más afectados. Más allá de lo que han sentido esas comunidades esta semana, en esa región el Clan del Golfo opera desde hace tiempo. En algunos municipios, incluso, con hombres que caminan armados por la zona rural.

Así lo revela el libro Mapas y factores de riesgo electoral, elecciones nacionales 2022, publicado por la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) en febrero de 2022.

Para entender la complejidad de la situación, La Contratopedia publica un extracto del capítulo Los Montes de María: El recrudecimiento de la guerra en el pos acuerdo, escrito por los investigadores Armando Mercado y Orlando Higuera.  

Patrullajes nocturnos a pie, en moto o camioneta

Si bien Montes de María es considerada tanto por el Gobierno Nacional como por las autoridades departamentales y locales una zona en posconflicto, para buena parte de los líderes sociales y comunidades la situación no es tan clara. 

Aunque reconocen la reducción en la intensidad del conflicto armado, en comparación con los años comprendidos entre 1996 y 2005, afirman que todavía falta más presencia del Estado en lo que respecta a provisión de bienes públicos, garantía de derechos y la reactivación económica. 

Además, las amenazas a líderes sociales, la presencia de grupos armados organizados y los conflictos sobre la tenencia de la tierra entre terratenientes y campesinos continúan plenamente vigentes.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo, están presentes en 10 de los 15 municipios que conforman la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CTEP) de los Montes de María, según entrevistas realizadas en terreno e información suministrada por el Grupo Técnico de Mapa de Riesgo de la Misión de Observación Electoral. 

(Las CTEP son fruto del Acuerdo de Paz con las Farc. Son 16 curules adicionales que tendrá la Cámara de Representantes, durante los períodos 2022-2026 y 2026-2030, escogidas en los 167 municipios más afectados por la violencia en Colombia).  

En el lado bolivarense la presencia operan en los municipios de:

• María La Baja
• El Carmen de Bolívar
• San Jacinto
• San Juan Nepomuceno
• Córdoba
• Zambrano. 

Mientras que del lado sucreño están en:

• San Onofre
• Tolú Viejo
• Ovejas
• Colosó. 

Las AGC realizan una fuerte presencia tanto en la zona rural como en la zona urbana. 

En altas horas de la noche o la madrugada, en municipios como Carmen de Bolívar, San Onofre, María La Baja, Ovejas, Colosó y Zambrano realizan patrullajes por el casco urbano en grupos de dos o tres individuos, algunas ocasiones caminando, en otras en moto o camioneta.

En las veredas y corregimientos, este grupo armado hace presencia a plena luz del día con indumentaria militar y armas largas; en el casco urbano están de civil y con armas cortas. 

En San Onofre y María La Baja tienen puntos de control para vigilar la entrada y salida de personas. En otros municipios, aunque no hacen una presencia urbana tan fuerte, sí tienen una fuerte presencia en veredas y corregimientos. 

El 8 de diciembre de 2021 circuló un panfleto en los Montes de María, a través de las redes sociales, en el que las AGC afirmaban que no atentarían en contra de ningún líder o lideresa del territorio en el marco de la campaña electoral en la CTEP. 

(En las legislativas del pasado 13 de marzo, los 167 municipios más afectados por la violencia escogieron 16 curules entre 403 candidatos provenientes de organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, campesinas y de mujeres.) 

Además, sostenían que se declaraban neutrales y permitirían que todos los candidatos y candidatas y sus equipos de campaña pudiesen hacer proselitismo en el territorio sin ningún problema. Con respecto al riesgo que representaba la presencia de las AGC, se pueden identificar dos posturas. 

En la primera, algunos líderes y lideresas manifestaron que si bien en sus comunidades (San Onofre, María La Baja, Ovejas y Zambrano) las AGC los abordaron, no los amenazaron o presionaron ni a ellos ni a sus comunidades para votar por algún candidato. 

Manifestaron que las AGC les dijeron que no se meterían con ellos y les propusieron realizar proyectos comunitarios de manera conjunta, a lo que todos los líderes, lideresas y comunidades se opusieron. 

Si bien, en esta primera postura, las AGC no hicieron una amenaza directa —lo que parecería coincidir con el comunicado público de diciembre—, los entrevistados dijeron que la sola presencia del grupo armado generaba intimidación y podía condicionar las elecciones. 

Otros líderes comentaron que en algunas veredas y corregimientos de sus comunidades (El Carmen de Bolívar), las AGC les manifestaron tener un candidato al cuál iban a apoyar en las elecciones para la CTEP. Este discurso lo repitieron en buena parte de la zona rural del municipio. 

Precisamente, en la zona rural del Carmen de Bolívar, según los entrevistados, las AGC tienen un control casi hegemónico, imponiendo un “reglamento” a los campesinos con actividades que deben cumplir, como la limpieza de los caminos. Si estas acciones no se realizan tienen su respectivo castigo por parte del actor armado. 

La doble postura de las AGC generó desconcierto e intimidó a muchos de los líderes, lideresas y comunidades. A ese hecho se sumó que en tres de los cinco municipios con mayor potencial electoral rural en Montes de María —en su orden son San Onofre, María La Baja y El Carmen de Bolívar—, las AGC evidencian tener un control casi hegemónico de su zona rural. 

Según algunos entrevistados, en los últimos meses empezó a hacer presencia otro grupo armado en la zona alta del Carmen de Bolívar (Las Lajitas, Las Charquitas y Huamanga) portando indumentaria militar y armas largas, identificándose como disidencias de las FARC-EP. 

Ninguna de las autoridades civiles, militares, departamentales o municipales han reconocido ni confirmado la presencia de disidencias de las FARC-EP en los Montes de María. 

Sin embargo, los testimonios de los pobladores son una alerta temprana por la que no se debería descartar dicha presencia. Hasta febrero pasado, esa supuesta disidencia de las FARC-EP no había abordado a los líderes o las comunidades para referirse al tema de las CTEP, de acuerdo a los testimonios recolectados. 

Una región golpeada por la violencia

Los Montes de María es una región que históricamente ha experimentado conflictos sociales ligados a la tenencia de la tierra y el impacto del conflicto armado interno. Durante la década de los 90 hicieron presencia en la zona grupos guerrilleros como las FARC-EP, el ELN y el ERP y grupos paramilitares como el Bloque Héroes de los Montes de María (BHMM) perteneciente a las AUC. 

En este contexto de conflicto armado, los Montes de María sería una de las regiones en Colombia más golpeadas por la violencia, principalmente en el periodo comprendido entre 1996 y 2005. 

De 1996 a 2002 se presentaron aproximadamente 71 masacres paramilitares, que dejaron como víctimas aproximadamente a 491 personas. Así mismo, entre 1996 y 2004 ocurrieron cerca de 3.319 homicidios y entre 1995 y 2000, según el Sistema Único de Registro de Acción Social, 20.677 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en la región. 

La presencia de municipios con salida al Mar Caribe a través del Golfo de Morrosquillo (San Onofre), que conectan la zona plana-costera con la zona de montaña (María La Baja), con zona rural montañosa (Ovejas, El Carmen de Bolívar y San Jacinto) y con salida al Río Magdalena (San Juan Nepomuceno, Córdoba y Zambrano) han convertido a esta región en un corredor estratégico muy disputado por los actores armados para la entrada y salida de droga

Desde mediados de la primera década del 2000 hubo una disminución en la intensidad del conflicto armado. En el contexto de la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe se dio la desmovilización del BHMM en 2005.

También el desmantelamiento de los Frentes 35 y 37 de las FARC-EP que operaban en la zona, producto de la muerte de “Martin Caballero” en 2007, y de la desarticulación de los reductos del ELN y el ERP. 

Pese a esta disminución, líderes y comunidades criticaron la excesiva militarización del territorio y los abusos cometidos por la Fuerza Pública, que iban desde empadronamientos forzados, detenciones arbitrarias, estigmatización y estrategias cívico-militares utilizadas por las Fuerza Pública para cooptar las organizaciones y los líderes del territorio.

La mejora en la condiciones de seguridad permitió el regreso voluntario de algunos pobladores que se habían desplazado como consecuencia del conflicto armado, pero también generó la llegada masiva de intermediarios y empresarios foráneos. 

Estos actores se aprovecharon del estado de necesidad de muchos campesinos que retornaban y el desplome en los precios de la tierra, realizaron compras masivas de tierras a precios injustos y ejerciendo presiones indebidas sobre muchos campesinos retornados.

Dicha situación configuró un proceso de despojo jurídico masivo, como han señalado varios fallos de los Tribunales de Restitución de Tierras en los Montes de María.