Cinco perlas de los contratos firmados por las alcaldías menores de Cartagena en 2022

De los 173 contratos adjudicados por las alcaldías menores de Cartagena, 145, es decir el 83.8% de los procesos, fueron firmados de forma directa con personas naturales, empresas y otras entidades.

Esos contratos a dedo sumaron $10.428 millones, que representaron el 40% de los recursos ejecutados por las tres alcaldías menores.

Si bien la ley permite la contratación directa, esta modalidad va en contravía de la competencia. Por esta razón, cuando se vuelven la regla y no son la excepción, las entidades relegan otras modalidades que sí permiten la competencia de empresas o personas naturales. 

La contratación directa, además, es cuestionada por las diferentes organizaciones pro transparencia en Colombia porque suele ser la modalidad usada por quienes manejan el dinero público para favorecer a personas o compañías cercanas a ellos. También para devolver favores políticos.

Otra de las perlas que dejó la revisión de Funcicar a los contratos de las alcaldías menores es la alta suma de dinero destinada a capacitaciones para diferentes grupos poblacionales. 

Una inversión que no siempre es medible ni verificable —explicó Funcicar— porque las asistencias a los talleres y charlas pueden ser manipuladas, para mostrarlas como prueba de una exitosa ejecución de recursos.

Fueron $14.295 millones, que representaron un poco más de la mitad de los dineros invertidos ($26.261 millones). La inversión fue así:

• La Alcaldía de la localidad Histórica y del Caribe Norte destinó $7.995 millones en 11 contratos.
• La Alcaldía de la localidad Industrial y de la Bahía gastó $6.300 millones en 14 contratos.La localidad de la Virgen y Turística no contrató capacitaciones en 2022.

Entre las anomalías que Funcicar encontró al revisar esos contratos de capacitación está la exigencia a los contratistas de infraestructura para la realización de las capacitaciones. 

Sin embargo, hay pagos por el alquiler de los lugares donde se realizarían varios de esos talleres. Ese fue el caso de la Alcaldía de la localidad Industrial y de la Bahía. 

Desde 2018, cuando Funcicar empezó a hacerle seguimiento a la contratación de las alcaldías menores, la adjudicación de contratos de inversión a Empresas sin Ánimo de Lucro (ESAL) ha sido una constante.

Aunque la contratación con este tipo de empresas es legal, en Colombia esas organizaciones son cuestionadas porque suelen tener objetos tan disímiles que han sido catalogadas como entidades “de todito”. 

Es decir, sus objetos económicos amplios les permiten dictar talleres, suministrar alimentos o ejecutar obras de infraestructura, sin suficientes garantías de una buena ejecución.

En 2022, las alcaldías menores de Cartagena invirtieron $10.599 millones en contratos con organizaciones ESAL. Una suma que representó el 40% de los recursos de inversión, pero mucho menor que los dineros entregados en 2021 ($21.886 millones) a esas organizaciones.

En 2022, el 77% de los contratistas que ejecutaron los recursos en las localidades 1 y 3 fueron ESAL. La Localidad 2 no contrató con este tipo de empresas.

Sólo el 20% de los contratos adjudicados por las alcaldías menores en 2022 se dio bajo selección abreviada, una modalidad que permite la pluralidad de oferentes. Es decir, de los 173 contratos adjudicados por las tres localidades cartageneras, sólo 19 fueron firmados bajo ese tipo de selección. 

Y en la mayoría de contratos celebrados bajo esa modalidad, Funcicar encontró que hubo un único oferente y en los que hubo dos o más sólo uno estaba habilitado. En otras palabras, no hubo pluralidad de oferentes ni condiciones para garantizar una mayor participación de empresas o personas naturales. 

Entre los factores que limitaron la competencia estuvieron:

• El poco tiempo que las alcaldías brindaron para que los interesados en contratar con ellas conocieran los procesos y presentaran sus ofertas. El promedio fue de menos de tres días.

• Los requisitos exigidos para que una empresa o una persona fueran contratistas. Estos fueron tan exigentes y específicos, que limitaron la participación de los interesados.

Una de las preocupaciones de Funcicar, después de revisar los contratos de 2022 firmados por las localidades de la capital de Bolívar, es la poca transparencia en esos procesos. 

Por ejemplo, en el 49% de los contratos publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) las alcaldías no incluyeron las cotizaciones con las que sustentaron el valor de los contratos.

Mientras que en los contratos que sí reportaron esas cotizaciones, no indicaron los nombres de las empresas o personas que presentaron los documentos.  

Otro de los aspectos que les restó transparencia a los contratos fue la falta de justificación de productos o servicios adquiridos. Por ejemplo, la Alcaldía de la localidad 3 compró tabletas electrónicas para la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, sin explicar cómo se usarían esos equipos en los que invirtió $105.000.000.  

En el 91% de los contratos publicados en Secop, las alcaldías menores no reportaron cómo fue su ejecución. Ese reporte permanente es clave para que la ciudadanía conozca el avance de los contratos y encuentre más garantías de un buen uso de los recursos públicos.