Agosto, el mes en que los barranquilleros se sintieron sitiados por las bandas criminales

El Gran Malecón del Río es el símbolo de la nueva Barranquilla, la ciudad que pretende retomar el lugar de vanguardia perdido después de décadas de manejos administrativos cuestionables —desde mediados de los años 70 hasta bien entrado el primer decenio del siglo XXI—. En la percepción de un porcentaje alto de sus habitantes lo ha conseguido. Allí llegan miles de personas cada día, antes del amanecer, a ejercitarse con un telón de fondo impactante: la flama naranja que alumbra las aguas del Magdalena, como una vela en la oscuridad, hasta iluminar por completo el paisaje.

Este cuadro impresionista no es el único espectáculo. Joggers equipados como si fuesen a participar en la Maratón de Nueva York, ciclistas, patinadores o quienes simplemente salen a caminar en pareja o a pasear a sus mascotas pueden apreciar, con solo mirar hacia el otro costado, el desarrollo incuestionable de un sector con embriones de rascacielos que intenta parecerse a Miami, un viejo anhelo de la clase pudiente local. Por eso la madrugada del 12 de agosto de 2024 significó un violento choque con la realidad en el que hoy es el corazón turístico, mediático y político de Barranquilla.

Ese día una pancarta del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), nombre adoptado por la mayor  organización criminal del país, el Clan del Golfo, fue ubicada en el cruce para dirigirse al Malecón por la calle 72. El mensaje no podía estar más claro: nadie está a salvo. Otros pasacalles y banderas aparecieron en el puente Pumarejo, Circunvalar con carrera 46, calle 72 con carrera 61B y calle Murillo con carrera 21. Pero atreverse a mancillar la obra consentida del alcalde Alejandro Char, el líder mesiánico que les devolvió la confianza a los barranquilleros en sus gobernantes, fue una declaración de intenciones.

—Un desafío a las autoridades, así lo siento.

El concejal Andrés Ballesteros Sánchez, del Centro Democrático, es uno de los más jóvenes de esa corporación. Quizá por eso no había experimentado nunca temor de salir a la calle. Respalda el proyecto del alcalde, pero cuestiona la efectividad de la Policía para enfrentar a las bandas criminales como el Clan del Golfo.

Ese 12 de agosto, por primera vez, los barranquilleros de todos los estratos compartieron la sensación de encontrarse sitiados. Las noticias de extorsiones a tenderos, transportadores, propietarios de almacenes de repuestos para carros, restaurantes, panaderías, graneros, misceláneas, peluquerías, y hasta a las prostitutas que ofrecen sus servicios en las calles, llenaban la agenda informativa desde hace más de una década, pero para una parte de la ciudad parecían salidas de otro mundo, ese mundo que con indiferencia y aire de superioridad es llamado el “planeta sur”. 

Un informe de inteligencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla, revelado en exclusiva por la revista Semana un día antes, daba cuenta de las intenciones del Clan del Golfo de colocar banderas en puntos estratégicos de la ciudad y el departamento para mostrar su poder y enviar un mensaje a las demás bandas que le disputan el territorio. 

“Lo que se busca es que no coloquen estas marcas en ningún lugar de Barranquilla o el área metropolitana, teniendo en cuenta que, en su mayoría, estos grupos armados acompañan estos símbolos con explosivos”, dijo una fuente sin identificar a Semana.

Y pasó. A pesar de que la alerta fue emitida a todas las estaciones de Policía, el Clan del Golfo llevó adelante su plan y no solo en Barranquilla. En Soledad aparecieron dos banderas, una en la Avenida El Platanal y otra en el barrio Ciudad Paraíso; en el corregimiento de Pital de Megua, en Baranoa; el balneario de Santa Verónica, en Juan de Acosta; y en La Peña, Sabanalarga. Al caer la tarde, la cifra dada a conocer durante un Consejo de Seguridad convocado por el gobernador Eduardo Verano fue de símbolos de esta organización en 14 de los 23 municipios.

—Durante años hemos mantenido un estado de negación que les permitió a las bandas criminales un crecimiento que no dimensionamos.

El personero de Barranquilla Miguel Ángel Alzate es un funcionario alejado de los escándalos. Ha trabajado de la mano con dos administraciones charistas —fue reelegido este año por un periodo que va hasta 2028— y no suele provocar grandes titulares de prensa con sus declaraciones. Por eso su radiografía del accionar y el posicionamiento de las bandas criminales no solo resulta llamativa, sino incómoda.

Para Alzate, el fortalecimiento de estos grupos ha ido paralelo con el desarrollo de la capital atlanticense, que, en su opinión, ha traído bienestar a la mayoría de sus habitantes. Es un discurso similar al que en agosto de 2021 trató de imponer el entonces alcalde Jaime Pumarejo, para quien Barranquilla era una ciudad “atractiva” para los delincuentes.

—De alguna manera las ignoramos (a las bandas) y hoy sufrimos las consecuencias.

La conclusión de Alzate va dirigida a los funcionarios e instituciones que durante años han hecho oídos sordos a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la formación y el avance de bandas como Los Costeños, Los Pepes y recientemente el Clan del Golfo, y es también un mea culpa de defensores de derechos humanos como él, por no alzar más la voz hasta ser escuchados.

El profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, investigador del conflicto armado en Colombia, ha estudiado la criminalidad en Barranquilla desde los años 90, cuando los grupos paramilitares permearon las entidades públicas y las administraciones locales en todo el departamento. 

En su opinión, la exhibición mediática del Clan del Golfo tiene dos lecturas: evidenciar fortaleza rural y urbana en el marco de los diálogos anunciados por el Gobierno para alcanzar la Paz Total, y, la más preocupante, declarar la guerra a las bandas rivales que le disputan el control de Barranquilla y los municipios del área metropolitana.

Dos de estas bandas son Los Costeños, dirigida desde la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá) por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Los Pepes, liderados por Digno Palomino, también en prisión. Antiguos amigos de andanzas y paseos familiares, los dos capos mantienen hoy un enfrentamiento que ha bañado de sangre a Barranquilla y el resto del Atlántico, y que tuvo un impacto significativo en el aumento de los homicidios en agosto, con la cifra más alta de las últimas décadas: 84 muertos.

Hasta antes de la pandemia, estas bandas coexistían con la otra gran estructura de la ciudad, Los Rastrojos Costeños, pero las cuarentenas hicieron que el flujo de dinero disminuyera y no alcanzó para todos. Desde entonces el derramamiento de sangre no ha parado.

En los barrios del sur, suroriente y suroccidente, los pistoleros rasos luchan por el control territorial para apoderarse de las rentas de la extorsión y el microtráfico sin tener que repartirlas con la competencia. En el norte, las apariencias mandan. Detrás de la fachada de una barbería, un restaurante de moda, un concesionario de carros de alta gama, un consultorio de medicina estética o un almacén de ropa fina puede esconderse el lavado de activos para las mismas bandas criminales que riegan de sangre el “planeta sur”.

Creado por Ismael Escorcia Medina, el disfraz de El Descabezado apareció por primera vez en el Carnaval de 1954, como un homenaje de este desplazado de Calamar (Bolívar) al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en Bogotá el 9 de abril de 1948, y a las víctimas de la violencia partidista. 

Más que un disfraz, Escorcia hizo lo que décadas después se conocería en el país con el término inglés performance: el hombre llevaba su cabeza en la mano izquierda, y en la derecha un machete de palo. Mientras desfilaba, simulaba decapitar a las personas que lo aplaudían, en una escena entre violenta y cómica que buscaba generar conciencia.

Fue otro descabezado el que sacó a los barranquilleros de esa “negación” de su realidad a la que hace referencia el personero Alzate. El martes 6 de agosto, en horas de la tarde, la cabeza de Yesid Andrés Cabrera Ortega fue arrojada en un potrero del barrio Carlos Meisel dentro de una bolsa de basura. La tiraron dos hombres en motocicleta muy cerca de donde un grupo de niños jugaba un partido de fútbol. “¡Un perro muerto, un perro muerto!”, gritaron los pequeños en su inocencia.

Yesid, de 22 años, había estado preso año y medio por extorsión, y una carta hallada junto a su cabeza lo acusa de pertenecer a Los Pepes. Su hermana, que al día siguiente acudió a Medicina Legal a cumplir con el proceso de identificación, prefirió recordarlo como mecánico, el oficio con el que se ganaba la vida antes de ir a prisión.

—Nos enteramos por las fotos que comenzaron a circular en redes sociales, ahí nos dimos cuenta de que era él.

Las imágenes del cuerpo desmembrado de Yesid, difundidas también por cadenas de WhatsApp, provocaron que los habitantes de Barranquilla despertaran del sueño de ciudad modelo y llamaran las cosas por su nombre: guerra. En la capital del Atlántico, las bandas criminales libran un enfrentamiento sin antecedentes, semejante al de los carteles de la droga mexicanos, por el control de las rutas del microtráfico y el negocio de la extorsión.

En el informe de agosto del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, titulado El homicidio como indicador de competitividad criminal, el investigador Janiel Melamed, autor del documento, entrega datos contundentes y esclarecedores: el Atlántico registró un aumento del 89% en los homicidios durante el primer semestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, y el Distrito de Barranquilla un incremento del 16.3% en ese lapso. 

Según Melamed, un estudio reciente de la Fundación Ideas para la Paz establece que la expansión del Clan del Golfo en Barranquilla y otros municipios del Atlántico obedece “al interés geoestratégico de controlar los corredores hacia puertos y zonas costeras que proporcionan salidas marítimas esenciales para el tráfico de cocaína, y tiene el potencial de aumentar los niveles de violencia homicida en la ciudad y su área metropolitana”.

De mantenerse los promedios de homicidios de los dos últimos años en los meses que faltan para terminar 2024, indica el informe, Barranquilla podría cerrar su registro anual con 388 casos y una tasa de 29 por cada 100.000 habitantes, superior al promedio nacional, que fue de 25.8 en 2023. 

La tasa de Bogotá, con una población de casi 8.000.000 de habitantes, fue de 13.4.

De los 84 asesinatos cometidos en agosto, una cifra de la que no hay precedentes, 71 casos ocurrieron en el área metropolitana de Barranquilla, epicentro de la carnicería: 35 de ellos en la capital del Atlántico, 23 en Soledad, nueve en Malambo, dos en Galapa y dos Puerto Colombia.

—Esta guerra no es con nosotros, no tenemos por qué pagarla.

Cada vez que salen de sus casas para ir a trabajar, los conductores de buses de Transportes Lolaya son conscientes de que puede ser la última vez que vean a sus familias. Con 120 vehículos afiliados, esta empresa ha sido, históricamente, una de las más golpeadas por las extorsiones. 

El 14 de agosto, dos días después de la aparición de las banderas, un panfleto con la orden perentoria de sentarse a negociar, marcado con el logo del Ejército Gaitanista de Colombia, llegó a la nevada de Lolaya en Soledad; también mensajes amenazantes a los teléfonos de directivos y propietarios de vehículos.

El mismo día, un bus de Lolaya fue atacado en la Circunvalar con Cordialidad. El conductor aseguró que fue una bala, pero la Policía desmintió el uso de un arma de fuego y aseguró que se trató de una piedra. Menos de 48 horas después, otro bus recibió disparos en el panorámico al pasar por  Soledad 2000, y ya no hubo forma de negarlo. 

Luego del segundo atentado, la empresa decidió suspender el servicio para proteger a sus trabajadores. Una población de al menos 5.000 personas, que utilizan a diario las tres rutas de Lolaya para movilizarse entre Barranquilla y Soledad, quedó sin transporte público de la noche a la mañana. 

—Estamos entre la espada y la pared. Dicen que nos van a matar, atentan contra los buses, amenazan a los conductores. Es una jungla, persecución total contra la empresa.

Francisco Pupo, directivo de Asotranscol, que agrupa a siete compañías de transporte público, entre estas Lolaya, sabe que hay que tomarse las amenazas en serio. En 2022, tres conductores fueron asesinados en menos de dos semanas: Willington Hernández Borja, de Cootrab, filial de Coolitoral, el 23 de julio; su compañero José del Carmen Hernández Padilla, de la empresa Coolitoral, dos días después; y John Pardo Castillo, de Transmecar, el día 31. 

Y existe una similitud macabra: en 2022 también fue desmembrado un hombre antes de que comenzaran a circular los panfletos extorsivos. Ángelo Aldair Cerra Jaimes, de 34 años, fue asesinado en la madrugada del 5 de junio, y pocas horas después su cuerpo fue abandonado por pedazos en diferentes puntos de la localidad Metropolitana.

El viernes 23 de agosto los panfletos llegaron a la puerta de la cooperativa de buses Coosoatlan, que también paralizó su actividad. Ese día, los ministros del Interior y de Defensa, Juan Fernando Cristo e Iván Velásquez, arribaron a Barranquilla convocados por el alcalde Char, quien se ha echado encima el peso de la seguridad del área metropolitana al quedarse con el manejo de la sobretasa de vigilancia departamental —$78 mil millones anuales—, y ya empieza a sentirlo donde más ha sustentado el éxito de su narrativa de ciudad: su popularidad.