La UNP tiene abierta, desde el año pasado, una investigación por un siniestro vial en Cartagena que involucró a uno de sus vehículos. /Foto: Collage a partir de imágenes de archivo.
UNP sigue sin decidir investigación por siniestro que involucró a carro del esquema de Arana
La camioneta estaba asignada al esquema de seguridad del gobernador de Bolívar y era usada para labores de la primera gestora departamental.
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Un año y medio después del siniestro vial que le costó la vida a un adulto mayor en Cartagena, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aún no toma una decisión de fondo sobre la investigación que anunció por el “presunto uso indebido” de las medidas de protección asignadas al gobernador de Bolívar, Yamil Arana.
En respuesta enviada a La Contratopedia Caribe el 22 de mayo pasado, tras una orden judicial, la entidad informó que el Grupo Cuerpo Técnico de Verificación de la Dirección de Protección abrió formalmente, el 16 de enero de 2025, una actuación administrativa por el siniestro vial que seis días antés involucró a un vehículo de protección asignado a Arana, mientras cumplía labores para la primera gestora departamental, Angélica Salas.
La UNP dijo que, al momento del siniestro, el vehículo era conducido por una persona no autorizada (Benito Madrid Escobar) y anunció una investigación.
Sin embargo, más de un año después, ese proceso sigue sin decisión final. Según la UNP, el expediente se encuentra en etapa de “presentación y sustentación” ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).
Ese comité debe determinar las recomendaciones del caso, que luego tendrían que ser adoptadas mediante un acto administrativo firmado por el director general de la UNP.
La entidad no explicó qué implica esa etapa de “presentación y sustentación” ni cuánto tiempo podría tardar una decisión de fondo.
Mientras esa decisión de fondo sigue pendiente, Arana ya renunció al esquema de seguridad que le había suministrado la UNP.
El esquema y la renuncia posterior
En la respuesta enviada a La Contratopedia, la UNP entregó detalles generales del esquema de protección que tuvo asignado Arana.
La entidad informó que ese esquema, asignado desde el 7 de febrero de 2023, incluía un vehículo blindado, marca Toyota, de placas JXY400, modelo 2021; un agente de protección fijo y el apoyo de un escolta “en calidad de relevante” para cubrir novedades.
Ese esquema de la UNP ya no está vigente. La entidad informó que Arana, mediante oficio del 21 de abril de 2025, comunicó por escrito su decisión de desistir, “de manera libre y voluntaria”, de la medida de protección suministrada por esa unidad.
Según la UNP, Arana explicó que esa decisión obedecía a que ya contaba con un esquema de protección suministrado por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a través de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, Seccional Bolívar.
Arana renunció al esquema de la UNP tres meses después del siniestro vial que le costó la vida a Iván Cuentas Arriaga, de 74 años.
La orden judicial
Para conocer el estado de la investigación, La Contratopedia tuvo que insistir ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y esperar un año por la respuesta de la UNP.
Resulta que el 23 de mayo de 2025, este medio le envió a la UNP una petición de información pidiendo detalles sobre el estado de la investigación y las características del esquema de seguridad del gobernador Arana.
Una semana después, el 30 de mayo, la UNP negó parcialmente el acceso a la información. Argumentó que esos datos tenían reserva legal, con base en la seguridad nacional y el derecho a la intimidad.
El 4 de junio del año pasado, La Contratopedia interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, de insistencia. El medio argumentó que la información es de alto interés público, que la reserva no podía ser absoluta y recalcó que no estaba pidiendo la divulgación de datos sensibles sobre Arana.
El 21 de abril de este año, la UNP remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que resolviera ese recurso. En sentencia del 29 de abril, el Tribunal declaró que la información fue “mal negada” y ordenó su entrega.
En su decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo una distinción clave: una cosa son los datos sensibles que pueden comprometer la seguridad de una persona protegida y otra, distinta, la información administrativa sobre el uso de recursos públicos, el cumplimiento de protocolos y el estado de investigaciones internas.
El Tribunal señaló que la UNP no podía cubrir con una reserva absoluta toda la información pedida por La Contratopedia. También sostuvo que informar sobre el estado de una investigación administrativa o disciplinaria por un siniestro vial no ponía en riesgo, de manera cierta, específica, directa y actual, la seguridad del gobernador ni la seguridad nacional.
Además, advirtió que la reserva legal no puede extenderse automáticamente para ocultar presuntas irregularidades administrativas o siniestros que afecten a particulares.
Tras esa orden judicial, la UNP entregó la información. Su respuesta confirma que, más de un año después de los hechos, la investigación interna sigue abierta y aún no hay una decisión de fondo.