Tres dudas que deja la recién aprobada empresa de desarrollo de Blel

En tiempo récord, la Asamblea de Bolívar le dio facultades, la semana pasada, al gobernador Vicente Blel Scaff, para crear una empresa industrial y comercial del Estado. Esa aprobación, con 12 votos a favor y dos diputados ausentes, se dio en medio de advertencias de Funcicar sobre la posibilidad de que esa termine siendo una entidad “de todito” y a través de ella la administración departamental evada las reglas de contratación estatal.

El gobernador Blel presentó ese proyecto a la Asamblea el 7 de septiembre, tuvo un primer debate el 14 de ese mismo mes y finalmente fue aprobado ocho días después: el 22 de septiembre. Antes de esa aprobación, la propuesta inicial tuvo modificaciones tras varias sugerencias de Funcicar. 

Sin embargo, con su aprobación persisten, por lo menos, tres dudas.

1. La primera tiene que ver con el objeto social de la empresa que Blel creará, porque es muy amplio.
2. La segunda está dada por la forma como esa futura institución contratará, porque al tratarse de una empresa industrial y comercial podrá regirse por el derecho privado.
3. Y la tercera radica en la sostenibilidad, porque no están claros los dineros que la Gobernación de Bolívar deberá invertir, tampoco por cuánto tiempo, para que dicha empresa funcione y sea sostenible.

La plata pública que administra Blel Scaff, especialmente, está bajo lupa desde antes de posesionarse como gobernador, tras los audios revelados por W Radio en septiembre de 2019, en los que se escucha a su padre y jefe político Vicente Blel Saad (condenado por parapolítica) hablar de una repartición de porcentajes por unos contratos entregados durante el gobierno de Dumek Turbay. 

En esa administración, esa casa política tuvo representación burocrática con Miguel Torres Scaff, primo del actual mandatario, como director de la empresa estatal Aguas de Bolívar.

La empresa que hará “de todito”

Aunque la empresa propuesta por Blel nace para administrar el remodelado Palacio de la Proclamación, bien de propiedad del departamento en el Centro Histórico de Cartagena, su objeto es mucho más amplio.

De hecho, en el acuerdo que aprobaron los diputados el pasado 22 de septiembre no se lee la administración de ese bien dentro de las principales actividades de esa nueva empresa. 

Por el contrario, el objeto social es tan variado que plantea la “ejecución de proyectos de renovación urbano y rural, de infraestructura, culturales y artísticos, así como la prestación de servicios de apoyo a la gestión y logísticos para entidades públicas y privadas”.

Incluso plantea la “instalación, administración y operación de centros de convenciones, recintos culturales y feriales, hoteles y cualquier otra infraestructura pública o privada destinada a la promoción de la cultura y turismo de negocios”.

Esa fue, precisamente, una de las observaciones que le hizo Funcicar a la Asamblea, por lo que esa veeduría le solicitó a esa institución indicar con claridad qué actividades cumplirá la empresa propuesta por Blel, “en lo posible —sugirió— que sea especialista en una única área”. Observación que los diputados no acogieron.

Esa solicitud de Funcicar se basa en la experiencia de Edurbe, la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar que nació para liderar diferentes obras de utilidad pública, pero sobre todo para manejar la limpieza de caños y canales de Cartagena. Sin embargo, por lo amplio de su objeto ha sido usada por varios mandatarios cartageneros, la última década, para subcontratar construcción de vías, centros educativos e incluso para operar servicios de la primera infancia. 

Por ejemplo, entre 2017 y 2018, la exalcaldesa Yolanda Wong le entregó a Edurbe, a dedo y bajo la figura de convenios interadministrativos, 11 contratos por más de $67.000 millones de pesos. Por irregularidades en uno de esos contratos la Fiscalía les imputó, en octubre de 2019, a Wong y al exgerente de Edurbe, Bernardo Pardo, los delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y usurpación de funciones públicas.

En medio de esa feria de convenios entre la Alcaldía y Edurbe, la Procuraduría advirtió, en 2018, que no había justificación para firmarlos porque el Distrito cuenta con la Secretaría de Infraestructura y la Unidad Asesora de Contratación para realizar las mismas funciones encomendadas a una empresa que tiene a cuestas un prontuario de obras inconclusas y mal hechas.

La contratación a través de la futura empresa

Otra de las dudas que genera la creación de esta nueva empresa en Bolívar tiene que ver con la manera como a través de ella la Gobernación contratará. 

Por su objeto tan amplio, desde ya está claro que la administración Blel podrá usarla para casi todo y sin regirse por las reglas de la contratación pública, porque las empresas industriales y comerciales del Estado se rigen por el derecho privado.

Es decir, que si la Gobernación de Bolívar suscribe un contrato con esa eventual empresa para contratar la construcción de un centro cultural, la empresa no estará obligada a abrir una licitación pública para adjudicar ese contrato. Podrá hacerlo a través de invitación a las firmas que crea idóneas o podrá hacerlo, incluso, seleccionando directamente al contratista.

Usar a esa futura empresa como intermediario de contratación, le generará al Departamento unos costos que podría ahorrarse si contrata directamente desde sus dependencias y bajo la guía de la oficina de contratación de la Gobernación. 

Sobre este aspecto, Funcicar recordó que “los procesos contratados (por la Alcaldía de Cartagena) con Edurbe generaron costos de intermediación que pudieron haber sido ahorrados por el Distrito si la contratación la hubiese asumido la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía”. 

La sostenibilidad de la empresa

La tercera duda frente a esta nueva empresa industrial y comercial del Estado tiene que ver con los aportes iniciales que dará la Gobernación de Bolívar para su creación y la forma en la que se volverá una empresa sostenible. Es decir, aún no está claro cómo el actual gobierno garantizará que las venideras administraciones departamentales no deban inyectarle cada tanto recursos públicos.

Aunque hasta ahora la Asamblea no ha hecho público el proyecto de ordenanza que aprobó —y La Contratopedia Caribe no pudo obtener copia alguna pese a insistir varias veces—, el último que se conoció indicaba que para la creación de esta empresa la Administración Departamental aportará, inicialmente, $410 millones. Sin embargo, en lo que hasta ahora se conoce no se especifica de dónde la Gobernación tomará ese capital semilla.

Sin haber nacido, la sostenibilidad de esta empresa tampoco se ve despejada. Si bien el proyecto establece que tendría unos ingresos anuales por cerca de $3.144 millones “en condiciones favorables de mercado”, no establece cuáles son esas condiciones favorables ni qué pasará cuando esos ingresos no se logren, precisamente, ante eventuales condiciones desfavorables del mercado.

La administración Blel tasó ese estimado millonario de ingresos a partir de la explotación económica del Palacio de la Proclamación, es decir, esa suma corresponde a los recursos anuales que la Gobernación de Bolívar recibiría por el alquiler de tres locales, tres salones, terrazas, uso de salas de galería para exposiciones artísticas y otros espacios de ese bien cultural.

Esos ingresos son especialmente inestables desde la llegada de la pandemia por coronavirus a Colombia, pues siguen vigentes las sugerencias de las autoridades nacionales de salud de evitar aglomeraciones en recintos cerrados y la economía recién comienza a reactivarse tras un 2020 con cuarentena.

En esa misma proyección la Gobernación estableció que los gastos de funcionamiento anuales de la futura empresa estarán por el orden de los $3.486 millones, es decir, la empresa nace exigiendo más recursos que los que generará en una primera fase.

Esos recursos de funcionamiento corresponden a gastos administrativos (pago de servicios públicos, mantenimiento del Palacio y demás) por $2.980 millones y $506.400.000 correspondientes al pago de personal y de programas de promoción del Palacio como Centro Cultural del Departamento.

Tampoco la Gobernación de Bolívar y la Asamblea Departamental han dado a conocer cuál será la planta de personal de esta empresa.

Todavía no se ha oficializado la creación de esta nueva empresa, porque el gobernador Blel no ha sancionado el proyecto de ordenanza, por lo que las próximas semanas serán clave para saber exactamente a qué contratos le apostará su gobierno, más allá de la administración de la Proclamación.