‘Sin autoridades locales ni marco jurídico, traslado de cabecillas a Barranquilla puede tener más fines electorales que de seguridad’

El anuncio del Gobierno Nacional de trasladar a Barranquilla a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, jefe de ‘Los Costeños’ —dos organizaciones criminales protagonistas de la violencia reciente en Atlántico— abrió un nuevo capítulo en la confrontación política entre la administración de Gustavo Petro y la de la capital caribeña, en cabeza de Alejandro Char.

Los traslados —de las cárceles de Cómbita (en Boyacá) y Picota (en Bogotá) a La Modelo y El Bosque (de Barranquilla)— quedaron suspendidos, anunció el Ministerio de Justicia, después de un aluvión de críticas.

Uno de los principales críticos fue el alcalde de Barranquilla, quien se quejó públicamente porque esa decisión fue tomada sin tener en cuenta a su gobierno ni al de Eduardo Verano. Incluso, en una publicación en la red social X, el mandatario responsabilizó a Bogotá de cualquier hecho violento que ocurriera ad portas de la celebración del Carnaval.

¡Increíble el actuar del Gobierno nacional!

En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a…

— Alejandro Char (@AlejandroChar) January 12, 2026

El presidente Petro respondió que ha sido el Gobierno Nacional “el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad”, gracias a “un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.

No sé le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad. https://t.co/1YSXau8GMg

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2026

Sobre los traslados, cuyos detalles no se conocieron, el ministro de Justicia Andrés Idárraga dijo, a través de un comunicado de prensa, que la solicitud la recibió del alto comisionado para la Paz Otty Patiño y los cabecillas serían custodiados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

“Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía”, aseguró Idárraga.

Más allá de la confrontación política, en Barranquilla hay incertidumbre por el impacto de esa medida —hasta ahora suspendida no cancelada— en la seguridad local. Para analizar lo que significan los traslados, La Contratopedia Caribe entrevistó a Luis Fernando Trejos, investigador especializado en la violencia del Caribe colombiano y docente de la Universidad del Norte.

La Contratopedia Caribe. Con el anuncio de los traslados se teme un recrudecimiento de la violencia local. La decisión tomó por sorpresa a las autoridades de Barranquilla y Atlántico. Además, el alcalde Char ya dijo que las cárceles locales no cuentan con suficientes condiciones de seguridad para recibirlos. ¿Cuál es su lectura de la situación? 

Luis Fernando Trejos. Ante la magnitud de la decisión que acaba de tomar el Gobierno Nacional, se hubiera esperado una instancia de coordinación y cooperación interinstitucional con las autoridades distritales y  departamentales no sólo para anticipar los eventuales efectos sobre la seguridad y sobre las dinámicas electorales que pueden tener estos traslados, sino también para evaluar la capacidad de las cárceles Modelo y El Bosque para contener realmente la actividad criminal de estas personas. 

Hay que recordar que en los meses finales del año anterior, los propios ‘Costeños’ hicieron públicos videos, en los que mostraban que realizaban fiestas al interior de la cárcel, que tienen acceso a celulares y también pueden ingerir alcohol estando privados de la libertad. 

Es decir, evidenciaban un control sobre la dinámica de la cárcel El Bosque y no creo que haya un fortalecimiento de la capacidad del INPEC para que esto no se repita, más ahora que llegarán estas personas de un alto perfil criminal.

LCC. A propósito de una mesa sin marco jurídico, ¿ve posible que esa negociación realmente prospere?

LFT. Es difícil que hablemos de paz urbana o de un proceso de paz, en la medida en que hoy no hay un marco jurídico o normativo que respalde un sometimiento a la justicia de estas organizaciones. 

En este sentido, lo más acertado sería hablar de un proceso de apaciguamiento temporal de algunas violencias, especialmente las homicidas y las ligadas a la extorsión. Es temporal porque la continuidad de esta mesa depende del resultado de la segunda vuelta presidencial.

Y aquí se abre un escenario complejo en la medida en que puede configurarse una especie de chantaje a la opinión pública o a la ciudadanía: si se quieren mantener unos bajos porcentajes de homicidios y extorsión es necesario, entonces, que los candidatos oficialistas ganen; de lo contrario, si gana la oposición, la mesa se rompe y automáticamente nos enfrentaríamos a un efecto rebote de la criminalidad.

Por otro lado, la exclusión de la administración distrital y de la Gobernación de la fase de pre-negociación o de pre-diálogo —eventualmente también del diálogo— y la ausencia de un marco jurídico que le dé un piso normativo a esa mesa, lleva a especular que persigue más fines electorales que realmente de seguridad.

LCC. En efecto, no deja de generar suspicacias que estos traslados se anuncien en plena etapa electoral y sin la participación de las autoridades locales, que ya salieron a pedir el acompañamiento de distintas instancias (pronunciamiento de Char; pronunciamiento de Verano).

LFT. Es claro que las decisiones de esta mesa se están tomando en Bogotá y con la participación de actores del Gobierno Nacional exclusivamente. En algún momento hubo una reunión de Otty Patiño (alto comisionado para la Paz) con el alcalde y el gobernador, pero fue solo una reunión protocolaria. 

Como señalaba anteriormente y lo ha hecho pública la propia Alcaldía, no hay coordinación en la toma de decisiones y se ha excluido, entonces, a las autoridades locales y departamentales de este proceso.

Lo mismo sucede con las víctimas que han brillado por su ausencia y en la práctica se han generado escenarios de revictimización porque el Gobierno Nacional hizo toda una puesta en escena desde una cárcel de Bogotá, dándoles visibilidad mediática, en este caso a través de RTVC, a los grandes victimarios, pero no hubo ningún espacio para las víctimas de estos grupos.

A uno le sorprende que hayan sido marginados la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), que agrupa el gremio de los tendederos; Asocentro y también las empresas que prestan el servicio de transporte público, en la medida en que han sido los gremios más víctimizados, pero no los únicos. 

LCC. Ahora los traslados se dan en el marco de esa tregua.

LFT. Ante la ausencia de un marco jurídico que regule el sometimiento a la justicia, el Gobierno sólo tiene dos incentivos que jugarse con estas organizaciones, especialmente con sus liderazgos. El primero es el traslado a cárceles de Barranquilla, eso se sabía con antelación y es lo que está sucediendo en este momento. Y lo segundo es que, eventualmente, ellos reciban la designación como gestores de paz. 

Eso en la práctica flexibiliza mucho las condiciones de reclusión, ya que podrían tener acceso de manera permanente a teléfonos, computadores y una especie de horario especial de recepción de visitas. Eventualmente, podrían salir de la cárcel a realizar gestiones de paz.

Eso es lo que el Gobierno les está ofreciendo en este momento y por eso creo que es algo temporal, en la medida en que no hay ninguna garantía de que el Gobierno que asuma el poder el 7 de agosto de 2026, si no es del oficialismo, les vaya a dar continuidad a estas mesas. 

El problema es lo que vendría después.

LCC. ⁠La seguridad local, sin embargo, no comenzó bien en 2026. En tan solo 10 días de enero se sumaron 27 homicidios en Atlántico. ¿Qué lectura hace de ese comportamiento, dentro y fuera de Barranquilla?

LFT. Lo que estamos viendo son dos cosas. Lo primero es que pareciera que en Barranquilla hay una disminución significativa del homicidio y de la extorsión, pero eso contrasta con un aumento de la criminalidad en otros municipios del departamento.

Hay un efecto globo: se aprieta Barranquilla y crece la criminalidad en otros territorios. Pareciera que la tendencia de la violencia estaba tomándose, el año pasado, la Vía a La Cordialidad, teniendo a municipios como Galapa, Baranoa y Sabanalarga dentro de sus nuevos escenarios.

Ahora también cabría plantear varias hipótesis sobre lo que está sucediendo en el departamento y en el Área Metropolitana. 

La primera es que organizaciones criminales que no operan en el Área Metropolitana vean en la tregua de ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, y eventualmente en la mesa de diálogo socio-jurídico, una ventana de oportunidad para incursionar directamente en este territorio. 

La segunda hipótesis está ligada a un proceso de fragmentación o atomización criminal de estas organizaciones. Es decir, que mandos medios y algunos grupos aliados estén decidiendo emprender criminalmente porque ya no ven incentivos para sumarse a la tregua y a los diálogos. 

Y la tercera es que grupos más pequeños, que no pertenecen ni a ‘Los Pepes’  ni a ‘Los Costeños’, también hayan visto en la tregua y la mesa de diálogo la oportunidad de consolidar territorios y avanzar sobre otros.

[Nota de la editora] Esta historia fue actualizada el 13 de enero de 2026, un día después de su publicación, para incluir la suspensión de los traslados de los cabecillas, anunciada por el Ministerio de Justicia.