Siete retos de Dau en su último año en el Palacio de La Aduana

Este 2023 el Distrito debe finalizar la modernización del alumbrado público, que busca cambiar las luces de sodio amarillas por nuevas luminarias con tecnología LED e iluminar zonas que llevan años a oscuras. 

Cartagena cerró 2022 con el 70% del alumbrado modernizado, es decir, con más de 34.000 luminarias nuevas y una inversión superior a los $60.000 millones, informó la Alcaldía el 30 de diciembre.

El Concejo de Cartagena aprobó en diciembre pasado, a través de vigencias futuras, $118.721 millones para la operación, modernización y expansión del alumbrado hasta mediados de 2024. Sin embargo, el futuro del alumbrado público a largo plazo sigue incierto. 

Desde la salida de Iluminemos Cartagena en enero de 2021, empresa que durante más de dos décadas tuvo la concesión del alumbrado, la Alcaldía no ha podido definir un modelo de operación para la siguiente década.

En 2019, con el contrato de Iluminemos Cartagena ad portas de terminar (luego hubo una prórroga), el Distrito firmó un convenio interadministrativo con Findeter para que esa entidad nacional realizara los estudios técnicos, legales y financieros necesarios para una nueva estructuración de ese servicio.

De allí nació el Proyecto de Modernización del Alumbrado de Cartagena, que creó un esquema para la administración del alumbrado hasta 2027. 

Findeter propuso cinco caminos para la operación a largo plazo: 

• La prestación directa del servicio por parte de la Alcaldía de Cartagena. 
• La suscripción de un contrato de concesión.
• La suscripción de un contrato interadministrativo.
• La estructuración de un mecanismo de vinculación de capital privado, como una APP.
• Y la creación de una empresa de economía mixta, es decir, con participación accionaria del Distrito y de empresas privadas.

Sin definir ninguno de esos cinco caminos, el Distrito terminó en enero de 2021 el contrato con Iluminemos Cartagena y asumió temporalmente la operación del alumbrado. Tres semanas después contrató a dedo a las Empresas Públicas de Medellín (EPM), operador desde entonces.

La Alcaldía presentó a EPM como una solución temporal porque, desde antes de llegar al Palacio de La Aduana, el alcalde Dau había prometido convocar a una licitación pública para contratar el alumbrado cartagenero. Promesa que el mandatario no cumplió. 

Ahora con recursos aprobados por el Concejo para año y medio de operación, todo está dado para que EPM continúe a cargo del alumbrado hasta mediados de 2024. La solución a largo plazo será uno de los retos de la nueva administración distrital.

Terminar los Hospitales de Canapote y El Pozón; el centro de salud de Barú y poner en marcha la segunda fase de obras de la red hospitalaria es otro de los retos del Distrito para este 2023.

Las obras de Canapote, el Pozón y Barú forman parte de los 17 elefantes blancos de la salud que dejó el gobierno atípico de Dionisio Vélez en 2015. El gobierno de William Dau priorizó cinco de esas obras para terminarlas antes de finalizar 2023, en el marco de Compromiso Colombia, estrategia de la Contraloría General para acabar con los elefantes blancos, como se les conoce en Colombia a las inversiones públicas inconclusas.

En este paquete de cinco también están los centros de Daniel Lemaitre, entregado en 2021, y el del corregimiento de Bayunca, inaugurado el segundo semestre de 2022.

Los hospitales de Canapote y El Pozón tienen un 75% de avance, mientras que el de Barú ya logró el 98% y está próximo para inauguración, según la Secretaría de Infraestructura. 

Además de esos proyectos, la Alcaldía busca reactivar otros como parte de una segunda fase de obras de la red hospitalaria. El más millonario de ese grupo es el Hospital de Nelson Mandela, que está en ruinas desde 2015 y cuya reactivación recibió luz verde del Concejo en diciembre. 

Para terminar pronto ese hospital, clave en la prestación de salud para el sur de Cartagena, la Secretaría de Infraestructura busca que esa obra quede como una adición a las que ya ejecuta el Consorcio Salud Caribe 2020 en Barú, Canapote y El Pozón, le dijo a La Contratopedia Caribe Luis Pinedo, asesor externo de Infraestructura Distrital.

Pinedo también le contó a La Contratopedia que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) tiene asegurados recursos para los centros de salud de Punta Arena, Punta Canoa, Los Cerros y Bocachica, por lo que el Distrito proyecta comenzar esos trabajos este año.

Otro de los retos de la Alcaldía para este 2023 será contratar dos nuevas fases de rehabilitación de la malla vial y terminar las dos iniciales, que aún se ejecutan.

En agosto de 2021, la administración de William Dau comenzó a ejecutar la fase I de mantenimiento de la deteriorada malla vial de Cartagena. Esa primera etapa, con varios cuestionamientos a cuestas, contempló 15 frentes de trabajo para mejorar 11.54 kilómetros de carril en las tres localidades por $12.000 millones.

Al año siguiente, la Alcaldía contrató por $5.742 millones adicionales cinco frentes de trabajo como parte de la fase II de rehabilitación. Entre ellos, obras en la Vía Perimetral y la Avenida Pedro Romero.

Ahora, este 2023, el Distrito debe contratar y comenzar las fases III y IV.

La fase III está proyectada para iniciar este mes, con una inversión de $3.800 millones, incluyendo su interventoría: la Secretaría de Infraestructura realizará reparaciones estructurales en los puentes Román, Chambacú y Heredia Nuevo, entre otros puntos según el monto agotable, figura que les permite a los contratistas y al Distrito establecer el número de obras a ejecutar, después de adjudicada la licitación, hasta donde la plata les alcance. 

Las obras de los puentes son aclamadas en Cartagena desde hace meses dado el avanzado deterioro de varias de esas estructuras y el riesgo que representan para sus usuarios. 

Sobre la fase IV, la Secretaría de Infraestructura anunció que convocará a una licitación a inicios de 2023 por $35.000 millones, suma que la convierte en la más millonaria de las contratadas por el actual gobierno.

Esta última fase buscará intervenir varios tramos del Centro Histórico, el Puente Romero Aguirre, la Avenida Rafael Núñez, la Marginal de Juan Angola, entre otros puntos en las tres localidades cartageneras, como la calle 12 de Pasacaballos. La Secretaría espera que este último paquete de  obras comience a finales del primer semestre del año.

Además de las fases III y IV de la malla vial, el Distrito también tiene los retos de:

• Terminar las obras de la fase II porque solo la Vía Perimetral tiene 100% de ejecución. 
• Encontrarle una solución a las obras que fueron intervenidas durante la primera fase, pero ya están en mal estado, como son los casos del Puente Benjamín Herrera y el tramo de la carretera Troncal, a la altura del barrio San Pedro, que sufrió afectaciones en la reciente ola invernal.

Los megacolegios de San Felipe Neri y Tierra Baja son dos de los proyectos de infraestructura educativa que la Secretaría de Educación planea iniciar durante 2023. Además, la Secretaría proyecta entregar todas las obras de reparación que inició hace dos años y medio en distintas escuelas.

La licencia de construcción del megacolegio de San Felipe Neri se encuentra en trámite.

Durante el segundo semestre del año, la Secretaría de Educación entregó obras de mejoramiento del único bloque existente en esa escuela, ubicada en el sector Ricaurte de Olaya. 

Esa obra permitió que unos 700 estudiantes retornaran a las aulas luego de casi tres años de recibir clases en otros colegios y de manera virtual, porque gran parte de su colegio fue demolido en 2019 con la promesa de convertirse en un megacolegio. Sin embargo, tras la demolición, las obras quedaron paralizadas.

En cuanto al megacolegio de Tierra Baja, cuya comunidad lleva más de cinco años esperando, el Distrito adjudicó su construcción a finales de diciembre al consorcio JM Cartagena, integrado por J&G Ingeniería y Equipos SAS, Carmelo Joaquín Rosales Amell y Marjal SAS.

Finalmente, el paquete de obras educativas, con el que el gobierno de William Dau —en convenio con Findeter y el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa— invierte casi $29.000 millones para mejorar las condiciones de 42 escuelas está casi listo. Su ejecución va en un 95% y en su mayoría han sido obras para reparar aulas, fachadas, techos y abanicos. 

El Distrito también construye infraestructura nueva en las instituciones educativas Nuevo Bosque y José de la Vega, y un megacolegio en Villas de Aranjuez.

El bloque del José de la Vega ya lo entregó la Secretaría de Educación, mientras que las instituciones educativas de Nuevo Bosque y Villas de Aranjuez van en un 45% y 66% de ejecución, respectivamente. Ambos deben quedar listos este año.

Según un diagnóstico de la Universidad de Cartagena, citado en el reciente informe de calidad de vida de Cartagena Cómo Vamos, el 80% de los colegios públicos de esta capital tiene problemas de infraestructura. 

Para este 2023, el Distrito tiene el reto de arreglar los semáforos y contrarrestar el vandalismo contra esos dispositivos, pues una de las quejas recurrentes de los conductores cartageneros es el amplio número de vías sumidas en el caos.

En 2022, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a cargo de la semaforización de Cartagena tras la salida de Iluminemos Cartagena (anterior operador del alumbrado público), comenzó a arreglar los semáforos. La inversión, dividida en dos fases, suma $1.089 millones. 

La primera etapa de arreglos comenzó, en julio pasado, en varios semáforos de La Troncal y la Avenida Pedro de Heredia. Uno de los reparados fue el de la glorieta de Bazurto, intersección clave porque en ese sector coinciden los vehículos que circulan por las avenidas Pedro de Heredia y Crisanto Luque y la vía hacia La Esperanza.

La segunda fase, que contempla 500 mantenimientos, empezó en septiembre y va en un 70% de ejecución, anunció en noviembre el director del DATT Janer Galván.

Aunque el plazo de ejecución de esa segunda fase venció el 30 de diciembre pasado, el Concejo de Cartagena aprobó vigencias futuras para que este 2023 el DATT termine los mantenimientos.

Pese a la reparación distrital, varios de los puntos han vuelto a dañarse por vandalismo. El año pasado, el DATT registró 51 casos, que incluyen cortes o robos de cables. Una de las zonas más afectadas es la concurrida glorieta de Bazurto, intervenida hace pocos meses.

Luego de décadas de espera, los habitantes de Pontezuela y Bayunca, al norte de Cartagena, ya ven más cercano el servicio de alcantarillado en sus corregimientos. Una deuda histórica que el Distrito busca resarcir desde este 2023.

Esa obra se ve más cercana porque:

• En julio pasado, el Concejo de Cartagena le autorizó al Distrito solicitar un empréstito por $40.000 millones a la banca para su construcción. 
• La Alcaldía ya tiene el predio donde debe construirse la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).
• El Distrito, además, se puso al día con deudas históricas con las empresas de servicios públicos Veolia, Pacaribe y Acuacar. Esos pagos eran necesarios para la ejecución de esta obra. 
• A finales de diciembre, la Alcaldía radicó el proyecto de alcantarillado ante el Ministerio de Vivienda para conseguir otros $70.000 millones, pues toda la obra cuesta $111.000 millones.

El secretario General del Distrito, Carlos La Rota, le dijo a El Universal que en cuatro meses el Ministerio de Vivienda debe dar respuestas sobre la viabilidad del proyecto. Con dicha viabilidad, el Distrito podrá disponer de los recursos e iniciar la contratación de la obra.

El Distrito espera que para 2023 las estructuras técnica y financiera del Plan Maestro de Drenajes Pluviales esté lista para que en 2024 el nuevo gobierno comience su ejecución.

Las lluvias de noviembre pasado confirmaron una vez más que Cartagena necesita con urgencia ejecutar ese Plan, obras de $1.5 billones en los caños y canales, más allá de las habituales limpiezas, para dejar en el pasado las inundaciones.

El gobierno de William Dau tiene el reto de contratar la estructuración integral del proyecto este año. Para eso, el Distrito trabaja en la actualización de los estudios y diseños de este macroproyecto, de la mano del programa ‘Construyendo con el agua’, del gobierno de Países Bajos.

La Alcaldía busca alternativas de financiación del proyecto. Una de ellas es la creación de un impuesto a los drenajes y otra es la ejecución del Plan a través de una Asociación Público Privada (APP). Por esta vía, el Distrito crearía una sociedad con capital mixto encargada de planificar y operar los drenajes.