Puentes que administración Arana muestra como propios fueron adjudicados en 2021

Las obras debieron estar listas en mayo de 2023. /Foto: Ofiprensa Gobernación de Bolívar.

Puentes que administración Arana muestra como propios fueron adjudicados en 2021

Los 26 puentes que la Gobernación de Bolívar promociona como un logro del gobierno de Yamil Arana fueron adjudicados por Vicente Blel y debían estar listos en 2023.

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Desde el 18 de enero, la Gobernación de Bolívar promociona en medios de comunicación la puesta en funcionamiento de 24 puentes metálicos y anuncia que en los próximos meses estarán listos dos más, para completar así 26 estructuras en zonas rurales del departamento.  

En la mayoría de esas publicaciones periodísticas —que replican un comunicado de prensa— el gobernador Yamil Arana presenta esa infraestructura de la red vial terciaria como si se tratara de obras prometidas y adjudicadas por su administración.

“Lo prometimos y lo estamos logrando. Con estos puentes metálicos solucionamos rápidamente problemas de conectividad vial en veredas y corregimientos”, citan varios medios como declaración del mandatario.

Lo que ha pasado de agache es que se trata de otra inversión retrasada del Departamento, adjudicada en 2021 por el entonces gobernador Vicente Blel Scaff. Según el contrato original, los puentes debían estar listos en 2023, pero sólo un par de ellos lo estuvieron en esa fecha y los demás empezaron a entrar en funcionamiento durante el último año.

Esta infraestructura vial responde a un patrón de contratación que marcó el gobierno Blel en Bolívar: proyectos con retrasos reiterados y adiciones en tiempo y recursos.

Un ejemplo similar ocurrió con los 11 megacolegios adjudicados en 2021, que debían entregarse en 12 meses. Ninguno fue puesto en funcionamiento antes de que Blel dejara el cargo, en diciembre de 2023. Toda esa infraestructura educativa ha sido inaugurada por Arana, quien también la ha promocionado como si fuera iniciativa suya y con ejecución sin retrasos. 

En el caso de los puentes, el contrato inicial —suscrito en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para las zonas más golpeadas por la violencia— fue firmado por $87.331 millones y contemplaba la construcción de 29 estructuras durante 18 meses. 

Hoy, el gobierno Arana anuncia que serán 26 puentes construidos —ya hay 24 funcionando— y no los 29 contratados, que terminarán costando $88.317 millones, casi $1.000 millones adicionales al valor inicialmente pactado.

Las estructuras están ubicadas en veredas y corregimientos de Montes de María y el sur de Bolívar: 

    • El Carmen de Bolívar
    • María La Baja
    • El Guamo
    • Córdoba Tetón
    • San Juan Nepomuceno 
    • San Jacinto 
    • San Pablo
    • Simití 
    • Y Santa Rosa del Sur.

El consorcio y el lío de la empresa líder

Las obras para la construcción de los puentes rurales se las adjudicó la Gobernación al Consorcio Puentes Bolívar, en una licitación en la que sólo se presentaron dos oferentes. Además del ganador, el Consorcio GP Puentes Bolívar presentó oferta. 

El Consorcio Puentes Bolívar, representado legalmente por César Augusto Caraballo Rosenstand, está integrado por dos firmas:

      • La de mayor participación es Ingenierías y Construcciones del Cesar S.A.S., con el 70%. 
      • La otra es Lena Engenharia e Construções Sucursal Colombia, con el 30% restante. 

La empresa líder del consorcio, Ingenierías y Construcciones del Cesar S.A.S., no es nueva en la contratación pública. Fue constituida en 2011 como una firma dedicada a la construcción de vías y proyectos de servicios públicos, y ha ejecutado contratos en departamentos como La Guajira y el Cesar.

Precisamente por una obra ejecutada en ese último departamento, ese contratista arrastra señalamientos por presuntas fallas en la calidad de la construcción.

En 2019, durante la administración del entonces gobernador Franco Ovalle, la Gobernación del Cesar le adjudicó al Consorcio Vial Codazzi–Aguas Blancas la construcción de la vía que conecta el municipio de Codazzi con su zona rural, por $73.000 millones, con características propias de una vía terciaria.

Ese consorcio lo integraron:

      • Equipos y Construcciones del Caribe, con el 50% de participación.
      • Ingenierías y Construcciones del Cesar, con el 29%.
      • MEG Obras, con el 20%
      • y Constructora y Promotora Odin, con el 1% restante.

Dos años después, en 2021, el entonces gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco recategorizó la obra como vía secundaria y le adicionó $34.000 millones, por lo que el valor del contrato ascendió a $107.000 millones.

La vía debía estar lista en 2022, pero solo fue entregada por el contratista a la Gobernación en mayo de 2023. Siete meses después de su puesta en funcionamiento, en diciembre de ese mismo año, empezaron a conocerse denuncias por huecos y grietas en varios tramos.

Desde entonces, los cuestionamientos por la calidad de esa obra no han cesado. En diciembre de 2024, la Sociedad de Ingenieros del Cesar envió una carta a la Gobernación en la que expresó su preocupación por el “deterioro avanzado y prematuro” de la infraestructura vial, el cual —según advirtió— “afecta gravemente la seguridad de los usuarios y la economía regional”. 

En cuanto a la segunda firma del Consorcio Puentes Bolívar, Lena Engenharia e Construções, opera en Colombia desde 2014 como sucursal de una empresa portuguesa dedicada a obras de ingeniería civil.

Antes de ganarse el contrato de los puentes en Bolívar, junto a Ingenierías y Construcciones del Cesar, la sucursal en Colombia de Lena Engenharia e Construções participó —como parte de un consorcio— en procesos para la construcción de tramos de TransMilenio, en Bogotá. 

Más recientemente, lideró el Consorcio Alfa, que participó en la fallida licitación convocada por la Alcaldía de Cartagena para contratar las millonarias obras de control de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande.

De 18 meses a casi cuatro años de ejecución

El contrato para la construcción de los puentes rurales en Bolívar arrancó formalmente el 28 de noviembre de 2021, cuando la Gobernación y el Consorcio Puentes Bolívar firmaron el acta de inicio. 

El plazo pactado entonces fue de 18 meses, lo que implicaba que las obras debían estar terminadas a más tardar el 28 de mayo de 2023.

Ese cronograma no se cumplió. Cuando llegó la fecha límite, los puentes no estaban listos y la administración departamental accedió a otorgarle al contratista una prórroga de seis meses, fijando como nuevo plazo de entrega el 28 de noviembre de 2023.

En el marco de ese nuevo plazo, el contratista entregó sólo dos puentes: 

Antes de que se venciera ese segundo plazo, el 18 de noviembre de 2023, el consorcio volvió a pedir más tiempo. Esta vez argumentó la reposición de días no laborados durante 2022 y 2023, debido a las crecientes de los afluentes donde se ejecutaban las obras. 

La Gobernación avaló la solicitud y el plazo del contrato pasó a 28 meses, lo que movió la fecha de entrega a marzo de 2024.

Pero tampoco esa fecha se cumplió. 

El 26 de marzo de 2024, ya bajo el gobierno de Yamil Arana, el Departamento volvió a prorrogar el contrato por tres meses, hasta el 28 de junio de 2024. Sin embargo, cuatro días antes de que venciera ese nuevo plazo, el 24 de junio, las partes acordaron suspender el contrato.

Según el acta de suspensión, la razón fue la inclusión de trabajos que no estaban contemplados en el contrato inicial y que requerían recursos adicionales. 

La suspensión se extendió hasta el 22 de julio de 2024 y, con la reactivación de las obras, llegó también la primera adición presupuestal del contrato.

La administración Arana aprobó una adición por $985.385.814, con lo que el valor de las obras pasaron de $87.331 millones a $88.317 millones. 

En ese mismo otrosí, la Gobernación y el consorcio volvieron a ampliar el plazo de ejecución, esta vez hasta el 26 de octubre de 2024, llevando el contrato a 34 meses de ejecución, es decir, 16 meses más de lo pactado inicialmente en 2021.

Pero los retrasos no terminaron con la adición de recursos. Desde entonces, el contrato ha seguido acumulando prórrogas y suspensiones por razones similares, principalmente asociadas a condiciones climáticas y ajustes en la ejecución de las obras, todas ellas avaladas por el gobierno Arana.

Hoy, tras nueve modificaciones del contrato, entre ampliaciones de plazo y suspensiones, la instalación de los puentes completa cerca de cuatro años de ejecución.  A pesar de ello, aún faltan por terminar dos y otros tres ya no se construirán “debido a su localización”, según indicó la Gobernación.

Es decir, aunque la Gobernación contrató 29 puentes por $87.331 millones, Bolívar terminará con 26 estructuras por $88.317 millones, después de casi tres años de la fecha en la que debieron estar listas.

Una ejecución que está lejos de haber solucionado “rápidamente” los problemas de conectividad vial en veredas y corregimientos de Bolívar, como lo dice Arana, desde la semana pasada, con gran despliegue mediático.

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