[Opinión] El acuerdo con Digno y ‘Castor’

En su conferencia de prensa del sábado 3 de enero en Mar-a-Lago, pocas horas después de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció —¿quién lo creyera?— una frase medianamente bien construida, sin adjetivos disonantes ni amenazas contra los líderes mundiales que vayan en contra de los intereses de la superpotencia, pero que define como ninguna lo que el republicano considera su principal atributo.

Después de entregar detalles de la operación, anunciar que su país controlará Venezuela por un largo período y que se quedará —a cambio de tantos favores— con gran parte del crudo de la nación sudamericana, Trump se refirió a la negociación que lidera para acabar la guerra en Ucrania: “Llegar a acuerdos es lo que he hecho toda mi vida”, dijo.

Quizá por eso le concedió a Maduro la oportunidad de rendirse, el propio Trump fanfarroneó al respecto frente a los periodistas en su residencia campestre de Florida: “I said, ‘you got to surrender’“, y reconoció que en algún momento creyó que el venezolano estaba bastante cerca de hacerlo. Es la única ley en la que cree Trump, conseguir acuerdos que lo favorezcan, mucho más cuando al ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas mejor preparadas del planeta, se sienta a la mesa con ventaja.

Si Maduro hubiese accedido, quizá estaría hoy disfrutando de los atardeceres turcos o congelándose lejos de la prensa y las redes sociales en la vasta región siberiana, pero no en la cárcel. Petro, astuto como el que más, entendió que Trump no desperdicia oportunidad de sellar un acuerdo —así sea por el placer de ver arrodillado a su rival— y logró un encuentro en la Casa Blanca del que no saldrá nada distinto a una genuflexión del colombiano, pero ya con eso habrá ganado. Habrá ganado la garantía de que un comando de la Fuerza Delta no realice con él otra “extracción” quirúrgica, y también el triunfo político del apretón de manos en el Salón Oval. Es decir, el arte de alcanzar un acuerdo brinda la posibilidad de salir victorioso aun en la derrota.

El anunciado traslado a Barranquilla de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, y Digno Palomino, máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, suspendido temporalmente por el gobierno de Petro, ha recibido un inmediato y justificado rechazo de las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Alejandro Char. “En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, ‘Cástor’, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, criticó el mandatario en un extenso mensaje en la red social X.

En el marco de su política de ‘Paz Total’, con la que le ha quedado mal al pueblo colombiano, Petro ha encontrado una tabla de salvación con las bandas de delincuencia común que operan en las grandes capitales. ‘Paz Urbana’ es el eufemismo con el que la llama el Gobierno para diferenciarla del fracaso de la ‘Paz Total’. Del ahogado el sombrero, podría decirse sobre la nueva estrategia de seguridad del presidente a contados meses de terminar su mandato. Salvar los muebles. Eso es lo que intenta hacer la oficina del alto comisionado de Paz, Otty Patiño, al conceder este beneficio a Palomino, Collazos y sus más cercanos lugartenientes, recluidos actualmente en cárceles de máxima seguridad lejos de Barranquilla, para estar más cerca de sus familias y vivir con mayor comodidad en las prisiones de mediano nivel de la ciudad.

Si el traslado fue suspendido no fue por el reclamo de Char, quien alertó sobre el impacto para el turismo y la economía local con la presencia de estos delincuentes a pocas semanas del Carnaval, sino por diferencias en la mesa de negociación por las condiciones de seguridad para uno de los capos que iban a ser remitidos a la capital atlanticense.

Tanto no tuvo que ver la reacción del alcalde, que el propio Petro no tardó en sacarle en cara los resultados de la tregua promovida por su Gobierno entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’. “No se le olvide señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”, ripostó el presidente en X.

El pasado 2 de octubre, desde la cárcel La Picota de Bogotá, alias ‘Castor’ y Digno Palomino Rodríguez estrecharon sus manos y anunciaron un cese de actividades criminales en Barranquilla hasta el 20 de enero de 2026. Amigos entrañables durante muchos años, ascendieron juntos en el mundo del hampa hasta que diferencias en el manejo de sus negocios los convirtieron en enemigos irreconciliables y desataron una guerra fraticida entre ‘Costeños’ y ‘Pepes’, una escisión de la banda comandada por ‘Castor’.

Las dos organizaciones controlan la extorsión a tenderos, comerciantes de todo tipo, transportadores y ganaderos, lo mismo que las rutas de microtráfico en el sur de Barranquilla y los municipios del Área Metropolitana. El baño de sangre que ha dejado este enfrentamiento sitúa a la capital atlanticense como una de las más inseguras del país y es el principal contrapeso del discurso de progreso y bienestar vendido por la Alcaldía. A poco de culminar la tregua, el Gobierno defiende sus resultados, pero las autoridades locales los desmienten. Cada uno maneja sus cifras.

Para el alcalde Char, esta situación es inaceptable ya que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”. Y no le falta razón. Sus denuncias son respaldadas por miles de ciudadanos que exigen mano dura contra los delincuentes en vez de concesiones jurídicas y complacencias personales.

Es el tipo de decisión que despierta en un sector de la población la ilusión de sentar en el trono de Bolívar a un candidato presidencial como el abogado Abelardo De la Espriella, especie de Bukele sabanero, de la extrema derecha, que se ha pasado la vida haciendo precisamente lo contrario al presidente salvadoreño: evitar que delicuentes vayan a la cárcel.

El problema histórico no es Petro, tampoco Char, acérrimos enemigos políticos, sino la incapacidad del Estado para derrotar por la fuerza a las guerrillas y grupos paramilitares, y para brindar seguridad en las ciudades. ‘Castor’ y Palomino no van a tener más facilidades para controlar sus rentas y negocios desde la penitenciaría El Bosque (designada para los miembros de la estructura conocida como ‘Los Costeños’) o la cárcel Modelo (para ‘Los Pepes’), porque ya las tienen a pesar de encontrarse en prisiones de “máxima seguridad” como Cómbita y la Picota, respectivamente. No hay nada que no puedan hacer desde allá, y la tragedia diaria de Barranquilla, convertida en la capital de la extorsión en Colombia, lo demuestra.

Con el traslado, el gobierno de Petro busca prolongar la tregua y ganarse una moneda de cambio con la que por ahora no cuenta. Al no existir aún un marco jurídico para esta negociación, aprobado por el Congreso, el comisionado de Paz se halla con las manos atadas. No puede incentivarlos a continuar en la mesa de diálogos ni amenazarlos con quitarles algo, porque a pesar de estar recluidos en la cárcel tienen la sartén por el mango. En esta lógica, el traslado a su epicentro de operaciones, cerca de sus seres queridos, surge como un beneficio jurídico fácil y rápido de ejecutar, para obligarlos a frenar el baño de sangre y el cobro de vacunas que ha llevado a la quiebra a miles de comerciantes.

Las acusaciones van y vienen. El Gobierno dice una cosa y la Alcaldía, otra. No parece el mejor escenario para afrontar una negociación de paz que, de concretarse, implicará tragarse ‘sapos’ más grandes y babosos que el traslado a Barranquilla. Batracios como el pago de salarios y de subsidios a los pistoleros de estas bandas para que dejen las armas y se reincorporen a la sociedad, por ejemplo. Haría falta un poco de grandeza de parte y parte para dejar atrás los celos y las discrepancias. No hay en el país una sola cárcel con las especificaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo construido por Bukele, y El Salvador no tiene las dimensiones ni la topografía de Colombia. Cuesta entenderlo, duele reconocerlo, pero lo más sensato es llegar a un acuerdo.

@jutaca30